Progen y ATM: ¿qué investigó Contraloría, qué hizo la Asamblea y qué está en manos de Fiscalía?

El origen: una crisis eléctrica y tres contratos de emergencia

En abril de 2024, en medio de la peor sequía en décadas y con Ecuador enfrentando apagones, el Ministerio de Energía declaró la emergencia del sector eléctrico. Bajo ese régimen, CELEC EP contrató de forma directa la compra de generadores térmicos a dos empresas: Progen Industries LLC, para las centrales de Salitral y Quevedo (USD 149,1 millones en conjunto), y Austral Technical Management (ATM), para Esmeraldas (cerca de USD 90 millones). Meses después, Progen firmó también un tercer contrato, esta vez con la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA), para repotenciar la central de Catamayo, en Loja (USD 20,1 millones).

Los tres proyectos debían entrar en operación antes de fin de 2024. Ninguno lo hizo en los términos pactados. Hoy, ese fracaso está siendo revisado por tres frentes distintos.

Contraloría: qué investigó y qué encontró

Contraloría realizó tres exámenes especiales sobre el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024.

• El informe DNA4-0027-2025 (aprobado el 14 de julio de 2025) examinó el contrato con ATM en Esmeraldas. Encontró que la empresa se había constituido apenas en abril de 2024, con un capital de unos USD 260; que se redujo injustificadamente la potencia mínima exigida; que se aceptaron equipos de hasta siete años de uso, cuando el máximo permitido era cuatro; y que la verificación técnica se hizo por videollamada. Pese a ello, se autorizó el pago de más de USD 53,9 millones. Contraloría identificó 19 personas con indicios de responsabilidad penal, además de USD 123.280 en responsabilidad administrativa.

• El informe DNA4-0031-2025 (aprobado el 21 de julio de 2025) examinó los contratos de Progen en Salitral y Quevedo. Determinó que la empresa no acreditó experiencia técnica ni respaldo financiero, que se pagó el 70% del contrato en Salitral (USD 69,58 millones) sin evidencia técnica suficiente, y que en Quevedo la factura terminó pagándose a nombre de otra empresa, Astrobryxa S.A., sin que se justificara su relación con Progen. Aquí Contraloría identificó 24 personas con indicios de responsabilidad penal y USD 130.750 en responsabilidad administrativa.

• El tercer informe, sobre Catamayo (DNA4-SEyEP-0027-2025, aprobado el 31 de diciembre de 2025), reveló el hallazgo más grave: Progen nunca se registró ante la Superintendencia de Compañías, es decir que, para el Estado ecuatoriano, la empresa no existía legalmente en el país. Una inspección encontró la obra abandonada, con apenas cuatro generadores sellados que jamás produjeron electricidad, pese a que ya se habían desembolsado más de USD 18 millones.

En agosto de 2025, Torres Torres señaló que la responsabilidad recae en la gerencia general de CELEC y en los gerentes de las unidades de negocio que ejecutaron los contratos, no en los ministros. En conjunto, los tres exámenes suman responsabilidades civiles por más de USD 138 millones. El 26 de agosto de 2026, la subcontralora Gabriela Sulca informó a la Asamblea que ya existen sanciones administrativas contra 22 personas y 49 exámenes patrimoniales en marcha, pero esa información fue entregada a los legisladores con carácter confidencial.

Asamblea: qué hizo con esos hallazgos

La fiscalización legislativa nació de un pedido de información del asambleísta correísta Lenín Barreto sobre los pagos a Progen, y tras una disputa de competencia entre comisiones, quedó en manos de la Comisión de Transparencia, presidida por la asambleísta oficialista Diana Jácome.

• Entre julio y agosto de 2025, la Comisión recibió comparecencias de Fabián Calero (entonces viceministro y exgerente subrogante de CELEC), Byron Orozco (exgerente de Termopichincha) y del contralor Torres. Ningún ministro de Energía fue llamado a comparecer.

El 19 de diciembre de 2025, la Comisión aprobó su informe con 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención. El informe de mayoría se limitó a remitir lo ya investigado por Contraloría y Fiscalía; un informe de minoría, impulsado por la oposición, planteó en cambio que sí había indicios de responsabilidad política de la entonces ministra Inés Manzano y pidió avanzar hacia un juicio político.

Ese informe quedó congelado ocho meses sin llegar al Pleno. Hasta el 30 de agosto de 2026 fue debatido y aprobado, con 80 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones. Su conclusión central: no se encontraron actos imputables a ninguno de los tres ministros que pasaron por la cartera de Energía durante el episodio —Roberto Luque, Antonio Gonçalves e Inés Manzano—, por lo que ninguno enfrenta responsabilidad política.

En paralelo, hubo un intento separado: un juicio político formal contra Manzano, esta vez centrado específicamente en el contrato con ATM. Fue el tercer intento —los dos anteriores se habían archivado por falta de votos— y también terminó archivado, el 31 de julio de 2026, con 81 votos a favor del archivo frente a 58 en contra.

Fiscalía: qué tiene en sus manos ahora mismo

El proceso penal —conocido como Caso Apagón— cubre, hasta ahora, solo los contratos de Progen en Salitral y Quevedo. Comenzó en julio de 2025 con 17 allanamientos simultáneos y avanza sobre la tesis de que CELEC pagó un anticipo de USD 104,37 millones pese a que los generadores no eran nuevos ni compatibles, y nunca entraron en operación.

• El 22 de mayo de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas por presunto peculado; 19 recibieron prisión preventiva, entre ellas el exministro Antonio Gonçalves y Fabián Calero.
• En agosto de 2026 el caso creció: entre el 24 y el 27 de agosto se vinculó a 10 personas más, todas con prisión preventiva, tres de ellas con notificación a Interpol por estar fuera del país. El total llegó a 31 procesados, y la instrucción fiscal fue ampliada 30 días más.

El caso tiene un espejo en EE.UU.: CELEC demandó a Progen en Florida, bajo la ley RICO, para rastrear los cerca de USD 110 millones recibidos por la empresa. Registros bancarios citados en la demanda muestran pagos a directivos de Progen, a un exfuncionario de CELEC y a empresas vinculadas señaladas como posibles fachadas. En mayo de 2026, un juez federal permitió a CELEC acceder a esa información financiera.