¿Qué es una ley económica urgente ?

Es un tipo de proyecto que el Ejecutivo puede enviar a la Asamblea para que sea tramitado de forma prioritaria y en un plazo máximo de 30 días. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este tipo de iniciativas debe referirse a una sola materia y abordar aspectos sustantivos de la política económica, como el equilibrio fiscal, la inversión pública o la respuesta a crisis económicas.

¿Cumple este proyecto con los requisitos?

El proyecto titulado “Ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno” tiene 32 artículos, incluyendo cuatro disposiciones reformatorias. Estas reformas introducen:

• Nueve cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP), incluyendo una que permite que armas incautadas sean utilizadas por las fuerzas del orden, lo que tendría implicaciones logísticas y económicas.
• Una reforma a la Ley de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a reformas directamente relacionadas con el ámbito económico, el proyecto incluye dos modificaciones específicas:

1. Ley de Lavado de Activos: se fortalece la detección de operaciones financieras ligadas a grupos armados ilegales.
2. Ley de Régimen Tributario Interno: se propone una rebaja del impuesto a la renta para quienes hagan donaciones a la Policía o a las Fuerzas Armadas.

Adicionalmente, hay otros artículos que impactan de forma directa en las estructuras económicas del crimen organizado, entre ellos:

• Artículo 14: permite la incautación de bienes muebles, inmuebles, dinero, derechos, ganancias y cualquier otro rédito ligado a grupos armados o sus economías criminales.
• Artículo 16: plantea medidas económicas especiales para zonas afectadas por el conflicto.
• Artículo 19: faculta al Bloque de Seguridad —bajo mando presidencial— a implementar medidas económicas y financieras para debilitar las economías ilegales.

¿Es realmente una ley económica urgente?

A pesar de que el Gobierno sostiene que todos los artículos apuntan a debilitar las economías del crimen organizado, hay críticas desde sectores jurídicos y académicos que cuestionan su clasificación como ley económica urgente.

Según estos criterios, gran parte del contenido está más relacionado con seguridad interna, justicia penal y control militar, que con temas estrictamente económicos. El proyecto incluye normas sobre:

¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre esto? 

El principio de unidad de materia, establecido en la Constitución, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y en jurisprudencia de la Corte Constitucional, exige que una ley tenga coherencia temática: todos sus artículos deben enfocarse en una sola materia central, reflejada claramente en su título y objeto.

Aunque este proyecto abarca temas diversos —penales, operativos, fiscales, administrativos— el Gobierno argumenta que todos ellos confluyen en un mismo objetivo: combatir las economías ilegales en el contexto del conflicto armado interno.

La Corte Constitucional ha señalado que la conexión entre los artículos de una ley no debe ser tan amplia que permita incluir cualquier tema, pero tampoco tan rígida como para excluir medidas razonablemente relacionadas con el objetivo principal.

Una ley con múltiples frentes 

El economista Alberto Acosta resume que el proyecto ataca el crimen organizado desde tres dimensiones:

• Económica: mediante incentivos tributarios y apoyos a zonas afectadas.
• Operativa: con el reconocimiento del conflicto armado como figura distinta al estado de excepción.
• Judicial: a través de nuevas penas y normas para incautar bienes.

No obstante, Acosta y otros analistas advierten sobre disposiciones polémicas, como:

• La confiscación de bienes sin sentencia firme.
• La expulsión de extranjeros sin debido proceso.
• El uso de la fuerza sin límites claramente establecidos.
• Los beneficios tributarios que podrían favorecer a ciertos sectores sin mecanismos de control.

🔍 Noboa lanza una ley clave contra la economía criminal, vinculada al conflicto armado interno.

Necesitamos una estrategia fuerte, inteligente y multidisciplinaria.

📌 Aquí algunas reflexiones clave. pic.twitter.com/4Gw6uaAbeQ

— Alberto Acosta-Burneo (@ALBERTOACOSTAB) May 19, 2025

Acciones necesarias para combatir las economías criminales

Para el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado la presente ley tiene deficiencias para un real combate contra las economías criminales por la ausencia de recursos para generar mecanismos de investigación financiera y patrimonial, que no dependan únicamente de los resultados de flagrancia.

En septiembre del año 2024, el Observatorio  elaboró recomendaciones para la lucha contra el crimen organizado, basado en experiencias regionales y datos. 

1. Realizar investigaciones financieras y patrimoniales paralelas que permitan identificar y afectar los recursos económicos del crimen organizado.
2. Transparentar los indicadores de las entidades de justicia relacionados con el comiso de bienes incautados, para garantizar un control más efectivo y rendición de cuentas.
3. Asignar recursos para capacitación y operatividad de la Policía Judicial, Fiscalía y jueces, especialmente en zonas con alta concentración delictiva.
4. Fortalecer el sistema de prevención y combate al lavado de activos, mediante el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la mejora de registros y el monitoreo de actividades y profesiones no financieras designadas.
5. Monitorear y sancionar a instituciones bancarias que faciliten el financiamiento al terrorismo.
6. Mejorar la coordinación interinstitucional, de modo que la información recopilada sea utilizada estratégicamente en investigaciones integrales.
7. Intervenir en el sistema penitenciario, investigando, sancionando y judicializando a funcionarios y guías penitenciarios vinculados al crimen organizado, e implementando un sistema de inteligencia penitenciaria.
8. Debilitar las cadenas de valor del crimen organizado, controlando el flujo de precursores químicos (como el combustible), revisando la asignación de cuotas, actualizando el censo de pescadores y utilizando tecnología para monitorear la actividad pesquera.
9. Reforzar el control de armas, mediante la detección de su origen y componentes, y el fortalecimiento de los mecanismos de rastreo y fiscalización.

Leyes aprobadas 

Durante este periodo, la Asamblea Nacional aprobó 60 leyes en segundo debate, de las cuales 31 se han publicado en el Registro Oficial. Otras 18 fueron vetadas totalmente por el presidente Daniel Noboa y 11 aún están en trámite.

El trabajo legislativo se dividió casi en partes iguales entre las presidencias de Henry Kronfle (Partido Social Cristiano), que lideró durante 11 meses, y Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), quien presidió los últimos siete meses.

Las 31 leyes que están en vigencia se enfocan principalmente en salud, economía, trabajo, educación, seguridad y energía—con entre cinco y seis proyectos en cada área—. En contraste, temas como derechos humanos, seguridad, educación y otros fue menor con menos de cuatro leyes aprobadas por temática.

Una relación tensa con el Ejecutivo

El vínculo entre la Asamblea y el Ejecutivo fue complejo. El Legislativo aprobó 15 de los 19 proyectos de ley enviados por el presidente Noboa; los tres restantes están en trámite y uno fue archivado. Sin embargo, Noboa vetó completamente 18 de los 60 proyectos legislativos aprobados por la Asamblea.

La tensión entre ambas funciones del Estado se intensificó a finales de mayo de 2024, cuando el presidente rechazó la reforma al Código de la Función Judicial, al considerar que un artículo buscaba beneficiar a los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ser investigados por corrupción. Como respuesta, la Asamblea aprobó una ley para ratificar los textos que habían sido vetados parcialmente.

Juicios políticos (salvados y condenados)

Los juicios políticos se convirtieron en un escenario clave para la disputa de poder entre el oficialismo y la oposición. En un período de 18 meses, la Asamblea Nacional retomó procesos represados e impulsó nuevas fiscalizaciones. El correísmo promovió varios de estos juicios, entre ellos el que resultó en la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). También impulsó procesos contra Diana Salazar, fiscal general del Estado; Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores; Mónica Palencia, exministra del Interior; y Johanna Verdezoto, consejera del CPCCS. Sin embargo, estos últimos fueron archivados por falta de votos.

Otros funcionarios públicos que evitaron la censura y destitución gracias a la abstención de la bancada de la Revolución Ciudadana fueron Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Ruth Barreno, vocal del mismo organismo. Sin embargo, el caso no terminó ahí: ambos fueron posteriormente sentenciados a nueve años y cuatro meses de prisión en el marco del caso Independencia Judicial. Fueron hallados culpables del delito de obstrucción a la justicia por haber suspendido y destituido al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, quien iba a conocer el caso Vocales que involucra a Barreno por tráfico de influencias.

Otros procesos que concluyeron con una sanción son censurados y destituidos; Fausto Murillo y Juan José Morillo del Consejo de la Judicatura. Otros seis fueron únicamente censurados: Fernando Santos, exministro de Energía; Juan Zapata, exministro del Interior; Xavier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura; Andrea Arrobo, exministra de Energía;  Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social; y Margarita Hernández ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria, algunos de estos procesos fueron impulsados por el PSC, Construye, el movimiento oficialista ADN.

Camisetazos

El movimiento oficialista ADN fue el principal beneficiario de la salida de asambleístas de otras bancadas. A sus filas se integraron Xavier Jurado, Ferdinand Álvarez y Mónica Salazar, provenientes de la Revolución Ciudadana; Lucía Jaramillo, del Partido Social Cristiano; y Nataly Morillo, Jorge Chamba y Francisco Cevallos, del movimiento Construye. A ellos se sumaron además siete legisladores de otros partidos o independientes. Construye fue la organización que más deserciones registró.