Alcaldes y prefectos bajo la lupa

“Alcaldes y prefectos bajo la lupa” es una serie de Spondylus Info Lab, producida con el apoyo del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Treinta y siete medios la difunden, entre ellos Lupa Media. Las fuentes y la metodología están disponibles al final de este texto.

*Texto actualizado el 22 de junio de 2026 a las 12:00 con los descargos de los prefectos de El Oro y Cotopaxi.

Un tercio de las autoridades seccionales registran saltos patrimoniales inusuales

Incrementos patrimoniales sin justificación aparente, vínculos activos con empresas privadas y procesos judiciales por corrupción configuran el retrato de quienes gobiernan provincias y ciudades en el Ecuador.

Un análisis de 248 autoridades —225 alcaldes y 23 prefectos— encontró 79 casos de saltos patrimoniales inusuales registrados en declaraciones ante la Contraloría General del Estado. En un año de gestión, varias de estas autoridades adquirieron terrenos, inmuebles, vehículos de alta gama, ganado y maquinaria pesada. Al mismo tiempo, 68 mantienen acciones o participaciones en compañías activas, y 29 combinan su cargo público con funciones de administración en empresas privadas.

El contexto es el de un país golpeado por la violencia del crimen organizado: cinco alcaldes han sido asesinados —en ataques atribuidos a sicarios o en circunstancias aún sin esclarecer— y otros cinco han sobrevivido atentados.

A eso se suman los casos judiciales. Tres alcaldes están detenidos: los de Pujilí, Esmeraldas y Guayaquil, procesados por peculado, delincuencia organizada o lavado de activos. El de Riobamba permanece en funciones mientras espera su audiencia de juicio. La prefecta de Guayas renunció antes de concluir su período.

Millonarios saltos

El caso más llamativo es el del alcalde de Esmeraldas, el empresario y abogado Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por Unión por la Revolución Ciudadana. En 2023, cuando hizo su primera declaración patrimonial jurada tasó su fortuna en USD 1.442.301. Al año siguiente, el alcalde fijó su patrimonio en USD 4.314.426, es decir un incremento de casi el triple. Para 2025, declaró un valor un poco menor: USD 4.209.579, de los cuales más de USD 2 millones correspondían a maquinaria y equipo y USD 713.543 en cuentas bancarias. Es accionista de dos empresas activas y en una de ellas es también administrador.

El lunes primero de junio, esta alianza periodística pidió su versión al alcalde a través de un correo electrónico, pero al día siguiente la Fiscalía lideró un operativo y lo arrestó el miércoles. Es investigado por presunto lavado de activos. La semana pasada la concejala Laura Yagual Salazar asumió como alcaldesa subrogante.

Otros dos alcaldes que cumplen su primer periodo presentan variaciones patrimoniales importantes, ambos son de Manabí. El de Rocafuerte, Norberto Vélez Bazurto (Rocafuerte Nueva Visión), declaró USD 3.408.400 al inicio de su gestión y al año siguiente indicó USD 3.740.900, lo que representa un aumento de USD 332.500 en un año. En 2025, en cambio, el empresario mantuvo ese valor sin variaciones.

El doctor Vélez señaló vía telefónica que el incremento en su patrimonio se debe a que el terreno de su propiedad donde funciona el Hospital de Sanación Energía y Vida que dirige se ha revalorizado por ampliaciones realizadas. Al momento la clínica cuenta con 20 camas y trata varias especialidades con medicina oriental y occidental, tiene un centro para la tercera edad, destacó. Además de ese negocio, Vélez vende productos farmacéuticos y posee una radio.

A su vez, Ledy Laura Muñoz (Alianza por la Unidad Bolivarense), de Bolívar (Calceta), se posesionó con un patrimonio de USD 1.592.838, que aumentó a USD 1.867.080 en 2024 (USD 274.242 de incremento) y al año siguiente retrocedió a USD 1.708.006. Muñoz no tiene relación con compañías.

Junto con estos tres alcaldes millonarios, está el de Naranjito, el médico Cristian Suárez Peñafiel (PSC), cuyo patrimonio fue cero dólares en 2023, pero siguió en constante aumento: USD 454.775 en 2024 y USD 637.076 en 2025. Posee tres casas, una en Santa Elena, y cuatro vehículos valorados en USD 120.000.

En ocasiones, estos saltos patrimoniales no se dan en el primer año de gestión, sino en el segundo. Es el caso del alcalde Naranjal y de la prefecta de Cotopaxi. 

Juan Carlos Rivera, comerciante de 46 años que llegó a la alcaldía por CREO, no aumentó significativamente su patrimonio entre 2023 y 2024, cuando declaró USD 1.179.321. En cambio, al año siguiente registró USD 1.871.650 (un incremento de USD 692.328); entre sus bienes incluyó 27 propiedades, entre casas, solares, fincas y terrenos. Lourdes Tibán (Pachakutik), en cambio, pasó de un patrimonio de USD 677.729 en 2024 a USD 940.656 en 2025 (un aumento de USD 262.927,21). Sus activos se concentran en inversiones por USD 495.373 y un total de 21 bienes inmuebles. Ni Rivera ni Tibán tienen acciones en compañías.

A su vez, existen otras autoridades que ya van por su segundo periodo y que también registran cambios importantes de patrimonio. Son los prefectos de El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

El ingeniero civil y abogado Clemente Bravo Riofrío (56 años) ganó la prefectura en 2019 y tiene su propio partido político SUR. Comenzó con un patrimonio de USD 490.691 que se situó en un pico de USD 5.768.451 en 2023 y después retrocedió a USD 1.312.049 según su última declaración de 2025. Camaronero, acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa por 18 años.

La prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez García, registra cambios grandes. En 2019 declaró un patrimonio de USD 1.267.150, que al año siguiente se duplicó con creces llegando a USD 3.091.856 y en 2021 subió a USD 4.970.058. Sin embargo, cuando asumió su segundo periodo su patrimonio había disminuido a USD 2.524.657 y en 2025 declaró casi lo mismo. Llegó por la alianza Somos Todos (RC- Construir). Entre sus bienes detalló una casa y un terreno en Santo Domingo, un departamento y un galpón en Guayas, y un vehículo valorado en USD 100.000. Entre 2021 y 2025 mantuvo un RUC asociado a ventas por televisión y servicios de comunicación visual, pero no ha tenido acciones en compañías.

El tercer prefecto es Jhonny Terán Salcedo (PSC), de Los Ríos, que a diferencia de sus colegas mantiene un crecimiento sostenido desde 2019. Al inicio de su gestión declaró 1.067.896 y en 2025 USD 2.993.323 (un incremento de USD 1.925.427). Empresario de 65 años, Terán posee acciones en cuatro compañías, dos agrícolas (arroz y banano), una fábrica de puertas y ventanas, y una gasolinera.

En el otro extremo hay quienes perdieron patrimonio al culminar su primer año de gestión. Así, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (RETO-RC), tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión, Álvarez declaró USD 7.730.592, al año siguiente USD 5.870.330 y en 2025 sí lo aumentó a USD 7.431.403. Álvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, junto con 15 personas y seis empresas por presunta comercialización ilegal de combustible a través de comercializadoras y gasolineras, y tiene una instrucción fiscal, caso Goleada, por el presunto delito de lavado de activos. 

Según informes de la UAFE, Álvarez habría adquirido USD 6,2 millones en bienes en Santa Elena y departamentos en Samborondón, que no constan en sus declaraciones patrimoniales. Tampoco un Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en USD 325.000, a pesar de que está a su nombre. Como subrogante, al frente del cantón Guayaquil, ejerce su coidearia Tatiana Coronel.

El alcalde de Echeandía, Carlos Viscarra Vega, en cambio, perdió USD 1,3 millones en el primer año de gestión y no se ha recuperado. Al iniciar su periodo indicó que su patrimonio llegaba a USD 4.233.254, en 2024 lo tasó en USD 2.863.504 y en 2025 declaró USD 2.607.715.

Spondylus Info Lab trató de obtener la versión de estas autoridades sin resultados.

¿Qué hay detrás de las cifras?

Los funcionarios públicos están obligados a declarar sus activos y deudas ante la Contraloría General del Estado antes de asumir sus cargos, y a actualizar esa información periódicamente. Esos registros son públicos.

Los saltos abruptos pueden tener varias explicaciones, dice el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito. La más simple es un error de digitación. Otras posibilidades incluyen la corrección de una subvaloración inicial, una herencia o la rentabilidad de acciones en compañías. Algunos alcaldes consultados por esta alianza señalaron precisamente eso: que se trató de un error corregido al año siguiente.

Pero Medina pone el dato en perspectiva: “Un alcalde que solo vive de su sueldo de funcionario público difícilmente podría triplicar su patrimonio; las matemáticas son las matemáticas.”

El abogado Mario Herrera va más lejos: la Contraloría debería contar con un sistema de alerta temprana —similar al que opera en el sistema financiero— que detecte movimientos inusuales y los contraste con declaraciones anteriores. Con los formularios digitales actuales, dice, esa comparación es más fácil que nunca.

¿Quién controla a los que nos gobiernan?

Quien le debe pedir cuentas al alcalde es el Concejo Cantonal y al prefecto, el Consejo Provincial. Estos son los órganos legislativos del territorio, respondió Medina. El politólogo advierte que, a diferencia del presidente de la República, que tiene a su cargo la política pública nacional, en el caso de los cantones, es el concejo cantonal, el cuerpo colegiado, y no el alcalde.

Por eso, señaló, el alcalde se convierte en una especie de primer ministro del concejo. Lo mismo sucede con el prefecto, cuya competencia atañe las áreas rurales del país. Sus jueces políticos no son los asambleístas. Sin embargo, más allá de la organización institucional, los principales fiscalizadores son los ciudadanos.

Reacciones

En una carta, la prefecta Lourdes Tibán aseguró que en su declaración patrimonial hizo constar “una nota aclaratoria: que la variación patrimonial tiene origen en procesos sucesorios derivados del fallecimiento de mi esposo, el doctor Raúl Ilaquiche, así como en la consolidación de bienes que formaban parte del patrimonio familiar. Estos hechos constan en documentos públicos y pueden ser verificados por los organismos de control competentes”. Lamentablemente esta nota aclaratoria a la que se refiere la prefecta no consta en el formulario de 2025 subido al portal de la Contraloría General del Estado y que es público. Esta alianza periodística le envió el primero de junio de 2026 un correo electrónico a su dirección de la Prefectura, pero no obtuvo respuesta hasta el inicio de la publicación de la serie el pasado miércoles 17 de junio. Posteriormente, el jueves 18 de junio, hemos recibido una copia de la página donde la prefecta incluyó esta aclaración en su formulario y es por eso que se incluye esta nota aclaratoria posterior.

Tras la publicación de este reportaje, el prefecto de El Oro, Clemente Bravo Riofrío, respondió a las preguntas enviadas por este equipo periodístico. En su respuesta, sostiene que las variaciones detectadas entre sus declaraciones patrimoniales no corresponden a una variación injustificada, sino a la corrección y mayor individualización de bienes inmuebles que, según afirma, ya formaban parte de su patrimonio antes de asumir la Prefectura —con fechas de adquisición que ubica entre 1993 y 2008— y a la incorporación posterior de pasivos, créditos e hipotecas que, según indica, no habían sido registrados en declaraciones anteriores. Bravo atribuye las omisiones iniciales a errores en el proceso de levantamiento y carga de información realizado por la persona encargada de asistirlo en esa tarea. Según su declaración patrimonial de septiembre de 2025, su patrimonio neto —descontando pasivos por USD 3.713.916,63— asciende a USD 1.312.049,79.