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Etiqueta: municipio

Lo que sabemos sobre la compra de camiones recolectores de Quito y las investigaciones en curso

Escrito por Cindy Bermeo en . Publicado en Explicativos. No hay comentarios en Lo que sabemos sobre la compra de camiones recolectores de Quito y las investigaciones en curso 

Actualizado el 23/03/2026 con más información sobre el rol del PNUD en este proceso.

Lo clave, en breve

  • Seis camiones recolectores fueron adquiridos en 2024 en el marco de un convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO).
  • Los vehículos se entregaron en diciembre de 2024.
  • En 2025 comenzaron a presentar fallas mecánicas y estructurales.
  • EMASEO activó reclamos contractuales y solicitó la terminación anticipada del contrato.
  • Existe una denuncia en la Fiscalía y un examen especial de la Contraloría en curso.
  • No hay, hasta el momento, conclusiones oficiales sobre responsabilidades administrativas o penales.

Por qué este caso es de interés público

La recolección de residuos es un servicio esencial para el Distrito Metropolitano de Quito. Según datos oficiales, EMASEO recoge alrededor de 2.200 toneladas diarias de basura con una flota de 176 camiones.

La salida de operación de seis unidades nuevas obligó a reorganizar rutas y controles, además de generar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y el mecanismo de contratación empleado.

Cómo se realizó la compra

En 2024, EMASEO inició un proceso de renovación de flota. La adquisición se realizó mediante una licitación pública internacional gestionada bajo los procedimientos del PNUD, en el marco de un convenio de cooperación.

Foto: EMASEO

El contrato fue firmado en agosto de 2024 con la empresa Industria de Acero del Ecuador (Induacero) por un monto total de USD 5,4 millones, que incluyó seis camiones recolectores tipo satélite, 1.000 contenedores y otros equipos. De ese total, aproximadamente USD 804.000 correspondieron a los camiones. La entrega se concretó en diciembre de 2024.

Según el actual gerente de EMASEO, Juan Pablo Pozo, la empresa municipal definió las especificaciones técnicas de los camiones, de acuerdo con las necesidades del servicio en la ciudad: capacidad de carga, tipo de compactación, potencia del motor, resistencia del chasis, condiciones para operar en altura, entre otros.

En el marco del convenio de cooperación, el PNUD brindó acompañamiento técnico en el proceso de adquisición, apoyando la estructuración del proceso y la aplicación de sus procedimientos de contratación, que siguen estándares internacionales de transparencia y competencia.

Este tipo de cooperación no implica que el organismo internacional actúe como proveedor ni como responsable de la ejecución del contrato.

¿Qué implica que la compra haya sido gestionada por PNUD?

En este tipo de modelos de cooperación:

  • La entidad pública define las necesidades técnicas.
  • El organismo internacional brinda acompañamiento técnico y aplica sus procedimientos para el proceso de adquisición.
  • El proveedor ejecuta el contrato.
  • La responsabilidad sobre la decisión de compra y la prestación del servicio recae en la entidad contratante.

Este tipo de mecanismos se activa a solicitud de las instituciones públicas y se desarrolla bajo su liderazgo y responsabilidad. En este caso, el proceso incluyó un porcentaje de recuperación de costos, que forma parte del modelo operativo con el que el organismo internacional implementa este tipo de proyectos.

En abril de 2025 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 595, que establece nuevas condiciones para contratos con financiamiento o cooperación internacional (incluyendo que al menos el 51 % del valor provenga de ese financiamiento). Ese marco normativo es posterior a la firma del contrato analizado.

Según la concejala Estefanía Grounauer, integrante de la Comisión de Ambiente que da seguimiento a este proceso, se les informó que la decisión de utilizar este mecanismo respondió a criterios de tiempo y acceso al mercado internacional.

En Ecuador, PNUD opera desde hace más de 60 años, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo un acuerdo de cooperación firmado en 2005. En los últimos 15 años, ha apoyado más de 167 proyectos de desarrollo en el país.

Qué ocurrió tras la entrega

En junio de 2025, algunos camiones comenzaron a presentar fallas mecánicas y problemas operativos, según informó EMASEO.

Desde el Concejo Metropolitano se indicó que las unidades no habrían alcanzado los 20.000 kilómetros de uso cuando fueron retiradas de operación.

El 18 de diciembre de 2025, la Escuela Politécnica Nacional entregó un informe técnico preliminar sobre cuatro de los seis camiones. El documento reportó “alteraciones estructurales” no detectables a simple vista y sin respaldo técnico documentado.

Las causas técnicas definitivas continúan bajo análisis.

Reclamos contractuales y acciones legales

Ante las fallas detectadas:

  • EMASEO solicitó la reposición de los vehículos.
  • Se activaron mecanismos contractuales previstos en el acuerdo.
  • El 29 de agosto de 2025 se pidió la terminación anticipada del contrato.
  • Se instalaron mesas técnicas con participación de EMASEO, el proveedor y el organismo internacional que acompañó el proceso.

El 29 de diciembre de 2025 se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto delito de estafa. El proceso se encuentra en investigación previa.

Procesos de control en marcha

En octubre de 2025, la Contraloría General del Estado inició un examen especial sobre la gestión de EMASEO en esta contratación.

El organismo tiene hasta 180 días para emitir su informe. Hasta ahora no existen determinaciones administrativas firmes ni responsabilidades establecidas.

Qué falta por determinar

Aún están pendientes:

  • Las conclusiones técnicas definitivas sobre las fallas.
  • Las eventuales responsabilidades contractuales.
  • Los resultados del examen de Contraloría.
  • El avance de la investigación fiscal.

Hasta que esos procesos concluyan, no existen resoluciones definitivas.

¿Cómo se elaboró este explicativo?

Este artículo se basa en:

  • Contrato y documentación pública del proceso.
  • Declaraciones oficiales de EMASEO.
  • Informe técnico preliminar de la Escuela Politécnica Nacional.
  • Normativa vigente relacionada con contratación y cooperación internacional.
  • Información pública de Contraloría y Fiscalía.

Si se emiten nuevas resoluciones oficiales, este contenido será actualizado.

Claves para entender la reforma al COOTAD: inversión obligatoria y autonomía de los GAD

Escrito por Giuliana M. Andrade en . Publicado en Explicativos. No hay comentarios en Claves para entender la reforma al COOTAD: inversión obligatoria y autonomía de los GAD 

Actualización: El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) fue aprobado este viernes 20 de febrero por el pleno de la Asamblea Nacional con 77 votos a favor y 71 en contra y 2 abstenciones.

El 70/30 no es nuevo ¿pero qué cambia?

El reglamento actual establece en el artículo 198 del COOTAD que los GADs deben destinar 70% a gasto de inversión y 30% a gasto corriente.

  • Gasto de inversión: Es el que deja infraestructura o mejora servicios de forma duradera como agua potable, alcantarillado, vías, parques, centros de salud o infraestructura pública.
  • Gasto corriente: Es el dinero que permite que la institución funcione, pero no genera infraestructura nueva como sueldos, consultorías, publicidad, eventos, fiestas o funcionamiento administrativo.

La reforma mantiene estos porcentajes, pero cambia cómo se aplican y supervisan. Antes, solo se exigía que las transferencias del Gobierno Central cumplieran esta regla; ahora se aplicaría a todo el presupuesto anual, incluyendo recaudaciones, exceptuando deuda y gastos financieros.

Además, se exige que los GAD publiquen trimestralmente la composición de su gasto, elaboren un informe técnico obligatorio y cumplan la regla de manera gradual: 65% en 2026, 68% en 2027 y 70% desde 2028. Además se especifica qué se considera como gasto de inversión y que se excluye.

Condición para recibir transferencias (art. 192)

Actualmente, el artículo 192 establece que los GAD reciben 21% de ingresos permanentes y 10% de ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, distribuidos entre prefecturas, municipios y juntas parroquiales.

Con la reforma, estos porcentajes se mantienen, pero solo se aplicarán si los GAD cumplen la regla de inversión mínima del art. 198.1. Si no se cumple, los montos se limitan según el art. 271 de la Constitución (15% de ingresos permanentes y 5% de los no permanentes). En otras palabras, no se eliminan los porcentajes, pero ahora dependen del cumplimiento de la regla de inversión.

Es en ese punto donde la discusión deja de ser solo presupuestaria y pasa a convertirse en un debate sobre autonomía territorial.

Debate sobre autonomía financiera

El artículo 238 reconoce que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) gozarán de:

  • Autonomía política (permite a los GAD definir su propio modelo de desarrollo).
  • Autonomía administrativa (permite a los GAD organizar y gestionar su talento humano y recursos materiales para cumplir sus competencias).
  • Autonomía financiera (garantiza a los GAD recibir recursos del Presupuesto General del Estado de forma directa, oportuna y sin condiciones sin excluir el control de los organismos nacionales).

Para algunos gobiernos locales, en cambio, esta precisión técnica (art. 198.1) implica una restricción en la forma en que pueden decidir y priorizar su gasto. Además, los artículos 198.4 y 198.5 del nuevo proyecto de ley establecen que los gobiernos locales deberán publicar trimestralmente la composición de su gasto por ítems y reportar los avances en el cumplimiento de la regla fiscal. De manera complementaria, el MEF elaborará y remitirá informes de seguimiento a todos los GAD.

Posturas encontradas

Postura del Gobierno: El Ejecutivo y asambleístas oficialistas han defendido el proyecto de reforma al COOTAD argumentando que busca mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, reduciendo lo que consideran gasto no prioritario como “festividades, piponaje o despilfarro” y destinando más al financiamiento de obras públicas, servicios básicos y mantenimiento.

Postura de algunos alcaldes y autoridades locales: Autoridades seccionales como el alcalde de Quito han manifestado rechazo a la reforma, advirtiendo que podría afectar la financiación de servicios sociales, educación y programas municipales, así como la autonomía para decidir el gasto.

Conversación digital

La reforma al COOTAD trascendió en la conversación digital nacional de febrero. Según el informe de escucha social del 8 al 19 de febrero de 2026, hubo aproximadamente 4 mil publicaciones del tema, acumulando cerca de 116 mil interacciones y una audiencia estimada de 8 millones de usuarios.

El sentimiento fue mayoritariamente neutro, con un 50.11% de menciones. La actividad se concentró principalmente en X (86,70% del impacto), seguido de Facebook y medios web.

La conversación mostró una marcada polarización, mientras desde el Ejecutivo y sectores afines se defendía la reforma como una medida para priorizar inversión y reducir gasto corriente, autoridades locales advertían sobre posibles recortes en programas sociales, despidos y afectaciones a la autonomía territorial.

5 claves para entender la disputa por el Estadio Olímpico Atahualpa

Escrito por Cindy Bermeo en . Publicado en Explicativos. No hay comentarios en 5 claves para entender la disputa por el Estadio Olímpico Atahualpa

1. La donación original: ¿qué se acordó en 1966?

El 9 de agosto de 1966, el entonces presidente interino Clemente Yerovi autorizó al Municipio de Quito a donar el estadio a la CDP mediante el Decreto Supremo No. 854. La entrega se formalizó el 3 de octubre mediante escritura pública por un valor simbólico de 20 millones de sucres.

A cambio, la CDP debía ceder el estadio El Arbolito y cumplir con ocho cláusulas obligatorias. Entre ellas:

  • Práctica y desarrollo del deporte en todas sus disciplinas.
  • Construir una pista atlética.
  • Terminar instalaciones para diversas disciplinas (boxeo, judo, lucha, gimnasia, etc.).
  • Cumplir con las adecuaciones en un plazo de cinco años.
  • Garantizar el uso gratuito del estadio para actividades municipales.
  • Entregar 500 entradas sin costo al municipio por evento.
  • No transferir la propiedad ni posesión del estadio a terceros.
  • Facilitar el uso de las instalaciones al Ministerio del Deporte.

2. ¿Por qué se clausuró el estadio?

El 8 de junio de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el estadio por incumplimientos en normas de seguridad. La decisión se tomó luego de detectar tres cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) almacenados de forma irregular, algo prohibido en la Licencia Única de Actividades Económicas.

Un informe del Cuerpo de Bomberos de Quito, emitido en febrero, ya había advertido sobre esta infracción tras los partidos El Nacional vs. Blooming (13/02/2025) y El Nacional vs. Barcelona (19/02/2025).

Luego de esta clausura, el 9 de junio, el alcalde Pabel Muñoz anunció el inicio del proceso para revertir la donación del estadio. Dos días después, el Consejo Metropolitano aprobó la resolución que:

  • Reincorporar el estadio al inventario municipal.
  • Ordenar la toma de posesión inmediata del inmueble.
  • Solicitar a Quito Turismo un informe técnico en 30 días.

3. Intervención del Ministerio del Deporte

Tras el anuncio municipal, el directorio de la CDP —presidido por Miguel Ángel Pavón— presentó su renuncia. En respuesta, el Ministerio del Deporte designó como interventor a Rommel González, actual subsecretario de Actividad Física.

El ministro José Jiménez aseguró que la intervención fue solicitada por la propia CDP y convocó al alcalde a dialogar sobre el futuro del escenario. El Atahualpa, hasta ahora administrado por una entidad deportiva, está en el centro de un conflicto institucional.

4. Remodelaciones prometidas (y nunca ejecutadas)

Desde las eliminatorias al Mundial 2022, la Selección Nacional dejó de jugar en el Atahualpa por no cumplir estándares FIFA. Desde entonces, varias autoridades han prometido remodelaciones… sin resultados:

  • 2014: José Francisco Cevallos, ministro del Deporte, anunció una inversión de USD 55 millones. Nunca se ejecutó.
  • Gestión de Jaime Ruiz (CDP): presentó el proyecto Arena Atahualpa, que no prosperó.
  • 2024: se convocó a los medios de comunicación a la firma de un nuevo convenio, incluso con presencia del presidente Daniel Noboa. El evento fue cancelado por falta de socialización con clubes y asociaciones.

Pese a todo, el estadio sigue operativo. Universidad Católica lo utiliza como sede local en la LigaPro y la Copa Sudamericana, entre otros eventos.

5. ¿Qué ingresos genera el estadio?

El arriendo del estadio ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para el deporte formativo de la provincia. Aproximadamente 7.000 deportistas están afiliados a la CDP, y se estima que el estadio genera cerca de USD 800 mil al año.

  • Arriendo para partidos de LigaPro: $2.400 + 10% de taquilla.
  • Arriendo para conciertos: $50.000.
  • Promedio de 30 eventos al año.

Estos fondos, asegura la CDP que destina a alimentación, estudios, viajes internacionales y mantenimiento de instalaciones. Unos 50 atletas residen actualmente en las instalaciones de la CDP.