Una crisis que afecta derechos y economía

La violencia de género es una violación de derechos humanos que tiene efectos profundos y sostenidos sobre la sociedad. Los costos directos abarcan programas de protección, atención en salud a las víctimas, procesos judiciales, albergues y casas de acogida. A esto se suman costos indirectos: pérdida de ingresos, interrupción de la educación de niñas y adolescentes, disminución de la productividad laboral y daños en el bienestar psicológico y social de familias enteras.

En Ecuador, informes publicados entre 2017 y 2020 por la Cooperación Alemana (GIZ), el programa PreViMujer y la Universidad de San Martín de Porres permitieron dimensionar esta carga económica.
Aunque los datos no se han actualizado recientemente, muestran un panorama alarmante que sigue siendo vigente.

La violencia en el día a día

El último reporte de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género del INEC reveló que 7 de cada 10 mujeres en Ecuador han experimentado algún tipo de violencia:

• Física: golpes, empujones u otras agresiones corporales.
• Sexual: actos forzados o sin consentimiento.
• Psicológica: insultos, amenazas, humillaciones o control coercitivo.
• Económica: limitación al acceso a dinero o recursos.
• Digital: acoso, difusión de imágenes íntimas o amenazas en línea.
• Vicaria: agresores que utilizan a hijas e hijos para causar daño emocional a las madres.

Un gasto para el Estado

El estudio de costos de 2017 calculó que el Estado invirtió USD 76,2 millones en prevención, atención y sanción de la violencia:

• USD 41,8 millones correspondieron al sector justicia.
• USD 19,7 millones al sector salud.
• USD 14,2 millones al sector educación.

A pesar de estas cifras, solo el 1,7% de ese presupuesto se destinó a prevención; la mayoría fue para emergencias y sanciones. El gasto representó apenas el 0,2% del Presupuesto General del Estado de ese año.

Impacto económico: un peso que asumen mujeres y hogares

Cuando se suman costos directos (dinero destinado por las mujeres para asistencia y cobertura de daños) y costos indirectos (pérdida de ingresos, productividad y tiempo de cuidado), el estudio concluyó que:

• La violencia contra las mujeres le cuesta a Ecuador USD 4.608 millones anuales, equivalente al 4,28% del PIB.
• Del total, el 49,9% lo pagan las mujeres y sus familias, el 38,8% las empresas y solo el 11,3% el Estado.
• Aproximadamente USD 1.133 millones corresponden a ingresos y tiempo perdidos.
• Las empresas privadas medianas y grandes pierden USD 1.787 millones.
• Por cada dólar que el gobierno invierte en atención y justicia, las mujeres gastan otro dólar adicional para acceder a esos servicios.
• Se calcula que se perdieron USD 238,8 millones que debieron destinarse a la compra de alimentos.

Un costo para los hogares

El impacto no termina en las arcas públicas: la mayor carga la asumen las propias mujeres y sus familias.

• De cada 10 mujeres dueñas de microemprendimientos, 5 han sido violentadas alguna vez por su pareja o expareja. Siendo la violencia psicológica la más prevalece con un 52.6%. 
• En cuanto a las consecuencias físicas, los indicadores más prevalentes son el dolor de cabeza y parálisis facial, los moretones y los desmayos (8,86%).

• Esa violencia provoca pérdidas de productividad: Las patronas dejan de ganar en promedio USD 1.699 al año; las mujeres por cuenta propia, USD 252.
• A nivel nacional, se calcula que los microemprendimientos de mujeres pierden USD 214 millones anuales y USD 28,9 millones en gastos de bolsillo (salud, educación, procesos judiciales, entre otros más). 

Más de 500 mujeres asesinadas en 2025

A la carga económica se suma el aumento de la violencia letal. En los primeros ocho meses de 2025, Ecuador registró 6.020 muertes violentas, de las cuales 510 fueron mujeres. Hasta ahora, este año se convierte en el más letal para las mujeres (y para el Ecuador en general).

Los femicidios continúan siendo una problemática constante. En los primeros nueve meses del año, hubo 42 casos, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE). Si se suman los casos entre 2014 y 2024, la FGE, registró 807 casos de femicidios. 

En lo que va de 2025, las provincias con mayor registro de muerte de mujeres en contexto delictivo —incluyendo los femicidios—, son Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Pichincha.  Además, la mayor parte de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego. Mientras que el rango de edad más afectado fue entre 15 y 44 años.

La cercanía de los victimarios fue determinante en estos casos: Un 76% de los femicidios fueron perpetrados por personas que tenían relación directa con la víctima.

Organizaciones feministas alertan de un subregistro: la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios reportó 82 víctimas solo en los primeros 74 días de 2025, cifra superior a la que registra la FGE.

Una deuda pendiente: invertir en prevención

Las cifras revelan que la violencia de género no solo vulnera derechos humanos: frena el desarrollo económico, profundiza la pobreza y condena a miles de mujeres a ciclos de enfermedad, endeudamiento y, en demasiados casos, a la muerte.

¿Por qué la Corte anuló las leyes?

Más de 30 demandas presentadas por sindicatos, gremios y organizaciones sociales cuestionaron la validez de las dos leyes aprobadas en junio de 2025.

La Corte determinó que ambas violaron principios constitucionales, como la unidad de materia —que exige que una ley trate solo un tema central— y la correcta aplicación del carácter de urgencia económica, reservado para situaciones que afectan de forma inmediata a las finanzas públicas.

Ley de Solidaridad Nacional: nulidad total y retroactiva

La Corte anuló por completo esta ley porque:

• Mezcló disposiciones económicas, penales y de seguridad, lo que vulneró el principio de unidad de materia (art. 136 de la Constitución).
• Fue tramitada como urgente en materia económica sin que su contenido justificara esa vía (art. 140).

¿Qué implica que sea retroactiva?

Según el abogado constitucionalista Edison Guarango, los procesos iniciados bajo esta ley pueden ser anulados o revertidos. Esto incluye acciones tomadas mientras la norma estuvo vigente.

Principales disposiciones que quedan sin vigencia:

• Detenciones, allanamientos, incautaciones y procesos judiciales amparados en esta ley quedan sin validez.
• Se eliminan los beneficios tributarios, como la rebaja del 30 % en el Impuesto a la Renta por donaciones a Fuerzas Armadas y Policía.
• La declaratoria de “conflicto armado interno” ya no podrá usarse y el Ejecutivo deberá recurrir a los mecanismos ordinarios de estado de excepción.
• El Estado podría enfrentar demandas de reparación por bienes incautados o daños ocasionados bajo la vigencia de la norma.

Ley de Integridad Pública: inconstitucionalidad con retroactividad parcial

La Corte también declaró inconstitucional esta ley, junto con su reglamento y normas relacionadas.
Determinó que el texto final vulneró los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática, al incorporar en el segundo debate reformas dispersas sobre contratación pública, justicia, movilidad humana, tributación e incluso al Código de la Niñez.

Solo algunos artículos tendrán efecto retroactivo, principalmente en materia:

• Movilidad humana (reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana).
• Penal y ejecución de penas (reformas al Código Orgánico Integral Penal).
• Niñez y adolescencia (reformas al Código de la Niñez y Adolescencia).

¿Qué pasa con los trabajadores desvinculados?

Expertos laborales explican que los despidos realizados bajo esta ley no se revierten de forma automática.

• La abogada laborista, Vanessa Velásquez, señala que los afectados pueden presentar demandas en la vía contencioso-administrativa, cuando consideren que el despido fue injustificado.
• Según el abogado Guarango, los funcionarios tienen 90 días desde la terminación de sus funciones para iniciar el reclamo.
• Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y personas con discapacidad pueden recurrir a una acción de protección sin límite de tiempo, aunque se recomienda hacerlo cuanto antes.

A partir de ahora, el desempeño laboral en el sector público volverá a regirse por los procedimientos ordinarios de desvinculación, como suspensión o destitución.

Condonación de deudas y pagos tributarios

Con el fallo, se suspende el régimen de remisión de intereses y multas. El Servicio de Rentas Internas (SRI) aclaró que los pagos realizados entre el 26 de junio de 2025 y la publicación de la sentencia en el Registro Oficial mantendrán el beneficio de remisión, aplicándose directamente al capital.

Expertos en derecho constitucional y tributario señalan que será necesario esperar la publicación oficial de la sentencia para definir cómo se gestionará la devolución o compensación en los casos de pagos realizados bajo las leyes ahora anuladas.

Lo que viene ahora

• Los ciudadanos y empresas con procesos abiertos o pagos realizados bajo estas leyes deberán esperar la reglamentación oficial para iniciar posibles reclamos o compensaciones.
• La sentencia de la Corte Constitucional es definitiva y de obligatorio cumplimiento.
• Las instituciones deberán ajustar procesos y medidas a la normativa vigente antes de las leyes anuladas.