¿Inimputables o responsables? Así opera la justicia penal juvenil en Ecuador

Adolescentes en conflicto con la ley penal: el contexto

Entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2026, la Policía Nacional registró 389 detenciones de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Ecuador, entre estos delitos asociados a la operación de grupos de delincuencia organizada (GDO). Estas cifras se sitúan en medio de un fenómeno que el Ministerio del Interior ha documentado: el reclutamiento de NNA por parte de estos grupos.

Qué significa ser imputable o inimputable

• Imputabilidad: Es la capacidad de una persona para responder penalmente por un delito. Supone que comprende que su conducta es ilícita y que puede controlar sus actos.
• Inimputabilidad: Es la condición jurídica de quienes, por su edad, estado mental u otras circunstancias previstas por la ley, no pueden ser juzgados ni sancionados por el sistema penal ordinario.
• Consecuencia: Una persona inimputable no puede ser declarada culpable dentro del sistema penal ordinario, aunque pueden aplicarse medidas especiales establecidas por la ley.

Qué dice la ley ecuatoriana

En Ecuador, la imputabilidad penal ordinaria aplica únicamente a mayores de 18 años. Según el Código Orgánico Integral Penal, las personas menores de edad se rigen por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA).

El CONA establece que los adolescentes de entre 12 y 18 años son penalmente inimputables ante la justicia ordinaria, por lo que no pueden ser juzgados por jueces penales comunes ni recibir las sanciones previstas para adultos. Sin embargo, sí responden ante el sistema de justicia juvenil, que cuenta con jueces especializados y medidas socioeducativas propias.

Pablo Coloma, consultor en justicia juvenil, explica que la inimputabilidad impide que un adolescente sea declarado culpable en el sistema ordinario, pero no significa que quede sin consecuencias jurídicas.

En cambio, los niños y niñas menores de 12 años son absolutamente inimputables y no están sujetos ni a juzgamiento ni a medidas socioeducativas.

Qué son las medidas socioeducativas

La Constitución dispone que los adolescentes infractores estén sujetos a medidas socioeducativas proporcionales a la infracción cometida. Su objetivo es promover su reintegración social y la reparación del daño causado, mientras que la privación de libertad debe aplicarse solo como último recurso.

Las sanciones van desde medidas no privativas de libertad —como servicios a la comunidad o libertad asistida— hasta el internamiento institucional. Según la gravedad del delito, el CONA prevé internamiento de hasta cuatro años para infracciones más graves y de entre cuatro y ocho años para delitos sancionados con más de diez años de prisión en el COIP.

Esta última medida solo puede aplicarse a adolescentes mayores de 14 años y debe cumplirse en Centros de Adolescentes Infractores (CAI), separados de las cárceles para adultos.

Porque existe un sistema diferenciado

El sistema de justicia juvenil diferenciado no es exclusivo de Ecuador. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los menores de edad en conflicto con la ley deben ser tratados de acuerdo con su edad y con el objetivo de favorecer su reintegración social. Además, las Reglas de Beijing de Naciones Unidas promueven sanciones proporcionales y priorizan medidas no privativas de libertad.

Este enfoque también cuenta con respaldo científico. Diversos estudios muestran que el cerebro humano continúa desarrollándose hasta los 25 o 30 años y que la corteza prefrontal —encargada de controlar impulsos, planificar y evaluar consecuencias— es una de las últimas áreas en madurar.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH), durante la adolescencia las decisiones suelen estar más influenciadas por las emociones, las recompensas inmediatas y la presión de los pares. La Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente (AACAP) precisa que esto no significa que los adolescentes no distingan entre lo correcto y lo incorrecto, sino que procesan sus decisiones bajo condiciones neurológicas distintas a las de un adulto, lo que sustenta un sistema de responsabilidad penal diferenciado.