Caso Progen: qué fiscalizó la Asamblea y por qué el informe sigue sin debatirse en el Pleno

¿Cómo inició el trámite en la Asamblea?

La investigación legislativa se originó tras un pedido de información del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Lenin Barreto sobre los pagos realizados a Progen durante la crisis eléctrica de 2024.

El 22 de abril de 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitió el caso a la Comisión de Transparencia, presidida entonces por el legislador de la RC, Patricio Chávez. Allí se inició la recopilación de documentos y solicitó información a varias entidades públicas.

Tras la instalación de la nueva Asamblea en mayo de 2025 surgió una disputa sobre qué comisión debía continuar la fiscalización. Mientras la Comisión de Garantías Constitucionales anunció una investigación paralela, la Comisión de Transparencia, ahora presidida por la asambleísta oficialista Diana Jácome, sostuvo que ya había conocido el caso previamente.

El 20 de junio de 2025, el CAL resolvió que la Comisión de Transparencia mantendría la competencia sobre el proceso.

Aquí una cronología de los momentos claves de la fiscalización:

¿Quiénes comparecieron?

Bajo la presidencia de la legisladora Jácome, se recibió la comparecencia de siete funcionarios divididos en tres sesiones. Uno de los comparecientes fue el entonces viceministro de Electricidad y exgerente subrogante de CELEC, Fabián Calero.

• Calero defendió la contratación emergente y sostuvo que la crisis energética justificó la declaratoria de emergencia.
• También compareció el exgerente de Termopichincha Byron Orozco, quien afirmó que los contratos con Progen se ejecutaron bajo el régimen de emergencia y que CELEC notificó incumplimientos y aplicó multas.
• Los administradores de los contratos de Salitral y Quevedo señalaron que no autorizaron pagos durante su gestión

En estas sesiones de la Comisión no hubo comparecencias de ministros de Estado.

¿Qué encontró la Contraloría?

En la tercera sesión se recibió la comparecencia del contralor general del Estado, Mauricio Torres. Durante su exposición presentó los hallazgos de los exámenes especiales realizados sobre los contratos de Progen y ATM.

• La Contraloría concluyó que Progen no acreditó de forma suficiente la experiencia ni la capacidad técnica y financiera exigidas para ejecutar los proyectos adjudicados.
• También observó deficiencias en los procesos de evaluación, verificación de documentación, controles contractuales e inspecciones técnicas.

La Contraloría determinó posibles responsabilidades civiles por USD 69,6 millones e indicios de responsabilidad penal, al considerar que no existía respaldo técnico suficiente para justificar el desembolso.

El contralor también señaló que las principales responsabilidades administrativas recaían en quienes dirigían CELEC y en los gerentes de las unidades de negocio que participaron en las adjudicaciones.

¿Qué concluyó la Comisión?

Luego de alrededor de seis meses de investigación, el 19 de diciembre de 2025 la Comisión de Transparencia aprobó el informe final de fiscalización. Durante el proceso surgieron dos posturas dentro de la mesa legislativa: un informe de mayoría y un informe de minoría, impulsado por legisladores de oposición.

El informe de mayoría concluyó que los contratos ya estaban siendo investigados por la Contraloría y la Fiscalía. Por ello, recomendó remitir toda la documentación recopilada a los organismos de control para que continúen las investigaciones y determinen posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Por su parte, el informe de minoría sostuvo que existían suficientes indicios de responsabilidad política en la actuación de la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, por lo que recomendó avanzar hacia un juicio político. Entre sus argumentos se mencionaron presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría en los contratos de emergencia y la posible participación de altas autoridades en decisiones relacionadas con las contrataciones.

Según el Observatorio Legislativo la información pública disponible sobre el proceso de fiscalización del Caso Progen es limitada. Sin un acceso total a los documentos que permitan conocer en detalle el desarrollo de la fiscalización y la evidencia analizada.

¿Por qué el informe todavía no llega al Pleno?

Aunque la comisión aprobó el informe y lo remitió a la Presidencia de la Asamblea, hasta junio de 2026 el documento no ha sido debatido por el Pleno.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen aclaró que el caso sí podría llegar al Pleno cuando existan resultados concretos de las investigaciones judiciales. Según Olsen, la Asamblea respetará los tiempos de la justicia ordinaria y, una vez que se determinen responsables, el Legislativo podrá establecer eventuales responsabilidades políticas.

Aunque en agosto de 2025 el Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó una primera solicitud de juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano, por no contar con las firmas necesarias para su trámite, el 1 de junio de 2026 calificó un nuevo pedido relacionado con los contratos de Progen y ATM y lo remitió a la Comisión de Fiscalización para su análisis.

Un nuevo capítulo: audios y chats revelados por Ecuavisa

El medio Ecuavisa difundió un audio atribuido a la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, en el que menciona conversaciones con la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, sobre las comparecencias relacionadas con los contratos de Progen y ATM.

Según el reportaje, en la grabación se habla de la estrategia para manejar las comparecencias legislativas y evitar que profundizaran en determinados aspectos de los contratos. El medio también publicó mensajes atribuidos a Manzano y al CEO de Progen, John Manning, relacionados con negociaciones sobre modificaciones contractuales durante la ejecución de los proyectos. De acuerdo con Ecuavisa, estos elementos habrían sido entregados a la Fiscalía.

La autenticidad de las comunicaciones y su eventual relevancia jurídica forman parte de las investigaciones que siguen en curso.