Motines en cárceles y Luisa González: ¿hay pruebas de un vínculo?

¿Qué dijo el ministro?

En su publicación en X, Reimberg preguntó “¿Casualidad?” y añadió “Que cada quien saque sus conclusiones”. También escribió que el Gobierno no permitirá que el crimen organizado “ni sus aliados políticos” desafíen al Estado.

El 23 de octubre, en entrevistas con Radio Sucre, Radio Centro Digital y Radio Élite, Reimberg reiteró que le parece muy sospechoso que los motines ocurrieran el mismo día de la detención de González, y señaló que algunas personas de la Revolución Ciudadana intentarían provocar problemas en las cárceles. 

Ni en la publicación ni en las entrevistas, el Ministro presentó pruebas, informes de inteligencia o nombres de personas que vinculen los hechos con ese partido.

¿Qué se sabe de los hechos en las cárceles?

El 22 de octubre fueron asesinados ocho presos y 10 resultaron heridos en la cárcel de Cotopaxi y en la de El Inca, en Quito, cuatro fallecidos en cada una, según el SNAI.

• Cotopaxi: Según un reporte interno (parte) de las fuerzas de seguridad al que tuvo acceso Lupa Media, tres presos fueron asesinados con disparos en el pabellón de mínima seguridad y un cuarto fue hallado con señales de estrangulamiento en la etapa Libertadores, donde ingresan internos trasladados desde otras prisiones. En el lugar se encontraron dos pistolas, una Taurus y una Glock, y munición calibre 9 mm. Según el documento, la Glock posiblemente perteneciente a la Policía Nacional. El parte no menciona el móvil ni una relación con la detención de Luisa González.
• El Inca: La periodista de investigación Karol Noroña citó fuentes reservadas que indicaban un ataque armado coordinado contra internos presuntamente vinculados a Los Choneros. Según Noroña, los atacantes tenían las llaves del pabellón, que les habrían entregado uno o varios funcionarios uniformados, quienes también habrían permitido el ingreso de armas. El SNAI no se ha pronunciado sobre esta información. Según el conteo de la periodista, que inicia en diciembre de 2020, sería la masacre carcelaria número 23.
• Antecedentes en 2026: Según el SNAI, consultado por Lupa Media, este año no se habían registrado amotinamientos. El único incidente reportado fue un intento de disturbio controlado el 9 de julio en El Inca, durante una requisa de la Policía. Aun así, entre enero y agosto hubo 73 muertes violentas en las cárceles, es decir, causadas por otra persona, según datos del Ministerio del Interior citados por Primicias.

¿Qué dicen las autoridades sobre los responsables?

El SNAI indicó que los presuntos implicados fueron identificados y serán trasladados a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena. Sin embargo, no informó a qué grupos pertenecen ni cuál habría sido el móvil. Tampoco ha informado si entre los fallecidos hay integrantes o cabecillas de bandas criminales.

Hasta el cierre de esta publicación, ni el SNAI ni el Ministerio del Interior han presentado información que vincule los motines con la detención de Luisa González, ni han explicado su móvil. 

¿Qué pasó en el sistema penitenciario antes de los motines?

El 8 de octubre de 2026, el SNAI trasladó a 20 presos desde la cárcel de Imbabura a la de Cotopaxi. Según el SNAI, estos traslados buscaban prevenir posibles incidentes y reforzar la vigilancia en las cárceles.

El 16 de octubre, el SNAI inició además la primera fase del Plan Nacional de Clasificación de Personas Privadas de Libertad, que contempla a 9.214 presos en seis centros penitenciarios de Cotopaxi, Azuay, Tungurahua y Chimborazo. El hecho ocurrió tres días después de que las autoridades reclasificaran a los internos según su nivel de peligrosidad.

El SNAI no ha informado si los traslados o la reclasificación tienen relación con los hechos del 22 de octubre. La cárcel de El Inca no forma parte de la primera fase del plan de clasificación ni de los traslados informados por el SNAI en octubre.

¿Por qué fue detenida Luisa González?

Luisa González fue detenida por un presunto lavado de activos en el financiamiento de la publicidad de su campaña presidencial de 2023, según la Fiscalía. El caso, llamado Laberinto, sostiene que entre mayo y agosto de ese año se habría usado una red de empresas u otras organizaciones para canalizar unos USD 500.000, que habrían provenido de la comercialización ilegal de hidrocarburos, a través de la empresa Ternape, que la Fiscalía vincula con el entorno empresarial de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil. . González fue detenida en Chone, Manabí, junto con otras dos personas.

El 23 de octubre, un juez dictó prisión preventiva para González, el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO, a pedido de la Fiscalía. Para una cuarta procesada, Estefanía Molina, dispuso presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. 

En un comunicado publicado en su cuenta de X el 22 de octubre, González afirmó: “Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda”. En el mismo texto sostuvo que en el país “el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente”. En ese comunicado y en otro publicado el 23 de octubre, González no se refiere a los hechos en las cárceles.