Paro nacional en Ecuador: bloqueos, detenciones y denuncias de represión
Focos de protesta y respuesta estatal
En la primera semana del paro, Imbabura se convirtió en el epicentro de las protestas, con al menos seis bloqueos activos hasta el 29 de septiembre. Las manifestaciones se han concentrado en provincias como Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo.
El Gobierno mantiene la sede del Ejecutivo en Latacunga, declaró el estado de excepción en ocho provincias y aplicó toque de queda nocturno en cinco de ellas como parte de las medidas de control.
Incidentes y víctimas
Hasta el momento, el paro nacional ha dejado la muerte de un manifestante indígena, identificado como Efraín Fuerez, de 47 años, en Cotacachi (Imbabura). Fuerez falleció en el hospital local por heridas de bala, presuntamente causadas por las Fuerzas Armadas, según denunciaron INREDH y el movimiento indígena. La Fiscalía abrió de oficio una investigación previa, a cargo de su Unidad Especializada en el Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Según el quinto boletín de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, se han documentado 109 reportes de vulneraciones a derechos humanos hasta el 28 de septiembre en el contexto del Paro Nacional de septiembre de 2025. Además, de 48 personas heridas, 63 detenidos y 6 desaparecidos.
El Gobierno informó, por su parte, que 12 militares resultaron heridos con contusiones y fracturas leves y que 17 uniformados fueron retenidos por manifestantes en Cotacachi mientras escoltaban un convoy de ayuda humanitaria hacia la Sierra norte.
También se reportaron daños a infraestructura pública, como una red de agua en Rumipamba, que según la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra, el daño se produjo como consecuencia de las manifestaciones que se desarrollan en la zona. Además de daños al Comando de Policía de Otavalo (Imbabura).
Detenidos y vinculaciones con el crimen organizado
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que entre el 22 y el 26 de septiembre hubo 96 personas detenidas en el marco del paro; 44 de ellas fueron aprehendidas el primer día. Doce detenidos en Otavalo enfrentan procesos por presuntos actos de terrorismo: uno fue trasladado a la cárcel de Esmeraldas y los otros once a Portoviejo.
El Gobierno sostiene que las protestas no son pacíficas y que habrían sido infiltradas por grupos delincuenciales. Tras los enfrentamientos del 22 de septiembre, señaló a dos extranjeros detenidos como presuntos miembros del grupo Tren de Aragua y mencionó un posible financiamiento ilícito de las movilizaciones. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que respalden estas acusaciones.
Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua.
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 23, 2025
No es lucha, no es protesta… son las mismas mafias de siempre, a las cuales les somos incómodos. pic.twitter.com/AKqVr10YVr
El Ministerio del Interior afirmó que todos los detenidos el 22 de septiembre tenían antecedentes penales. Sin embargo, una verificación de Lupa Media sobre 11 casos no encontró registros judiciales en Ecuador. En cuanto a los dos ciudadanos venezolanos detenidos, tampoco se halló información pública en bases de datos abiertas.
Por su parte, la CONAIE, junto a organizaciones sociales y ambientales, denunció el congelamiento de cuentas bancarias de al menos diez de sus líderes y la apertura de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra 50 de sus miembros.
En Cotacachi y Otavalo se reportaron cortes e intermitencias en el servicio de internet que dificultaron la comunicación y el registro de lo que ocurría en el territorio. Según la Fundación INREDH, estas fallas limitaron el derecho a informar. La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, afirmó que no podía atribuir los cortes a los manifestantes, pero señaló que se habían registrado ataques a cámaras del ECU911, lo que coincidió con los reportes de fallas en el servicio.
Reacciones internacionales
Organismos como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) han instado al Gobierno del Ecuador a:
- Garantizar la libertad de expresión, la protesta pacífica y el respeto al debido proceso y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
- Asegurar condiciones adecuadas para las personas detenidas, especialmente los 13 Kichwa Otavalo, incluyendo defensa legal, contacto familiar y atención médica.
- Investigar de forma imparcial las denuncias de violencia, detenciones arbitrarias y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad.
- Promover un diálogo real y constructivo con los pueblos indígenas para atender sus demandas de manera pacífica y basada en derechos.
Impacto económico por protestas
Las manifestaciones también han generado efectos económicos en varias provincias del norte del Ecuador:
- Carchi e Imbabura: En la primera semana hubo más de USD 42 millones en pérdidas, según la Cámara de Industrias y Producción.
- Sector florícola: Según Expoflores, entre el 8% y 10% de las fincas se han visto afectadas por bloqueos viales que impiden el transporte de su producción.
- Distribución de combustibles: En Imbabura, el sector registra pérdidas de USD 3,5 millones en los primeros siete días, es decir, cerca de USD 500 mil diarios, según Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe), entrevistado por Ecuavisa.
“Policías apedreados en Otavalo durante las manifestaciones de 2025”
“Video de un auto blanco de la policía judicial atropella a un manifestante en Otavalo” 
