Leyes aprobadas 

Durante este periodo, la Asamblea Nacional aprobó 60 leyes en segundo debate, de las cuales 31 se han publicado en el Registro Oficial. Otras 18 fueron vetadas totalmente por el presidente Daniel Noboa y 11 aún están en trámite.

El trabajo legislativo se dividió casi en partes iguales entre las presidencias de Henry Kronfle (Partido Social Cristiano), que lideró durante 11 meses, y Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), quien presidió los últimos siete meses.

Las 31 leyes que están en vigencia se enfocan principalmente en salud, economía, trabajo, educación, seguridad y energía—con entre cinco y seis proyectos en cada área—. En contraste, temas como derechos humanos, seguridad, educación y otros fue menor con menos de cuatro leyes aprobadas por temática.

Una relación tensa con el Ejecutivo

El vínculo entre la Asamblea y el Ejecutivo fue complejo. El Legislativo aprobó 15 de los 19 proyectos de ley enviados por el presidente Noboa; los tres restantes están en trámite y uno fue archivado. Sin embargo, Noboa vetó completamente 18 de los 60 proyectos legislativos aprobados por la Asamblea.

La tensión entre ambas funciones del Estado se intensificó a finales de mayo de 2024, cuando el presidente rechazó la reforma al Código de la Función Judicial, al considerar que un artículo buscaba beneficiar a los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ser investigados por corrupción. Como respuesta, la Asamblea aprobó una ley para ratificar los textos que habían sido vetados parcialmente.

Juicios políticos (salvados y condenados)

Los juicios políticos se convirtieron en un escenario clave para la disputa de poder entre el oficialismo y la oposición. En un período de 18 meses, la Asamblea Nacional retomó procesos represados e impulsó nuevas fiscalizaciones. El correísmo promovió varios de estos juicios, entre ellos el que resultó en la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). También impulsó procesos contra Diana Salazar, fiscal general del Estado; Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores; Mónica Palencia, exministra del Interior; y Johanna Verdezoto, consejera del CPCCS. Sin embargo, estos últimos fueron archivados por falta de votos.

Otros funcionarios públicos que evitaron la censura y destitución gracias a la abstención de la bancada de la Revolución Ciudadana fueron Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Ruth Barreno, vocal del mismo organismo. Sin embargo, el caso no terminó ahí: ambos fueron posteriormente sentenciados a nueve años y cuatro meses de prisión en el marco del caso Independencia Judicial. Fueron hallados culpables del delito de obstrucción a la justicia por haber suspendido y destituido al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, quien iba a conocer el caso Vocales que involucra a Barreno por tráfico de influencias.

Otros procesos que concluyeron con una sanción son censurados y destituidos; Fausto Murillo y Juan José Morillo del Consejo de la Judicatura. Otros seis fueron únicamente censurados: Fernando Santos, exministro de Energía; Juan Zapata, exministro del Interior; Xavier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura; Andrea Arrobo, exministra de Energía;  Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social; y Margarita Hernández ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria, algunos de estos procesos fueron impulsados por el PSC, Construye, el movimiento oficialista ADN.

Camisetazos

El movimiento oficialista ADN fue el principal beneficiario de la salida de asambleístas de otras bancadas. A sus filas se integraron Xavier Jurado, Ferdinand Álvarez y Mónica Salazar, provenientes de la Revolución Ciudadana; Lucía Jaramillo, del Partido Social Cristiano; y Nataly Morillo, Jorge Chamba y Francisco Cevallos, del movimiento Construye. A ellos se sumaron además siete legisladores de otros partidos o independientes. Construye fue la organización que más deserciones registró.

Caso 1: Chicago, año 2000

Nacido en Chicago en 1955, Prevost ingresó a la vida religiosa a los 22 años y se formó en la Orden de San Agustín. Durante las décadas de 1980 y 1990, vivió y trabajó en Perú como misionero, hasta que en 1999 fue nombrado superior provincial de la Orden Agustina en Estados Unidos, con sede en Chicago.

En ese rol, en el año 2000, el sacerdote James Ray —acusado de abusar sexualmente de al menos 13 menores— fue trasladado al monasterio St. John Stone, ubicado en Hyde Park, a media cuadra de una escuela primaria.

Seis semanas antes de la elección como papa, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP), en una carta dirigida al Vaticano el 25 de marzo de 2025, señaló a Prevost como responsable de haber autorizado la residencia de Ray en el monasterio, en su calidad de superior provincial, a pesar de conocer el riesgo que ello representaba para los menores. Según SNAP, la arquidiócesis de Chicago había impuesto restricciones a Ray en 1990, incluyendo la prohibición de estar solo con menores. Durante su estancia en el monasterio, Ray contaba con un supervisor que debía velar por el cumplimiento de dichas medidas.

Por otro lado, el abogado Patrick Thronson —quien representa a una de las víctimas— declaró a CNN que no tenía información específica sobre el papel que desempeñó Prevost en esa decisión. Algunos de estos antecedentes fueron referidos por el Chicago Sun-Times en 2018, en un reportaje sobre otro sacerdote trasladado con denuncias previas. Para entonces, Prevost ya no estaba a cargo de la orden, pues en 2014 fue designado nuevamente a Perú.

Caso 2: Perú, año 2022

Prevost ya había residido en Perú durante las décadas de 1980 y 1990. Regresó oficialmente en 2014, cuando fue designado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo. Un año después, asumió como obispo.

En 2022, tres mujeres denunciaron a los sacerdotes Eleuterio Vásquez González y Ricardo Yesquén por presuntos abusos sexuales cometidos en 2007, cuando ellas eran menores de edad. La información fue publicada por The Pillar, medio especializado en temas eclesiásticos.

Aunque los hechos ocurrieron antes de la gestión de Prevost, las denunciantes aseguran que, cuando presentaron sus casos en 2022, él no impulsó una investigación interna, ni aplicó medidas de protección, ni las convocó a declarar. También sostienen que uno de los sacerdotes continuaba celebrando misas en 2023 y que el otro no fue sancionado, pese a haber admitido los hechos.

La diócesis de Chiclayo, en respuesta, señaló que Prevost sí se reunió con las denunciantes, que uno de los sacerdotes fue suspendido y que el otro ya no ejercía funciones por razones de edad y salud. Agregó que el proceso canónico fue cerrado por falta de pruebas.

El caso se reactivó luego de que una de las denunciantes, Ana María Quispe Díaz, compartiera su testimonio en un video publicado en TikTok. Actualmente, se encuentra bajo evaluación.

José Enrique Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales por parte de Religiosos del Perú, ha precisado que este caso no está vinculado al del Sodalicio de Vida Cristiana. En una entrevista del 8 de mayo de 2025, afirmó que algunas personas intentan usar estas denuncias para desprestigiar a Prevost.

Escardó relató que, en una conversación en el Vaticano, Prevost le indicó que no podía intervenir directamente en denuncias de abuso sexual sin autorización de la Conferencia Episcopal Peruana.

Caso 3.- Sodalicio

El Sodalicio de Vida Cristiana es una organización religiosa católica fundada en Perú en los años 70 por Fernando Figari. Aunque en sus inicios fue presentado como un movimiento de renovación espiritual y liderazgo juvenil, investigaciones posteriores revelaron una compleja red de abusos sexuales, físicos y psicológicos cometidos por sus líderes, principalmente contra adolescentes varones que ingresaban a sus comunidades como aspirantes o miembros consagrados.

Uno de los principales trabajos periodísticos sobre el tema fue el libro Mitad monjes, mitad soldados (2015), de Pedro Salinas y Paola Ugaz, que documenta más de 30 testimonios de víctimas. Los abusos se extendieron durante décadas y provocaron una crisis en la Iglesia peruana, que fue señalada por no actuar con suficiente diligencia.

Aunque Robert Prevost no estuvo vinculado directamente a la organización, su rol en este caso se activó en 2023, cuando ya formaba parte de la Curia romana como Prefecto del Dicasterio para los Obispos. Según José Enrique Escardó, Prevost fue una figura clave en la exigencia de medidas concretas dentro del Vaticano para atender este caso.

Escardó afirma que Prevost firmó, junto al Papa Francisco, el decreto que solicitó la renuncia de un monseñor peruano implicado en el encubrimiento de abusos dentro del Sodalicio. También respaldó la decisión del Vaticano de enviar dos examinadores —uno chileno y otro español— a Perú para realizar una investigación independiente sobre la organización y su manejo interno.

En paralelo, el Vaticano restringió las funciones del abogado eclesiástico Coronado, quien representaba a algunas víctimas pero mantenía vínculos con líderes del Sodalicio. Una de sus representadas estaba también involucrada en el caso de Chiclayo. Según Escardó, esto fue interpretado como un intento de deslegitimar los esfuerzos de Prevost desde el Vaticano, justo cuando comenzaban a tomarse medidas más firmes contra la red de encubrimiento.

En medios como Religión Digital, el periodista Pedro Salinas —quien ha sido una de las principales voces denunciantes del Sodalicio— defendió a Prevost, asegurando que las acusaciones de encubrimiento en su contra carecen de sustento y que su papel, en cambio, ha sido el de facilitar acciones en favor de las víctimas desde Roma.

Escardó argumenta que fue Prevost quien firmó junto al Papa Francisco, el decreto mediante el cual se solicitó la renuncia de uno de los monseñores implicados en el caso Sodalicio.

Asimismo, señaló que el reportaje del programa Cuarto Poder, que abordó el caso de las tres denunciantes de Chiclayo y cuestionó la inacción de Prevost, se difundió en 2024, después de que el Papa Francisco enviara a Perú a dos examinadores especiales —uno de Chile y otro de España— para investigar el caso Sodalicio. En ese mismo contexto, el Vaticano prohibió al abogado eclesiástico de apellido Coronado continuar representando a víctimas, debido a una restricción papal.

De acuerdo con Escardó, una de las víctimas representadas por Coronado era parte del caso de Chiclayo, y el abogado mantenía una relación cercana con líderes del Sodalicio. A su juicio, se trató de un intento de desprestigio contra Prevost, quien —según asegura— sí remitió las denuncias de las tres mujeres al Vaticano.

Peticiones al nuevo Papa 

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP) ha pedido al Papa León XIV que actúe con determinación durante sus primeros 100 días al frente del Vaticano. Entre sus demandas destacan:

• La creación de una Comisión de la Verdad Global independiente, con total cooperación del Vaticano.
• La adopción de una ley universal de tolerancia cero dentro del derecho canónico.
• Acuerdos jurídicos internacionales que garanticen transparencia y rendición de cuentas.
• Un Fondo de Reparaciones financiado por activos de la Iglesia.
• Un Consejo Global de Sobrevivientes con autoridad para supervisar y exigir cumplimiento de las medidas.