La Fiscalía dijo “falso”, pero el reposteo sí ocurrió: Estado y fact-checking

El reposteo sí ocurrió; la Fiscalía lo calificó como “falso”

El 13 de julio, usuarios de redes sociales detectaron que la cuenta oficial de la Fiscalía General había reposteado una publicación con una parodia del comediante Fernando Villarroel sobre la situación judicial y de salud del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Horas después, la institución emitió un comunicado en el que calificó esa denuncia como “falsa” y señaló que existían intentos de vulnerar sus cuentas oficiales. Sin embargo, no explicó cómo se había producido el reposteo ni aclaró si este efectivamente había aparecido en su perfil oficial.

#FiscalíaEc rechaza cualquier intento de desinformar a la ciudadanía y vulnerar la seguridad de sus cuentas oficiales. La Institución ratifica su compromiso con un manejo serio y responsable de la comunicación institucional. Actuamos para garantizar el acceso a información… pic.twitter.com/QkvvDHNo0u

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 13, 2026

Dos días más tarde, durante una entrevista en Radio Democracia, el fiscal general Leonardo Alarcón afirmó que las cuentas institucionales habían sido vulneradas.

“No lo hicimos” no significa “nunca ocurrió”

Aquí está el principal problema metodológico. Había dos afirmaciones distintas:

• que el reposteo apareció en la cuenta oficial;
• que la Fiscalía fue quien decidió publicarlo.

La primera terminó siendo confirmada. La segunda corresponde a la autoría y a las circunstancias del hecho. Son preguntas diferentes. Decir que un hecho es “falso” implica afirmar que nunca ocurrió o que la evidencia demuestra que no existió. En este caso, el reposteo sí existió. Lo que estaba en discusión era quién lo realizó y bajo qué circunstancias.

Negar la autoría no equivale a desmentir el hecho.

El problema no es exclusivo de la Fiscalía

Este no es un caso aislado. En febrero, el Ministerio de Salud Pública calificó como “información falsa” un reportaje de Primicias sobre el incremento de casos de tuberculosis, aunque la publicación estaba sustentada en datos de la propia gaceta epidemiológica oficial.

En ambos casos, una institución involucrada en la controversia emitió por sí misma el veredicto de que la información era “falsa”, sin explicar detalles y argumentos de cuál era el error.

¿Por qué el Estado no debe hacer fact-checking?

Las instituciones públicas tienen la obligación de informar, corregir errores y explicar lo ocurrido cuando surge una controversia. Lo que no deberían hacer es asumir el rol de verificadores independientes sobre asuntos que las involucran directamente.

Olivia Sohr, directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, explica que los gobiernos pueden desmentir rumores y publicar información oficial, pero no pueden ejercer una verificación independiente porque son parte interesada del debate público.

La verificación profesional exige independencia editorial, metodología pública, transparencia y la aplicación de los mismos criterios a todos los actores, incluidos los propios gobiernos, principios promovidos por la International Fact-Checking Network (IFCN). Cuando una institución califica como “falsa” una información sobre sí misma, actúa como juez y parte.

🔍#LupaTeExplica | Corregir no es lo mismo que verificar.

El lanzamiento de canales oficiales para “desmentir mentiras” y los recientes pronunciamientos estatales que califican contenidos periodísticos como falsos reabren un debate clave para las democracias: ¿hasta dónde debe… pic.twitter.com/25u7j82E2q

— Lupa Media (@LupaMediaEC) February 6, 2026

La diferencia no está únicamente en quién habla, sino en cómo se llega al veredicto.

Por eso, en Lupa Media utilizamos una escala de ocho categorías —Cierto, Mayormente Cierto, Parcialmente Cierto, Impreciso, Mayormente Falso, Completamente Falso, No Verificable y Sátira— para distinguir situaciones que requieren respuestas diferentes.

Porque un hecho puede haber ocurrido aunque no haya sido autorizado. Y porque, en verificación, demostrar que algo es falso exige probar que el hecho no ocurrió, no únicamente que nadie quiera asumir su autoría.