El reciente lanzamiento de una cuenta oficial del gobierno argentino destinada a “desmentir activamente la mentira” reabrió un debate recurrente en las democracias contemporáneas: ¿hasta dónde debe llegar el Estado en la disputa por la verdad pública?

El mismo día del anuncio en Argentina, en Ecuador el Ministerio de Salud Pública calificara como “información falsa” un reporte periodístico sobre el aumento de casos de tuberculosis en el país. El artículo citado se basaba en datos de la gaceta epidemiológica oficial. El medio autor del reportaje también señaló que había realizado pedidos de información a la institución sin obtener respuesta antes de la publicación.

No se trata de un caso aislado. El portal de noticias Primicias en Ecuador ha sido etiquetado en otras ocasiones por parte del Gobierno, incluso cuando la información publicada se fundamenta en portales de compras públicas, documentos oficiales de las propias instituciones o datos proporcionados directamente a los periodistas por las fuentes institucionales. En estos casos, el gobierno —y puntualmente el Ministerio de Salud— no ha detallado cuál fue el error ni ha evidenciado con datos la razón de la etiqueta, limitándose a indicar que la ciudadanía debe “informarse por los canales oficiales”.

Más allá del caso puntual, este tipo de episodios plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando el Estado pasa de ser fuente de información a convertirse también en juez de lo verdadero y lo falso dentro del debate público? La pregunta no es menor: de su respuesta depende buena parte del equilibrio informativo en una democracia.

Corregir no es lo mismo que verificar

Las instituciones públicas no solo pueden, sino que deben comunicar información oficial y rectificar datos incorrectos cuando estos circulan en el espacio público. La comunicación estatal es una herramienta necesaria para garantizar que la ciudadanía acceda a información relevante, especialmente en temas sensibles como la salud.

Sin embargo, especialistas en integridad informativa coinciden en que corregir información no equivale a hacer fact-checking. Olivia Sohr, directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, señala que los gobiernos no pueden realizar verificación independiente porque son juez y parte en el debate público. “Lo que hemos visto en distintos países es que, cuando se crean oficinas para hacer fact-checking, suelen buscar deslegitimar información con la que no están de acuerdo. Por supuesto, pueden desmentir rumores y, sobre todo, proveer información de calidad sobre distintos temas, algo que es esencial”, explica.

La verificación profesional se basa en principios como independencia editorial, transparencia metodológica y de financiamiento, publicación de fuentes, políticas de corrección y aplicación de los mismos estándares a todos los actores del debate público —incluidos los propios gobiernos.

Estas prácticas han sido promovidas internacionalmente por organizaciones como la International Fact-Checking Network (IFCN), cuyo código de principios subraya la importancia del apartidismo y la rendición de cuentas para sostener la credibilidad.

Los gobiernos, en cambio, son actores directos del debate político y de la gestión pública. Esa condición puede generar un conflicto de interés estructural cuando una institución estatal define qué es falso en discusiones que, en muchos casos, también la involucran.

La asimetría de poder informativo

Cuando una entidad gubernamental etiqueta un contenido como falso, no se trata de una voz más dentro de la conversación pública.

El Estado posee una capacidad de amplificación mayor que la de otros actores, además de legitimidad institucional y acceso privilegiado a canales oficiales de comunicación. Esta combinación puede influir de manera significativa en la percepción ciudadana sobre la credibilidad de determinada información.

Por ello, algunos analistas advierten sobre la necesidad de diferenciar claramente entre la comunicación pública —que busca explicar, contextualizar o responder— y los procesos de verificación independiente.

El desafío no es menor en un contexto global marcado por la polarización, la sobreabundancia informativa y la creciente disputa por la credibilidad.

Una tendencia que trasciende fronteras

La región ofrece múltiples ejemplos de este fenómeno.

En 2021, el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador lanzó una cuenta oficial en X llamada “SegcomVerifica”, en la que proponía dar “la versión oficial del gobierno sobre un tema específico, para contrarrestar la información y combatir la desinformación”. Esta cuenta estuvo activa hasta septiembre de 2023, dos meses antes del fin del gobierno.

En Brasil, en 2023 el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva inauguró el portal oficial “Brasil Contra Fake News”, gestionado por la Secretaría de Comunicación Social.

En México funciona Infodemia, un portal del Sistema Público de Radiodifusión del Estado. En Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones han impulsado iniciativas similares.

Aunque muchas de estas propuestas se presentan con el objetivo legítimo de proteger el debate público, especialistas señalan que la ausencia de metodologías transparentes o de controles independientes puede generar interrogantes sobre su imparcialidad.

En este escenario, la pregunta central no pasa necesariamente por determinar si los gobiernos deben responder a la desinformación —una función que forma parte de su deber de informar— sino por establecer límites claros entre la defensa institucional y la verificación independiente.

Confianza y debate democrático

En sociedades donde la credibilidad se ha convertido en un recurso cada vez más disputado, la manera en que circula la información es tan relevante como la información misma.

Cuando los roles se diferencian con claridad, se fortalece el ecosistema informativo. Pero cuando esas fronteras se vuelven difusas, lo que entra en juego no es solo la precisión de los datos, sino también la confianza ciudadana.

El reto, para gobiernos, medios y ciudadanía, es sostener un debate público donde la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia sigan siendo pilares centrales.

Porque, en última instancia, de esa frontera depende buena parte de la salud democrática.