Monika Silva: una muerte en medio de alertas sobre derechos cívicos

Monika Silva, nacida en Polonia, explicó en varias ocasiones que su activismo en Ecuador no nació de la denuncia sino de la gestión. Primero intentó resolver problemas concretos de su comunidad: contaminación, calles deterioradas, inseguridad, alcantarillado incompleto. Cuando vio que las autoridades no respondían, comenzó a analizar el fondo del problema y fue así como llegó a identificar lo que describía como irregularidades sistemáticas.

“Al presentar dichas denuncias, me encontré con una pared de complicidad total dentro de las instituciones involucradas.”

Mónica Silva – 05 de mayo de 2026 Entrevista con Andrés el mono López.

93 hectáreas en La Libertad: Caso Jenny Ramírez

El Concejo Cantonal de La Libertad aprobó la venta directa de 93 hectáreas de terrenos municipales por USD 2,7 millones, sin subasta pública, a nombre de Jenny Ramírez, una joven de 24 años sin actividad empresarial conocida. Ramírez cambió su versión en dos ocasiones y finalmente desistió de la compra. El 13 de enero de 2026 el Concejo dio paso al proceso de revocatoria.

Monika Silva denunció que este caso era parte de una estructura más amplia que, según sus investigaciones, involucraba más de 1.600 hectáreas operando de forma irregular durante más de doce años, y presentó ante la Contraloría una solicitud de examen especial a las declaraciones patrimoniales del alcalde Francisco Tamariz por presunto enriquecimiento ilícito. Además, señaló que el caso de las 93 hectáreas municipales vinculado a esa administración se volvió de dominio nacional, aunque sostuvo que el interés mediático respondía a motivos políticos.

Caso Bellitec: 700 hectáreas presuntamente vendidas sin subasta

Una de las denuncias de mayor alcance que impulsó Silva fue el caso Bellitec. Según señaló, en 2022 el entonces alcalde de La Libertad, Otto Vera (actual asambleísta), habría vendido más de 700 hectáreas de terrenos municipales en la zona de Capaes sin realizar subasta pública, por un valor de USD 6,2 millones. La empresa beneficiaria, Bellitec, es una empresa camaronera vinculada a la familia Olsen, del expresidente de la Asamblea Nacional.

Silva sostuvo que este caso formaba parte de una estructura más amplia de ventas irregulares de tierras en la provincia que, según sus investigaciones, habría operado durante más de doce años e involucrado más de 1.600 hectáreas en total.

Caso Sunshine: narcotráfico y una denuncia ante la embajada de Estados Unidos

El 2 de abril de 2026, Silva publicó en su cuenta de X que había presentado información ante la embajada de Estados Unidos relacionada con el denominado Caso Sunshine (trama de corrupción inmobiliaria, tráfico de tierras y lavado de activos). Según indicó, sus investigaciones sobre ese caso habrían identificado vínculos con actores relacionados con el narcotráfico, incluyendo a empleados de Noboa Trading, y procesos judiciales estancados desde 2022 por sustancias ilícitas detectadas en contenedores de esa empresa.

“Lamentablemente, los actores relacionados con el narcotráfico que salpicaron mi investigación incluyen a empleados de Noboa Trading y procesos judiciales estancados desde 2022. Dudo muchísimo que alguien haga algo. Lo que pedí muy específicamente es que se acuerden de mí y de mi vida, en caso de que algo me llegara a pasar por todo lo que descubrí en el #CasoSunshine.”

Monika Silva, publicación en X, 2 de abril de 2026.

Contraloría General del Estado: nepotismo y una denuncia penal en su contra

Silva denunció una presunta red de nepotismo y tráfico de influencias en la Contraloría General del Estado, bajo la administración del Contralor Xavier Mauricio Torres Maldonado. Según indicó, al presentar sus denuncias sobre irregularidades en Santa Elena se encontró con lo que describió como una “pared de complicidad total”, y señaló al Contralor como el principal obstáculo para que las investigaciones avanzaran.

En julio de 2025 presentó ante la Asamblea Nacional una solicitud formal de fiscalización sobre esos presuntos hechos, adjuntando lo que describió como evidencia de servidores públicos de la institución vinculados familiarmente al Contralor y nombrados en cargos bajo su administración. No recibió respuesta alguna.

Ese mismo mes, Torres Maldonado presentó una denuncia penal en su contra por el delito de calumnia, luego de que Silva publicara en su cuenta de X señalamientos sobre presuntos actos de tráfico de influencias. En la denuncia, el Contralor calificó sus publicaciones como “manifiestamente dolosas” y orientadas a desprestigiar su gestión. Silva sostuvo que la acción legal era una represalia por sus investigaciones.

Defensa ambiental: agua, manglar y tortugas protegidas

Silva fue integrante del Colectivo Ambiental Montañita e impulsó denuncias en materia ambiental en la provincia. Denunció irregularidades en el sistema de tratamiento de aguas de Montañita y señaló que el alcantarillado de la zona era una obra inconclusa de la administración de Otto Vera. También participó en la defensa del manglar y de especies protegidas en la zona costera.

En abril de 2026 presentó una iniciativa ciudadana para frenar la construcción de un malecón de USD 3,3 millones financiado por la Prefectura de José Villao. Según denunció, la obra se proyectaba dentro del área de anidación de tortugas carey y golfinas sin contar con los permisos ambientales correspondientes.

Las advertencias sobre su vida

En marzo de 2026, Silva declaró haber recibido advertencias sobre un presunto plan de sicariato en su contra. Según indicó, personas cercanas le informaron que los responsables serían los mismos sicarios vinculados al asesinato de Robinson del Pezo, comunicador y activista asesinado el 20 de noviembre de 2025 en La Libertad, con quien Silva compartía investigaciones sobre presuntas redes de corrupción en Santa Elena.

“Mi propia experiencia: tuve que los ministerios, Cancillería, la embajada de Polonia tuvieron que evacuar mis hijas ecuatorianas de este país. Ocho meses las ecuatorianas que aquí nacieron en Santa Elena, mis hijitas, no pudieron estar ni en su país ni con su madre. O sea, son cosas que nadie debe vivir nunca.”

Monika Silva, 11 de febrero de 2026, entrevista BN Periodismo.

El 5 de mayo de 2026 reiteró públicamente esas advertencias. Semanas después, el 8 de junio de 2026, fue encontrada sin vida en su domicilio en Montañita. Las causas y circunstancias del fallecimiento están bajo investigación y no han sido confirmadas por las autoridades.

Robinson del Pezo: la otra voz que denunció en Santa Elena

Robinson del Pezo era comerciante de carnes y fundador de la plataforma “La voz del pueblo”. Junto a Monika Silva investigaba casos relacionados con presuntas ventas irregulares de tierras, incluyendo el caso Bellitec y las 93 hectáreas de La Libertad. En octubre de 2025 publicó un comunicado en el que responsabilizaba a las autoridades locales si algo le ocurría. El 20 de noviembre fue asesinado a tiros en su negocio, en las cercanías del mercado número 4 del cantón La Libertad.

“No soy periodista. Soy un ciudadano común que se cansó de la mentira, del silencio comprado y del abuso del poder.”

Robinson del Pezo, en su último comunicado público, octubre de 2025.

En entrevistas posteriores, Monika Silva sostuvo que Robinson habría sido víctima de una persecución sistemática antes de su asesinato. Según relató, Del Pezo fue detenido por un caso de presunta extorsión vinculado a investigaciones que realizaba sobre la exdirectora de la Contraloría de Santa Elena, Nelly Reyes, y permaneció 17 días privado de libertad. Además, afirmó que días antes de su muerte enfrentó el decomiso de su mercadería por parte de la comisaría municipal y recibió presiones para moderar sus publicaciones. Estas declaraciones corresponden al testimonio entregado por Silva y, según señaló, forman parte de antecedentes que debían ser investigados por las autoridades.

Ecuador bajo la lupa internacional

La muerte de Monika Silva ocurre en un contexto de creciente preocupación sobre el estado de las libertades cívicas en Ecuador. Recientemente, el país fue incorporado a la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor, que clasificó a Ecuador con un espacio cívico “obstruido”, señalando restricciones a derechos como la libertad de expresión, la protesta y la asociación.

El informe advierte sobre el uso de la fuerza durante protestas, procesos contra líderes sociales y defensores, así como presiones hacia organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas. Además, menciona el asesinato de Robinson del Pezo como un caso que refleja los riesgos que enfrentan quienes denuncian asuntos de interés público y presuntos hechos de corrupción.

“Somos varios colectivos, organizaciones cívicas, periodistas, medios digitales. Cada uno que levanta la voz contra la corrupción en Santa Elena arriesga su vida.”

Mónica Silva – 11 de febrero de 2026 Entrevista en BN periodismo

Aunque esta clasificación no constituye una sanción, sí representa una señal de alerta sobre las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales en el país. En este contexto, los casos de Monika Silva y Robinson del Pezo reavivan la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar la protección de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. La Unión Europea también instó a una investigación rápida ante lo ocurrido a Silva y reiteró la importancia de salvaguardar los derechos de los activistas.

Según una escucha social realizada por Golden Social Suite, entre el 8 y el 9 de junio, la conversación en redes sociales sobre Monika Silva alcanzó una audiencia potencial de 1,4 millones de usuarios. En ese período se registraron aproximadamente 1.100 publicaciones y cerca de 16.300 interacciones, reflejando el amplio interés y repercusión que generó el caso en el espacio digital.