De esos procesos registrados, 221 fueron archivados sin formulación de cargos. Tres alcaldes permanecen detenidos; uno enfrenta llamamiento a juicio.
De las 248 autoridades analizadas, 68 tienen acciones en compañías activas. Pero 29 van más allá: siguen como administradores mientras ejercen su cargo público.
Un análisis detallado de los patrimonios de alcaldes y prefectos del país revela que un tercio de las autoridades subnacionales registró saltos inusuales en sus declaraciones patrimoniales que constan en la Contraloría General del Estado y son públicas.
