La ruta de los USD 110 millones que CELEC pagó a Progen

El origen de los pagos

Los contratos fueron adjudicados en agosto de 2024, en el contexto de la emergencia eléctrica decretada por el Gobierno de Daniel Noboa ante los apagones y la falta de generación.

CELEC contrató a Progen para incorporar generación térmica en:

• Quevedo
• Salitral

El valor conjunto de ambos contratos ascendía a aproximadamente USD 149 millones. Según las condiciones pactadas, CELEC realizó pagos anticipados y desembolsos progresivos conforme avanzaba la ejecución.

Entre finales de 2024 y comienzos de 2025, la empresa pública transfirió cerca de USD 110 millones en anticipos a cuentas vinculadas a Progen en Estados Unidos. Específicamente en el banco Regions Bank. Aproximadamente USD 38 millones para Quevedo y USD casi 70 para Salitral.

Sin embargo, los proyectos comenzaron a acumular retrasos, sanciones y cuestionamientos técnicos. Los generadores no fueron entregados ni instalados en los plazos previstos y, finalmente, los contratos fueron terminados unilateralmente por CELEC en junio de 2025.

La ruta del dinero bajo investigación

La demanda civil presentada por CELEC en la Corte Federal del Distrito Medio de Florida Estados Unidos sostiene que gran parte de esos fondos públicos no se habría destinado a ejecutar las obras eléctricas comprometidas.

Según documentos judiciales incorporados al proceso, el dinero habría sido redistribuido desde cuentas de Progen hacia personas naturales, empresas intermediarias y compañías vinculadas.

Uno de los principales elementos mencionados por CELEC son los registros bancarios obtenidos del Regions Bank, entidad donde Progen recibió los pagos estatales. De acuerdo con el expediente:

• Al 30 de enero de 2026, la cuenta de Progen tenía saldo cero.
• Se identificaron transferencias a directivos de la empresa, empresas relacionadas y terceros en Estados Unidos, Ecuador y China.
• Parte de los recursos también habría sido destinado a pagos personales y gastos no relacionados con los proyectos eléctricos.

Entre los movimientos señalados por CELEC del reporte de Regions Bank están:

• Cerca de USD 1,5 millones para pagos de tarjetas American Express del CEO de Progen, Andrew Williamson.
• Aproximadamente USD 1,1 millones transferidos a John Manning, directivo de la empresa.
• Cerca de USD 330.000 enviados a José David Trujillo, exfuncionario de CELEC.
• Transferencias a Astrobryxa S.A. y Astrobryxa LLC por alrededor de USD 8,3 millones.
• Según la demanda, Karla Saud Calero —accionista de Astrobryxa junto a José Manrique— recibió además cerca de USD 50.000 de forma directa desde cuentas vinculadas a Progen.
• Más de USD 3,25 millones transferidos a Inycofyi Ingeniería y Construcciones.
• Otros USD 1.450.000 transferidos directamente a la empresa Two Lions Holdings que presuntamente es de Andrew Williiamson.
• Pagos por casi USD 4 millones a SBM Constructions, Inter Fab Services y Rayk Holdings, identificadas como posibles empresas ficticias.

La empresa pública sostiene que estos movimientos son relevantes para determinar si existió un esquema organizado de desvío de recursos públicos.

¿Qué busca demostrar CELEC?

En la demanda presentada ante una corte federal de Florida, CELEC argumenta que Progen habría obtenido los contratos mediante información y certificados presuntamente falsificados, además de promesas técnicas que no se habrían cumplido.

Con base en la Ley RICO —utilizada en Estados Unidos para perseguir esquemas de fraude organizado— CELEC busca rastrear el destino completo de los fondos transferidos y determinar:

• Quiénes recibieron el dinero.
• Cuánto recibió cada persona o empresa.
• Qué intermediarios participaron.
• Si existió una estructura coordinada para mover y ocultar recursos.

Por ello, CELEC solicitó acceso a registros financieros de bancos, sistemas de compensación interbancaria y compañías relacionadas con el caso.

La disputa judicial por los registros bancarios

Progen intentó impedir que CELEC accediera a esos movimientos financieros. La empresa argumentó ante la corte que las solicitudes eran desproporcionadas y constituían una “fishing expedition”, es decir, una búsqueda amplia de pruebas sin una base específica.

Además, sostuvo que el Gobierno ecuatoriano busca trasladar a Progen la responsabilidad por los problemas de gestión de la crisis eléctrica.

Sin embargo, el 7 de mayo de 2026, un juez federal negó las solicitudes de protección presentadas por Progen y ahora CELEC podrá exigir información bancaria y registros de transferencias.

Esto permite que la investigación avance sobre movimientos financieros realizados a través de bancos, tarjetas de crédito y sistemas internacionales de transferencias.

El punto que sigue bajo debate

Aunque la demanda se centra en el presunto desvío de fondos por parte de Progen y sus vinculados, el caso también abrió preguntas sobre el rol de funcionarios y autoridades ecuatorianas durante la contratación.

La Contraloría General del Estado identificó posibles irregularidades y señaló un eventual perjuicio económico cercano a USD 100 millones. A partir de esos hallazgos, la Fiscalía avanzó con investigaciones por presunto peculado dentro del denominado caso Apagón, proceso que involucra a exfuncionarios y contratistas vinculados a las contrataciones eléctricas como Fabián Calero y el exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves.

🏛️ #LaNuevaContraloría | El Contralor, Dr. Mauricio Torres, informó a la @ParticipacionAN los resultados de las auditorías realizadas a CELEC EP, relacionadas con los contratos suscritos con Austral Technical Management y Progen.

🔍 Los informes aprobados evidencian… pic.twitter.com/2TRtG3oU9J

— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) August 6, 2025

Hasta el momento, no existe una sentencia definitiva en Estados Unidos ni en Ecuador que determine responsabilidades penales o civiles sobre el destino final de los fondos o sobre las decisiones tomadas durante la contratación.