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Etiqueta: ecuador

Lo que sabemos sobre: las 2 millones de gallinas ponedoras y la caída del precio del huevo

¿Qué pasó?

Entre finales de 2025 y comienzos de 2026, la industria avícola ecuatoriana enfrentó una caída del precio del huevo en un contexto de exceso de oferta en el mercado.

En Ecuador se producen alrededor de 3.650 millones de huevos al año, lo que requiere aproximadamente 14,4 millones de gallinas ponedoras en promedio, según estimaciones de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE). Sin embargo, para el año 2025 en el país había cerca de 16 millones de gallinas ponedoras, es decir, unos 2 millones por encima de ese nivel de referencia según el INEC . Este mayor número de aves coincidió con una oferta de huevos superior a la demanda, lo que presionó los precios a la baja y generó acumulación de producto en el mercado.

  • Precio de la cubeta (30 unidades) el 1 de diciembre de 2025: huevo grande USD 2,30; mediano USD 2,14; pequeño USD 1,58.
  • A inicios de enero de 2026: huevo grande USD 2,17; mediano USD 1,99; pequeño USD 1,49.

Según avicultores, el costo de producción de una cubeta es aproximadamente USD 2,50, lo que significa que se vendieron huevos con pérdidas.

Entre el descarte productivo y el sacrificio

En este contexto de caída de precios y sobreoferta, en redes sociales se viralizaron portadas y publicaciones que afirmaban que “se sacrificaron 2 millones de gallinas ponedoras en Ecuador para subir el precio del huevo”.

La Unión de Productores de Huevos (UNIPROH) sostiene que el término “sacrificio” se ha utilizado de forma imprecisa. Según el gremio, la salida de las aves corresponde al descarte regular de gallinas al final de su ciclo productivo —entre 60 y 70 semanas—, una práctica estándar en la producción comercial de huevos.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG) indicó a Lupa Media que las gallinas no fueron eliminadas por razones sanitarias ni destruidas, sino comercializadas como gallinas de descarte, con precios determinados por la oferta y la demanda.

Sobre los precios, UNIPROH reportó que el precio referencial actual al consumidor de la cubeta de huevos se ubicó cerca de USD 2,80, con picos de hasta USD 3,00, mientras que el precio promedio en granja rondó los USD 2,50.

Protección Animal Ecuador (PAE) sostuvo que las gallinas fueron sacrificadas para regular la oferta, mientras que la organización Terranimal afirmó que la industria priorizó criterios económicos y que algunas aves habrían sido eliminadas antes de completar su ciclo productivo

¿Qué significa el “descarte” en la industria del huevo?

Una gallina empieza a poner huevos alrededor de las 18–20 semanas de vida y alcanza su pico de producción durante 12–18 meses, dependiendo de la genética y el manejo. Cuando la producción disminuye, se considera “gallina de descarte”. En sistemas industriales, estas aves se retiran del galpón y se destinan a carne de gallina vieja o subproductos. Este retiro puede ser escalonado o concentrado para ajustar la oferta.

 

*El 27 de enero de 2026, se presentó una denuncia en la Superintendencia de Competencia Económica por presuntas prácticas anticompetitivas; el proceso se encuentra en análisis por la autoridad.

¿Quiénes están muriendo en la violencia homicida en Ecuador? Lo que revelan los datos sobre las víctimas

El hallazgo central: la mayoría de víctimas no tenía antecedentes penales

Los registros oficiales a los que tuvo acceso Lupa Media clasifican a las víctimas de homicidios según si tenían o no antecedentes penales.

De acuerdo con estos datos, en 2025 el 19% de las personas asesinadas tenía antecedentes, mientras que el 81% restante no registraba historial judicial.

Este patrón no es excepcional de un solo año.

Un patrón estable en el tiempo

El análisis de las cifras entre 2019 y 2025 muestra que la proporción se mantiene relativamente constante: entre el 75% y el 82% de las víctimas no tenía antecedentes penales, incluso en los años en los que la violencia aumentó de forma drástica.

La estabilidad de esta proporción sugiere que el crecimiento de los homicidios no ha estado concentrado únicamente en personas previamente judicializadas.

Antecedentes penales ≠ pertenecer al crimen organizado

Ecuador no cuenta con un registro público que permita identificar si una víctima pertenecía o no a una organización criminal. Por ello, los antecedentes penales funcionan como una variable proxy: una de las pocas aproximaciones oficiales disponibles para analizar el perfil de las víctimas.

Tener antecedentes puede implicar desde contravenciones menores hasta delitos graves. Y no tenerlos no excluye otros contextos de riesgo o violencia.

Sin embargo, lo que los datos sí permiten afirmar es que no existe evidencia pública que respalde la idea de que la mayoría de víctimas pertenecía a estructuras criminales organizadas.

Incluso en las provincias más violentas, predominan víctimas sin antecedentes

La concentración territorial de la violencia —especialmente en la Costa— es conocida. Pero al observar el perfil de las víctimas por provincia, el patrón se repite.

En Guayas, la provincia con más homicidios en 2025, solo 792 de las 4.038 víctimas tenían antecedentes penales.

En Los Ríos, cerca del 75% de las víctimas no registraba historial judicial.

Esto sugiere que ni siquiera en los territorios con mayor presencia de economías criminales la violencia se concentra exclusivamente en personas con antecedentes.

Sexo y edad: la violencia afecta principalmente a hombres jóvenes, pero no necesariamente con historial delictivo

Los datos confirman una tendencia conocida: los hombres jóvenes son el grupo más afectado por la violencia homicida.

Sin embargo, dentro de ese grupo, la mayoría de víctimas tampoco tenía antecedentes penales.

Por rangos de edad, la mayor cantidad de muertes se concentra en jóvenes y adultos, pero nuevamente predominan las personas sin antecedentes. Incluso entre los grupos etarios más afectados por la violencia, la proporción de víctimas previamente judicializadas es minoritaria.

El dato refuerza una idea clave: ser joven y hombre aumenta el riesgo de ser víctima, pero no implica pertenecer al mundo criminal.

Una brecha entre el discurso y la evidencia

Desde que Ecuador entró en la declaratoria de “conflicto armado interno” en 2024, autoridades del Gobierno han insistido en que la violencia homicida responde principalmente a enfrentamientos entre grupos criminales.

Bajo ese marco, se ha instalado la idea de que la mayoría de muertes violentas ocurre entre personas vinculadas al delito, una narrativa que se ha repetido en declaraciones públicas del presidente, ministros y asambleístas oficialistas.

Este discurso ha influido en la forma en que se interpreta la crisis de seguridad, presentando los homicidios como un fenómeno concentrado dentro del mundo criminal. Sin embargo, los datos oficiales disponibles permiten poner en duda esa lectura simplificada del problema.

Metodología y límites del análisis

Para este análisis, Lupa Media recopiló información sobre homicidios intencionales entre 2019 y 2025 a partir de dos fuentes oficiales complementarias:

  • Datos de 2023 a 2025, obtenidos mediante un pedido formal de acceso a la información pública dirigido a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, que incluyen la variable sobre antecedentes penales de las víctimas.
  • Datos de años anteriores (2019–2022), extraídos de los registros de datos abiertos del Ministerio del Interior, utilizados para analizar la evolución histórica de los homicidios.

El análisis se centra en la variable “antecedentes penales de la víctima”, una de las pocas disponibles públicamente para aproximarse al perfil de las personas asesinadas en Ecuador.

Alcances y limitaciones

  • Ecuador no cuenta con un registro público que permita identificar si una víctima pertenecía o no a una organización criminal.
  • Por ello, los antecedentes penales se utilizan como una variable proxy, que permite observar patrones generales, pero no establecer afiliaciones criminales.
  • Tener antecedentes puede incluir desde contravenciones menores hasta delitos graves, y no tenerlos no excluye otros contextos de riesgo o violencia.
  • Los datos reflejan únicamente la información registrada por las instituciones oficiales y pueden estar sujetos a subregistro, errores administrativos o cambios en los criterios de clasificación.

Aun con estas limitaciones, los registros oficiales permiten identificar tendencias consistentes sobre el perfil general de las víctimas de homicidio intencional en el país.

¿Entonces?

Más allá de los discursos, los registros oficiales sugieren que la violencia homicida en Ecuador no se limita a enfrentamientos entre personas vinculadas al delito.

Entender quiénes están muriendo realmente es clave para evitar estigmatizaciones, diseñar políticas públicas más efectivas y debatir la crisis de seguridad con base en evidencia, no en simplificaciones.

Regularización de personas migrantes en España: los datos verificados y la desinformación que circula

Explicativo basado en información de Newtral, medio aliado de la red #LatamChequea, junto con Lupa Media.

Qué aprobó el Gobierno español

El Consejo de Ministros de España autorizó, el 27 de enero de 2026, la tramitación urgente de un real decreto impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para implementar una regularización extraordinaria de extranjeros.

El Ejecutivo español argumenta que la medida responde a una urgencia social, a un amplio consenso político, económico y social, y a la necesidad de dar seguridad jurídica a una realidad existente, tras la paralización en el Congreso de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas.

A diferencia de otras normas, este real decreto no requiere convalidación parlamentaria, lo que acelera su implementación.

Qué es una regularización extraordinaria

Una regularización extraordinaria es un mecanismo administrativo que permite conceder permisos de residencia y trabajo a personas migrantes que ya viven en el país, pero que se encuentran fuera de los canales ordinarios de regularización.

No equivale a una política de fronteras abiertas ni implica incentivar nuevas llegadas: se centra en personas que ya residen en el territorio.

España ha aplicado regularizaciones similares en el pasado, bajo distintos gobiernos. La última gran regularización, en 2005, aprobó más de medio millón de solicitudes.

A quién está dirigida la medida

La regularización se enfoca en dos grupos principales:

  1. Solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025
  2. Personas extranjeras en situación irregular que acrediten haber vivido en España al menos cinco meses antes de finalizar 2025

La permanencia podrá justificarse mediante documentos públicos o privados, como:

  • Empadronamiento
  • Registros médicos
  • Contratos de alquiler
  • Facturas, certificados u otros comprobantes de presencia en el país

Requisitos para acceder

Entre los requisitos centrales constan:

  • No tener antecedentes penales
  • No representar una amenaza para el orden público o la seguridad
  • Acreditar permanencia continuada en España dentro del período exigido
  • Presentar la documentación requerida dentro del plazo oficial

La normativa excluye explícitamente a personas con antecedentes penales.

Qué derechos otorga la regularización

Si la solicitud es aprobada, se concede una autorización provisional de residencia con permiso de trabajo automático en todo el territorio español y en cualquier sector.

Esta autorización permite:

  • Trabajar legalmente
  • Cotizar al sistema de seguridad social
  • Pagar impuestos
  • Acceder a sanidad y educación
  • Ejercer derechos bajo las mismas obligaciones legales que otros residentes

La autorización tiene una vigencia inicial de un año. Una vez finalizado ese periodo, las personas deberán solicitar una autorización de residencia ordinaria bajo el Reglamento de Extranjería.

En el caso de hijos e hijas menores que ya estén en España, la regularización podrá otorgar una vigencia de hasta cinco años.

Plazos y procedimiento

  • Apertura de solicitudes: prevista para abril de 2026
  • Cierre del proceso: 30 de junio de 2026
  • Tiempo máximo de tramitación: hasta tres meses

Una vez que la solicitud sea admitida a trámite, la persona podrá:

  • Trabajar legalmente en un plazo máximo de 15 días hábiles, incluso antes de recibir la resolución final

Contexto: cuántas personas migrantes irregulares hay en España

Según estimaciones recientes de Funcas (enero de 2026):

  • En España viven 837.978 personas en situación irregular
  • La cifra representa un aumento significativo frente a 2017

Origen de la población migrante irregular:

  • 90,5% proviene de América
  • 6% de África
  • 1,8% de Asia
  • 1,7% de Europa

Las nacionalidades más frecuentes son:

  • Colombiana (aprox. 290.000)
  • Peruana (aprox. 110.000)
  • Hondureña (aprox. 90.000)

Según datos de la think-tank española, FUNCAS, en 2025 vivieron en España 281 mil ecuatorianos tanto regulares como irregulares. Alrededor de 17 mil menos que en 2024.

Desinformación que circula y qué dicen los datos

“La regularización equivale a dar la nacionalidad”

No es correcto. La medida no concede nacionalidad española, sino un permiso temporal de residencia y trabajo. La nacionalidad requiere años de residencia legal y un trámite administrativo independiente.

“Las personas regularizadas podrán votar en elecciones generales”

En realidad, para votar en elecciones generales en España es obligatorio tener nacionalidad española.
La regularización no otorga derecho automático al voto.

Algunas personas extranjeras pueden votar solo en elecciones municipales, y únicamente si:

  • Su país tiene acuerdos de reciprocidad con España
  • Cumplen un mínimo de años de residencia legal

“Se incluirá a personas con antecedentes penales”

No es correcto. La normativa excluye explícitamente a solicitantes con antecedentes penales o que representen un riesgo para el orden público.

“La medida alterará el censo o las elecciones”

No hay evidencia de ello. La regularización no modifica el censo electoral ni tiene efectos inmediatos en procesos electorales, ya que el acceso a la nacionalidad —cuando aplica— requiere varios años.

“La mayoría de migrantes irregulares en España son africanos”

Los datos disponibles indican lo contrario. La mayoría proviene de América Latina, no de África.

“La regularización permite residir o trabajar en toda la Unión Europea”

No es correcto. El permiso solo es válido en España y no equivale a ciudadanía europea.

Por qué esta medida genera debate

La migración es un tema altamente politizado, donde suelen circular:

  • Exageraciones sobre seguridad
  • Discursos que asocian migración con delincuencia
  • Narrativas que vinculan regularización con manipulación electoral

Este contexto convierte a la regularización en un foco recurrente de información engañosa, especialmente en redes sociales.

¿Entonces?

La regularización extraordinaria no concede nacionalidad, no habilita el voto en elecciones generales, no incluye a personas con antecedentes penales y no modifica el sistema electoral.

Se trata de una medida administrativa para regularizar la situación de personas que ya viven en España, en un contexto donde la conversación pública sobre migración suele estar atravesada por desinformación y uso político del tema.

Universidad pública en Ecuador: gratuidad con excepciones

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¿Qué verificamos?

Una publicación del expresidente Rafael Correa en X que dice «¿Pago de matrículas? ¡Pero si la universidad pública, de acuerdo con la Constitución, es GRATUITA!» . El mensaje respondía a un post de Radio Pichincha sobre un plantón estudiantil del 27 de enero de 2026 en la UCE, donde los estudiantes solicitaron una prórroga para pagar sus aranceles.

¿Por qué es impreciso?

La universidad pública en Ecuador sí es gratuita, pero la publicación omite condiciones importantes. La gratuidad solo aplica si el estudiante cumple ciertos requisitos académicos, y hay cobros cuando se reprueban materias, se cursa una segunda carrera o se excede el tiempo de titulación. Al presentar la gratuidad como absoluta, la publicación puede inducir a error sobre la política real de la universidad.

¿Qué dice la evidencia?

Marco legal

  • Constitución de 2008 (art. 356): garantiza gratuidad en educación superior pública hasta el tercer nivel, condicionada al cumplimiento académico.
  • LOES: exige matrícula de al menos el 60 % de las materias o créditos por ciclo.

Cobros actuales en la UCE 

  • Se pagan aranceles cuando se pierde la gratuidad:
    • Reprobar materias.
    • Cursar una segunda carrera.
    • Exceder tiempo de titulación.
  • Ejemplo de costo: materia de 72–96 horas → USD 21,60–28,80.

Hechos recientes

Pronunciamiento institucional:

  • Confirmamos que el plantón sí ocurrió. El Honorable Consejo Universitario (HCU) señaló que las protestas respondieron a una prórroga aunque hasta ese momento no se había alcanzado un acuerdo con los estudiantes.

Contexto importante

Antes de la Constitución de 2008, la educación superior pública no era completamente gratuita. Los estudiantes pagaban matrículas, aranceles, laboratorios, bibliotecas, parqueos, seguros médicos y otros servicios.

En 2025, el presidente Daniel Noboa planteó la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente y una consulta popular para decidir su instalación, pero el proceso no pasó de la fase política y electoral. Aunque el Consejo Nacional Electoral emitió dictámenes y resoluciones sobre la consulta, la Constituyente nunca se instaló ni comenzó a redactar una nueva Constitución.

Por ello, no hubo cambios legales en materia de educación superior. Siguen vigentes la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que garantizan la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel, siempre que el estudiante cumpla los requisitos académicos.

Conclusión

IMPRECISO: La universidad pública en Ecuador es gratuita hasta el pregrado desde 2008, pero la afirmación que la presenta como absoluta omite condiciones importantes. Cobros aplican si se reprueban materias, se cursa una segunda carrera o se excede el tiempo de titulación. Una materia de 72–96 horas puede costar entre USD 21,60 y 28,80; quienes cumplen los requisitos de gratuidad no pagan.

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Tratado con Emiratos Árabes Unidos: qué implica y por qué podría permitir demandas contra Ecuador

Ecuador firmó un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2025 y avanza en la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, cuya revisión constitucional se inició en enero de 2026.

Más allá de los beneficios comerciales y la atracción de capital extranjero, el TBI tiene un punto crítico: la posibilidad de que empresas extranjeras demanden al Estado ecuatoriano en tribunales internacionales, pese a las restricciones constitucionales vigentes.

El gobierno de Daniel Noboa sostiene que estos tratados son necesarios para reactivar la economía y mejorar la competitividad del país frente a otros mercados de la región. En contraste, organizaciones sociales, ambientales e indígenas advierten que los mecanismos de protección a la inversión podrían afectar la soberanía jurídica, habilitar litigios millonarios contra el Estado y facilitar proyectos extractivos sin consulta previa.

¿Qué establece el tratado con Emiratos Árabes Unidos?

El Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Emiratos Árabes Unidos contempla estándares de protección a la inversión extranjera, como trato justo, seguridad jurídica y compensaciones en caso de expropiación. Además, incorpora un mecanismo de arbitraje internacional al que los inversionistas pueden recurrir en controversias con el Estado ecuatoriano.

El tratado se aplica a sectores estratégicos como:

  • Energía: plantas eléctricas a gas natural, infraestructura para su importación y distribución, energías renovables —parques solares y eólicos— y esquemas de financiamiento verde.
  • Agroindustria: producción agrícola y pesquera orientada a la exportación, con tecnologías como riego eficiente e invernaderos.
  • Infraestructura portuaria: ampliación de terminales como Posorja y desarrollo de zonas francas para exportaciones hacia Asia y Medio Oriente.
  • Vivienda: programas habitacionales y obras de desarrollo urbano.
  • Tecnología: centros tecnológicos e iniciativas vinculadas a inteligencia artificial.

En estos sectores, las controversias derivadas de regulaciones ambientales, cambios normativos o decisiones administrativas podrían ser sometidas a arbitraje internacional, conforme a lo previsto en el tratado.

¿Qué plantea el TLC con Canadá?

El tratado con Canadá, negociado en 2024, busca eliminar aranceles, facilitar el comercio bilateral y ampliar el acceso a mercados. A cambio del acceso preferencial para productos ecuatorianos, el acuerdo abre el mercado a inversiones canadienses.

Entre los sectores priorizados se incluyen:

  • Minería: atracción de inversión canadiense en proyectos de cobre y oro.
  • Agro y alimentos: ampliación de exportaciones como flores, cacao y café, y desarrollo de procesamiento industrial.
  • Pesca y acuicultura: expansión de la capacidad de procesamiento de camarón y pescado.
  • PYMES y manufacturas: textiles, cerámica, cosméticos naturales y plataformas de exportación.
  • Educación y servicios: convenios académicos y exportación de servicios digitales.

El punto crítico: arbitraje internacional y Constitución

El TBI entra en tensión con el artículo 422 de la Constitución, que prohíbe al Estado ecuatoriano ceder jurisdicción a tribunales internacionales fuera de América Latina en controversias contractuales o comerciales con inversionistas extranjeros.

Este principio fue respaldado en consultas populares realizadas en 2024 y 2025, en las que la ciudadanía rechazó habilitar mecanismos de arbitraje internacional para disputas con empresas extranjeras.
Pese a ello, el Ejecutivo avanzó con la firma del TBI y la negociación del TLC.

¿Qué debe resolver la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional deberá determinar si los tratados obligan al Estado ecuatoriano a someterse a tribunales extranjeros y si sus disposiciones vulneran principios constitucionales, entre ellos:

  • La prohibición de ceder jurisdicción internacional en controversias con inversionistas.
  • Las competencias de la Asamblea Nacional en la aprobación de tratados.
  • Los derechos colectivos vinculados a la consulta previa, especialmente en proyectos extractivos.

Organizaciones de la sociedad civil y asambleístas presentaron recursos de amicus curiae ante la Corte Constitucional para que se analice el tratado firmado entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2025.

¿Qué dicen la conversación digital?

Entre el 1 y el 28 de enero de 2026, la conversación digital sobre la relación de Ecuador con Emiratos Árabes Unidos generó 572 publicaciones de 458 usuarios, con alrededor de 6.200 interacciones y un alcance potencial de más de 1,4 millones de personas, según un reporte de monitoreo digital hecho con Golden Social Suite.

La conversación se concentró principalmente en X (72,9%), y estuvo dominada por actores políticos, medios de comunicación y organizaciones económicas.

El análisis de sentimiento muestra un predominio de tono negativo y crítico, especialmente en publicaciones relacionadas con el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Emiratos Árabes Unidos, la Corte Constitucional, la Constitución y el rol del presidente Daniel Noboa.

Los conceptos más asociados al tema son “Constitución”, “Corte Constitucional”, “Asamblea Nacional”, “arbitraje” e “inversión extranjera”, lo que sugiere que la discusión pública se centra más en los riesgos jurídicos y de soberanía que en los beneficios comerciales.

Además, varias publicaciones virales incorporan afirmaciones no verificadas o interpretaciones exageradas —por ejemplo, sobre lavado de activos o vínculos automáticos entre el tratado y el crimen organizado—, lo que evidencia riesgos de desinformación y la necesidad de información clara y basada en evidencia.

Es falso que el 85% de las muertes violentas en Ecuador ocurra entre grupos de delincuencia organizada

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¿Qué verificamos?

Durante una entrevista en el programa “ReVELAciones», la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, afirmó que «el 85% de muertes violentas en el país son entre grupos de delincuencia organizada».

¿Por qué es completamente falso?

Porque los datos oficiales de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior no respaldan la afirmación de que el 85% de las muertes violentas correspondan a enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada. Según cifras de dichas instituciones, solo el 19% de las víctimas tenían antecedentes penales en 2025.

¿Qué dice la evidencia?

  • Origen de la cifra: Lupa Media consultó a la ministra Morillo sobre la fuente de su declaración. Ella señaló que proviene de informes policiales. Sin embargo, las cifras oficiales publicadas por la Policía Nacional no coinciden con ese porcentaje.
  • Antecedentes penales de las víctimas: Según información solicitada a la Policía Nacional, en 2023 y 2024 el 21% de las víctimas de homicidios tenía antecedentes penales. En 2025, esa proporción descendió al 19%. En términos absolutos, cerca de ocho de cada diez víctimas no registraba antecedentes.
  • Presuntas motivaciones: El Ministerio del Interior clasifica el 95% de los homicidios de 2025 como casos de “delincuencia común”. Esta categoría no identifica enfrentamientos entre bandas ni establece vínculos directos con el crimen organizado, como explica el experto en seguridad Renato Rivera.
  • Homicidios entre delincuentes: Afirmar que el 85% de las muertes violentas ocurrió entre grupos criminales implicaría que más de 7.800 víctimas de homicidios intencionales formaban parte de esas estructuras. Esa conclusión no se desprende de los datos oficiales disponibles..

Contexto importante

Ecuador cerró 2025 como el año más violento de la última década, con 9.216 homicidios intencionales, un aumento del 30% respecto a 2024.

La violencia se concentró en la región Costa. Cinco provincias del litoral acumularon cerca del 85% de los homicidios del país. Guayas registró 4.106 muertes violentas. Esta concentración coincide con territorios estratégicos para el narcotráfico y la presencia de grupos criminales, pero no permite atribuir automáticamente cada homicidio a enfrentamientos entre ellos.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: No existe evidencia oficial que respalde que el 85% de las muertes violentas en Ecuador ocurra entre grupos de delincuencia organizada. Los datos disponibles muestran que la mayoría de las víctimas no tenía antecedentes penales y que los homicidios se registran, en su mayoría, bajo categorías que no establecen una vinculación comprobada con el crimen organizado.

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Este video de una mujer dando a luz en los pasillos de un hospital NO ocurrió en Ecuador

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¿Qué verificamos?

Un video difundido en redes sociales que atribuye a un hospital de Loja un parto sin atención médica ocurrido supuestamente por el colapso del sistema de salud, y que menciona a autoridades nacionales ecuatorianas.

¿Por qué es completamente falso?

El video no fue grabado en Ecuador. Corresponde a un caso ocurrido en Perú, en el Hospital de Yungay, región de Áncash. El 23 de enero de 2026, una mujer de 21 años dio a luz sin asistencia médica. Tras la difusión del registro, las autoridades sanitarias peruanas intervinieron el establecimiento. En Ecuador, el MSP confirmó que el video no corresponde a ningún hospital de Loja.

¿Qué dice la evidencia?

Origen del video:

  • Una búsqueda inversa de imágenes muestra que el video fue publicado por medios peruanos entre el 23 y el 26 de enero de 2026, bajo titulares que identifican el hecho como ocurrido en el Hospital de Yungay, en Áncash.

Pronunciamiento oficial de Perú: 

  • El mismo 23 de enero de 2026, la Dirección Regional de Salud de Áncash informó que intervino el hospital e inició procesos administrativos para establecer responsabilidades.
  • Como resultado, se rescindieron los contratos de un médico ginecólogo y un obstetra, se separó temporalmente a una enfermera y a una técnica en enfermería, y se solicitó el cambio de la dirección del hospital. En el proceso participaron el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional del Perú.
  • Las autoridades indicaron que la madre y el recién nacido se encontraban estables y bajo observación médica.

Desmentido oficial del MSP de Ecuador: 

  • El 27 de enero de 2026, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador emitió un comunicado en el que aclaró que el video no corresponde a ningún establecimiento de salud de Loja y pidió a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales.

Contexto importante

La difusión del video coincidió con la circulación de imágenes de la vicepresidenta María José Pinto —encargada del Ministerio de Salud— durante una visita al Centro de Salud de San Antonio de Pichincha, en Quito, donde cuestionó públicamente la atención a pacientes en el área de emergencias.

Tras este episodio, periodistas visitaron el centro de salud y constataron sobrecarga de servicios, déficit de personal y problemas en el abastecimiento de medicamentos.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El video no fue grabado en Loja ni en Ecuador. Corresponde a un caso ocurrido el 23 de enero de 2026 en el Hospital de Yungay, en Áncash, Perú. Las autoridades peruanas intervinieron el establecimiento y sancionaron al personal involucrado. El MSP de Ecuador confirmó que el registro no pertenece a ningún hospital del país.

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El umbral de USD 92 no es un cálculo creado por Daniel Noboa para “reducir la pobreza”

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¿Qué verificamos?

Publicaciones virales aseguran que “Noboa dice que si ganas $92 al mes dejas de ser pobre en Ecuador. Así hizo el cálculo para decir que redujo la pobreza”.

¿Por qué es mayormente falso?

Porque el monto de USD 92 forma parte de la metodología de pobreza por ingresos del INEC, aplicada desde desde el año 2007 por distintos gobiernos. No es un cálculo creado ni ajustado por Daniel Noboa. Además, no hay evidencia de que el presidente haya dicho que una persona deja de ser pobre al ganar ese monto, sino que ha citado cifras oficiales para afirmar que la pobreza alcanzó su nivel más bajo en 18 años.

¿Qué dice la evidencia?

  • No existe la declaración atribuida al presidente.- No hay registros oficiales, entrevistas ni publicaciones verificables en las que Daniel Noboa haya dicho que una persona deja de ser pobre al ganar más de USD 92 mensuales.
  • El umbral no es una decisión del Gobierno actual
    La cifra forma parte de la medición de pobreza por ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y ha sido utilizada de manera continua por gobiernos anteriores, incluidos los de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
Metodología de pobreza por ingresos según el INEC
  • Cómo mide la pobreza por ingresos el INEC: La pobreza por ingresos se calcula en Ecuador desde 2007 y se actualiza con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para diciembre de 2025, el INEC estableció:
    • Pobreza: ingresos menores a USD 92,40 mensuales por persona.
    • Pobreza extrema: ingresos menores a USD 52,07 mensuales por persona.
    • Estos valores se usan para fines estadísticos y comparativos y no implican que superar ese monto garantice condiciones adecuadas de vida.
  • Variaciones no significativas: Aunque el INEC reporta mejoras frente a años anteriores, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 no se registran cambios estadísticamente significativos en la mayoría de los indicadores de pobreza. La excepción es la pobreza en áreas urbanas, que sí mostró una disminución significativa, al pasar de 20,9 % a 13,8 %.
  • Otros tipos de pobreza: Así como la pobreza por ingresos existen otros indicadores que determinan si una persona es considerada como «pobre»:
    • Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Aquí se mide de acuerdo a cinco aspectos; vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, acceso a educación y capacidad económica. Las cifras muestran que no ha habido una diferencia signifcativa.
    • Pobreza multidimensional: En este se toman en cuenta 12 indicadores basados en 4 dimensiones; educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación social; hábitat, vivienda y ambiente sano. Aquí tampoco hay una diferencia significativa.

Contexto importante

El contenido comenzó a circular después de que el presidente Daniel Noboa difundiera cifras oficiales sobre pobreza en redes sociales y durante su participación en elForo Económico Mundial (Davos), donde sostuvo que los indicadores actuales muestran una mejora frente a gobiernos anteriores. Sin embargo, en ningún momento ha dicho —como aseguran las publicaciones virales— que una persona deja de ser pobre al ganar USD 92 mensuales.

En ese contexto, usuarios y páginas reinterpretaron los datos oficiales y los transformaron en mensajes más extremos, atribuyéndole al presidente frases que no existen y sugiriendo que el Gobierno “maquilló” o manipuló las cifras.

Entre el 19 y el 25 de enero de 2026, la conversación digital sobre pobreza en Ecuador alcanzó aproximadamente 4,8 millones de usuarios y 72,6 mil interacciones, con un predominio de sentimiento negativo (53,69%), según SocialAlert.

Resultados escucha social 19/01 al 25/01 con la herramientas SocialAlert

Conclusión

MAYORMENTE FALSO: Las publicaciones virales toman un dato real —la línea de pobreza por ingresos del INEC— y lo confunden con una afirmación que el presidente Daniel Noboa no ha hecho. El umbral de USD 92 no fue creado ni modificado por su Gobierno y no define, por sí solo, cuándo una persona “deja de ser pobre”. Forma parte de una metodología técnica aplicada desde hace 18 años.

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El caso del niño ecuatoriano de cinco años y ICE: versiones contradictorias

Lo que reportaron testigos y autoridades escolares

De acuerdo con el distrito escolar de Columbia Heights, Liam Conejo Ramos, fue interceptado el 20 de enero de 2026 junto a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, cuando regresaban del preescolar.

Agentes de ICE junto a Liam Conejo – Foto de Rachel James vía Reuters

Funcionarios del distrito y personas que presenciaron el operativo aseguran que:

  • Agentes de ICE detuvieron al padre cerca de la vivienda familiar.
  • El niño fue separado momentáneamente del adulto durante el procedimiento.
  • Según autoridades escolares, el menor fue llevado hasta la puerta del domicilio para tocarla y verificar si había más personas dentro.
  • Pese a que otro adulto se habría ofrecido a hacerse cargo del niño, los agentes no lo permitieron y el menor terminó bajo custodia junto a su padre.

Durante una rueda de prensa el 22 de enero, la superintendente del Distrito Escolar en Columbia Heights, Zena Stenvik, informó que al menos otros tres estudiantes del mismo sistema educativo habrían sido detenidos por ICE en operativos recientes. Entre ellos un menor de 10 años y dos de 17 años. Aquí se puede ver un extracto de su declaración.

Por otro lado, la presidenta de la junta escolar de las escuelas públicas de Columbia Heights, Mary Grunland, afirmó presenciar el suceso mientras iba a recoger a sus hijos y escuchó la conmoción. Incluso solicitó que se dejara al niño con ella, pero que las autoridades negaron la petición. Luego que un reportero le preguntó si los agentes de ICE usaron al niño como carnada, Grunland respondió que sí. Ella señala que presenció todo y que las imágenes y videos lo confirman.

La versión del Gobierno de Estados Unidos y de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE niegan que el niño haya sido “arrestado” como objetivo del operativo. Según su versión:

  • La acción estaba dirigida exclusivamente contra el padre del menor, quien habría sido un inmigrante «ilegal» liberado durante la administración de Joe Biden.
  • Cuando los agentes se acercaron, el padre habría intentado huir, dejando al niño solo por unos momentos.
  • Un agente permaneció con el menor por razones de seguridad, mientras se concretaba la detención del adulto.
  • ICE sostiene que, en estos casos, los niños no son considerados detenidos, sino que quedan temporalmente bajo custodia mientras se define con quién pueden permanecer.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que al acercarse los agentes al padre, este huyó a pie, abandonando a su hijo. Incluso indican que los oficiales intentaron en múltiples ocasiones que la madre saliera de su casa para tomar la custodia de Liam, pero que esta no lo hizo. Sin embargo esta versión difiere de lo comunicado por autoridades escolares que aseguran que Adrián le habría gritado a la madre de Liam que no abriera la puerta por miedo a igual ser detenida. Según las autoridades el padre habría solicitado que el niño permaneciera con él.

Publicación en X del Departamento de Seguridad Nacional

Funcionarios del Gobierno, incluido el vicepresidente J.D. Vance, han defendido el procedimiento, señalando que la agencia está obligada a hacer cumplir la ley migratoria, incluso cuando hay menores involucrados, y que no se violaron los protocolos vigentes. Además, insistió que el padre huyó y por eso se quedaron con el niño. «Se supone que deben dejar un niño de 5 años congelar hasta la muerte» señaló Vance.

Publicación en X de la Casa Blanca

La situación migratoria de la familia

El actual abogado de Liam y su padrea Adrián, Marc Prokosch, aseguró que ambos no residen de manera irregular en Estados Unidos. De acuerdo a sus declaraciones:

  • El padre y el menor tenían un proceso de asilo en trámite en Estados Unidos. Esto con el fin de buscar seguridad para su familia tras salir de su país natal.
  • Llegaron a finales de 2024 por medio la aplicación CBP one. Esta permite que personas sin documentos adecuados para entrar a Estados Unidos programen una cita y envíen información anticipada a través de ciertos puertos de entrada en la frontera suroeste.
  • Liam y Adrián ingresaron por la frontera de Brownsville en Texas, solicitado una cita, llenando los formularios y presentándose ante una Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
  • No existía una orden de deportación vigente en su contra al momento de la detención.

Tras el operativo, el niño y su padre fueron trasladados a un centro de detención familiar en Texas. Prokosch asume que probablemente se encuentren juntos en el Centro Residencial Familiar Dilley en el sur de Texas. Hasta el momento solo ha podido tener comunicación indirecta con sus clientes. Por su parte el Departamento de Seguridad Nacional indicó que ambos están juntos en Dilley.

Pronunciamiento de Ecuador

La Cancillería de Ecuador informó que, el Consulado del Ecuador en Minneapolis solicitó de inmediato información oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para conocer los detalles del caso y la situación actual del niño.

Según lo comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional, el menor se encuentra bajo su resguardo luego de que su padre, huyera ante la presencia de los agentes, dejando al niño dentro del vehículo. La Cancillería indicó que mantiene un monitoreo permanente del caso.

Por qué el caso ha generado tanta polémica

El episodio se volvió viral y provocó protestas porque ocurre en un contexto de mayor endurecimiento del control migratorio. Principalmente en el estado de Minnesota, donde hace unas semanas la ciudadana Renee Good, murió tras recibir disparos por un agente de ICE.

Por ahora, no existe evidencia pública concluyente que permita confirmar todas las acusaciones que circulan en redes, pero sí hay hechos verificados que muestran que el menor estuvo bajo custodia de ICE y que las versiones sobre lo ocurrido no coinciden plenamente.

Las “muñecas de la mafia”: qué oculta el estereotipo sobre las mujeres en el crimen organizado

Del estereotipo a la función

Durante años, la narrativa dominante presentó a las mujeres asociadas al narcotráfico como adornos del poder masculino: jóvenes hipersexualizadas, beneficiarias pasivas de lujos y protección. Esa representación ocultó una realidad más incómoda.

De acuerdo con investigaciones regionales, la presencia femenina en el crimen organizado ha sido constante, pero subestimada. La imagen de “acompañante” funcionó como velo cultural para invisibilizar tareas logísticas, administrativas y operativas que sostienen economías ilegales complejas.

La expresión “muñecas de la mafia” proviene del imaginario de las narconovelas colombianas de la década de 2010. Allí se representaba a mujeres jóvenes vinculadas sentimentalmente con narcotraficantes, a quienes se atribuía una estética basada en cirugías, ostentación y consumo como símbolo de ascenso social.

Portada de la novela colombiana «Las muñecas de la mafia».

Qué roles ocupan hoy las mujeres en el crimen organizado

Según InSight Crime, las mujeres han ocupado históricamente roles subordinados dentro de estructuras criminales dominadas por valores masculinos: cultivo, transporte de drogas, tareas logísticas o de apoyo. No obstante, este patrón está cambiando.

Hoy se observa una participación más amplia y, en ciertos casos, un protagonismo ascendente. Las mujeres no solo aparecen como víctimas: también gestionan redes, administran recursos, reclutan personas y participan en economías criminales como la trata, donde pueden ser simultáneamente explotadas, intermediarias o lideresas.

Para el experto en seguridad Ghaleb Krame, los cárteles evolucionaron hacia el poder blando. “Una mujer con visa limpia, apariencia elegante y disciplina firme vale más que un convoy de hombres armados”, sostiene. La estética permanece —cuerpos esculpidos, imagen cuidadosamente curada—, pero ahora se combina con funciones estratégicas: intermediación financiera, movilidad internacional, vínculos políticos y gestión de imagen.

América Latina: trayectorias diversas, mismo patrón

Colombia ofrece un ejemplo claro de esta evolución. Las mujeres cumplen mayoritariamente funciones de captación en redes de trata de personas, un rol de alto riesgo frente a las autoridades. El fenómeno se agravó con el aumento de migrantes venezolanas y el control de pasos ilegales por grupos armados que reclutan y explotan sexualmente, incluso a menores.

El caso de Liliana Campos, conocida como La Madame, muestra otro rango. Capturada en 2018, lideró una red transnacional de explotación sexual con fachada empresarial, controló corredores sexuales y explotó a unas 250 mujeres. Aunque estos casos parecen excepcionales, la ONUDD señala que en las Américas más de un tercio de las personas condenadas por trata son mujeres.

Foto: El Tiempo

En México, el fenómeno de las buchonas siguió una trayectoria similar. Lo que comenzó como una etiqueta para las parejas de narcotraficantes evolucionó hacia un perfil funcional. Muchas viajan con pasaportes limpios, hablan varios idiomas y se mueven con facilidad en aeropuertos y ciudades globales. Actúan como mensajeras financieras, exploradoras de rutas o intermediarias. Algunas incluso cruzan a la política, financiando campañas, gestionando redes de influencers u operando fundaciones fachada, según Krame.

El caso de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, evidencia esta transición. Tras cumplir menos de tres años de prisión en Estados Unidos, reconstruyó su imagen pública como empresaria y figura mediática, hasta desfilar en el Fashion Week de Milán en 2024. El símbolo volvió a imponerse sobre el delito.

Captura del Instagram oficial de Emma Coronel.

Narcocultura, género y falso empoderamiento

La narcocultura ofrece un modelo de ascenso rápido basado en ostentación, consumo extremo y capital simbólico. Para algunas mujeres, este espacio funciona como negociación de poder; para otras, como circuito de explotación o como estrategia económica calculada.

Reducir este entramado a la figura de la “muñeca” es funcional al crimen: oculta la estructura, personaliza la culpa y trivializa el análisis. Reconocer que algunas mujeres cumplen roles activos dentro del crimen organizado no implica desconocer que muchas operan bajo presión o violencia, pero tampoco elimina sus responsabilidades.

La conversación digital: simplificación y arquetipo

En redes sociales —especialmente en TikTok— el término “muñecas de la mafia” opera más como categoría cultural que analítica. Fotografías de lujo, viajes y negocios visibles se usan como atajos narrativos para explicar el crimen organizado sin mediación judicial.

Entre el 7 y el 19 de enero de 2026, la conversación en Ecuador alcanzó a más de 1,5 millones de usuarios, impulsada por un número reducido de publicaciones amplificadas algorítmicamente. La dinámica no distingue entre:

  • mujeres con roles criminales reales,
  • figuras que capitalizan la estética narco,
  • o personas cuya exposición pública las vuelve parte del relato.
Resultados escucha social 07/01 al 19/01 con la herramientas SocialAlert.

El resultado no es invención del fenómeno, sino aplanamiento: trayectorias distintas quedan encapsuladas en un mismo arquetipo.

¿Entonces?

El concepto de “muñecas de la mafia” no explica el crimen organizado: lo simplifica. Las investigaciones muestran que la participación de las mujeres en economías criminales es real, diversa y funcional, con roles que van mucho más allá del estereotipo ornamental.

Comprender esa transformación exige abandonar dos errores frecuentes: negar la agencia femenina o convertir la estética en prueba automática de delito. En el punto medio está el análisis riguroso: uno que permita entender cómo operan hoy las estructuras criminales sin caer en romantización, estigmatización ni espectáculo.