El 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador en un contexto marcado por la violencia política y la incertidumbre social. Con un mensaje de renovación y la promesa de un «Nuevo Ecuador», captó la atención de un electorado joven. Ahora, tras 18 meses de gestión, Lupa Media presenta un análisis detallado de su mandato de transición.

¿Qué encontrarás en el especial?

• Análisis de 17 promesas de campaña: Clasificadas según su grado de cumplimiento: cumplidas, en proceso o no cumplidas.

Estas promesas fueron extraídas de sus intervenciones públicas durante la campaña electoral: el primer y segundo debate presidencial, y sus publicaciones en redes sociales. Seleccionamos aquellas que fueron reiteradas con mayor frecuencia y que generaron más impacto en la conversación digital, por su relevancia política, económica o social.

Del total analizado:

• 10 no cumplió
• 3 están en proceso
• 4 cumplió

Además, realizamos comparación de indicadores clave: Evaluación de áreas como seguridad, empleo y pobreza, contrastando datos desde noviembre de 2023 hasta la actualidad.

Este trabajo no busca emitir juicios definitivos, sino aportar evidencia al debate público. Porque en democracia, el poder debe acompañarse de memoria y rendición de cuentas.

Revisa el especial completo en: especiales.lupa.com.ec/noboa24m/

¿Qué es una ley económica urgente ?

Es un tipo de proyecto que el Ejecutivo puede enviar a la Asamblea para que sea tramitado de forma prioritaria y en un plazo máximo de 30 días. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este tipo de iniciativas debe referirse a una sola materia y abordar aspectos sustantivos de la política económica, como el equilibrio fiscal, la inversión pública o la respuesta a crisis económicas.

¿Cumple este proyecto con los requisitos?

El proyecto titulado “Ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno” tiene 32 artículos, incluyendo cuatro disposiciones reformatorias. Estas reformas introducen:

• Nueve cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), incluyendo una que permite que armas incautadas sean utilizadas por las fuerzas del orden, lo que tendría implicaciones logísticas y económicas.
• Una reforma a la Ley de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a reformas directamente relacionadas con el ámbito económico, el proyecto incluye dos modificaciones específicas:

1. Ley de Lavado de Activos: se fortalece la detección de operaciones financieras ligadas a grupos armados ilegales.
2. Ley de Régimen Tributario Interno: se propone una rebaja del impuesto a la renta para quienes hagan donaciones a la Policía o a las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, hay otros artículos que impactan de forma directa en las estructuras económicas del crimen organizado, entre ellos:

• Artículo 14: permite la incautación de bienes muebles, inmuebles, dinero, derechos, ganancias y cualquier otro rédito ligado a grupos armados o sus economías criminales.
• Artículo 16: plantea medidas económicas especiales para zonas afectadas por el conflicto.
• Artículo 19: faculta al Bloque de Seguridad —bajo mando presidencial— a implementar medidas económicas y financieras para debilitar las economías ilegales.

¿Es realmente una ley económica urgente?

A pesar de que el Gobierno sostiene que todos los artículos apuntan a debilitar las economías del crimen organizado, hay críticas desde sectores jurídicos y académicos que cuestionan su clasificación como ley económica urgente.

Según estos criterios, gran parte del contenido está más relacionado con seguridad interna, justicia penal y control militar, que con temas estrictamente económicos. El proyecto incluye normas sobre:

¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre esto? 

El principio de unidad de materia, establecido en la Constitución, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y en jurisprudencia de la Corte Constitucional, exige que una ley tenga coherencia temática: todos sus artículos deben enfocarse en una sola materia central, reflejada claramente en su título y objeto.

Aunque este proyecto abarca temas diversos —penales, operativos, fiscales, administrativos— el Gobierno argumenta que todos ellos confluyen en un mismo objetivo: combatir las economías ilegales en el contexto del conflicto armado interno.

La Corte Constitucional ha señalado que la conexión entre los artículos de una ley no debe ser tan amplia que permita incluir cualquier tema, pero tampoco tan rígida como para excluir medidas razonablemente relacionadas con el objetivo principal.

Una ley con múltiples frentes 

El economista Alberto Acosta resume que el proyecto ataca el crimen organizado desde tres dimensiones:

• Económica: mediante incentivos tributarios y apoyos a zonas afectadas.
• Operativa: con el reconocimiento del conflicto armado como figura distinta al estado de excepción.
• Judicial: a través de nuevas penas y normas para incautar bienes.

No obstante, Acosta y otros analistas advierten sobre disposiciones polémicas, como:

• La confiscación de bienes sin sentencia firme.
• La expulsión de extranjeros sin debido proceso.
• El uso de la fuerza sin límites claramente establecidos.
• Los beneficios tributarios que podrían favorecer a ciertos sectores sin mecanismos de control.

🔍 Noboa lanza una ley clave contra la economía criminal, vinculada al conflicto armado interno.

Necesitamos una estrategia fuerte, inteligente y multidisciplinaria.

📌 Aquí algunas reflexiones clave. pic.twitter.com/4Gw6uaAbeQ

— Alberto Acosta-Burneo (@ALBERTOACOSTAB) May 19, 2025

Acciones necesarias para combatir las economías criminales

Para el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado la presente ley tiene deficiencias para un real combate contra las economías criminales por la ausencia de recursos para generar mecanismos de investigación financiera y patrimonial, que no dependan únicamente de los resultados de flagrancia.

En septiembre del año 2024, el Observatorio  elaboró recomendaciones para la lucha contra el crimen organizado, basado en experiencias regionales y datos. 

1. Realizar investigaciones financieras y patrimoniales paralelas que permitan identificar y afectar los recursos económicos del crimen organizado.
2. Transparentar los indicadores de las entidades de justicia relacionados con el comiso de bienes incautados, para garantizar un control más efectivo y rendición de cuentas.
3. Asignar recursos para capacitación y operatividad de la Policía Judicial, Fiscalía y jueces, especialmente en zonas con alta concentración delictiva.
4. Fortalecer el sistema de prevención y combate al lavado de activos, mediante el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la mejora de registros y el monitoreo de actividades y profesiones no financieras designadas.
5. Monitorear y sancionar a instituciones bancarias que faciliten el financiamiento al terrorismo.
6. Mejorar la coordinación interinstitucional, de modo que la información recopilada sea utilizada estratégicamente en investigaciones integrales.
7. Intervenir en el sistema penitenciario, investigando, sancionando y judicializando a funcionarios y guías penitenciarios vinculados al crimen organizado, e implementando un sistema de inteligencia penitenciaria.
8. Debilitar las cadenas de valor del crimen organizado, controlando el flujo de precursores químicos (como el combustible), revisando la asignación de cuotas, actualizando el censo de pescadores y utilizando tecnología para monitorear la actividad pesquera.
9. Reforzar el control de armas, mediante la detección de su origen y componentes, y el fortalecimiento de los mecanismos de rastreo y fiscalización.