#VerificaciónEnDirecto | Primer debate de la Ley de Solidaridad Nacional
- Se trata de la primera ley económica urgente enviada por Noboa en su periodo 2025-2029.
- La iniciativa busca establecer un marco legal para enfrentar a los grupos armados organizados (GDO) mediante reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de las Fuerzas Armadas, la normativa sobre lavado de activos y el régimen tributario.
- El 30 de mayo de 2025 se llevó a cabo el primer debate del proyecto, en el que intervinieron 18 legisladores. Lupa Media siguió la sesión en directo y te presenta 13 verificaciones de la jornada.
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“En Ecuador existen siete diferentes tipos de allanamiento, cinco no necesitan de una orden judicial previa”. Diego Franco – ADN
Según el artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, efectivamente existen siete causales para realizar allanamientos y cinco de ellas no requieren orden judicial previa (numerales 2, 3, 4, 6 y 7), mientras que solo dos la necesitan (numerales 1 y 5). Sin embargo, no se trata de «siete diferentes tipos de allanamiento» sino de siete motivos diferentes para ejecutar un mismo procedimiento legal. Esta distinción es jurídicamente relevante, ya que hablar de «tipos diferentes» sugiere procedimientos distintos cuando en realidad es una sola figura procesal con múltiples causales de aplicación. La imprecisión terminológica puede inducir a error sobre la naturaleza del procedimiento legal.
Fuentes:
- Art. 480 – Art 482 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
- Consulta a Bertha Montesdeoca Abogada de lo Penal y Civil de ML Abogado
“Lo han adoptado Chile, Estados Unidos, Colombia, donde también existen estos incentivos que le permiten a las empresas hacer donaciones a las instituciones del orden con fondos deducibles”. Valentina Centeno – ADN
Es correcto que en Estados Unidos y Colombia existen incentivos tributarios que permiten a las empresas realizar donaciones deducibles a instituciones relacionadas con el orden público, bajo ciertos requisitos.
En Estados Unidos, las organizaciones como los departamentos de policía pueden estar registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y recibir donaciones deducibles de impuestos si cumplen con los requisitos establecidos, por ejemplo, si los fondos se destinan a recompensas por información que ayude a esclarecer delitos.
En Colombia, la Ley 2130 de 2021 contempla beneficios tributarios para donaciones destinadas a programas de becas que financien la formación de personas que se incorporen a las fuerzas públicas (militares).
Sin embargo, en Chile no existen beneficios tributarios para donaciones a las fuerzas del orden. Los incentivos fiscales en Chile se otorgan exclusivamente para donaciones a organizaciones sin fines de lucro con fines sociales, culturales, educativos o de salud pública, así como para casos de catástrofe.
Fuentes:
“Colombia lleva 60 años en un conflicto armado de carácter no internacional”. Kevin Gallardo – ADN
El conflicto armado interno en Colombia comenzó oficialmente en 1964, con la formación de dos grupos guerrilleros: las FARC y el ELN. No obstante, la violencia en el país tiene raíces anteriores, marcadas por guerras civiles y, en particular, el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán en 1948, hecho que desató una oleada de violencia conocida como “El Bogotazo” y la posterior época de “La Violencia”.
De acuerdo con el Informe Final de la Comisión de la Verdad presentado en 2022, desde la década de 1960 Colombia ha experimentado un conflicto armado de carácter no internacional. El 27 de mayo de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron el municipio de Marquetalia, donde un grupo de campesinos comunistas armados, liderados por Manuel Marulanda Vélez (“Tirofijo”), se había organizado. Este hecho marcó el inicio oficial del conflicto armado interno que aún persiste.
Para 2025, se cumplirán 61 años desde ese suceso.
Fuentes:
“Existen más de 40 víctimas de desaparición forzada en el contexto de militarización del país”. Jahiren Noriega – RC
El Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) informó el 10 de abril de 2025 que, durante 2024, se registraron 42 casos de desaparición forzada en la región costera del país. De estos, 33 corresponden a detenciones realizadas por patrullas de las Fuerzas Armadas, según sus registros, mientras que los 9 restantes fueron documentados por la Defensoría del Pueblo. Entre las víctimas se identifican al menos siete menores de edad.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó en marzo de 2025 un total de 39 casos de desaparición forzada asociados a operativos militares, ocurridos entre 2024 y 2025. Según su informe, los casos se distribuyen así: 13 en Guayas, 10 en Esmeraldas y 16 en Los Ríos.
Fuentes:
“El delito de reclutamiento forzado está tipificado en el Código Integral Penal”. Jahiren Noriega – RC
En el Código Integral Penal se menciona el reclutamiento forzado en dos artículos. El 91 hace mención de la trata de personas, en su inciso 7 se especifica el reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. Este delito es sancionado con penas de 13 a 26 años, dependiendo de las personas afectadas y la gravedad del crimen.
El artículo 127 señala el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en desarrollo de conflicto armado, o independientemente de este. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
Fuente:
“205 son las personas que han perdido la vida en mi ciudad (Manta) en lo que va del año”. Diego Franco – ADN
Los datos oficiales del Ministerio del Interior reportan 158 muertes violentas en Manta hasta abril de 2025. Aunque la cifra exacta de 205 homicidios hasta el 30 de mayo no aparece confirmada en registros oficiales, la tendencia ascendente de la violencia respalda sustancialmente la declaración de Franco.
En febrero de 2025, Manta registró 35 homicidios, cuadruplicando los niveles de violencia con respecto al inicio de 2024. Para el 25 de mayo de 2025, la tasa de homicidios en la ciudad alcanzó el 56%, una cifra significativamente alta comparada con otras ciudades ecuatorianas.
Fuentes:
“Machala está considerada como una de las ciudades más violentas del planeta dentro del ranking del séptimo puesto a nivel mundial, según el Índice consejo ciudadano para la seguridad pública y justicia penal 2024”. Diego Salas – RC
El Índice Anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal correspondiente a 2024 —publicado el 19 de febrero de 2025— ubicó a Machala en el séptimo lugar del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. El listado también incluye otras dos zonas ecuatorianas: Guayaquil, que ocupa el puesto 12, y “Manabí Central (AM)”, que incluyen los cantones de Jaramijó, Manta, Montecristi, Portoviejo, Rocafuerte y Santa Ana.
Fuente:
“Machala cerró el año 2024 con 633 muertes violentas, y en lo que va 2025 ya hemos superado más de 100 víctimas en la provincia de El Oro”. Diego Salas – RC
El cantón de Machala no cerró el 2024 con 633 muertes violentas. Según datos oficiales, la cifra real fue de 243 homicidios intencionales. En cuanto a la provincia de El Oro, el total registrado fue de 591 homicidios intencionales, por lo que ninguna de las cifras coincide con la afirmación del asambleísta Salas.
Respecto a 2025, el Ministerio del Interior reporta que hasta abril se han registrado 205 homicidios intencionales en la provincia de El Oro. Esto confirma que la provincia superó las 100 víctimas este año, pero la cifra atribuida a Machala en 2024 es incorrecta.
Fuente:
“El año pasado en Machala se invirtieron USD 2 millones de dólares en fiestas y artistas”. Steven Ordóñez – SUR
El Municipio de Machala destinó el año pasado 2 millones de dólares para las celebraciones por los 200 años de su fundación. De ese monto, USD 1.701.360 se asignaron a un contrato para el festival artístico musical “Machala Vive la Música”. Para este año, en el portal de compras públicas se registra un nuevo contrato para la realización de conciertos, adjudicado al “Consorcio Viva La Música” por un valor de 799 mil dólares.
Fuentes:
“En noviembre de 2023.- USD 4.600 millones en atrasos locales e internacionales, USD 100 millones en la cuenta del tesoro nacional”. Esteban Torres – ADN
El 27 de noviembre de 2023, el entonces ministro de Economía, Juan Carlos Vega, informó que al asumir el cargo encontró una caja fiscal con apenas 184 millones de dólares en la Cuenta Única del Tesoro, junto con atrasos internos que ascendían a 2.872 millones de dólares. Por su parte, el Banco Central reportó ese mismo mes que el monto de intereses acumulados por concepto de atrasos relacionados con la deuda externa pública era de 261,2 millones de dólares.
Fuentes:
“Según informes del CENSO de población y vivienda del 2022 las cifras más recientes sobre el número de fiscales en Ecuador y su tasa por cada 100 mil habitantes, el 31 de diciembre del 2022 teníamos 808 fiscales para una población de 17 millones de habitantes casi, dándonos un porcentaje de 4.77 por cada 100 mil habitantes. Al 31 de diciembre del 2023 teníamos 900 fiscales para una misma población incrementando levemente obteniendo un 5.31 de fiscales por cada 100 mil habitantes según el informe de rendición de cuentas”. David Arias – RC
Es cierto que Ecuador registró 900 fiscales en 2023 con una tasa de 5.31 por cada 100 mil habitantes, y que la población censada fue de 16,938,986 habitantes (aproximadamente 17 millones como menciona). Sin embargo, el número de fiscales reportado para 2022 es incorrecto: según el informe oficial fueron 863 agentes fiscales, no 808 como afirma Arias, aunque la tasa de 4.77 por cada 100 mil habitantes sí es exacta.
Fuentes:
- Fiscalía General del Estado – Informe 2022
- Fiscalía General del Estado – Informe 2023
- INEC – Calculo tasa de fiscales por población
- Censo Ecuador 2022
“La ONU dice que debemos tener por ejemplo 12 fiscales por cada 100 mil habitantes. El promedio latinoamericano marca que debemos tener 7 fiscales por cada 100 mil habitantes”. David Arias – RC
No, la ONU no recomienda contar con 12 fiscales por cada 100 mil habitantes. Esa cifra corresponde a un estándar internacional utilizado para medir la capacidad de los sistemas de justicia penal, no a una recomendación oficial. Al 31 de diciembre de 2022, Ecuador registraba una tasa de 4,77 fiscales por cada 100 mil habitantes. En comparación, el promedio latinoamericano se sitúa en aproximadamente 8 fiscales por cada 100 mil habitantes.
Fuente:
“A esta fecha tenemos 5.31 fiscales por cada 100 mil habitantes”. David Arias – RC
Para finales de 2024, la Fiscalía General del Estado, informó que al 31 de diciembre de ese año había 887 agentes fiscales en el país con sus respectivos equipos de asistentes y secretarios. Esto dio como resultado una tasa de 4,79 fiscales por cada 100 mil habitantes. Para cubrir la demanda ciudadana Ecuador debería tener ocho fiscales por cada 100 mil habitantes de acuerdo al estándar latinoamericano. Lo cual representaría la necesidad de incorporar, al menos, unos 592 agentes fiscales con su respectivo equipo de apoyo.
Fuentes:
Fuentes:
Citadas en el texto
