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Etiqueta: daniel noboa

Acuerdo ministerial permite jornadas laborales de hasta 12 horas en esquemas especiales

Un acuerdo ministerial firmado por el Ministerio de Trabajo (MDT) establece nuevas modalidades de jornada laboral, incluyendo “horarios especiales” y una «jornada laboral eficiente». Esta disposición que aún no entra en vigencia, establece jornadas de máximo 12 horas diarias bajo esquemas especiales que en algunos casos requerirán autorización del MDT y en otros solo acuerdo entre el empleador y trabajador.

El contenido del acuerdo

  • El acuerdo ministerial MDT-2026-046 emitido por el MDT aún no se publica en el Registro Oficial ni está vigente, pero ya fue firmado por el ministro Harold Burbano.
  • La disposición describe que existen actividades laborales que no pueden interrumpirse por la naturaleza de las «necesidades que satisfacen». Por ellos señala que permite ajustar horarios para evitar una interrupción que «irrogue perjuicios al interés público o en general por las necesidades del empleador».

Los casos de análisis

  • Requieren autorización especial los esquemas de trabajo que se salgan del patrón ordinario de cinco días consecutivos de trabajo por dos de descanso.
  • Es decir, cuando se trabaje:
    • Más de cinco días seguidos con descansos acumulados adicionales, o
    • Cuando se trabaje menos de cinco días consecutivos pero con pausas menores a dos días seguidos.
  • Los esquemas que no encajen en esas categorías no necesitan autorización especial, sino únicamente el acuerdo entre empleador y trabajador. Esto siempre y cuando se respeten los dos días seguidos de descanso como establece en el artículo 50 del Código del Trabajo.

Incremento de horas con descanso compensatorio

  • El artículo 4 establece dice que necesitan autorización del Ministerio del Trabajo aquellos esquemas que impliquen:
    • Horarios rotativos.
    • Que sean diurnos, nocturnos o mixtos.
    • Que funcionen en jornadas continuas o discontinuas.
  • En cambio, si se trata de una jornada normal de 8 horas diarias y no es rotativa, no necesita autorización del Ministerio. Basta con el acuerdo entre empleador y trabajador.
  • El acuerdo permite trabajar más horas al día (hasta un máximo de 12), a cambio de más días de descanso.
    • Por cada cinco días trabajados, deben existir dos de descanso.
    • La jornada diaria nunca puede superar 12 horas.
  • En estos casos no se pagan horas extra si se aplica el esquema de 12 horas diarias con descanso compensatorio. Es decir, por el tiempo que se trabajo de más, debe haber la relación similar de descanso.
  • Únicamente se pagan recargos cuando se trabaje más de 12 horas diarias o se hacen horas suplementarias fuera del esquema autorizado.

No aplica para todos los trabajadores automáticamente

  • El acuerdo habilita una modalidad que puede ser acogida para quienes crean necesario aplicarla.
  • En algunos casos necesita aprobación del MDT y en otros solo acuerdo entre el trabajador y su empleador.
  • No todos los trabajos ahora serán de 12 horas diarias.

Distribución de jornada

  • El acuerdo plantea una «jornada eficiente» que permite que empleador y trabajador acuerden cómo distribuir las 40 horas semanales, en un máximo diario es 10 horas.
  • Si se trabaja más de 40 horas en la semana, corresponden recargos (horas extra) según el artículo 55 del Código del Trabajo.
  • No se necesita autorización del MDT para la jornada eficiente normal. Sin embargo, sí aplica para turnos especiales ya aprobados por el Ministerio, respetando las horas del turno.

El debate jurídico

  • La abogada laboral Vanessa Velásquez comentó a Lupa Media señala que el acuerdo no está claro cómo se compensan las horas extras acumuladas o cómo se distribuirán los días de descanso. Como un ejemplo Velásquez señala “si trabajas 12 horas diarias, 5 días a la semana, terminando con 60 horas, ¿cómo te van a dar los 20 horas extra de descanso?”.
  • De igual forma, indica que el acuerdo tampoco especifica los términos del empleador, lo que puede ser usado para evadir pago de recargos o imponer jornadas largas. El acuerdo no especifica mecanismos de control ni sanciones al respecto.

Fact-Check: Noboa sobre muertes violentas

“Se han reducido los números en homicidios, es más desde que se capturó al alcalde criminal han caído las muertes violentas en el D.M.G en 26%”

La afirmación no es verificable porque no existen datos oficiales públicos posteriores a la detención del alcalde que permitan comprobar una caída del 26% en las muertes violentas en Guayaquil.El alcalde Aquiles Álvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026 y, hasta el 20 de febrero, no se han publicado cifras oficiales correspondientes a ese período. El Ministerio del Interior confirmó que los datos se difunden una vez cerrado cada mes y que no existen reportes parciales oficiales.

Con la información disponible, solo es posible comparar enero de 2025 con enero de 2026. En ese lapso, los homicidios en Guayaquil bajaron de 245 a 204 casos, lo que equivale a una reducción del 16,7%, y no del 26% mencionado por el presidente. Esta comparación muestra una disminución interanual en enero de 2026, pero no permite vincularla con un hecho ocurrido en febrero.

En los años 2023, 2024 y 2025, los registros evidencian incrementos en el último trimestre de cada año. En enero de 2023 y enero de 2024, esos picos fueron seguidos por descensos. Ese patrón no se repitió en enero de 2025, cuando las muertes violentas alcanzaron su nivel más alto, pero sí vuelve a observarse una reducción en enero de 2026.

Aun con esa baja interanual, Guayaquil se mantiene como la ciudad con el mayor número de muertes violentas del país en enero de 2026, según los registros oficiales.

Disclaimer: En este contexto, vincular cambios en los homicidios a la detención de un funcionario en un lapso de 9 días no tiene sustento metodológico. La violencia no se explica por hechos aislados, sino factores estructurales como: dinámicas criminales, operativos policiales, disputas territoriales y tendencias previas, entre otros más.

Fuentes:
Ministerio del Interior – Homicidios Intencionales
Consulta Ministerio del Interior
Consulta Policía Nacional

“En lo que va del año, hay una reducción de casi el 8% en muertes violentas”

En enero de 2025 se registraron 800 muertes violentas. En enero de 2026 fueron 747. La diferencia representa una reducción del 6,6%, cercana pero menor al “casi 8%” señalado por el presidente.

Aunque 13 provincias registraron menos muertes violentas, 11 de las 24 provincias tuvieron aumentos. Entre ellas:

  • Los Ríos: de 80 a 95
  • El Oro: de 65 a 87 casos
  • Pichincha: de 11 a 29

Aunque en enero de 2026 hubo menos muertes violentas que en enero de 2025, la cifra sigue siendo alta en términos históricos. Con 747 casos, enero de 2026 fue el segundo enero con más muertes violentas en los registros recientes, solo por debajo de enero de 2025.

La cifra de este año supera en 240 muertes a las registradas en enero de 2024 y en 213 a las de enero de 2023. Esto muestra que, pese a la reducción interanual, los niveles de violencia se mantienen muy por encima de los observados en años anteriores.

Hasta el 20 de febrero no existen datos oficiales consolidados del mes en curso. Las autoridades publican las cifras una vez cerrado cada mes, por lo que la comparación disponible se limita a enero de 2025 y enero de 2026.

Disclaimer: La afirmación parte de un dato que se se acerca a la realidad, pero deja de lado que existen provincias donde hubo aumentos considerables y que este 2026 es el segundo inicio de año más violento de los últimos años.

Fuentes:
Ministerio del Interior – Homicidios Intencionales
Consulta Ministerio del Interior
Consulta Policía Nacional

Claves para entender la reforma al COOTAD: inversión obligatoria y autonomía de los GAD

Actualización: El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) fue aprobado este viernes 20 de febrero por el pleno de la Asamblea Nacional con 77 votos a favor y 71 en contra y 2 abstenciones.

El 70/30 no es nuevo ¿pero qué cambia?

El reglamento actual establece en el artículo 198 del COOTAD que los GADs deben destinar 70% a gasto de inversión y 30% a gasto corriente.

  • Gasto de inversión: Es el que deja infraestructura o mejora servicios de forma duradera como agua potable, alcantarillado, vías, parques, centros de salud o infraestructura pública.
  • Gasto corriente: Es el dinero que permite que la institución funcione, pero no genera infraestructura nueva como sueldos, consultorías, publicidad, eventos, fiestas o funcionamiento administrativo.

La reforma mantiene estos porcentajes, pero cambia cómo se aplican y supervisan. Antes, solo se exigía que las transferencias del Gobierno Central cumplieran esta regla; ahora se aplicaría a todo el presupuesto anual, incluyendo recaudaciones, exceptuando deuda y gastos financieros.

Además, se exige que los GAD publiquen trimestralmente la composición de su gasto, elaboren un informe técnico obligatorio y cumplan la regla de manera gradual: 65% en 2026, 68% en 2027 y 70% desde 2028. Además se especifica qué se considera como gasto de inversión y que se excluye.

Condición para recibir transferencias (art. 192)

Actualmente, el artículo 192 establece que los GAD reciben 21% de ingresos permanentes y 10% de ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, distribuidos entre prefecturas, municipios y juntas parroquiales.

Con la reforma, estos porcentajes se mantienen, pero solo se aplicarán si los GAD cumplen la regla de inversión mínima del art. 198.1. Si no se cumple, los montos se limitan según el art. 271 de la Constitución (15% de ingresos permanentes y 5% de los no permanentes). En otras palabras, no se eliminan los porcentajes, pero ahora dependen del cumplimiento de la regla de inversión.

Es en ese punto donde la discusión deja de ser solo presupuestaria y pasa a convertirse en un debate sobre autonomía territorial.

Debate sobre autonomía financiera

El artículo 238 reconoce que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) gozarán de:

  • Autonomía política (permite a los GAD definir su propio modelo de desarrollo).
  • Autonomía administrativa (permite a los GAD organizar y gestionar su talento humano y recursos materiales para cumplir sus competencias).
  • Autonomía financiera (garantiza a los GAD recibir recursos del Presupuesto General del Estado de forma directa, oportuna y sin condiciones sin excluir el control de los organismos nacionales).

Para algunos gobiernos locales, en cambio, esta precisión técnica (art. 198.1) implica una restricción en la forma en que pueden decidir y priorizar su gasto. Además, los artículos 198.4 y 198.5 del nuevo proyecto de ley establecen que los gobiernos locales deberán publicar trimestralmente la composición de su gasto por ítems y reportar los avances en el cumplimiento de la regla fiscal. De manera complementaria, el MEF elaborará y remitirá informes de seguimiento a todos los GAD.

Posturas encontradas

Postura del Gobierno: El Ejecutivo y asambleístas oficialistas han defendido el proyecto de reforma al COOTAD argumentando que busca mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, reduciendo lo que consideran gasto no prioritario como “festividades, piponaje o despilfarro” y destinando más al financiamiento de obras públicas, servicios básicos y mantenimiento.

Postura de algunos alcaldes y autoridades locales: Autoridades seccionales como el alcalde de Quito han manifestado rechazo a la reforma, advirtiendo que podría afectar la financiación de servicios sociales, educación y programas municipales, así como la autonomía para decidir el gasto.

Conversación digital

La reforma al COOTAD trascendió en la conversación digital nacional de febrero. Según el informe de escucha social del 8 al 19 de febrero de 2026, hubo aproximadamente 4 mil publicaciones del tema, acumulando cerca de 116 mil interacciones y una audiencia estimada de 8 millones de usuarios.

El sentimiento fue mayoritariamente neutro, con un 50.11% de menciones. La actividad se concentró principalmente en X (86,70% del impacto), seguido de Facebook y medios web.

La conversación mostró una marcada polarización, mientras desde el Ejecutivo y sectores afines se defendía la reforma como una medida para priorizar inversión y reducir gasto corriente, autoridades locales advertían sobre posibles recortes en programas sociales, despidos y afectaciones a la autonomía territorial.

Aluvión en Alausí 2026: qué es real y qué es falso

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¿Qué sucedió?

La tarde del 18 de febrero de 2026, tras varias horas de lluvia intensa, un aluvión de lodo y sedimentos de tierra descendió por las laderas en Alausí, ubicada en la provincia de Chimborazo. Este desastre alcanzó sectores poblados del cantón, con mayor afectación en áreas del sector aledaño al barrio Chitaquiz y cerca al cementerio de Alausí. El material arrastrado por la fuerza del agua ingresó a viviendas, cubrió calles y dejó tramos de la vía Riobamba–Cuenca parcialmente bloqueados.

El evento dejó al menos siete personas heridas que están siendo atendidas en hospitales y centros de salud del cantón. Igualmente, el desastre obligó a evacuar de forma preventiva a familias que viven en zonas cercanas a las pendientes inestables. Maquinaria y equipos de emergencia se encuentran trabajando en la remoción del lodo y en la evaluación de los daños, mientras se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de nuevas lluvias.

No es la primera vez

Alausí posee antecedentes con respecto a aluviones y deslizamientos de tierra. En marzo de 2023, un deslizamiento de gran magnitud afectó varios barrios de Alausí y dejó decenas de personas fallecidas, además de viviendas destruidas y centenares de damnificados. El evento obligó a declarar el estado de emergencia y generó procesos de reubicación y monitoreo permanente en zonas consideradas inestables. Sin embargo, la historia volvió a repetirse en 2024.

El aluvión registrado en febrero de 2026 ocurre en el mismo cantón que fue escenario del deslizamiento de 2023, una zona que desde entonces se mantiene bajo monitoreo por su inestabilidad geológica y antecedentes de movimientos de masa.

En este contexto, en redes sociales comenzaron a circular contenidos falsas y publicaciones que reutilizaban material antiguo, lo que generó confusión sobre la magnitud real del evento.

Desinformación

«Este video corresponde al aluvión en Alausí»

No, el video fue creado con inteligencia artificial y no corresponde a registros oficiales del desastre causado por el deslizamiento de lodo y sedimentos. Algunos elementos no coinciden con el evento ocurrido:

  • Helicópteros sobrepuestos que se mueven exactamente igual en la misma dirección.
  • Una explosión de lodo que aparece cerca a una carretera y desaparece rápidamente.

Igualmente el video utiliza como referencia una imagen subida por el ECU 911 para la elaboración del video. Esto se puede observar en las similitudes entre los contenidos difundidos.

Incluso, una herramienta de detección de contenido artificial determinó que el video tiene un 90,8% de probabilidad de haber sido generado con inteligencia artificial.

«Esta imagen corresponde al aluvión de este 18 de febrero de 2026»

No. La imagen no corresponde al aluvión ocurrido el 18 de febrero de 2026, sino al deslizamiento registrado en marzo de 2023 en Alausí. A través de una búsqueda inversa con Google Lens, Lupa Media identificó que la fotografía comenzó a circular durante la emergencia de 2023 y fue publicada entonces por varios medios de comunicación y portales digitales que cubrieron ese desastre.

Por tanto, aunque la imagen es real, está descontextualizada: no muestra los hechos recientes, sino un evento ocurrido hace aproximadamente tres años.

«Luisa González votó en contra de la donación de sueldo a las víctimas del aluvión en Alausí en 2023»

No existe registro de una votación en la Asamblea Nacional el 4 de abril de 2023 relacionada con las víctimas del aluvión en Alausí. Tampoco hay evidencia de que el medio El Comercio haya publicado la supuesta nota que circula en redes; el propio medio confirmó a AFP Factual que se trata de un montaje. Esta desinformación circula desde 2023 y ya fue verificada por Lupa Media.

Una revisión de los archivos oficiales de la Asamblea Nacional no muestra ninguna votación sobre el aluvión de Alausí en esa fecha. En su momento, el entonces legislador y excandidato presidencial Fernando Villavicencio explicó que la Asamblea no incorporó la propuesta en el orden del día, por lo que el Pleno nunca votó al respecto.

La imagen que se utiliza para afirmar que Luisa González votó “NO” no corresponde a ese tema. Proviene de una publicación realizada por la excandidata presidencial en 2022, en la que indicó que votó en contra de la legalización del aborto por violación en Ecuador.

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Caso Goleada: qué se investiga y qué es falso sobre Aquiles Álvarez

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¿De qué trata el caso Goleada?

La investigación, dirigida por la Fiscalía General del Estado, indaga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Según la acusación fiscal, existiría un entramado de empresas vinculadas al entorno familiar y empresarial de Álvarez que habría participado en operaciones irregulares con combustibles, incluido el presunto desvío de diésel subsidiado. Estos hechos, de acuerdo con la Fiscalía, habrían generado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente USD 100 millones.

Situación judicial actual

El 11 de febrero de 2026, un juez dictó prisión preventiva contra Álvarez, sus hermanos Antonio —presidente de Barcelona SC— y Xavier Álvarez, además de otros procesados.

La defensa apeló la medida cautelar y argumenta un posible solapamiento con el caso Triple A, relacionado con tráfico de combustibles en frontera, así como la falta de pruebas suficientes. Hasta ahora, no existe resolución judicial que revoque la prisión preventiva.

Desinformación

“Aquiles Álvarez fue apuñalado en la cárcel de Latacunga”

FALSO. No existe evidencia de una agresión en su contra: el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y el Ministerio del Interior desmintieron estos rumores el 16 de febrero de 2026.

Su abogado defensor, Ramiro García, confirmó que Álvarez permanece recluido sin incidentes. Álvarez permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1.

“Sale libre Aquiles Álvarez alcalde de Guayaquil”

NO. El video no es actual. Aunque la apelación a la prisión preventiva fue admitida, no hay orden judicial de libertad. El SNAI confirmó que Álvarez continúa privado de libertad.

El video corresponde al 12 de enero de 2026, antes de su detención, cuando ciudadanos se concentraron en el Municipio de Guayaquil para expresarle apoyo.

“Annabella Azín es la nueva alcaldesa interina de Guayaquil”

FALSO. La subrogación corresponde a la vicealcaldesa Tatiana Coronel desde el 11 de febrero de 2026, tras la prisión preventiva de Aquiles Álvarez. Azín es asambleísta nacional por ADN y no tiene cargo municipal ni designación para la Alcaldía. La Constitución y el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) establecen que la vicealcaldesa asume automáticamente, sin intervención externa mientras no exista sentencia firme.

No hay anuncios oficiales que indiquen un cambio, y la Alcaldía mantiene a Álvarez como alcalde vigente, actualmente subrogado.

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Tasa de basura en Quito: qué cambió, cómo se calcula y por qué algunas planillas subieron

¿Qué cambió en el cobro?

Hasta septiembre de 2025, la Tasa de Recolección de Basura (TBR) se incluía en la planilla de electricidad. Ese mecanismo se eliminó después de que el Gobierno nacional prohibiera a los municipios cobrar tasas locales en la factura de luz.

En respuesta, el Concejo Metropolitano aprobó en diciembre de 2025 una ordenanza para trasladar el cobro a la planilla de agua desde el 1 de febrero de 2026. Desde entonces, la tasa se factura a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps).

¿Cómo se calcula ahora?

Con el nuevo sistema, el valor ya no depende del consumo eléctrico, sino del conEl valor de la tasa ya no depende del consumo eléctrico, sino del consumo de agua en metros cúbicos (m³).

El cálculo también varía según el tipo de usuario:

  • Residencial
  • Comercial
  • Industrial
  • Uso colectivo (por ejemplo, mercados o casas comunales)

La lógica del Municipio es que el consumo de agua sirve como indicador de la cantidad de residuos que genera un hogar o establecimiento: a mayor consumo de agua, mayor tasa.

El sector residencial concentra alrededor del 88% de los usuarios. El consumo mensual se puede ver en el histórico de la planilla de agua. El Municipio también habilitó una calculadora en línea para estimar el valor de la tasa.

Ejemplos de referencia:

  • 20 m³ al mes: USD 6,31
  • 15 m³ al mes: USD 3,92

¿Por qué algunas planillas subieron?

El cambio de fórmula explica por qué algunos usuarios pagan más que antes. Entre los casos en los que la tasa puede aumentar están:

  • Viviendas con poco consumo eléctrico, pero alto consumo de agua.
  • Edificios o conjuntos donde varias familias comparten un solo medidor de agua.
  • Usuarios que superan ciertos rangos de consumo mensual.

Desde febrero, usuarios han pedido revisiones de sus planillas y han difundido facturas con incrementos altos. Algunos medios reportaron casos con aumentos superiores al 300% y, en situaciones puntuales, mayores al 2.000%. También circulan planillas donde la tasa de basura supera el valor del consumo de agua.

Facturas revisadas

Lupa Media revisó tres facturas emitidas en febrero de sectores distintos: Valle de los Chillos, Mañosca y Guamaní.

En el caso de la planilla del sector del Valle, el valor por la TBR fue de USD 6.31, mientras que en septiembre de 2025 cuando venía en la planilla de luz era de USD 3.35. Esto refleja un incremento de un 88%.

Otro caso del sector de la Mañosca muestra un aumento más notable. Dicha residencia paga por agua alrededor de USD 70. Con el cálculo de metros cúbicos, la TBR sería de USD 45,85, un incremento notable porque en la última factura de luz donde se cobró dicha tasa, el monto fue de USD 14,50.

En el sector de Guamaní, en cambio, el cobro disminuyó. La TBR fue de USD 3,92. En la última factura en la que la tasa se cobraba en la planilla de luz, este hogar pagaba USD 5,03, por lo que el monto se redujo en aproximadamente USD 1,10.

Qué dice el Municipio

El 10 de febrero de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo que no habrá cambios inmediatos en el sistema y que se analizará la facturación completa de febrero para detectar errores. Según el Municipio, hasta ese momento no se habían identificado fallas en el cálculo.

Muñoz explicó que la ciudad gasta unos USD 6 millones al mes en recolección de basura. Antes ese costo se repartía entre unos 1,2 millones de usuarios con medidor eléctrico; ahora se distribuye entre unos 700.000 usuarios con medidor de agua. Esto puede elevar el pago en algunos casos, sobre todo en condominios con un solo medidor.

El Municipio sostiene que seis de cada diez usuarios pagarían lo mismo o menos con el nuevo esquema. Concejales municipales han cuestionado la medida y han pedido que se revise el modelo de cobro.

Archivos Epstein: qué dicen —y qué NO dicen— los documentos desclasificados y los nombres que circulan en redes

Este explicativo se basa en información verificada por Maldita.es, medio aliado de la red LatamChequea, de la que también forma parte Lupa Media.

Tras la liberación de archivos de una demanda contra Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, que pueden ser consultados por cualquiera en la Librería Epstein del Departamento de Justicia estadounidense, en redes sociales se están difundiendo mensajes relacionando a líderes internacionales y figuras políticas con el caso.

Este punto es clave: que el nombre de una persona aparezca entre los documentos desclasificados relacionados con Epstein no implica que directamente hayan cometido un delito, que hayan sido sus clientes, asistentes a sus fiestas o formado parte de la red de pederastia del magnate.

Casos internacionales usados para desinformar

Pepe Mujica

Circula en redes que el expresidente uruguayo José Mujica aparece en los archivos Epstein como asistente a sus eventos. Esto es falso. Su nombre no figura en los documentos desclasificados. La confusión surge de un email de Noam Chomsky de 2017 en el que menciona que viajaría a Uruguay para participar en actividades públicas con Mujica. No hay ninguna referencia a Epstein.

Tabaré Vázquez

También se ha afirmado que Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay, tuvo encuentros con Epstein.

En realidad, aparece mencionado como ejemplo en un email de 2011 del Sultán Ahmed bin Sulayen, junto a otras figuras públicas, sin que exista evidencia de vínculo alguno con Epstein.

Volodímir Zelenski

Se ha difundido una imagen que muestra a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, junto a Epstein. La imagen es un montaje: se utilizó unafotografía real de Epstein con Ghislaine Maxwell y se sustituyó su rostro.
Aunque el nombre “Zelenski” aparece en varios documentos, no existe prueba que lo vincule con delitos ni con una red de trata.

María Corina Machado

También circula una imagen falsa que muestra a la líder venezolana María Corina Machado sentada cerca de Epstein en un evento. La imagen original corresponde a un acto ecuestre en Ohio en el que aparecen Leslie Wexner y Abigail Wexner. Machado no aparece en ninguna de las fotografías originales.

El mismo patrón ya circula en Ecuador

Álvaro Noboa

Circula un video que afirma que el empresario ecuatoriano Álvaro Noboa aparece en los archivos de Jeffrey Epstein. Sin embargo, al revisar la “Biblioteca Epstein” no se encontró ninguna mención que lo vincule directamente con el caso. Las referencias al apellido Noboa que sí aparecen corresponden a documentos administrativos del sistema penitenciario de EE. UU., y no guardan relación con Álvaro Noboa; tampoco existen fotos, correos ni otros registros que lo conecten con Epstein.

Rafael Correa

En los archivos del Departamento de Justicia de EE. UU. revisados no hay evidencia de que Epstein haya sido invitado a Ecuador por Rafael Correa. En esos documentos tampoco aparecen fotos de Epstein en el país. Los archivos mencionan una reunión entre Correa y Sultan Ahmed bin Sulayem sobre proyectos de desarrollo, sin participación de Epstein.

Qué hay detrás de estas narrativas

La mayoría de estos contenidos se construyen a partir de:

  • Capturas de pantalla sin origen verificable
  • Imágenes manipuladas
  • Emails descontextualizados
  • Testimonios no verificados
  • Suposiciones basadas únicamente en la aparición de un nombre

Este tipo de desinformación aprovecha el impacto emocional del caso Epstein para dañar reputaciones, sin que exista sustento judicial.

Entonces, ¿qué significa aparecer en los archivos?

Aparecer en estos documentos puede significar muchas cosas:

  • Ser mencionado por un tercero
  • Figurar en un listado de contactos
  • Aparecer en un email sin relación directa
  • Ser citado como ejemplo
  • Formar parte de documentación administrativa

Ninguna de estas situaciones implica, por sí sola, responsabilidad penal.

La clave para no caer en desinformación

Antes de compartir contenidos sobre los archivos Epstein, conviene preguntarse:

  • ¿El documento es oficial y verificable?
  • ¿La mención implica una acusación formal?
  • ¿Existe una investigación judicial abierta?
  • ¿La imagen o el correo tiene fuente confirmada?

En contextos de alta viralidad, el contexto no es un detalle: es la diferencia entre informar y desinformar.

Reforma urgente a minería y energía: qué propone el Gobierno y qué podría cambiar

¿Qué plantea el proyecto?

El proyecto propone reemplazar artículos específicos de dos leyes:

Según el Gobierno, el objetivo es redefinir los mecanismos mediante los cuales el Estado autoriza, regula, recauda y delega funciones en ambos sectores.

En minería, la propuesta se enfoca en reducir cargas administrativas para proyectos formales, incrementar ingresos fiscales y contener la expansión de la minería ilegal.

En energía, plantea habilitar la participación de empresas privadas cuando el Estado no pueda garantizar eficiencia, continuidad del servicio o abastecimiento.

Cambios clave en minería

1. Permisos previos:

La reforma sustituye la licencia ambiental por una autorización ambiental en determinadas fases del proyecto. El Ejecutivo sostiene que el cambio permitiría concentrar la capacidad técnica del Estado en etapas de mayor complejidad y evitar retrasos administrativos. La propuesta señala que esta modificación no implicaría una reducción de los estándares de protección ambiental.

Qué cambia: actualmente se exige licencia para avanzar en proyectos; el nuevo esquema flexibilizaría ese requisito en fases iniciales.

Actualmente, la licencia ambiental es un permiso obligatorio para obras, actividades o incluso proyectos de mediano o alto impacto ambiental; como es el caso de concesiones mineras. Su asignación implica estudios técnicos, participación ciudadana y seguimiento estatal. El texto de propuesta de reforma, no detalla aún los requisitos de una autorización ambiental, ni criterios técnicos de como sería el nuevo proceso en el caso de aprobarse la ley.

2. Patente de conservación minera:

Se establece un pago obligatorio anual por hectárea concesionada, sin posibilidad de prórroga. Las tarifas variarían según la etapa:

  • Exploración inicial: 2,5% de una remuneración básica unificada por hectárea.
  • Exploración avanzada: 5%.
  • Explotación: 10%.
  • Pequeña minería: 2%.

El Gobierno sostiene que este esquema aseguraría ingresos fiscales regulares desde el inicio de cada año.

3. Simplificación de etapas de concesión:

De acuerdo a la propuesta, se simplifican los procesos a solo una etapa de exploración y una de explotación; con transición automática entre subfases cumpliendo parámetros técnicos y ambientales, y así garantizar continuidad de los proyectos. El Ejecutivo sostiene que esto permitirá evitar tiempos muertos y retrasos injustificados, sin dejar de lado obligaciones ambientales.

4. Clústeres mineros y seguridad estratégica

La reforma crea los llamados clústeres mineros integrales, zonas donde el Estado planificaría de forma conjunta la actividad extractiva y la infraestructura necesaria.

Además, incorpora las Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, que contemplan el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar instalaciones frente a la minería ilegal y ocupaciones ilícitas.

5. Uso de regalías

Aquí se establece un estándar mínimo de registro, evaluación previa y trazabilidad en el uso de las regalías mineras. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán presentar y registrar de forma detallada los proyectos de inversión social y desarrollo territorial que prioricen, como condición para el desembolso y seguimiento de estos recursos.

6. Minería artesanal:

Se proponen permisos de hasta 10 años, no renovables, con obligación de transición hacia esquemas de pequeña minería. También se plantea:

  • restringir maquinaria y áreas
  • prohibir más de un permiso por persona
  • limitar transferencias indirectas entre familiares

El objetivo declarado es reducir prácticas informales.

Cambios clave en energía

1. Participación privada:

El Estado podría delegar la generación, transmisión o distribución eléctrica a empresas privadas —incluidas estatales extranjeras o de economía popular— si existen riesgos como:

  • racionamiento
  • retrasos en el Plan Maestro de Electricidad
  • emergencias
  • condiciones más favorables de provisión

Las concesiones podrían extenderse hasta 30 años.

Qué cambia: el modelo se vuelve más flexible frente al predominio estatal.

2. Distritos Autónomos Energéticos (DAE):

La propuesta crea estos distritos para que grandes consumidores puedan generar su propia electricidad y operar redes internas. De forma excepcional, podrían inyectar excedentes al sistema nacional. El Ejecutivo sostiene que esto ayudaría a reducir la presión sobre la red pública.

3. Despacho basado en costos:

La reforma prioriza el despacho de energía con menores costos de producción y se otorga preferencia a la generación renovable no convencional de hasta 10 MW (solar y eólica), así como a un despacho mínimo de centrales que utilicen energías de transición.

Datos clave: la minería ilegal en Ecuador

La minería ilegal se ha consolidado como el segundo mercado ilícito del país, solo detrás del narcotráfico, según el Informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador 2025 del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Este negocio habría generado cerca de USD 1.300 millones en 2024, impulsado por la extracción y exportación de oro sin trazabilidad, un mecanismo que facilita el lavado de dinero.

Para dimensionar la magnitud: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones mineras legales sumaron USD 3.704 millones, de acuerdo con el Banco Central.

La expansión de esta economía está vinculada al control territorial y a la violencia, con presencia de organizaciones criminales en provincias como El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe y Orellana.

Investigaciones señalan que el oro sale principalmente hacia Perú y también hacia Colombia por rutas fluviales.

¿Qué falta para aprobar el proyecto?

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto el 1 de febrero de 2026. La Comisión de Desarrollo Económico tiene hasta 10 días para elaborar el informe del primer debate. Posteriormente deberá preparar el informe para el segundo debate en un plazo máximo de cuatro días. De cumplirse estos tiempos, la Asamblea podría resolver la propuesta este mismo mes.

Un tema que generó conversación digital

La propuesta de reforma a la Ley de Minería, en particular el cambio del requisito de licencia ambiental por una autorización ambiental, trascendió rápidamente el debate técnico y legislativo y se instaló en la conversación digital.

Un análisis de escucha social muestra que, entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 2026, el tema generó 11 mil interacciones en redes sociales, con una audiencia potencial estimada de 2.4 millones de personas. El debate digital se activó inmediatamente después de la presentación del proyecto a la Asamblea Nacional y mostró un crecimiento sostenido durante los siete días siguientes.

Resultados escucha social 28/01 al 03/02 con la herramientas SocialAlert

El alcance superó las 2.3 millones de impresiones acumuladas, impulsado principalmente por publicaciones de medios de comunicación, periodistas, analistas políticos, organizaciones ambientales y actores vinculados al sector minero. Este patrón aceleró la difusión del tema y lo posicionó en la agenda pública nacional en un corto período de tiempo.

Resultados escucha social 28/01 al 03/02 con la herramientas SocialAlert

La conversación digital se caracterizó por la polarización de posturas. Mientras algunos usuarios destacaron la necesidad de agilizar trámites ambientales para destrabar inversiones y proyectos mineros, otros expresaron preocupación por un eventual debilitamiento del control ambiental y sus posibles impactos sobre territorios y fuentes de agua.

Ranking de Numbeo sobre calidad de vida se basa en datos colaborativos, no oficiales

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¿Qué verificamos?

Una publicación en X afirma que Ecuador ocupa el tercer lugar en Sudamérica en calidad de vida, según un ranking de Numbeo.

¿Por qué es impreciso?

Aunque el ranking de Numbeo existe, la plataforma aclara que sus datos provienen de aportes de usuarios y no de estadísticas oficiales. Por tanto, no es una medición institucional de calidad de vida. El índice no incorpora indicadores oficiales de seguridad, desarrollo humano o salud, por lo que no permite conclusiones integrales sobre bienestar comparado entre países.

¿Qué dice la evidencia?

Sobre Numbeo:

  • Numbeo se define como una base de datos colaborativa sobre países y ciudades, con información sobre costo de vida, vivienda, criminalidad, sanidad, tráfico y contaminación.
  • Los datos provienen principalmente de reportes de usuarios, aunque también se incluyen información de páginas web de supermercados, medios, instituciones gubernamentales y otros estudios.
  • Metodología: Los índices de «Costo de Vida» de Numbeo son comparativos y usan a Nueva York como referencia (NYC = 100). Un valor de 120 indica que una ciudad es aproximadamente 20 % más cara, y uno de 70 que es alrededor de 30 % más barata, en términos de precios relativos.
  • El índice de calidad de vida combina variables positivas (poder adquisitivo, seguridad, salud, clima) y resta factores negativos (costo de vida, contaminación, tráfico y precio de vivienda).
  • El resultado es una estimación interna basada en datos colaborativos, no una medición oficial de bienestar.
  • En el ranking regional citado, Ecuador no figura en tercer lugar como menciona la publicación viral, sino segundo.

Contexto importante

El índice de “calidad de vida” de Numbeo incluye un indicador de seguridad basado en datos colaborativos. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, Ecuador registró 9.216 homicidios intencionales en 2025, frente a 7.063 en 2024, el número más alto desde que existen registros comparables.

Otros indicadores internacionales de referencia

  • Informe Mundial de la Felicidad (ONU): Ecuador ocupa el puesto 62 a nivel global.
  • Índice de Desarrollo Humano (PNUD): Ecuador se ubica en el puesto 88 entre aproximadamente 193 países.

Conclusión

IMPRECISO: La publicación se basa en un ranking de Numbeo, una plataforma colaborativa cuyos datos provienen de reportes de usuarios y no de estadísticas oficiales. Además, la posición citada para Ecuador no coincide con el ranking regional publicado por la propia plataforma. El índice de Numbeo es una estimación interna y no una medición institucional de calidad de vida, por lo que no permite conclusiones definitivas sobre bienestar comparado entre países.

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¿Quiénes están muriendo en la violencia homicida en Ecuador? Lo que revelan los datos sobre las víctimas

El hallazgo central: la mayoría de víctimas no tenía antecedentes penales

Los registros oficiales a los que tuvo acceso Lupa Media clasifican a las víctimas de homicidios según si tenían o no antecedentes penales.

De acuerdo con estos datos, en 2025 el 19% de las personas asesinadas tenía antecedentes, mientras que el 81% restante no registraba historial judicial.

Este patrón no es excepcional de un solo año.

Un patrón estable en el tiempo

El análisis de las cifras entre 2019 y 2025 muestra que la proporción se mantiene relativamente constante: entre el 75% y el 82% de las víctimas no tenía antecedentes penales, incluso en los años en los que la violencia aumentó de forma drástica.

La estabilidad de esta proporción sugiere que el crecimiento de los homicidios no ha estado concentrado únicamente en personas previamente judicializadas.

Antecedentes penales ≠ pertenecer al crimen organizado

Ecuador no cuenta con un registro público que permita identificar si una víctima pertenecía o no a una organización criminal. Por ello, los antecedentes penales funcionan como una variable proxy: una de las pocas aproximaciones oficiales disponibles para analizar el perfil de las víctimas.

Tener antecedentes puede implicar desde contravenciones menores hasta delitos graves. Y no tenerlos no excluye otros contextos de riesgo o violencia.

Sin embargo, lo que los datos sí permiten afirmar es que no existe evidencia pública que respalde la idea de que la mayoría de víctimas pertenecía a estructuras criminales organizadas.

Incluso en las provincias más violentas, predominan víctimas sin antecedentes

La concentración territorial de la violencia —especialmente en la Costa— es conocida. Pero al observar el perfil de las víctimas por provincia, el patrón se repite.

En Guayas, la provincia con más homicidios en 2025, solo 792 de las 4.038 víctimas tenían antecedentes penales.

En Los Ríos, cerca del 75% de las víctimas no registraba historial judicial.

Esto sugiere que ni siquiera en los territorios con mayor presencia de economías criminales la violencia se concentra exclusivamente en personas con antecedentes.

Sexo y edad: la violencia afecta principalmente a hombres jóvenes, pero no necesariamente con historial delictivo

Los datos confirman una tendencia conocida: los hombres jóvenes son el grupo más afectado por la violencia homicida.

Sin embargo, dentro de ese grupo, la mayoría de víctimas tampoco tenía antecedentes penales.

Por rangos de edad, la mayor cantidad de muertes se concentra en jóvenes y adultos, pero nuevamente predominan las personas sin antecedentes. Incluso entre los grupos etarios más afectados por la violencia, la proporción de víctimas previamente judicializadas es minoritaria.

El dato refuerza una idea clave: ser joven y hombre aumenta el riesgo de ser víctima, pero no implica pertenecer al mundo criminal.

Una brecha entre el discurso y la evidencia

Desde que Ecuador entró en la declaratoria de “conflicto armado interno” en 2024, autoridades del Gobierno han insistido en que la violencia homicida responde principalmente a enfrentamientos entre grupos criminales.

Bajo ese marco, se ha instalado la idea de que la mayoría de muertes violentas ocurre entre personas vinculadas al delito, una narrativa que se ha repetido en declaraciones públicas del presidente, ministros y asambleístas oficialistas.

Este discurso ha influido en la forma en que se interpreta la crisis de seguridad, presentando los homicidios como un fenómeno concentrado dentro del mundo criminal. Sin embargo, los datos oficiales disponibles permiten poner en duda esa lectura simplificada del problema.

Metodología y límites del análisis

Para este análisis, Lupa Media recopiló información sobre homicidios intencionales entre 2019 y 2025 a partir de dos fuentes oficiales complementarias:

  • Datos de 2023 a 2025, obtenidos mediante un pedido formal de acceso a la información pública dirigido a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior, que incluyen la variable sobre antecedentes penales de las víctimas.
  • Datos de años anteriores (2019–2022), extraídos de los registros de datos abiertos del Ministerio del Interior, utilizados para analizar la evolución histórica de los homicidios.

El análisis se centra en la variable “antecedentes penales de la víctima”, una de las pocas disponibles públicamente para aproximarse al perfil de las personas asesinadas en Ecuador.

Alcances y limitaciones

  • Ecuador no cuenta con un registro público que permita identificar si una víctima pertenecía o no a una organización criminal.
  • Por ello, los antecedentes penales se utilizan como una variable proxy, que permite observar patrones generales, pero no establecer afiliaciones criminales.
  • Tener antecedentes puede incluir desde contravenciones menores hasta delitos graves, y no tenerlos no excluye otros contextos de riesgo o violencia.
  • Los datos reflejan únicamente la información registrada por las instituciones oficiales y pueden estar sujetos a subregistro, errores administrativos o cambios en los criterios de clasificación.

Aun con estas limitaciones, los registros oficiales permiten identificar tendencias consistentes sobre el perfil general de las víctimas de homicidio intencional en el país.

¿Entonces?

Más allá de los discursos, los registros oficiales sugieren que la violencia homicida en Ecuador no se limita a enfrentamientos entre personas vinculadas al delito.

Entender quiénes están muriendo realmente es clave para evitar estigmatizaciones, diseñar políticas públicas más efectivas y debatir la crisis de seguridad con base en evidencia, no en simplificaciones.