118 alcaldes y prefectos con antecedentes penales. En el 84% de los casos, la Fiscalía no formuló cargos.

Esta investigación es una producción original de Spondylus Info Lab. El texto fue adaptado por Lupa Media para su republicación.

El sistema de consulta judicial e-Satje registra 264 procesos penales contra 118 de los 245 alcaldes y prefectos en funciones en Ecuador —el 48% del total. Los delitos van desde robo y estafa hasta peculado y asociación ilícita.

De esos 264 procesos, 221 fueron archivados sin que la Fiscalía formulara cargos: 217 por pedido del propio fiscal, dos por prescripción y dos por principio de oportunidad —figura que permite cerrar un caso cuando el daño causado es mínimo o ya fue reparado.

Veinte autoridades (8% del total) registran más de un proceso penal. En algunos de esos casos, los procesos se abrieron antes de que asumieran su cargo.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para difundir esta información, se han unido 37 medios de comunicación, entre ellos Lupa Media.

Casos con procesos activos

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (RETO-RC), enfrenta tres procesos. El primero, caso Triple A, derivó en llamamiento a juicio por presunta comercialización ilegal de diésel subsidiado en la frontera sur, proceso que involucra a 16 personas y seis empresas y en el que la Fiscalía estima un perjuicio al Estado de USD 100 millones. De ese caso se desprende la investigación Goleada, en etapa de instrucción fiscal, por presunto lavado de activos. Un tercer proceso se abrió luego de que Álvarez fuera detenido en febrero de 2025 sin portar el grillete electrónico impuesto como medida cautelar. Su defensa apeló la prisión preventiva argumentando que vulnera estándares de derechos humanos, que no existían indicios de riesgo de fuga y que podría tratarse de una doble persecución por los mismos hechos del Caso Triple A. Tatiana Coronel, de la misma alianza política, asumió la alcaldía el 11 de febrero de 2026.

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio (Unión por la RC), fue detenido el 3 de junio de 2026 en el caso Blindaje, originado en un reporte de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Solicitó cumplir su detención en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.

El alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera (RC-ID-PSE), cumple prisión preventiva en el caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de haber organizado un esquema de simulación contractual para la compra de plantas y la construcción de un parque por más de USD 300.000. Arroyo presentó una querella por calumnia contra su vicealcalde, Raúl Arroyo Zambrano, actual encargado de la alcaldía.

El alcalde de Riobamba, John Vinueza (Centro Democrático-RETO), y dos concejales fueron llamados a juicio en abril de 2025 por presunta conformación de una estructura delictiva para cometer tráfico de influencias y cohecho en la asignación irregular de 255 cupos de taxi.

El alcalde reelecto de Aguarico, Juan Carlos Orellana Ganchozo (Pachakutik-CREO), fue sentenciado en primera instancia por registrar un título de abogado falso atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Su defensa anunció apelación; la sentencia no está en firme. Sus declaraciones patrimoniales registran un crecimiento de USD 6.000 en 2019 a USD 199.320 en 2025.

La alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza (PSP-Avanza-CREO-Antisuyo Ushito), acumula cuatro procesos vinculados a un operativo del 31 de marzo de 2023 —mes y medio antes de su posesión— para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados en minería ilegal. En tres fue declarada inocente en primera instancia con sentencia ejecutoriada; en el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos.

Procesos archivados

De los 221 procesos archivados, 44 tuvieron origen administrativo: incumplimiento de órdenes de pago a contratistas o trabajadores, y retención ilegal de aportaciones al IESS, obligaciones que en ocasiones provienen de administraciones anteriores.

El caso más conocido involucra a la alcaldesa de Manta, Marciana Valdiviezo, investigada por el pago de USD 3,6 millones al Consorcio Tránsito Segura, integrado por Telconet y Transcorp Ecuador. El contrato fue cuestionado porque el consorcio recibía más de la mitad de lo recaudado por multas de tránsito. El caso tuvo consecuencias que trascendieron la alcaldía: el Tribunal Contencioso Electoral descalificó al candidato presidencial Jan Topic por su vínculo con el proceso. La causa no está archivada.

Posibles razones

La proporción de procesos archivados plantea dos hipótesis al politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito: “O existe un abuso del sistema judicial o existe una manipulación del sistema judicial. Por un lado se puede haber naturalizado el demandar a un alcalde o a un prefecto sin los argumentos de peso necesarios; por otro, habría que analizar las causas del por qué la Fiscalía se abstiene de proseguir.”

Medina señala que en el sistema anglosajón muchos casos no avanzan porque los jueces determinan que no hay mérito suficiente, y el demandante puede incluso asumir los costos procesales. “¿Cuánto dinero habrá perdido el Estado por todo ese trabajo de investigación de la Fiscalía que no llegó a una acusación?”, pregunta.

Esta serie fue elaborada por Spondylus Info Lab con el apoyo del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Lupa Media es uno de los 37 medios que la difunden.