Lo que Amnistía Internacional encontró en Ecuador en 2025

Seguridad

La militarización continuó y los homicidios alcanzaron una cifra sin precedente en la historia reciente.

Daniel Noboa inició su segundo mandato en mayo de 2025 tras ganar la reelección en abril. La política de seguridad del nuevo período mantuvo a las Fuerzas Armadas desplegadas en funciones de orden público, una estrategia que el gobierno sostiene desde el estado de excepción declarado en enero de 2024.

Amnistía Internacional registró 8.847 homicidios hasta el 19 de diciembre de 2025, la tasa anual más alta de la historia reciente del país. Para finales de año, la cifra ascendió 9.216 casos, según datos del Ministerio del Interior. En junio, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de leyes de seguridad impulsadas por el ejecutivo; la Corte Constitucional anuló dos de ellas —la Ley de Integridad Pública y la Ley de Solidaridad Nacional— en septiembre, y suspendió provisionalmente varios artículos de la Ley de Inteligencia.

Desapariciones forzadas

Las investigaciones avanzan lento y sin cooperación militar. En diciembre llegó la primera condena.

La Fiscalía abrió investigaciones por la posible desaparición forzada de 43 personas tras operaciones de las Fuerzas Armadas en 2024. Según el informe, las investigaciones penales avanzaron con lentitud y no contaron con la colaboración del estamento militar.

En diciembre, la CIDH otorgó medidas cautelares a 26 de esas personas y a seis mujeres buscadoras. Ese mismo mes, 16 militares fueron condenados por la desaparición de cuatro niños afrodescendientes detenidos en Guayaquil en 2024. La sentencia confirmó que hubo torturas y tratos crueles durante la detención.

Libertades civiles

En agosto, la Asamblea aprobó la Ley de Transparencia Social que Amnistía Internacional considera una amenaza a la libertad de asociación; su reglamento se publicó en octubre. Las manifestaciones lideradas por organizaciones indígenas, sociales y sindicales entre septiembre y octubre fueron respondidas con detenciones masivas, uso de la fuerza y, según organizaciones de sociedad civil, el congelamiento de cuentas bancarias de líderes y manifestantes. Las protestas dejaron dos muertos, 473 heridos y 206 detenidos.

El periodista Patricio Aguilar fue asesinado el 4 de marzo en Quinindé, Esmeraldas, mientras realizaba una cobertura informativa. La investigación seguía abierta al cierre del año. Según Periodistas sin Cadena, 2025 también fue el año más violento para la prensa con más de 268 agresiones y 5 asesinatos.

Cárceles, Amazonía e instituciones

Tres áreas donde el informe documenta condiciones críticas, mandatos incumplidos y señales de alerta sobre el Estado de derecho.

En el sistema carcelario, 760 personas murieron entre enero y septiembre, 105 de forma violenta, según el SNAI. Las condiciones siguieron siendo críticas: hacinamiento, falta de atención médica, alimentación deficiente, tortura y malos tratos.

En la Amazonía, el gobierno continuó autorizando la quema de gas en mecheros pese a una sentencia de 2021 que ordenó eliminarlos, y no determinó el cierre de los pozos en el Parque Nacional Yasuní pese al resultado del referéndum de 2023. La Corte Interamericana condenó a Ecuador por autorizar proyectos mineros en territorios indígenas sin consentimiento libre, previo e informado.

En el plano institucional, la relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y la CIDH advirtieron sobre el hostigamiento del ejecutivo a la Corte Constitucional, que incluyó estigmatización pública, amenazas y una marcha encabezada por el presidente Noboa. Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2019 y 2022 siguieron sin ser juzgadas.

“Ecuador enfrenta un punto crítico de derechos humanos”. – Astrid Valencia, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional