¿Cuál es la situación actual y qué cambia? 

El 17 de octubre de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional, luego de superar el primer filtro de la Corte Constitucional, el cual fue aprobado el 3 de junio de 2025. El texto quedó redactado de la siguiente manera:

De vuelta a las urnas

Una vez aprobada la reforma constitucional por la Asamblea Nacional, el documento será remitido a la Corte Constitucional para una segunda revisión de los considerandos, las preguntas y los anexos. La Corte tendrá un plazo de 20 días para emitir su dictamen.

Con el dictamen de control constitucional, el Presidente de la República deberá expedir un decreto ejecutivo que instruya al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a elecciones.

El CNE deberá realizar la convocatoria en un plazo máximo de 45 días desde la aprobación de la reforma o 15 días desde la expedición del decreto ejecutivo. A partir de la convocatoria, contará con 60 días para organizar y ejecutar el proceso electoral. Se estima que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas en septiembre u octubre de este año.

¿Cuál es la pregunta que deberá responder la ciudadanía?

La reforma debe cumplir con varios requisitos, entre ellos: no inducir respuestas en el elector, mantener coherencia entre el texto introductorio y la pregunta, utilizar un lenguaje neutro, sin carga emotiva, que sea sencillo y comprensible. Además, la propuesta no debe establecer excepciones específicas que favorezcan a un proyecto político determinado y debe generar efectos jurídicos. Acá la pregunta:

¿Las bases o instalaciones militares extranjeras no tendrán control?

En su primera revisión, la Corte Constitucional señaló que no le corresponde pronunciarse sobre la conveniencia de la propuesta. Sin embargo, precisó que, si se elimina la prohibición del artículo 5, el Estado solo podría establecer bases militares extranjeras mediante la suscripción de un tratado o instrumento internacional, el cual debe someterse a control constitucional y, de ser el caso, también a control de la Asamblea Nacional.

¿Colombia tiene bases estadounidenses?

Colombia no alberga bases militares de Estados Unidos ni tiene un tratado que permita su instalación permanente. Sin embargo, cuenta con asesores militares estadounidenses que operan bajo acuerdos tácitos o no formales para labores específicas de seguridad. Aunque el Departamento de Defensa de EE. UU. reportó tener un edificio propio en el país, no implica presencia de tropas ni bases extranjeras.

La narrativa sobre bases se remonta a 2009, cuando el expresidente Álvaro Uribe firmó un acuerdo con EE. UU. para establecer siete bases militares durante diez años. El acuerdo nunca se ejecutó, ya que fue anulado por la Corte Constitucional por no haber sido aprobado por el Congreso.

El investigador Sebastián Bitar explica que en Colombia existen lo que él llama «cuasibases»: instalaciones nacionales donde colabora personal estadounidense, sin despliegue formal de tropas ni control por parte de EE. UU. Lo mismo sostuvo el exdirector de Inteligencia Policial, Jairo Delgado, y en 2020 el Ministerio de Defensa confirmó a ColombiaCheck que no hay bases militares extranjeras en el país.

¿Son efectivas las bases militares?

La efectividad de las bases militares en el mundo es un tema ampliamente debatido. Las bases militares permiten proyectar poder, responder con rapidez y apoyar operaciones conjuntas o logísticas, como se ha visto en conflictos globales. También pueden servir a intereses económicos, como el control de rutas estratégicas.

Sin embargo, su alto costo, el riesgo de generar tensiones locales y las críticas por injerencia extranjera o violaciones a derechos humanos, como en Guantánamo, han puesto en duda su eficacia y legitimidad.

En Ecuador, la Base de Manta se instauró como parte del Plan Colombia en 1998, con el objetivo de reforzar la lucha antidrogas. Ecuador cedió a Estados Unidos el control de las instalaciones de la Fuerza Aérea en Manta, en 2009 bajo la administración de Rafael Correa esta base suspendió sus operaciones. ¿Cuáles fueron sus resultados?

• Incautación de droga.- Entre 2000 y 2009, las incautaciones de cocaína crecieron en casi 500% respecto a la década anterior, según datos de Naciones Unidas. Sin embargo, ese aumento continuó incluso tras el cierre de la base. Entre 2020 y 2022, el promedio anual de decomisos fue de más de 151 mil kilogramos. Hoy, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a uno de los principales exportadores de cocaína, con alrededor del 80% de la droga dirigida a Europa.

• Homicidios.-  Aunque el número de muertes intencionales ha aumentado en los últimos años, el contexto actual es muy distinto al de antes de 1998. En 1997, antes de la instalación de la base militar en Manta, Ecuador registró 1.475 homicidios. Durante la operación de la base, las cifras se estabilizaron en torno a las 2.000 muertes anuales, alcanzando un pico en 2008 con 2.479 casos. Tras el retiro de la base, los homicidios comenzaron a descender, llegando a su punto más bajo en 2016 con 941 muertes. Según Insight Crime, en la década de 2000 el país experimentó un auge de bandas callejeras, lo que llevó al gobierno a implementar un inédito proceso de pacificación. Este incluyó la legalización de grupos como los Latin Kings, reconocidos como “grupos juveniles urbanos”, lo que contribuyó significativamente a la reducción de la violencia. Sin embargo, en años posteriores, las redes internacionales del narcotráfico —especialmente de Colombia y México— fortalecieron su presencia en Ecuador. Esto dio paso a una nueva ola de violencia. El año 2023 cerró como el más violento en la historia del país, con 8.248 muertes intencionales. Aunque en 2024 la cifra bajó a 7.033, los registros de 2025 muestran una tendencia similar.

¿Intenciones de Estados Unidos?

En septiembre de 2024, durante la administración del expresidente Joe Biden, Estados Unidos declaró que, aunque no tenía planes de solicitar permiso a Ecuador para establecer una presencia militar permanente en el país, sí estaba ampliando y profundizando su cooperación con Ecuador mediante entrenamiento, provisión de equipos, mejora de infraestructura, operaciones conjuntas y otras actividades, con el fin de enfrentar desafíos de seguridad compartidos. Hasta el momento, se desconoce cuál es la postura de la administración de Donald Trump.