Juicio político a Inés Manzano: seis claves para entender el proceso en la Asamblea

1. ¿Por qué se está enjuiciando a Inés Manzano?

El pedido de juicio político fue presentado por los asambleístas Blasco Luna, Lenin Barreto y Mónica Palacios, quienes sostienen que Manzano incumplió sus funciones durante su gestión como ministra de Energía en medio de la crisis eléctrica de 2024. La acusación se centra en el contrato suscrito entre CELEC y Austral Technical Management (ATM) para la provisión de generación eléctrica emergente.

Los interpelantes cuestionan que, como máxima autoridad del sector energético, Manzano no habría ejercido los controles necesarios sobre la ejecución del contrato. Cuestionan la falta de revisión técnica de los contratos por parte de la exministra.

2. ¿Es la primera vez que intentan llevar a juicio político a Inés Manzano?

No, antes de este proceso hubo dos intentos de juicio político relacionados con el caso Progen, pero ninguno avanzó.

• El primer pedido fue presentado en 2025 y buscaba que Manzano respondiera políticamente por los contratos de emergencia eléctrica suscritos por CELEC con la empresa Progen. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó el proceso por falta de votos.
• Posteriormente se presentó un segundo pedido, también relacionado con Progen. En esa ocasión, la Comisión de Fiscalización tampoco dio paso al trámite porque la moción para continuar con el proceso no obtuvo los votos necesarios. Seis abstenciones impidieron alcanzar la mayoría requerida para aprobar el informe.

El nuevo juicio político que actualmente sustancia la Comisión de Fiscalización corresponde a un tercer intento, pero esta vez está relacionado con el contrato entre CELEC y ATM.

3. ¿Qué se cuestiona en el contrato con ATM?

El contrato entre CELEC y ATM fue suscrito durante la crisis eléctrica de 2024 para incorporar 91 megavatios de generación en la central Esmeraldas III. Sin embargo, el proyecto no entró en operación. Tras las modificaciones introducidas mediante dos adendas al contrato, CELEC desembolsó alrededor de USD 71,4 millones —cerca del 80 % del valor contratado— pese a que la planta no generó un solo megavatio.

Originalmente, una parte de los pagos dependía de que la central empezara a generar electricidad. Sin embargo, las adendas firmadas en septiembre de 2024 y febrero de 2025 permitieron que CELEC realizara pagos por la entrega de equipos y componentes de la obra, sin que la planta estuviera operativa.

Informes técnicos posteriores de CELEC detectaron fallas de compatibilidad en los equipos de ATM: de los 48 motores, solo 16 cumplían las especificaciones técnicas; los otros 32 resultaron incompatibles con el sistema eléctrico nacional. Además, dos llegaron dañados, según CELEC.

Ante estos hallazgos, CELEC inició el proceso para terminar unilateralmente el contrato y presentó acciones legales contra la contratista. Durante el juicio político, el tribunal arbitral archivó la solicitud presentada por ATM que impedía la terminación unilateral del contrato. Sin embargo, el arbitraje aún no ha concluido, pues permanece pendiente la contrademanda presentada por CELEC.

Los legisladores interpelantes sostienen que la entonces ministra debía actuar frente a los incumplimientos del contrato y responder políticamente por la ejecución del proyecto.

4. ¿Qué dice la defensa de Manzano?

Manzano señaló, de forma telemática ante la Comisión de Fiscalización, que la administración del contrato correspondía a CELEC y que, mientras estuvo vigente el arbitraje iniciado por ATM, la empresa pública no podía terminar unilateralmente el contrato ni ejecutar las garantías para evitar demandas millonarias contra el Estado. Tras el archivo de esa solicitud arbitral, sus abogados sostienen que CELEC ya no tiene impedimentos para avanzar con la terminación unilateral del contrato.

La defensa también argumentó que el contrato fue suscrito entre ATM y CELEC EP y que, por la autonomía administrativa y financiera de la empresa pública, las decisiones sobre su ejecución y los desembolsos no dependían de la entonces ministra. Además, sostuvo que el contrato no le atribuyó responsabilidades directas y que fue durante la gestión de Manzano cuando se impulsaron las acciones para poner fin al contrato.

Además, sostiene que el contrato con ATM fue suscrito y que los desembolsos cuestionados comenzaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad por esas decisiones.

5. ¿Qué pruebas se analizan en el juicio político?

Durante la etapa probatoria, los interpelantes presentaron documentos, informes y audios para sustentar las acusaciones contra Manzano. Entre los elementos incorporados consta un audio atribuido a la exministra, en el que conversa con el entonces viceministro Fabián Calero sobre las comparecencias previstas en la Comisión de Transparencia relacionadas con los contratos de emergencia eléctrica. Según los acusadores, la grabación evidenciaría una supuesta coordinación sobre la forma en que se abordarían esas comparecencias.

La oposición también solicitó incorporar nuevos elementos al expediente, como el examen especial de la Contraloría, el informe de fiscalización del caso Progen aprobado por la Comisión de Transparencia en 2025 y once comparecencias adicionales. Sin embargo, la comisión rechazó la incorporación de esas pruebas tras una moción respaldada por la mayoría oficialista. La bancada de la Revolución Ciudadana sostuvo que estos elementos ya habían sido anunciados desde el inicio del proceso.

6. ¿Qué falta para que el juicio político llegue al Pleno?

La Comisión de Fiscalización debe concluir la etapa de pruebas, prevista hasta el 21 de julio. Entre las comparecencias solicitadas por la oposición constan las del exgerente de CELEC, Fabián Calero; el exministro de Energía, Antonio Gonçalves; y el actual ministro de Infraestructura, Roberto Luque.

Luego de esto debe elaborar un informe sobre el proceso.El plazo máximo para entregarlo sería a finales de este mes.

Ese documento puede recomendar:

• archivar el juicio político, o
• continuar con el trámite y remitirlo al Pleno de la Asamblea.

La Comisión no toma la decisión final. Si el caso llega al Pleno, los 151 asambleístas deberán debatir y votar si existe responsabilidad política de Manzano.Para una eventual censura se requieren 101 votos, conforme a la Constitución. Si no se alcanzan los votos necesarios, el proceso terminaría sin sanción política.