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Etiqueta: judicatura

Detalles en el cambio de la presidencia temporal de la Judicatura

1. El inicio de todo: el proceso en la Asamblea contra Mario Godoy

La solicitud de juicio político contra Mario Godoy fue presentada por presunto incumplimiento de funciones y por denuncias de presiones en procesos judiciales, entre ellos el caso del juez Carlos Serrano, quien afirmó haber sido presionado para fallar a favor del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos y delincuencia organizada.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el pedido y lo remitió a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que evalúa pruebas y requisitos constitucionales para emitir un informe. El presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, indicó que el informe podría presentarse entre el 15 y el 20 de febrero de 2026.

En paralelo, Godoy solicitó licencia sin remuneración del 8 al 13 de febrero, con vacaciones el 14 y 15 de febrero. La licencia no implica destitución, pero obliga a definir quién ejerce la presidencia temporal.

2. La sucesión y el caso de Alexandra Villacís

Según el orden interno del Consejo, la presidencia temporal debía recaer en Alexandra Villacís, vocal suplente. El Consejo resolvió que no podía asumir, al considerar que tenía impedimentos legales para ejercer cargos públicos.

El argumento se basó en un reporte del Ministerio de Trabajo que registraba impedimentos vinculados a obligaciones con entidades del sector público, reportadas por el SRI. Villacís sostuvo que no tiene inhabilitación vigente y presentó un certificado del SRI del 9 de febrero que indica que no registra deudas en firme.

Durante la sesión extraordinaria realizada en la madrugada del 10 de febrero, la directora nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, Janneth Vinueza, informó que pasadas las 23:00 del 9 de febrero se recibió el certificado de Alexandra Villacís que acredita que no mantiene deudas tributarias. No obstante, la funcionaria precisó que ese documento no equivale al certificado de no tener impedimentos legales, por lo que la inhabilitación se mantenía vigente.

La mañana del 10 de febrero, Lupa Media verificó que en la plataforma del Ministerio de Trabajo constaban dos causales de impedimento: “mora con el sector público” y “deudas a entidades del sector público”.

Captura de causales de impedimento para ejercer cargos públicos – Caso de Alexandra Villacís

3. Una sesión extraordinaria a medianoche: la designación de Damián Larco

Tras descartar la sucesión de Villacís, cuatro vocales principales del Consejo de la Judicatura convocaron una sesión extraordinaria en horas de la madrugada: Alfredo Cuadros, Fabián Fabara, Damián Larco y Magaly Ruiz.

La reunión realizada pasada la medianoche del 10 de febrero de 2026 y allí se resolvió designar a Damián Larco (exdirector del SRI) como presidente temporal del organismo, con el objetivo de cubrir la ausencia de Mario Godoy mientras dure su licencia.

Aunque el Consejo señaló que actuó dentro de sus atribuciones, el procedimiento generó discusión por el momento de la convocatoria y por el criterio aplicado para definir la sucesión.

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Político (CPCCS), agendó una sesión extraordinaria para las 16h00 de este martes 10 de febrero para determinar la selección de vocal suplente que reemplazará a Villacís para evitar que el cargo quede sin suplencia.

La sesión tiene como objetivo conocer varios oficios relacionados con el mecanismo de selección del vocal suplente proveniente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En ese marco, la CNJ debe remitir una terna de candidatos que podrían reemplazar a Alexandra Villacís.

4. La importancia de lo que pasa en la Judicatura

El Consejo de la Judicatura es uno de los órganos más importantes del Estado, porque es el encargado de gobernar, administrar, vigilar y disciplinar a toda la Función Judicial. Aunque no dicta sentencias ni resuelve casos concretos, sí define cómo funciona el sistema de justicia en su conjunto.

Desde la Judicatura se toman decisiones que inciden directamente en aspectos clave como:

  • Los procesos de selección de la función judicial, a través de concursos, evaluaciones y nombramientos;
  • Cómo se organizan los juzgados, tribunales y cortes en todo el país;
  • Bajo qué condiciones trabajan jueces, fiscales y servidores judiciales, tanto en lo administrativo como en lo disciplinario.
Funciones del Consejo de Judicatura en la Constitución de la República

5. Administración de justicia e independencia judicial

Entre las principales atribuciones del Consejo de la Judicatura están la administración de la carrera judicial y la gestión integral del sistema de justicia. Esto incluye, entre otras funciones:

  • Organizar y ejecutar los procesos de selección, evaluación, ascenso y sanción de jueces y servidores judiciales;
  • Examinar y aplicar sanciones a jueces, servidores judiciales y demás funcionarios que incurran en infracciones disciplinarias;
  • Administrar el presupuesto de la Función Judicial, lo que determina la capacidad operativa de juzgados y tribunales;
  • Crear, modificar o suprimir juzgados, tribunales y cortes, según las necesidades del sistema;
  • Dirigir el régimen disciplinario, con la facultad de investigar y sancionar faltas cometidas por operadores de justicia.
Funciones del Consejo de Judicatura en el Código Orgánico de la Función Judicial – Primeras 7 funciones

Por ello, la forma en que se toman las decisiones internas —incluida la designación de autoridades o presidencias temporales— resulta clave para entender cómo se equilibra el control institucional con la autonomía e independencia de los jueces, especialmente en contextos de crisis o disputas políticas.

6. Qué sigue

Hay dos procesos en curso:

  • En la Asamblea, la Comisión de Fiscalización debe decidir si recomienda al Pleno iniciar el juicio político contra Godoy. El informe se prevé entre el 15 y 20 de febrero.
  • En la Judicatura, Damián Larco ejerce la presidencia temporal mientras dure la licencia de Godoy, que concluiría el 15 de febrero.

Los tres casos que cuestionan la gestión de Mario Godoy

El juicio político es un mecanismo de control previsto en la Constitución. Para avanzar, el pedido debe ser calificado por el CAL, sustanciado en la Comisión de Fiscalización y resuelto por el Pleno de la Asamblea, con garantías de debido proceso y derecho a la defensa.

Con este mecanismo, la Asamblea puede investigar y, de ser el caso, censurar y destituir autoridades por incumplimiento de funciones o por causales establecidas en la ley.

A continuación, presentamos los tres casos públicos que han generado cuestionamientos sobre la gestión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

1. Caso Carlos Serrano: denuncias de presiones y fallas en protección

El juez anticorrupción Carlos Serrano se convirtió en figura central de la actual controversia tras denunciar presuntas presuntas presiones para influir en una sentencia penal contra el narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan. Según Serrano, mantuvo reuniones con Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, quien le habría sugerido considerar con mayor atención los argumentos de la defensa del caso de Srdan por lavado de activos.

El juez grabó esos encuentros. Los audios se difundieron públicamente días después de conocida la denuncia. Gaibor dejó el cargo el 23 de diciembre de 2025.

Tras dictar sentencia contra Srdan, Serrano afirmó que su esquema seguridad fue retirado. Señaló que, ante el riesgo, presentó su renuncia irrevocable y salió del país. No existen registros públicos que vinculen directamente a Godoy con las presuntas presiones.

Durante su comparecencia ante la Asamblea, Godoy negó cualquier interferencia en decisiones judiciales. Sostuvo que la Judicatura no dicta sentencias ni administra seguridad policial. Afirmó que el 8 de diciembre solicitó al Ministerio del Interior protección para Serrano y que autorizó teletrabajo desde el 15 de diciembre sin afectar su seguridad.

Serrano, por su parte, cuestionó la respuesta institucional y afirmó que la Judicatura debía respaldar a los jueces amenazados, no desacreditarlos. No hay, hasta ahora, una resolución administrativa o judicial que establezca responsabilidades sobre este caso.

2. Caso Samantha Lozada: amenazas y omisiones ante el crimen organizado

Samantha Lozada, exdirectora provincial de la Judicatura en Orellana, denunció haber recibido amenazas de muerte desde 2024 por parte de estructuras criminales, entre ellas una vinculada a alias “Topo”. Señaló que, pese a informar a sus superiores, no recibió protección suficiente y se trasladó a Quito por seguridad.

El 22 de octubre de 2025, Lozada reportó un ataque armado en el que su padre resultó herido. Tras ese hecho, solicitó una reunión con Godoy, que —según su versión— nunca se concretó.

Días después, la Judicatura aceptó una renuncia que Lozada había presentado el 24 de septiembre de 2025, en el contexto del pedido general de renuncias a directores y subdirectores. Una vez fuera del cargo, el Ministerio del Interior le informó que no podía asignarle custodia por no ser funcionaria pública.

El 5 de enero de 2026, la Judicatura emitió un comunicado en el que calificó sus declaraciones como imprecisas y afirmó que se gestionó protección para ella y su familia, y que su renuncia fue voluntaria y conforme a la norma.

Godoy ha reiterado que las acusaciones son falsas y que se brindaron las medidas de seguridad disponibles.

Lozada difundió documentos que indican que su renuncia fue la presentada en septiembre y una carta de Human Rights Watch dirigida a Godoy expresando preocupación por su situación. Según Lozada, no hubo respuesta formal a esa comunicación. La Judicatura no ha hecho pública una contestación documentada.

3. Caso Nubia Vera: denuncias de presiones en un fallo judicial

En 2024, la jueza Nubia Vera denunció presiones indirectas para resolver una acción de protección relacionada con la exvicepresidenta Verónica Abad, en el caso conocido como “Pendrive”. Según su versión, se le habría ofrecido protección frente a procesos disciplinarios si rechazaba la acción, y se le habría advertido sobre reactivación de sumarios si no lo hacía. También mencionó la entrega de una memoria USB con una sentencia predeterminada.

Godoy afirmó que existe un documento en el que Vera reconoce que su abogado, Washington Andrade, la utilizó para fines personales, lo que —según su versión— desmiente las denuncias de persecución. 

El caso dio lugar a investigaciones internas y procesos disciplinarios. La jueza Vera señaló presuntas presiones y mencionó a Godoy y a otros funcionarios en sus denuncias.