Acceso a la información pública en 2025: solicitudes, respuestas y temas reservados

Cualquier persona puede pedir información a una institución pública. Esto está garantizado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). A este mecanismo se le llama transparencia pasiva, y el pedido se hace mediante una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP). La Defensoría del Pueblo, que es el órgano rector en esta materia, publicó su informe anual sobre cómo respondieron las entidades en 2025.

No todo se puede pedir por esta vía. Quedan fuera los datos personales de otras personas, la información clasificada como reservada y los pedidos entre instituciones públicas. Tampoco cuentan las quejas o trámites personales, como reclamos por un préstamo negado o pedidos de obras, que tienen su propio procedimiento.

¿Cuántas solicitudes de información se enviaron en 2025?

Las 1.880 entidades obligadas a cumplir la ley de transparencia declararon haber recibido 85.544 solicitudes en 2025. Entre ellas hay instituciones públicas, empresas con participación del Estado y partidos políticos.

De esas solicitudes, 41.261 se tramitaron a través del Portal Nacional de Transparencia y son las que analiza el informe de la Defensoría. Los pedidos también pueden presentarse directamente ante cada institución, en físico o por correo.

El uso del portal aumentó. En 2025 se gestionó por esta vía el 48,3% de las solicitudes declaradas, frente al 12,9% en 2024.

¿Cuántas fueron respondidas?

Las instituciones respondieron 37.249 solicitudes, el 90,3% del total.

• De ellas, 37.148 se atendieron dentro del plazo que fija la ley y 101 después de que la persona insistiera.
• Quedaron sin respuesta 4.012 solicitudes (9,7%).
• En 50 de esos casos, la persona volvió a insistir y tampoco obtuvo respuesta. La Defensoría abrió 170 trámites para defender el acceso a la información pública, entre ellos 134 gestiones ante las instituciones y 12 demandas ante jueces.

¿Qué instituciones respondieron más y cuáles menos?

La Función Legislativa respondió todas las solicitudes que recibió (160). Le siguen la Función Electoral, la Función Ejecutiva y la Función de Transparencia y Control Social.

Los porcentajes más bajos fueron de las entidades privadas obligadas por la ley, como universidades privadas, federaciones deportivas o partidos políticos. Les siguen los GAD y el grupo de “otras instituciones públicas”, que incluye empresas públicas y universidades públicas.

Los GAD dejaron sin respuesta 1.770 pedidos, cuatro de cada diez de todas las solicitudes no respondidas en el país.

¿Responder es entregar la información?

No siempre. El informe de la Defensoría mide si en el portal consta una respuesta registrada, no si esa respuesta entregó lo que se pidió.

En Lupa Media se utiliza con frecuencia las solicitudes de acceso a la información para verificar datos. En varios casos, las instituciones respondieron con información distinta a la solicitada o incompleta. También pidieron más plazo, exigieron que el pedido se reenviara mediante un oficio físico o dejaron sin contestar correos enviados directamente a la entidad. En el portal, varias de esas solicitudes pueden figurar como respondidas.

Un ejemplo es el abastecimiento de medicinas en el Ministerio de Salud Pública. Lupa Media ha enviado múltiples pedidos de información sobre este tema: por el Portal Nacional de Transparencia, por correo electrónico a la entidad y en un oficio dirigido al ministro. Hasta la publicación de este texto, no se ha recibido la información solicitada. Incluso cuando en el portal aparece respondida la solicitud.

Esta experiencia no es aislada. La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) registra lo que llama bloqueo informativo: cuando una fuente pública o privada evita entregar información a un periodista o medio. Incluye no responder, negar la información o entregarla incompleta.

Entre enero y septiembre de 2026, la fundación registró 28 casos de bloqueo informativo, frente a 4 en el mismo período de 2025. Según su análisis, es la segunda agresión más frecuente contra la prensa este año, después del desprestigio. En 27 de los 28 casos, el responsable fue un actor estatal, y 18 de ellos correspondieron al Poder Ejecutivo.

Los temas que provocaron estos bloqueos incluyen la situación eléctrica, la crisis de salud, el desabastecimiento de medicinas, la crisis carcelaria y el caso Progen.

¿Por qué importa?

La Constitución garantiza el derecho a acceder a la información pública. La LOTAIP parte de un principio: esa información pertenece a la ciudadanía, y el Estado solo la administra. Por eso la publicidad es la regla y la reserva, la excepción.

Pedir información permite conocer cómo se usan los recursos públicos, verificar lo que dicen las autoridades y exigir rendición de cuentas. También es parte de la libertad de expresión de toda persona, porque no se puede opinar ni cuestionar una decisión pública sin conocerla primero.

¿Qué información pidió la ciudadanía?

Una sola entidad concentró casi la mitad de todos los pedidos del año. El Banco del IESS (BIESS) recibió 18.482 solicitudes, la mayoría relacionadas con problemas en el sistema y con pagos de préstamos quirografarios e hipotecarios.

Fuera de esos trámites, los temas que más se repitieron fueron tres. 

• El primero fueron las estadísticas sobre violencia e inseguridad. A la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura se les pidieron cifras de denuncias por violencia de género, delitos sexuales, extorsión o minería ilegal.
• El segundo fueron los datos sobre territorio y ambiente. Por ejemplo, se pidió al Ministerio de Agricultura información geográfica del sector agropecuario, y a Petroecuador, información sobre el derrame del 13 de marzo de 2025 en Esmeraldas.
• En los municipios y prefecturas, el tercer tema, la mayoría de pedidos tuvo que ver con avalúos, catastros y documentos administrativos.

La Defensoría advirtió que muchos registros no eran realmente solicitudes de información. A la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, casi todos los pedidos buscaban domicilios o teléfonos de otras personas, que son datos confidenciales. En la Prefectura de Bolívar, casi la mitad no pedía información, sino obras o ayudas, como arreglar un puente o prestar una retroexcavadora.

¿Cuánta información está reservada?

Al cierre de 2025, 64 entidades registraron un listado de información reservada, frente a 47 en 2021.

Ese listado incluye 1.723 temas reservados, de los cuales el 84,2% está en la Función Ejecutiva.

• El Ministerio de Defensa clasificó 759 temas como reservados, secretos o secretísimos, sobre inteligencia, narcotráfico, minería ilegal, grupos armados y ciberdefensa.
• CNT EP reservó 475 temas sobre datos de clientes, estrategia de mercado e infraestructura crítica.
• Les siguen el Banco de Desarrollo del Ecuador, que reservó 49 temas sobre su gestión financiera, cartera de clientes y operaciones de crédito; y el Consejo de la Judicatura, con 49 temas relacionados con la protección de víctimas, de niñas, niños y adolescentes y con casos de delitos sexuales.

El 46% de los temas está reservado por cinco años y el 32% por quince años.

La Defensoría identificó casos en los que la documentación presentada no permitía verificar que se cumplieran los requisitos de la ley para reservar información. También encontró diferencias en los criterios que usa cada entidad. El informe recuerda además que en junio de 2025 entró en vigor la Ley Orgánica de Inteligencia, que también regula la reserva de información.

¿Qué pasa si no te responden?

Si una institución no responde en el plazo legal, se puede acudir a la Defensoría del Pueblo. En 2025, la Defensoría abrió 170 trámites por este motivo, entre ellos 134 gestiones ante las instituciones y 12 demandas ante jueces. De las gestiones que ya terminaron, el 98,5% tuvo un resultado favorable para quien pidió la información.

Sin embargo, no todos llegan a esa instancia. En un informe publicado en diciembre de 2025 sobre Azuay, Cañar y Loja, la FPSC entrevistó a nueve periodistas. Siete dijeron que la falta de acceso a la información es la principal limitación para su trabajo. Contaron que los pedidos no se responden en los 10 días que fija la ley y que las instituciones los envían a Quito.

En ese mismo informe, los delegados de la Defensoría en Azuay y Loja dijeron que no habían recibido ninguna solicitud de periodistas para patrocinarlos ante una negativa de información.