Lo que sabemos sobre el Cartel de los Soles y su vínculo con el poder en Venezuela
El panorama:
- Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y a altos funcionarios de liderar un sistema de “narcoterrorismo de Estado”.
- Venezuela lo niega y afirma que se trata de una narrativa política para justificar sanciones.
- Ecuador, Argentina y Paraguay lo reconocen oficialmente como grupo terrorista.
- Colombia y voces académicas cuestionan su existencia como organización criminal estructurada.
El dato clave: En julio de 2025, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por Maduro, intensificando las sanciones y el despliegue militar en el Caribe.
Cómo llegamos aquí
El término Cártel de los Soles se utilizó por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional Venezolana —Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas— fueron investigados por narcotráfico. Cada uno portaba un sol en sus charreteras, de ahí el nombre inicial de Cartel del Sol. Más adelante, al aparecer denuncias contra comandantes de división —que portaban dos soles—, se popularizó la denominación en plural.
De acuerdo con investigaciones como las de InSight Crime, una organización de investigación independiente, el Cártel de los Soles no es una organización jerárquica como los carteles de México o Colombia, sino una red suelta de células dentro de distintas ramas de las Fuerzas Armadas —ejército, marina, fuerza aérea y Guardia Nacional— que participan en actividades ilegales: contrabando de gasolina, minería ilegal, extorsión y, sobre todo, narcotráfico.
En los primeros años, los militares eran acusados de extorsionar a narcotraficantes para permitir el paso de cargamentos. Pero a mediados de los 2000, algunas unidades comenzaron a asumir un papel más activo: compraban, almacenaban y transportaban cocaína directamente. Una de las hipótesis es que, al recibir pagos en especie por parte de grupos colombianos, los militares se vieron obligados a manejar sus propios mercados.
El contexto regional también fue determinante. Con el Plan Colombia, la presión militar contra las FARC y el ELN empujó a varios frentes guerrilleros a operar desde los estados fronterizos venezolanos, donde había menor vigilancia. Según la Agencia de Administración de Control de Droga de Estados Unidos (DEA), desde 1999 altos funcionarios —entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello— habrían facilitado este tránsito y utilizado instituciones del Estado para cooperar con la guerrilla en el tráfico de cocaína.
Las zonas de Apure y Zulia se convirtieron en enclaves estratégicos, con pistas clandestinas y pasos fronterizos controlados por unidades militares. Allí se documentaron operaciones vinculadas tanto al narcotráfico como al contrabando y la minería ilegal.
Escándalos posteriores reforzaron las sospechas: el asesinato en 2004 del periodista Mauro Marcano, tras denunciar nexos de oficiales con narcotraficantes; la “narcoavioneta” de 2011, que despegó de una base militar en Caracas con más de una tonelada de cocaína; o el caso de 2013, cuando un vuelo de Air France aterrizó en París con 1,3 toneladas de droga en maletas cargadas bajo control de la Guardia Nacional.
Los episodios que alimentan las sospechas
Más allá de las denuncias generales, algunos episodios y nombres se han convertido en hitos dentro de esta discusión:
- 1993: los generales Guillén Dávila y Hernández Villegas son señalados por narcotráfico.
- 2008: la OFAC sanciona al exjefe de inteligencia Hugo Carvajal por colaborar con las FARC.
- 2011: la llamada “narcoavioneta” parte de la base militar La Carlota con más de una tonelada de cocaína.
- 2013: autoridades francesas incautan 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo Caracas–París.
- Altos funcionarios señalados: Néstor Reverol (exzar antidrogas), Vladimir Padrino López (ministro de Defensa) y Maikel Moreno (expresidente de la Corte Suprema) han sido acusados de facilitar o encubrir operaciones de narcotráfico.
Lo que dice Estados Unidos
Washington ha sido el actor más insistente en atribuir a las élites políticas y militares venezolanas un rol protagónico en el narcotráfico. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Nicolás Maduro y a 14 funcionarios de narcoterrorismo, asegurando que habían usado al Estado para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos.
En julio de 2025, el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como grupo terrorista global, acusándolo de brindar apoyo a organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Ese mismo mes, el Departamento de Estado elevó a 50 millones de dólares la recompensa por Maduro. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó el caso como un ejemplo de “narcoterrorismo de Estado”.
Lo que dicen los críticos
No todos comparten esa interpretación. InSight Crime sostiene que el Cártel de los Soles debe entenderse como una red de células dentro de las Fuerzas Armadas, sin estructura jerárquica central ni mando único. Para sus analistas, la expresión describe un entramado de corrupción más que una organización criminal cohesionada. Phil Gunson, analista de International Crisis Group —una organización internacional dedicada a investigar y prevenir conflictos—, declaró a la AFP: “No existe tal cosa, así que difícilmente Maduro puede ser su jefe. No cabe duda de que haya complicidad entre individuos vinculados al poder y el crimen organizado, pero evidencias directas incontrovertibles no han sido presentadas nunca”.
Pedro Granja, excandidato presidencial, escribió un artículo el 5 de septiembre de 2025, concluyendo que este cártel no fue un «cartel estructurado», sino una red de oficiales corruptos que actuaban de forma independiente desde los años noventa (como menciona también InSight Crime). Y que más que un narcoestado centralizado, representó corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, y la idea de un cartel unificado responde sobre todo a intereses políticos y mediáticos.
Fernando Casado, académico y asesor de la excandidata presidencial Luisa González, va más allá y afirma que el cartel es una “construcción mediática” utilizada para debilitar políticamente al chavismo. La ausencia de fallos judiciales que confirmen su existencia como estructura organizada refuerza esta visión.
El propio régimen venezolano rechaza la acusación y la define como parte de una estrategia de lawfare. Maduro asegura que las sanciones derivadas son un “crimen de lesa humanidad” contra el pueblo venezolano.
La reacción regional
La decisión de Estados Unidos en julio de 2025 provocó una reacción en cadena en América Latina. Ecuador, con Daniel Noboa, lo declaró organización terrorista y ordenó reforzar la cooperación internacional. Argentina, bajo Javier Milei, adoptó una medida similar, al igual que Paraguay, que lo designó oficialmente como organización terrorista en agosto de ese año.
En contraste, Colombia, por medio del presidente Gustavo Petro, negó la existencia del cartel y argumentó que el narcotráfico responde más bien a una “junta binacional” de élites colombianas y venezolanas. Caracas, por su parte, denunció que la narrativa responde a un alineamiento regional con Washington.
Una disputa que divide
El Cartel de los Soles es, para unos, la prueba de que el Estado venezolano se convirtió en un actor del narcotráfico internacional. Para otros, no pasa de ser un instrumento político, un relato sin pruebas sólidas usado para golpear a un gobierno adversario.
Lo cierto es que, dos décadas después de las primeras acusaciones, el debate sigue creciendo. Ahora, con la categoría de “terrorismo internacional”, el Cártel de los Soles se coloca en el centro de una pugna donde convergen seguridad, diplomacia y política regional.
“Sobre la Refinería del Pacífico: Esos USD 1.200 millones en movimiento de tierra. Uno se va a la Refinería del Pacífico y es invisible. No hay refinería y se movieron, aplanaron el terreno, se gastaron USD 1.200 millones”.
“Hay un informe de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Venezuela financió gran parte de la campaña de Luisa González”. 
“El de Guayaquil es el tercer puerto más grande de Latinoamérica. Primero es el de Santos, Brasil; de ahí es Manzanillo, México y de ahí es Guayaquil”. 
“Hemos agarrado a 11 de los 18 más buscados del país”. 
“Incremento en ventas y consumo del 9%”.
“Los jueces eliminaron tres leyes que protegían a nuestras familias” – Sade Fritschi – Asambleísta ADN
