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Paro nacional 2025: balance de 15 días de protestas en Ecuador

El 22 de septiembre de 2025, el país volvió a paralizarse. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) salió a las calles contra la eliminación del subsidio al diésel, pero pronto la protesta creció: hubo bloqueos, choques con la fuerza pública, un fallecido y decenas de detenidos. Quince días después, el paro no solo reclama por el diésel. También exige frenar el alza del IVA, revisar los impuestos, proteger la salud y la educación públicas. El diálogo con el Gobierno sigue roto y la tensión política, más alta que nunca.

Las causas detrás del paro

El paro dejó de ser solo indígena. Campesinos, trabajadores y estudiantes —representados por la FENOCIN, el FUT y la FEUE— se sumaron con reclamos por «precios justos, salarios dignos y educación gratuita». El presidente Noboa llamó “personas no gratas” a los líderes indígenas y decretó estado de excepción, que luego renovó por 30 días el 5 de octubre.

Entre advertencias de una posible “toma de Quito”, Marlon Vargas aclaró que “la lucha no es contra las ciudades”. Las protestas golpean sobre todo a Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Pastaza. La CONAIE denuncia represión, un fallecido e infiltrados, aunque 17 militares retenidos ya fueron liberados.

La solución del Gobierno

En respuesta, el Gobierno ofreció USD 300 millones en compensaciones, entrega de maquinaria agrícola y una reducción temporal del IVA al 8%. Sin embargo, el diálogo sigue estancado: el Ejecutivo acusa a la CONAIE de cerrarse a las conversaciones, mientras el movimiento indígena insiste en derogar el decreto que eliminó el subsidio al diésel.

Hasta el 6 de octubre, los bloqueos persisten en varias provincias del país.

La prensa en la línea de fuego

Durante el paro nacional de 2025, la libertad de prensa también fue una víctima. Según Fundamedios, se registraron 31 agresiones contra periodistas, medios y organizaciones civiles, incluidas 21 de violencia física y múltiples restricciones a la libertad de expresión y asociación. La mayoría de los ataques —22 casos— fueron atribuidos a agentes estatales en Pichincha y Cotopaxi.

Entre los afectados también figuran reporteros de Teleamazonas, Ecuavisa, Radio Pichincha y Geovany Taicus, además de la suspensión de la señal de TV MICC, quienes fueron agredidos por parte de los manifestantes.

La otra cara del paro: la prensa agredida

Fundamedios registró 31 ataques a periodistas en septiembre, entre ellos golpes, uso de gas pimienta y hostigamiento durante la cobertura del paro nacional:

  • El periodista Esteban Cárdenas, periodista de Ecuador Chequea, fue golpeado con un escudo policial mientras cubría una manifestación.
  • Andrés Burbano (BN Periodismo) y su equipo fueron agredidos con gas lacrimógeno, al igual que Elena Rodríguez (Telesur) quien recibió gas pimienta directo al rostro durante un enlace en vivo.
  • Jorge Aguirre (Only Panas) fue embestido con una motocicleta y gaseado pese a identificarse como periodista.
  • También se reportaron intimidaciones, censura y la deportación del periodista español Lautaro Bernat. Según la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, fue deportado con base en un informe reservado y en el artículo 143, numeral 7, de la Ley de Movilidad Humana, que permite expulsar a extranjeros que cometan delitos contra la estructura del Estado constitucional con penas menores a cinco años.
  • La organización Inredh alertó sobre el grave deterioro de la libertad de prensa y el derecho a la comunicación en el país.
  • La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresó preocupación por el grave deterioro de la libertad de prensa y el derecho a la comunicación.

Procesos judiciales tras las protestas

El paro también llegó a los tribunales. Hasta el 6 de octubre, hubo 112 detenidos, entre ellos 10 menores, y 83 personas judicializadas por delitos como terrorismo y ataque; 21 permanecen con prisión preventiva. La Fiscalía abrió 24 investigaciones y reportó heridos entre policías y militares.

Mientras tanto, un frente paralelo se abrió en Quito: legisladores oficialistas acusaron a la Prefectura de Pichincha de usar maquinaria pública en los bloqueos. La Prefectura respondió con registros GPS que demostraron que los vehículos estaban en emergencias por lluvias, y Lupa Media comprobó que las fotos usadas como “evidencia” eran de 2022. La Contraloría revisa el caso en una auditoría aún en curso.

Paro y bolsillo: cuánto perdió el país

Según la Cámara de Industrias y Producción (CIP), las pérdidas superan los USD 42 millones. El comercio, la floricultura, los lácteos, el turismo y el transporte están entre los sectores más afectados.

En Imbabura y Carchi, la industria láctea perdió USD 600 mil por más de un millón de litros desechados. Fedexport confirmó a Lupa Media USD 19 millones en pérdidas de exportaciones, y Expoflores sumó USD 3 millones en menos de quince días.

El desabastecimiento, las alzas de precios y la extorsión en carreteras ponen en riesgo la meta de crecimiento del 3,8% prevista para este año.

Lo que queda tras las protestas

El paro nacional de 2025 no solo fue una reacción al fin del subsidio al diésel, sino el reflejo de una crisis estructural más profunda. Las pérdidas económicas, el saldo de detenidos y víctimas, y los ataques a la prensa dejaron al país ante una evidencia clara: Ecuador atraviesa una etapa de fuerte polarización y desconfianza institucional, donde el diálogo entre el poder y los sectores sociales sigue siendo la deuda pendiente.

La Federación de Transporte no anunció paro o apagón de motores en 2025

¿Qué verificamos?

Un video que del presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), Miguel Bonilla, anunciando un apagón de motores. Las publicaciones afirman que los transportistas convocan a un paro nacional desde el 6 de octubre de 2025.

¿Por qué es completamente falso?

El video utilizado en las publicaciones virales fue grabado en julio de 2024 y corresponde a una rueda de prensa que abarcó el tema de inseguridad vial, no al paro de 2025. La Fenacotip desmintió públicamente el 5 de octubre de 2025 cualquier convocatoria a paro. No existe comunicación oficial que respalde la supuesta medida.

¿Qué dice la evidencia?

  • Video antiguo: Una búsqueda inversa de imágenes con Google Lens mostró que la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) publicó el video original el 9 de julio de 2024.
  • Un contexto diferente: El video original corresponde a una rueda de prensa llevada a cabo en el contexto de la seguridad de los transportistas en el país. En la conferencia, el presidente Miguel Bonilla, anunció que debido a los acontecimientos en materia de seguridad decidieron apagar los motores tras fallidos diálogos con el Gobierno Nacional. 
  • Una medida que no se efectuó: El gerente de la Fenacotip, Abel Gómez, suspendió la medida el 15 de julio de 2024. Esto como respuesta a que las autoridades subestimaron las demandas del gremio y el estado de excepción vigente dispuesto por el presidente Daniel Noboa que impedía desarrollar protestas con normalidad. Además, señaló que en lugar de apagar los motores realizarían una Asamblea Nacional de la Fenacotip.
  • Aclaración oficial: La Fenacotip aclaró el 5 de octubre de 2025 que no ha convocado a una paralización de actividades o que se unirán al actual Paro Nacional. En el comunicado afirma que el video es del año pasado y que no representa la postura actual de la federación.
  • Actividades regulares: La federación también afirmó que se mantiene operando con normalidad. Sin embargo, sí recalcó que el Gobierno Nacional debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad para los conductores y también los usuarios del transporte en cuestión. 

Contexto importante: 

El paro nacional de octubre de 2025 surge tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126, lo que elevó su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. Esta medida, desató inconformidad en transportistas, agricultores, organizaciones indígenas y otros sectores sociales.

Para aliviar el malestar ocasionado, el Ejecutivo estableció varias compensaciones económicas temporales a los transportistas —según el tipo de servicio—, como una forma de mitigar el impacto del alza del combustible. Noboa modificó el Decreto 125 mediante el Decreto 161, reduciendo la duración del beneficio a seis meses para el transporte interprovincial e intraprovincial. Además, determinó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte realizará el cálculo del valor de la compensación con base en criterios técnicos.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El video es de julio de 2024 y trataba sobre inseguridad vial, no sobre el paro relacionado con el alza del diésel. Fenacotip desmintió oficialmente cualquier convocatoria a paro en octubre de 2025 y confirmó que sus operaciones continúan con normalidad.

El agua: un reto global

Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Agua 2024, 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable segura y 3.500 millones no cuentan con servicios de saneamiento básicos. Los conflictos por el agua están en aumento: en regiones como el Sahel y el Cuerno de África, solo una quinta parte de los países que comparten fuentes hídricas tiene acuerdos de cooperación, lo que convierte cada sequía en un detonante potencial de tensiones y desplazamientos.

El valor económico de este recurso también es enorme. En 2023, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, publicó un informe en el que calcula que el agua y los ecosistemas de agua dulce representan 58 billones de dólares al año, equivalentes al 60 % del PIB mundial. Su escasez impacta directamente la seguridad alimentaria, la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas. En las ciudades, la creciente demanda supera la capacidad de las infraestructuras y los colapsos en el abastecimiento se vuelven cada vez más frecuentes.

El cambio climático acelera la emergencia

El cambio climático no solo calienta el planeta, también altera el ciclo del agua. Investigaciones recientes en Nature Communications advierten que, para el año 2100, el 74% de las regiones propensas a sequías podrían enfrentar escasez extrema. El Mediterráneo, el sur de África y partes de América del Norte son algunas de las zonas que sufrirán sequías más prolongadas e impredecibles.

Hoy ya hay 4.000 millones de personas que enfrentan escasez de agua al menos un mes al año.

La combinación de sequías prolongadas y lluvias extremas provoca desequilibrios: inundaciones devastadoras en algunos lugares y desiertos en otros. Este vaivén agrava las crisis económicas, desata conflictos internos y fuerza migraciones de comunidades enteras en busca de agua y tierras cultivables.

Los glaciares: torres de agua en peligro

Los glaciares, conocidos como las “torres de agua” del planeta, se derriten a un ritmo alarmante. La UNESCO estima que las montañas aportan hasta el 60% del agua dulce anual y que más de mil millones de personas dependen directamente de estos ecosistemas para beber, producir alimentos o generar energía. La desaparición de los glaciares reducirá drásticamente la disponibilidad de agua, dejando a ciudades y comunidades enteras a merced de lluvias cada vez más irregulares.

Consecuencias para la humanidad

El agua atraviesa todos los aspectos de la vida. La falta de agua potable provoca enfermedades, limita la productividad, incrementa la mortalidad infantil y fuerza a millones de personas a desplazarse.

Las consecuencias también son sociales. En zonas rurales, son niñas y mujeres las principales encargadas de recolectar agua, lo que limita su educación, participación económica y seguridad. En Somalia, por ejemplo, los casos de violencia de género en comunidades desplazadas se triplicaron durante las crisis de sequía.

El agua también puede ser fuente de conflictos. En regiones como el Sahel y el Cuerno de África, la mayoría de recursos son compartidos entre varios países, pero solo una quinta parte ha firmado acuerdos de cooperación. La falta de marcos comunes convierte cada sequía en un posible detonante de tensiones.

El panorama en Ecuador

En Ecuador, la escasez de agua ha tenido repercusiones visibles. A finales de 2024, el país registró una sequía prolongada que redujo el caudal de los ríos y afectó tanto el sistema hidroeléctrico como el abastecimiento de agua potable. En Quito, la falla del sistema “La Mica–Quito Sur” dejó sin servicio a miles de hogares durante varios días, evidenciando la dependencia de la infraestructura de bombeo eléctrico.

A estos episodios se suman factores estructurales: la degradación de los páramos, que cumplen una función de regulación hídrica; los incendios forestales, que alteran riachuelos y reservorios; y el mantenimiento insuficiente de plantas de tratamiento y redes de distribución. Esta combinación de elementos aumenta la vulnerabilidad del país frente a la crisis global del agua.

Un ejemplo de la importancia de estos ecosistemas es Quimsacocha, un páramo cuyas tres lagunas abastecen de agua a más de 130 000 personas en Cuenca y Girón, además de sostener actividades agrícolas y ganaderas en la región.

Un recurso que requiere gestión sostenible

El agua es indispensable para la salud pública, la producción de alimentos y el desarrollo económico. La protección de glaciares, páramos, humedales y otras fuentes de agua dulce es fundamental para mantener la seguridad hídrica y garantizar el acceso para las generaciones presentes y futuras.

Paro y maquinaria de la Prefectura: qué se sabe y qué investiga la Contraloría

De dónde surge la acusación

  • La tarde del 29 de septiembre de 2025, el asambleísta oficialista Andrés Castillo publicó en redes sociales mensajes que señalaban a la prefecta Paola Pabón por usar las volquetas de la Prefectura para bloquear vías.
  • Portales digitales cercanos al oficialismo —como El Dato, Urgencia EC y Pulso EC difundieron la acusación y afirmaron que provenía de “informes de inteligencia”, aunque no mostraron ningún documento ni citaron a una autoridad.
  • Otros legisladores, como Mario Zambrano (ADN), respaldaron la acusación asegurando que existen fotografías como evidencia de los acusaciones.
  • Lupa Media revisó los canales oficiales del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, y no encontró ningún parte operativo, comunicado ni informe público sobre el presunto uso de maquinaria en el paro.
  • Tampoco los legisladores mencionaron haber recibido el supuesto informe de inteligencia.

 La respuesta de la Prefectura

  • Ese mismo día, la Prefectura emitió un comunicado en el que negó el uso de maquinaria para protestas y aseguró que los equipos permanecieron resguardados, salvo por desplazamientos entre el 22 y el 24 de septiembre para atender emergencias por lluvias.

Documentos revisados por Lupa Media

Entre los documentos entregados por la Prefectura a Lupa Media constan:

  • Inspección in situ (1 de octubre de 2025): registro del inventario de maquinaria en la Zona 5 —con códigos, custodios y ubicación exacta— firmado por el jefe territorial José Arcenio Guamán.
  • Memorando GADPP-Z6S-2025-0311-MEM (29 de septiembre de 2025): certifica un control vehicular en la Zona 6 Sur con registro fotográfico, firmado electrónicamente por la Ing. Daysi Karina Santiana.
  • Control de Maquinaria Zona 6 Sur (29 de septiembre): listado de operadores y responsables de motoniveladoras, volquetas, rodillos y tractores, con ubicaciones específicas en Amaguaña, Aloasí, Pintag, Tumbaco, Ascazubi y talleres mecánicos.

La “evidencia” que circuló en redes

  • Lupa Media solicitó al equipo del legislador Mario Zambrano las imágenes difundidas como pruebas. El 2 de octubre, su equipo entregó tres fotografías, asegurando que habían sido obtenidas de denuncias ciudadanas en su despacho y publicaciones en redes sociales:
Fotografías entregadas por el equipo del legislador Zambrano (Vía WhatsApp)
  • Mediante una búsqueda inversa, Lupa Media comprobó que las imágenes eran reales pero antiguas: habían sido publicadas por la Prefectura el 30 de junio de 2022 para mostrar la limpieza vial realizada en la Intervalles.

Lo que revisa la Contraloría

La Contraloría General del Estado abrió una auditoría sobre el uso de la maquinaria entre el 1 y el 15 de octubre de 2025 y solicitó información detallada de los GPS, inventarios y reportes de las zonas operativas.

La investigación continúa en curso. En un reporte preliminar, la Prefectura informó que los equipos se encontraban en sus respectivos campamentos y que cuenta con datos satelitales y registros administrativos para verificarlo.

Acusaciones similares en el pasado

En octubre de 2019, durante las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles, la prefecta Paola Pabón fue detenida y procesada por el presunto delito de rebelión. Según la Fiscalía, Pabón fue señalada como presunta autora mediata, mientras que Virgilio Hernández y Christian González fueron acusados como presuntos autores directos.

De acuerdo con la acusación fiscal, Pabón habría facilitado recursos logísticos y coordinado acciones para sostener las movilizaciones, que —según el expediente— buscaban alterar el orden público y la paz del Estado. El fiscal Alberto Santillán presentó 140 testimonios y 43 pruebas documentales.

El proceso fue archivado tras la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de marzo de 2022, que benefició a 268 personas procesadas en 57 causas judiciales, entre ellas Pabón, Hernández y González.

En 2022, durante nuevas protestas nacionales, circularon publicaciones en redes sociales que también atribuyeron a Pabón un supuesto apoyo logístico a las movilizaciones, pero esas afirmaciones no fueron respaldadas con evidencia concluyente.

El auge de los bonos en 2025: guía para entenderlos y cuidarte de fraudes

En 2025, el gasto social del Gobierno se ha concentrado en transferencias económicas directas. Solo entre enero y septiembre existieron casi 20 bonos y ayudas temporales, dirigidos a grupos como transportistas, agricultores, jóvenes desempleados y familias afectadas por la eliminación del subsidio al diésel.

Presidente Daniel Noboa, entregando bonos raíces en Ambato el 25/09/25 – Foto: Isaac Castillo, Presidencia de la República

El Ejecutivo justifica este incremento como una respuesta a emergencias —la crisis eléctrica, el temporal invernal que afectó a la producción agrícola y el ajuste al precio de combustibles—. Sin embargo, la estrategia coincidió con meses de campaña electoral y ha despertado críticas por su sostenibilidad fiscal.

Con estos nuevos programas, el país acumula cerca de 20 tipos de bonos y pensiones entre permanentes y temporales, con un presupuesto que supera los USD 2.400 millones en 2025. De ese total, más de USD 755 millones corresponden únicamente a las ayudas creadas este año.

¿Cómo funciona el sistema de bonos en Ecuador?

Los bonos y pensiones estatales buscan aliviar la situación de personas y hogares en pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad económica, según explicó a Lupa Media el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).

  • Algunos son regulares, con pagos mensuales de largo plazo, como el Bono de Desarrollo Humano o las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Otros son temporales, creados para responder a crisis puntuales —por ejemplo, emergencias climáticas, ajustes económicos o contingencias sociales—.

En la mayoría de los casos, los beneficiarios se seleccionan automáticamente mediante un análisis técnico del Registro Social, que cruza datos de distintas instituciones públicas y actualiza los listados de forma periódica

Bonos actuales y vigentes

Estos son los programas permanentes que el Estado entrega de forma mensual a hogares en pobreza o extrema pobreza y a grupos prioritarios como adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños pequeños.

Otros programas e iniciativas

Además de los bonos regulares, en 2024 y 2025 el Gobierno puso en marcha programas temporales para responder a emergencias económicas, climáticas y a la eliminación del subsidio al diésel.

Estas ayudas no son permanentes: se entregan por un tiempo limitado o como pago único y están sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

¿Existe alguna forma de saber si una persona es beneficiaria?

El MDH notifica mensualmente a los nuevos usuarios habilitados o reactivados mediante su Call Center 1800-002-002. Esta línea es la qué oficialmente brinda la respectiva información.

Además, cualquier persona puede consultar su estado en el casillero electrónico del MDH, donde encontrará información sobre habilitación, exclusión o suspensión del bono, así como notificaciones de pagos acreditados.

Canales oficiales para consultas:

  • Línea gratuita: 1800-002-002
  • Portal web: www.inclusion.gob.ec
  • Balcones de servicio: oficinas habilitadas a escala nacional

Los pagos se reciben de dos formas:

  • Pago en ventanilla: en bancos, cooperativas y puntos autorizados, según el último dígito de la cédula.
  • Pago en cuenta: depósito directo en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario en entidades financieras autorizadas.

Recuerda: no se necesita inscripción presencial ni intermediarios. El sistema selecciona automáticamente a los beneficiarios según el Registro Social vigente.

¿Cuáles son las condiciones para acceder a un bono?

Para recibir un bono o pensión, los beneficiarios deben:

  • Estar en pobreza, extrema pobreza o situación de vulnerabilidad, según el Registro Social.
  • Pertenecer a grupos prioritarios, como adultos mayores, personas con discapacidad o familias con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
  • Cumplir los requisitos específicos de cada programa:
    • Por ejemplo, el Bono de Desarrollo Humano exige que los niños asistan a clases para mantener el beneficio.
    • El Bono 1.000 Días se asigna a mujeres embarazadas y hogares con menores de dos años.

La asignación es automática: se hace mediante cruces de bases de datos oficiales (Economía y Finanzas, Salud, Defensa, IESS, ISSFA, ISSPOL, entre otros), sin que las personas tengan que inscribirse por cuenta propia.

Cuidado con las estafas

La proliferación de nuevos bonos en 2025 también ha sido aprovechada por estafadores, que ofrecen falsos trámites a cambio de dinero o datos personales.

Este tipo de fraude circula en múltiples plataformas, desde cadenas de WhatsApp, publicaciones virales o hasta avisos publicitarios. Lupa Media identificó en tan solo lo que va del año alrededor de seis tipos de estafas que ofertan bonos inexistentes.

Entre los más comunes está un supuesto «Bono Mujer» que solicita inscripciones en sitios web fraudulentos.

Existen varios mecanismos por los cuales suelen ofrecer ese tipo de estafas:

  • Mensajes de WhatsApp, Facebook o llamadas telefónicas que prometen agilizar el pago a cambio de un depósito previo.
  • Páginas web falsas que solicitan datos personales y bancarios.
  • Personas que cobran por “tramitar” el bono en zonas rurales o barrios populares.

Recomendaciones para evitar fraudes:

  • Solo confía en la información publicada en canales oficiales: 1800-002-002 y www.inclusion.gob.ec.
  • Nunca pagues a intermediarios: los bonos no tienen costo de inscripción ni de activación.
  • No compartas claves ni números de cuenta a desconocidos.
  • Denuncia cualquier estafa a la Policía Nacional o Fiscalía.
  • No brindes datos personas o financieros por mensajes o llamadas.
  • Verifica siempre la fuente de la oferta o enlace antes de contestar o llenar algún tipo de solicitud.

Alerta: ningún funcionario está autorizado a cobrar por inscripciones o agilitar procesos. El pago de los bonos se realiza únicamente en ventanilla autorizada o depósito bancario.

Si caíste en una estafa digital, te dejamos un explicativo sobre cómo protegerte.

Es falso que Carapungo se ha sumado al paro nacional 2025

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¿Qué verificamos?

Una publicación viral en Facebook y TikTok asegura que Carapungo, barrio ubicado al norte de Quito, se sumó al paro nacional de 2025 en contra de las medidas económicas del presidente Daniel Noboa.

¿Por qué es completamente falso?

La Administración Zonal de Calderón y la Policía Nacional confirmaron que Carapungo no se ha sumado al paro nacional. La marcha del 1 de octubre fue organizada por la Comuna San Miguel del Común, que transitó por Carapungo en su ruta hacia Calderón, pero no representa una adhesión de este sector al paro. 

¿Qué dice la evidencia?

  • Autoridades locales desmienten participación de Carapungo: La Administración Zonal de Calderón informó a Lupa Media que «todo está tranquilo» en Carapungo y que no han recibido reportes de organización o participación de este sector en el paro nacional de 2025.
  • La marcha del 1 de octubre no fue de Carapungo: La Administración Zonal confirmó que el 1 de octubre de 2025 aproximadamente 300 personas realizaron una marcha pacífica que transitó por Carapungo. Sin embargo, estos manifestantes pertenecían a la Comuna San Miguel del Común.
  • La ruta de la marcha inició en San Miguel del Común, continuó por toda la Panamericana Norte hasta el Centro Comercial Portal Shopping en Calderón, y regresó por el mismo trayecto.
  • Policía Nacional escoltó marcha pacífica: La Policía Nacional confirmó a Lupa Media que acompañó la movilización del 1 de octubre debido a su carácter pacífico. 
  • El ministro del Interior, John Reimberg, en entrevista con Teleamazonas, calificó la marcha como pacífica y ratificó que contó con escolta policial.
  • Transmisiones en vivo registraron la marcha: En redes sociales circularon transmisiones en vivo por TikTok que documentaron el paso de la marcha por la Panamericana Norte. Estos videos muestran una movilización organizada y pacífica.
  • Cuenta verificada previamente por desinformación: La cuenta que difundió la publicación viral ya ha sido verificada por Lupa Media en ocasiones anteriores por compartir información falsa relacionada con el paro nacional de 2025.

Contexto importante

El paro nacional iniciado el 22 de septiembre de 2025 por la CONAIE se centra en el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas como frenar la expansión petrolera y minera, reducir el IVA e incrementar la inversión en salud, educación y seguridad.

Durante la primera semana, Imbabura fue el epicentro de las protestas, con bloqueos y enfrentamientos que dejaron la muerte de un comunero, 48 heridos, 63 detenidos y 6 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos. El Gobierno declaró estado de excepción en ocho provincias, denunció la infiltración de grupos criminales y reportó militares heridos y retenidos. También se registraron daños a infraestructura, cortes de agua e interrupciones de internet.

La CONAIE denunció congelamiento de cuentas y procesos judiciales contra sus dirigentes. Organismos internacionales como la ONU y la OMCT pidieron respeto a la protesta pacífica, debido proceso y diálogo. En lo económico, las pérdidas superaron los USD 42 millones en Carchi e Imbabura, con fuerte impacto en el sector florícola y en la distribución de combustibles.

Al 2 de octubre, la protesta cumple 11 días con bloqueos en seis provincias, sobre todo en Imbabura y Pichincha.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: Carapungo no se ha sumado al paro nacional de 2025. La Administración Zonal de Calderón y la Policía Nacional confirmaron que el sector no participa en las protestas. La marcha del 1 de octubre fue organizada por la Comuna San Miguel del Común y transitó pacíficamente por Carapungo, pero no representa una adhesión de este sector al paro convocado por la CONAIE.

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La ANT no ofrece descuentos en multas: es una estafa de phishing

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¿Qué verificamos?

Un correo electrónico que afirma ser de la Agencia Nacional de Tránsito ofrece liquidar deudas vehiculares por USD 5 con un descuento del 97%, supuestamente respaldado por un decreto presidencial de amnistía tributaria.

¿Por qué es completamente falso?

La Agencia Nacional de Tránsito no envía correos promocionando descuentos ni condona deudas por correo electrónico. No existe la Oficina Central de Gestión Tributaria Vehicular, ni la Resolución N° ANT-RES-2025-182, ni un decreto presidencial de amnistía tributaria vehicular. Se trata de una estafa tipo phishing.

¿Qué dice la evidencia?

  • La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) confirmó a Lupa Media que no existe una Oficina Central de Gestión Tributaria Vehicular.
  • La ANT no elimina ni condona valores pendientes. Su función es registrar los valores que recaudan entidades autorizadas como el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Servicio Público para Pagos de Accidentes de Tránsito (SPPAT) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADs). Los pagos deben realizarse directamente en estas instituciones, no mediante correos electrónicos.
  • Una búsqueda en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito no arrojó resultados sobre la Resolución N° ANT-RES-2025-182, ni ninguna otra disposición para liquidar deudas pendientes con la ANT por USD 5 con descuento del 97%.
  • La ANT confirmó que no envía correos sobre supuestos descuentos especiales por pagos de infracciones de tránsito o impuestos de propiedad vehicular.
  • La plataforma oficial de decretos presidenciales tampoco registra un decreto de amnistía tributaria vehicular, ni algún otro para liquidar deudas pendientes con la ANT por USD 5 con descuento del 97%.

Contexto importante 

El uso no autorizado de nombres y logotipos de instituciones públicas es una práctica común en estafas en línea. El 29 de julio, Lupa Media verificó una cuenta en TikTok que suplantaba a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para ofrecer falsos servicios de eliminación de deudas.

Este tipo de fraude se enmarca en técnicas de phishing, donde los atacantes se hacen pasar por entidades confiables para obtener datos personales o financieros. La información robada puede ser utilizada para extorsión, robo o suplantación de identidad.

Los mensajes con enlaces sospechosos y promesas poco creíbles suelen ser señales claras de este tipo de engaños. Según la Fiscalía, entre 2015 y 2025 se reportaron 25.472 casos de phishing en Ecuador.

Señales de alerta:

  • URLs extrañas o mal escritas
  • Errores ortográficos y diseño descuidado
  • Mensajes que crean urgencia
  • Páginas que imitan sitios oficiales
  • Solicitudes de contraseñas o códigos
  • Promesas de dinero fácil o premios falsos

Recomendación: No respondas ni hagas clic en enlaces sospechosos. Verifica siempre la fuente y analiza el contenido antes de actuar.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El correo que ofrece liquidar deudas con la ANT por USD 5 con un descuento del 97% es fraudulento. La ANT no envía correos promocionales sobre descuentos especiales, no existe la Resolución N° ANT-RES-2025-182 ni un decreto presidencial de amnistía tributaria vehicular. El correo usurpa la identidad de la ANT y constituye una estafa tipo phishing diseñada para robar información personal y dinero.

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Violencia de género: una crisis que cuesta vidas… y millones a Ecuador

Una crisis que afecta derechos y economía

La violencia de género es una violación de derechos humanos que tiene efectos profundos y sostenidos sobre la sociedad. Los costos directos abarcan programas de protección, atención en salud a las víctimas, procesos judiciales, albergues y casas de acogida. A esto se suman costos indirectos: pérdida de ingresos, interrupción de la educación de niñas y adolescentes, disminución de la productividad laboral y daños en el bienestar psicológico y social de familias enteras.

En Ecuador, informes publicados entre 2017 y 2020 por la Cooperación Alemana (GIZ), el programa PreViMujer y la Universidad de San Martín de Porres permitieron dimensionar esta carga económica.
Aunque los datos no se han actualizado recientemente, muestran un panorama alarmante que sigue siendo vigente.

La violencia en el día a día

El último reporte de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género del INEC reveló que 7 de cada 10 mujeres en Ecuador han experimentado algún tipo de violencia:

  • Física: golpes, empujones u otras agresiones corporales.
  • Sexual: actos forzados o sin consentimiento.
  • Psicológica: insultos, amenazas, humillaciones o control coercitivo.
  • Económica: limitación al acceso a dinero o recursos.
  • Digital: acoso, difusión de imágenes íntimas o amenazas en línea.
  • Vicaria: agresores que utilizan a hijas e hijos para causar daño emocional a las madres.

Un gasto para el Estado

El estudio de costos de 2017 calculó que el Estado invirtió USD 76,2 millones en prevención, atención y sanción de la violencia:

  • USD 41,8 millones correspondieron al sector justicia.
  • USD 19,7 millones al sector salud.
  • USD 14,2 millones al sector educación.

A pesar de estas cifras, solo el 1,7% de ese presupuesto se destinó a prevención; la mayoría fue para emergencias y sanciones. El gasto representó apenas el 0,2% del Presupuesto General del Estado de ese año.

Impacto económico: un peso que asumen mujeres y hogares

Cuando se suman costos directos (dinero destinado por las mujeres para asistencia y cobertura de daños) y costos indirectos (pérdida de ingresos, productividad y tiempo de cuidado), el estudio concluyó que:

  • La violencia contra las mujeres le cuesta a Ecuador USD 4.608 millones anuales, equivalente al 4,28% del PIB.
  • Del total, el 49,9% lo pagan las mujeres y sus familias, el 38,8% las empresas y solo el 11,3% el Estado.
  • Aproximadamente USD 1.133 millones corresponden a ingresos y tiempo perdidos.
  • Las empresas privadas medianas y grandes pierden USD 1.787 millones.
  • Por cada dólar que el gobierno invierte en atención y justicia, las mujeres gastan otro dólar adicional para acceder a esos servicios.
  • Se calcula que se perdieron USD 238,8 millones que debieron destinarse a la compra de alimentos.

Un costo para los hogares

El impacto no termina en las arcas públicas: la mayor carga la asumen las propias mujeres y sus familias.

  • De cada 10 mujeres dueñas de microemprendimientos, 5 han sido violentadas alguna vez por su pareja o expareja. Siendo la violencia psicológica la más prevalece con un 52.6%. 
  • En cuanto a las consecuencias físicas, los indicadores más prevalentes son el dolor de cabeza y parálisis facial, los moretones y los desmayos (8,86%).
  • Esa violencia provoca pérdidas de productividad: Las patronas dejan de ganar en promedio USD 1.699 al año; las mujeres por cuenta propia, USD 252.
  • A nivel nacional, se calcula que los microemprendimientos de mujeres pierden USD 214 millones anuales y USD 28,9 millones en gastos de bolsillo (salud, educación, procesos judiciales, entre otros más). 

Más de 500 mujeres asesinadas en 2025

A la carga económica se suma el aumento de la violencia letal. En los primeros ocho meses de 2025, Ecuador registró 6.020 muertes violentas, de las cuales 510 fueron mujeres. Hasta ahora, este año se convierte en el más letal para las mujeres (y para el Ecuador en general).

Los femicidios continúan siendo una problemática constante. En los primeros nueve meses del año, hubo 42 casos, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE). Si se suman los casos entre 2014 y 2024, la FGE, registró 807 casos de femicidios. 

En lo que va de 2025, las provincias con mayor registro de muerte de mujeres en contexto delictivo —incluyendo los femicidios—, son Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Pichincha.  Además, la mayor parte de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego. Mientras que el rango de edad más afectado fue entre 15 y 44 años.

La cercanía de los victimarios fue determinante en estos casos: Un 76% de los femicidios fueron perpetrados por personas que tenían relación directa con la víctima.

Organizaciones feministas alertan de un subregistro: la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios reportó 82 víctimas solo en los primeros 74 días de 2025, cifra superior a la que registra la FGE.

Una deuda pendiente: invertir en prevención

Las cifras revelan que la violencia de género no solo vulnera derechos humanos: frena el desarrollo económico, profundiza la pobreza y condena a miles de mujeres a ciclos de enfermedad, endeudamiento y, en demasiados casos, a la muerte.

4 claves para entender qué significa el cierre del gobierno y sus consecuencias (incluyendo los procesos migratorios)

1 – ¿Qué es un government shutdown y por qué ocurrió el 1 de octubre de 2025?

Varias agencias del gobierno de los Estados Unidos dependen de fondos que deben ser aprobados por el Congreso cada año fiscal. Los años fiscales en EE. UU. comienzan los 1 de octubre y terminan los 30 de septiembre del año siguiente. Sin embargo, no siempre el Congreso aprueba a tiempo una ley que financie a las agencias por todo el año fiscal. En esos casos, para evitar un cierre, el Congreso puede aprobar una ley de financiamiento a corto plazo (conocida como Continuing Resolution o CR), que permite mantener el gobierno abierto por un tiempo limitado hasta que el presupuesto para el año fiscal sea aprobado.

Si esto no ocurre, ocurre un “government shutdown” (cierre del gobierno). Durante un shutdown varias agencias federales tienen que descontinuar muchas de sus funciones hasta que el Congreso apruebe una nueva ley de financiamiento y que esta sea promulgada por el presidente, explica la organización no partidista Comité por un Presupuesto Federal Responsable (CRFB).

El 25 de septiembre de 2024 se aprobó una CR para mantener el gobierno abierto hasta el 20 de diciembre de 2024. En diciembre de 2024 se aprobó otra CR que mantenía el gobierno abierto hasta marzo de 2025 y ese mes se pasó otra resolución cuyo financiamiento expira el 30 de septiembre de 2025.

Los senadores republicanos no habían logrado convencer a los demócratas para respaldar una CR aprobada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes que extendería el financiamiento hasta el 21 de noviembre de 2025. Los republicanos también tienen mayoría en el Senado (53 republicanos-47 demócratas) pero necesitan mínimo 60 votos a favor del proyecto para que pueda pasar al escritorio del presidente Donald Trump para su promulgación. Es decir, necesitan el apoyo de, al menos, 7 senadores demócratas, asumiendo que los 53 republicanos voten a favor.

Los líderes de la minoría demócrata en ambas cámaras –Hakeem Jeffreis de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado– han dicho que quieren negociar con los republicanos para que la CR incluya, entre otras cosas, mayor inversión en temas de salud, incluyendo beneficios para personas con Medicaid y Obamacare.

Los líderes de los republicanos –Mike Johnson en la Cámara y John Thune en el Senado– argumentan que los demócratas deberían votar a favor de la CR que extiende el financiamiento hasta el 21 de noviembre para dar más tiempo a las negociaciones.

2 – ¿Todas las agencias y programas del gobierno cierran en caso de un shutdown?

No. En este punto es importante que tengas en cuenta la diferencia entre los gastos obligatorios (mandatory spending) y los discrecionales (discretionary spending).

Los gastos obligatorios no dependen de un voto anual del Congreso, sino que están previamente establecidos por alguna ley. El Departamento del Tesoro cita como ejemplo de gasto obligatorio el establecido por la Ley del Seguro Social que indica el monto específico que se debe pagar a los beneficiarios. Como ya está plasmado en una ley federal, ese dinero no depende de una autorización anual del Congreso y seguirá siendo depositado en las cuentas de los beneficiarios en caso de un cierre del gobierno.

Por otro lado, los gastos discrecionales del gobierno federal sí necesitan autorización del Congreso en cada año fiscal y son los programas y las agencias que dependen de ese dinero los que son afectados en caso de un shutdown. En el año fiscal 2024 (que culminó el 30 de septiembre de 2024) los gastos discrecionales representaron el 26.5% del presupuesto, según datos publicados en marzo de 2025 por la Oficina de Presupuesto del Congreso. 

3 – ¿Cuáles agencias y programas federales han sido afectados en shutdowns anteriores?

El CRFB y el Bipartisan Policy Center documentaron el impacto de los cierres de gobierno ocurridos en  2013 (entre el 1 y el 17 de octubre ese año) y el de 2018 (que comenzó el 22 de diciembre y terminó el 25 de enero de 2019) que ha sido el más largo de la historia de Estados Unidos.

Ambas organizaciones indican que en los shutdowns de 2013 y 2018:

  • Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) estuvieron cerca de perder los beneficios.
  • Cerraron los Parques Nacionales y los museos y zoológicos del Smithsonian.
  • La Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) detuvieron algunas inspecciones.
  • Más de 5 millones de veteranos no recibieron cheques de compensación a tiempo.
  • Los servicios de seguridad aérea continuaron operando, pero a menores niveles: esto se tradujo en menos controladores aéreos y menos agentes de seguridad en los aeropuertos.
  • Cientos de miles de empleados federales fueron suspendidos temporalmente sin paga o tuvieron que seguir trabajando sin recibir su sueldo (300,000 en 2018 y 850,000 en 2013). Una ley aprobada en 2019 establece que los empleados deben ser compensados cuando se apruebe el nuevo presupuesto.

4 – ¿Qué impacto tiene un cierre del gobierno sobre procesos migratorios y en la seguridad fronteriza?

Para este punto leímos el plan de contingencia de 2025 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Allí el DHS asegura que durante un shutdown las actividades del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) continuarán porque la agencia se financia a través de las tarifas que pagan los usuarios. 

El DHS también indica que se van a “mantener las operaciones de las fuerzas del orden, incluida la interdicción de drogas y la gestión de la migración irregular” y que continuarán “las funciones de procesamiento de pasajeros e inspección de carga en los puertos de entrada”.  La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) explica que, en general, durante un shutdown los operativos de deportación se mantienen.

AILA también indica que, en general, las cortes de inmigración no alteran la agenda de los casos de personas detenidas esperando una audiencia ante cortes de inmigraciónen caso de shutdown. Sin embargo, en casos de personas que no están en centros de detención, puede que sus audiencias sufran retrasos. 

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Video con IA falsifica reportaje de Teleamazonas contra secretaria de seguridad de Quito

¿Qué verificamos?

Un video publicado por la cuenta «EmergenciasEc» en X muestra un supuesto reportaje del periodista Fausto Yépez para Teleamazonas en el que se acusa a Carolina Andrade, secretaria de seguridad de Quito, de recibir doble sueldo como directora del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y como secretaria de seguridad, además de exigir «coimas» durante operativos en clubes nocturnos de la capital.

¿Por qué es completamente falso?

El periodista Fausto Yépez confirmó que no es su voz ni contenido de Teleamazonas. El supuesto reportaje no existe en ninguna plataforma oficial del medio. Herramientas especializadas detectaron con 75-99% de certeza que los audios son generados con inteligencia artificial. El video ensambla imágenes reales de diferentes fechas con claquetas falsas que difieren en estilo y tipografía del formato original de Teleamazonas.

¿Qué dice la evidencia?

Confirmación directa de fuentes:

  • Fausto Yépez, periodista de Teleamazonas, confirmó a Lupa Media que no es su voz y que el medio no ha cubierto ese contenido. La consulta fue hecha la noche del 1 de octubre de 2025.
  • Lupa Media realizó búsquedas en los perfiles de redes sociales de Teleamazonas (X, Facebook, Instagram, YouTube), en su sitio web oficial y en el repositorio de reportajes del medio. No se encontró evidencia del supuesto reportaje sobre Carolina Andrade.
  • La Alcaldía de Quito descartó oficialmente la veracidad de la publicación.

Análisis técnico con herramientas de detección de IA:

  • La herramienta Hiya detectó entre un 98% y 99% de probabilidad de que el audio atribuido a Fausto Yépez y Carolina Andrade fueron generados con inteligencia artificial.
Análisis audio Fausto Yépez
Análisis audio Carolina Andrade
  • Hive Moderation determinó un 74,5% y 99% de probabilidad de que los audios fueron generados sintéticamente. Los resultados fueron consistentes.
  • Estas herramientas analizan patrones de voz, frecuencias y características acústicas que delatan la síntesis artificial de audio.

Análisis visual del contenido manipulado:

  • Una búsqueda inversa de imágenes con Google Lens reveló que el video desinformativo ensambla múltiples videos de diferentes fechas para dar coherencia al montaje.
  • Las claquetas que aparecen en el video falso mantienen los colores institucionales de Teleamazonas, pero difieren significativamente en el estilo y la tipografía utilizada por el medio oficial.
Video real de Teleamazonas
Video falso
  • La manipulación combina imágenes reales con elementos gráficos falsos para simular un reportaje legítimo.

Perfil de la cuenta difusora:

  • El video fue publicado por la cuenta «EmergenciasEc» en X e Instagram. La cuenta registra más de 500 mil seguidores en X y 120 mil en Instagram.
  • Según los metadatos de X, la cuenta fue creada en 2018.
  • La cuenta aparece domiciliada en Estados Unidos.

Contexto importante

Este video falso forma parte de una tendencia creciente de desinformación generada con inteligencia artificial en Ecuador. Los deepfakes de audio permiten crear contenidos falsos cada vez más convincentes que suplantan la identidad de periodistas y medios de comunicación para dar credibilidad a acusaciones inventadas contra funcionarios públicos. Durante las elecciones generales de 2025, Lupa Media registro que 5 de cada 10 contenidos virales verificados durante la campaña electoral fueron creados o manipulados con IA.

La manipulación de videos con IA se ha sofisticado al punto de ensamblar material visual de diferentes fuentes y fechas, combinándolo con audio sintético para crear narrativas falsas que aparentan ser reportajes periodísticos legítimos.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El supuesto reportaje de Teleamazonas fue creado con inteligencia artificial. El periodista Fausto Yépez desmintió el contenido, el medio no tiene registro del reportaje, y herramientas especializadas confirmaron que los audios son sintéticos.