La situación laboral en Ecuador es un tema recurrente al hablar de calidad de vida. La pandemia del Covid-19 marcó un antes y un después en el mundo del trabajo, y Ecuador no fue la excepción. Hoy, a cinco años del primer confinamiento, es posible analizar si el país ha logrado mejorar sus condiciones laborales.

La población aumentó y también la necesidad de trabajo 

Así como sucede año tras año, la población en Ecuador aumentó. Ese también fue el caso del grupo de personas económicamente activas. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, la Población Económicamente Activa (PEA), es toda aquella persona de 15 años o mayor, que trabaja, tuvo un empleo o está buscando uno. 

Para diciembre de 2019, antes de que iniciara la pandemia del Covid-19, ese grupo sumó una total de 8.099.030 personas. Cinco años después, ese grupo subió a 8.570.296 personas en diciembre de 2024; y en el lapso de 3 meses 161.316 individuos se sumaron a esta población. 

Este crecimiento no es exponencial, pero muestra una tendencia clara: cada año hay más ecuatorianos buscando empleo.

¿Más empleo, pero con calidad?

La población ecuatoriana con empleo ha crecido en los últimos años, sin embargo, no necesariamente con las condiciones ideales. Para marzo de 2025, 8.442.456 personas contaron con un empleo, un 8,4% más que en diciembre de 2019.

Por otro lado, en diciembre de 2020, hubo aproximadamente 100 mil personas menos con empleo que comparado con diciembre del año anterior. Los confinamientos, restriccciones y afectaciones económicas debido a la pandemia fueron evidentes.

Sin embargo, la mayor parte de los empleos en la actualidad son del sector informal con un 55,5%

En 2023, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) publicó un análisis del mercado laboral en Ecuador, basado en los principales desafíos identificados por Adecco Ecuador. El informe aborda temas como las brechas salariales y la calidad del empleo, y destaca que, tras la pandemia, la informalidad laboral en el país ha aumentado. Este fenómeno está estrechamente ligado a la precariedad laboral y a la falta de protección social.

En el mercado laboral ecuatoriano existen distintas categorías de empleo. Una de ellas es el empleo adecuado, que se refiere a las personas que ganan al menos un salario mínimo y trabajan 40 horas o más por semana.

Este indicador se ha visto particularmente afectado tras la pandemia. En diciembre de 2020, el número de empleos adecuados cayó en aproximadamente 688 mil respecto a diciembre de 2019, en un contexto marcado por el confinamiento y la crisis sanitaria.

El punto más crítico se registró en octubre de 2020, cuando la tasa de empleo adecuado llegó al 28,2%. Aunque para marzo de 2025 subió al 34,2%, aún no alcanza el 38,8% registrado antes de la pandemia, en diciembre de 2019.

Actualmente, el 82,6% de la población con empleo adecuado se encuentra en zonas urbanas, mientras que solo el 17,4% está en zonas rurales. La necesidad de fomentar este tipo de empleo es fundamental, especialmente en el ámbito rural, ya que representa a quienes acceden a condiciones laborales dignas.

Las cifras también evidencian una brecha de género significativa: el 66% de los empleos adecuados están ocupados por hombres, frente al 34% que corresponde a mujeres.

Otros tipos de empleo no adecuados van en aumento

El empleo no adecuado se divide en tres categorías principales:

• Empleo no remunerado
• Subempleo
• Otro empleo no pleno

Empleo no remunerado

Incluye a personas que trabajan pero no reciben ingresos laborales. Aquí se consideran a los trabajadores no remunerados del hogar, en hogares ajenos y ayudantes no remunerados de asalariados o jornaleros.

En marzo de 2025, se registraron 1.031.840 personas en esta situación, una cifra ligeramente superior a la de diciembre de 2020, cuando había 1.028.848 personas bajo esta condición.

Del total de personas con empleo no remunerado a marzo de 2025, un 76,5% correspondió a las zonas rurales del país. Mientras que un 62,8% de estas fueron mujeres.

El informe de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y Adecco Ecuador advierte que la brecha de género en el mercado laboral continúa limitando la igualdad de oportunidades para las mujeres en el país. Se trata de una tendencia persistente en Ecuador, que se mantiene con el paso de los años.

Por otro lado, el subempleo en 2025 muestra un aumento en comparación con diciembre de 2019, aunque se mantiene en niveles similares a los registrados a finales de 2020.

Esta categoría incluye a personas que no perciben el salario mínimo y/o que trabajan menos de la jornada legal, pero que desean y están disponibles para laborar más horas.

El empleo no pleno afecta principalmente a jóvenes, mujeres, personas con bajo nivel educativo y de zonas rurales. Dentro de esta categoría, el “otro empleo no pleno” agrupa a quienes no ganan el salario mínimo ni trabajan la jornada legal, pero no desean ni están disponibles para trabajar más. En marzo de 2025, este grupo alcanzó a 2,59 millones de personas, con una tendencia al alza desde diciembre de 2020 y un pico en octubre de 2023 con 2,66 millones.

Pero, ¿qué hay del desempleo?

El desempleo es uno de los indicadores más sensibles a las crisis, y en Ecuador la pandemia dejó huellas duraderas en el mercado laboral. La estructura productiva del país, donde el 85% de los costos de las empresas está asociado a la mano de obra (según la OIT), hace que en momentos de tensión económica el despido de trabajadores se convierta en el principal mecanismo de ajuste. Es decir, cuando las empresas necesitan reducir costos, prescinden de personas.

Entre diciembre de 2019 y marzo de 2025, el Ministerio de Trabajo registró casi 3,9 millones de actas de finiquito legalizadas, la mayoría producto de acuerdos entre empleador y trabajador. Esta cifra refleja no solo la magnitud del impacto económico que dejó la pandemia, sino también la dificultad de mantener empleos estables y sostenidos en el tiempo.

Durante este período, las tasas de desempleo han mostrado una recuperación progresiva, pero aún persisten brechas estructurales. En diciembre de 2020, en pleno impacto de la crisis sanitaria, había 396.000 personas sin empleo. Desde entonces, el desempleo ha disminuido, y para marzo de 2025 se contabilizan 289.156 personas desempleadas. Sin embargo, esta mejora general esconde desigualdades: más del 80% de las personas desempleadas vive en zonas urbanas, y el 51% son hombres, lo que sugiere que las mujeres podrían estar absorbiendo el golpe en formas no siempre reflejadas en la categoría de “desempleo”, como el subempleo o el trabajo no remunerado.

Los jóvenes entre 15 a 24 años tienen la tasa más alta de desempleo con un 39,8%, seguido de la población entre 25 y 34 años con el 30,6%. La OIT señala que los jóvenes se desempeñan principalmente en ciertas industrias más afectadas por la pandemia de la Covid-19, como lo es el comercio, hotelería y servicios de comidas.

Estas cifras muestran una recuperación parcial, pero también plantean una pregunta clave: ¿el crecimiento del empleo está yendo de la mano con mejoras en la calidad laboral? El análisis de los tipos de empleo revela que buena parte de las nuevas ocupaciones no cumplen condiciones mínimas como ingresos dignos o seguridad social, y que el peso del empleo no adecuado sigue siendo elevado. Es decir, el país tiene menos desempleados que en el pico de la pandemia, pero no necesariamente más personas en trabajos estables y con derechos.

¿Quiénes son los niños afectados?

Las víctimas mortales tenían hasta 13 años de edad. La mayoría de casos se concentraron en las comunidades de Surik Nuevo, Tuutientza y Tiwinztza (esta última ubicada en un cantón vecino a Taisha).

Los 25 menores actualmente bajo observación tienen entre 4 y 10 años y pertenecen a las comunidades de Waruints, Tsunkintsa y Surik Nuevo. Según el Ministerio de Salud Pública, están siendo atendidos en el Hospital Básico San José de Taisha. Todos se encuentran estables y reciben tratamiento médico.

Acceso limitado a servicios de salud   

Según reportó El Mercurio, el centro de salud más cercano a Surik Nuevo —comunidad donde falleció Ikiam, de 7 años, el pasado 22 de abril— está a tres horas de camino a pie. Para llegar, los pobladores deben atravesar selva y lodazales. Aunque solicitaron apoyo aéreo al Ministerio de Salud, la ayuda tardó en llegar.

El mismo medio informó que no se tomaron muestras de sangre a los niños fallecidos, lo que impide determinar con precisión la causa de sus muertes. Según el ministro de Salud, en algunas comunidades no se permite la realización de autopsias. Además, indicó que el estado de salud de ciertos menores se agravó por el uso de medicina ancestral.

¿Qué se sabe sobre la posible causa?

Las autoridades activaron una alerta sanitaria cantonal y realizan investigaciones en la zona. Las principales hipótesis son:

• Contaminación del agua: La coordinadora zonal de Salud, Andrea Durango, informó el 25 de abril que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Agua (ARCA) ha tomado muestras para analizar si el agua está relacionada con los casos reportados.
• Alimentos contaminados: Debido a los síntomas gastrointestinales, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) también ha recolectado muestras de alimentos distribuidos en la zona para su análisis.

Aunque la investigación fue anunciada hace cinco días, aún no se han publicado resultados. Se prevé que los primeros informes estén disponibles en un plazo de 8 a 10 días.

¿Qué enfermedades han sido descartadas?

Dengue: Se realizaron pruebas a 150 pacientes; solo dos dieron positivo. Por tanto, el Ministerio de Salud descarta que esta sea la causa principal.

Fiebre amarilla y tosferina: No hay evidencia que relacione los síntomas con estas enfermedades. En el caso de fiebre amarilla, solo se han registrado tres casos aislados; y los síntomas de tosferina (moqueo, tos leve) no coinciden con los presentados.

¿Los niños mueren en pocas horas?

El 25 de abril, en una rueda de prensa, Ernesto Yawa —presidente del GAD parroquial de Huasaga— afirmó que los síntomas aparecían en la mañana y que los niños fallecían ese mismo día por la tarde. Sin embargo, esta versión fue desmentida por una representante del Ministerio de Salud, quien aclaró que la enfermedad sigue un curso progresivo. Aun así, en casos graves —particularmente en menores con desnutrición o enfermedades preexistentes— puede agravarse con rapidez. La situación se complica en un contexto como el de Morona Santiago, provincia que registra la mayor prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil en el país: 31,4% en niñas y niños de entre 2 y 5 años, según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) 2024.

Recomendaciones médicas  

• No automedicar a menores sin evaluación médica.
• No aplicar tratamientos ancestrales sin acompañamiento profesional.
• Consumir únicamente agua hervida o embotellada.
• Lavarse las manos con frecuencia.
• Preparar los alimentos en condiciones higiénicas.

*Actualización de número de víctimas: 1 de abril de 2025

Tres adolescentes y un niño del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, salieron de casa la noche del 8 de diciembre de 2024 y nunca regresaron. Sus cuerpos calcinados aparecieron dos semanas después en una zona rural del cantón Naranjal, provincia del Guayas. La Fiscalía acusa a 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por desaparición forzada con resultado de muerte.

Desde entonces, el caso ha abierto un debate sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, el abuso de poder y las garantías que deben protegerse incluso en contextos de emergencia o combate al crimen.

Detención y desaparición

Según el expediente fiscal, la noche del 8 de diciembre los adolescentes fueron interceptados por un convoy militar en Durán, mientras se movilizaban en un vehículo. A pesar de no portar armas ni haber cometido un delito en flagrancia, fueron detenidos por personal uniformado y subidos a camionetas militares.

A partir de ese momento, se perdió su rastro. Los cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre, calcinados e irreconocibles. La identificación se logró semanas después mediante pruebas genéticas.

Golpes y amenazas: lo que revelaron los militares

Entre el 27 y el 28 de abril de 2025, se realizó una segunda reconstrucción de los hechos. En esta diligencia participaron cuatro de los 16 militares procesados, quienes ahora colaboran con la Fiscalía.

Durante ocho horas, los uniformados señalaron tres puntos clave:

1. Durán
2. El peaje de la vía Durán–Tambo
3. Un sector rural de la parroquia Taura (Naranjal, Guayas)

En el peaje de la vía Durán-Tambo, dos adolescentes fueron bajados de una camioneta militar, obligados a arrodillarse y golpeados en la cabeza. Uno habría sufrido una fractura. En Taura, los militares admitieron haberlos agredido con una correa y una vara, obligándolos a desnudarse. Uno fue pateado por resistirse.

Uno de los soldados reconoció haber disparado al suelo, muy cerca de Steven, de apenas 11 años. Aunque la Policía utilizó un detector de metales, no logró ubicar la bala. En el lugar también se halló una prenda de vestir quemada, que fue levantada como evidencia y será presentada a los familiares para su posible identificación.

¿Tortura y encubrimiento?

Los nuevos testimonios podrían configurar el delito de tortura, lo que agravaría el caso. La desaparición forzada, cuando deriva en muerte y se comete contra menores, puede ser sancionada con hasta 26 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha alertado sobre presuntas irregularidades en la cadena de custodia y posibles intentos de encubrimiento. La ropa hallada en el lugar donde se encontraron los cuerpos aún no ha sido periciada.

¿Qué sigue en el proceso?

La fase de instrucción fiscal culmina el 30 de abril de 2025. La Fiscalía deberá decidir si formula cargos adicionales o ratifica la acusación existente. Luego, un juez penal determinará si el caso avanza a la etapa de juicio.

Los cuatro militares que cooperan con la investigación podrían acogerse al mecanismo de colaboración eficaz, que permite la reducción de penas a cambio de información clave que permita esclarecer los hechos y condenar a los principales responsables.

Los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia. En declaraciones públicas, han denunciado el trato cruel recibido por los chicos y han pedido que el caso no quede impune. El CDH considera este crimen como emblemático de la violencia estatal y ha pedido garantías para que este proceso avance sin interferencias.