La castración química ha sido utilizada tradicionalmente en el tratamiento del cáncer de próstata. Se trata de un procedimiento médico reversible y temporal que emplea fármacos hormonales para disminuir los niveles de testosterona y, con ello, reducir la libido.
Sin embargo, más allá del ámbito clínico, algunos países han adoptado esta práctica como medida legal para sancionar a agresores sexuales. Su implementación, que genera controversia a nivel internacional, puede ser voluntaria o obligatoria, dependiendo del país y del marco jurídico.
Castración química obligatoria
Se refiere a la administración forzada de medicamentos —sin el consentimiento del condenado— como parte de la pena impuesta por delitos sexuales graves. El objetivo es reducir el impulso sexual y prevenir la reincidencia.
- Polonia.- Desde 2010, se convirtió en el primer país de la Unión Europea en legislar la castración química obligatoria. La norma establece que cualquier persona condenada por violar a un menor de 15 años o a alguien dentro de su círculo familiar puede ser obligada a someterse, al finalizar su pena de prisión, a una terapia química y psicológica para reducir su deseo sexual.
- Corea del Sur.- En 2011, Corea del Sur implementó la castración química mediante inyecciones de sustancias farmacológicas que suprimen el impulso sexual en agresores de menores de hasta 16 años. La medida se establece por orden judicial y puede extenderse hasta 15 años, incluso después de cumplida la pena de prisión.
- Moldavia.- En 2012, el Parlamento de Moldavia aprobó la castración química obligatoria para personas condenadas por delitos de pederastia. El tratamiento consiste en la administración trimestral de medicamentos que suprimen la testosterona. Los legisladores justificaron la medida señalando que muchos agresores reincidían tras cumplir su condena y que el país se había convertido en un destino para pederastas.
- Estonia.- En 2012, se sumó a la lista. La medida puede ser impuesta por decisión judicial a personas condenadas por delitos sexuales, especialmente contra menores, con una duración máxima de tres años.
- Indonesia.- Desde 2016, Indonesia contempla la castración química para quienes cometan o amenacen con violencia sexual contra menores de 18 años. La medida puede aplicarse por un período máximo de dos años. Además, el agresor debe ser identificado públicamente y puede estar sujeto a la inserción de un dispositivo electrónico que monitorea la actividad sexual.
Estados Unidos.- En 1996, California se convirtió en el primer estado en aplicar la castración química obligatoria para abusadores sexuales de menores de 13 años que reincidieran por primera vez. El tratamiento se realiza con acetato de medroxiprogesterona. Posteriormente, la medida fue adoptada en otros estados como Florida, Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregón, Texas y Wisconsin.
La duración del tratamiento varía según la legislación local.
Castración química voluntaria
Esta medida es tomada como una opción terapéutica, no como castigo. Su aplicación requiere consentimiento informado, evaluación médica y, en muchos casos, se asocia a beneficios legalescomo reducción de penas o libertad condicional.
Países como Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia permiten este tratamiento solo con consentimiento pleno y establecen una edad mínima: 23 años en Suecia y 25 en Alemania. Además, garantizan confidencialidad y supervisión médica.
En Bélgica, la castración química voluntaria es legal y se aplica a delincuentes sexuales que la solicitan como parte de su rehabilitación. En Tailandia, desde 2022, una ley permite ofrecer este tratamiento con monitoreo electrónico a cambio de penas reducidas.
En Sudamérica, la provincia argentina de Mendoza permite la castración química para violadores, pero únicamente si hay consentimiento del condenado.
En el Reino Unido, este año se lanzó un programa piloto en 20 prisiones que ofrece castración química voluntaria a agresores sexuales, con acompañamiento psicológico, como parte de una estrategia para reducir la población carcelaria.
En Rusia, las personas condenadas por delitos sexuales contra menores de 14 años pueden ser sometidas a castración química obligatoria. En casos de reincidencia, la pena puede extenderse a cadena perpetua. Para quienes hayan cometido delitos sexuales contra víctimas mayores de 14 años, la castración química puede solicitarse de forma voluntaria, siempre que un informe de un psiquiatra forense lo recomiende. En estos casos, acceder al tratamiento puede facilitar el acceso a libertad condicional.
Tratados Internacionales
Ningún tratado ni convención internacional menciona de forma explícita la castración química. Sin embargo, la mayoría de estos instrumentos protegen la integridad física y psíquica de las personas, exigen consentimiento informado y prohíben castigos que vulneren la dignidad humana.
Entre los principales instrumentos se encuentran:
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Con base en estos compromisos, organismos internacionales han emitido observaciones a los Estados que aplican la castración química, especialmente cuando lo hacen de forma obligatoria o sin garantías médicas y legales suficientes.
🔹 Caso Indonesia (2016):
Amnistía Internacional criticó públicamente la ley que permite la castración química obligatoria para agresores sexuales de menores. En su declaración señaló:
“El abuso sexual infantil es una atrocidad indescriptible. Pero someter a los perpetradores a castración química o a ejecución no es justicia; es sumar una crueldad a otra”.
Castración química no es lo mismo que mutilación genital
La castración química es un tratamiento médico cuya finalidad es reducir el deseo o impulsos sexuales mediante el uso de fármacos lo cuales se encargan de reducir la testosterona en la sangre con un efecto reversible y temporal.
Por otro lado, la mutilación genital implica una alteración física permanente e irreversible de los genitales, realizada por medios quirúrgicos o violentos, sin justificación médica.
Esta práctica está prohibida en la mayoría de países y se considera una grave violación de derechos humanos.
