Fact-check: declaraciones de Daniel Noboa en Bloomberg

«En 2024, por ejemplo, 6 o 6.5 de cada 10 homicidios correspondían a personas que tenían antecedentes penales. En 2025 fue más de 9 de cada 10»

Los datos oficiales de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior muestran lo contrario.

Lupa Media solicitó las cifras de homicidios intencionales con registro de antecedentes penales y encontró que, en 2024, solo dos de cada 10 víctimas tenían antecedentes. De los 7.063 homicidios registrados ese año, únicamente 1.486 correspondían a personas con historial penal.

En 2025, la afirmación tampoco coincide con los datos oficiales. El 81% de las víctimas de homicidio intencional no tenía antecedentes penales, mientras que el 19% sí registraba historial judicial. Es decir, ocho de cada 10 personas asesinadas no habían sido previamente judicializadas.

Incluso, al revisar la serie histórica entre 2019 y 2025, este patrón se mantiene: entre el 57% y el 81% de las víctimas de homicidios no tenía antecedentes penales.

«En este momento hemos reducido las tasas de homicidios en un 38% en la frontera»

Los datos públicos del Ministerio del Interior están disponibles hasta febrero de 2026, por lo que todavía no existe información completa para marzo. Sin embargo, entre enero y febrero de 2026, en las provincias fronterizas con Colombia —Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos— la reducción de homicidios fue de aproximadamente 31% frente al mismo periodo de 2025.

Pero hay un punto clave: Noboa no especificó que se refería únicamente a la frontera norte, sino a la frontera en términos generales.

Ese matiz importa porque, en el mismo periodo comparativo, los homicidios aumentaron en las provincias fronterizas con Perú. En las seis provincias de esa zona hubo un incremento del 68%, con alzas más marcadas en territorios como El Oro, Pastaza y Loja.

Además, aunque en la frontera norte sí se observa una caída en los homicidios, esta cifra no refleja por sí sola toda la dinámica del crimen. Distintos estudios sobre estas zonas advierten que los grupos criminales pueden reducir la violencia visible mientras consolidan control territorial y fortalecen economías ilegales, como la minería ilegal. Por eso, una disminución puntual de homicidios no implica necesariamente una mejora estructural de la seguridad.

Sobre la percepción ecuatoriana: el 70% del país está contento de que tengamos una buena relación con Estados Unidos»

No existe evidencia pública disponible que respalde esa cifra. Lupa Media no identificó encuestas recientes en Ecuador que midan de forma específica el nivel de apoyo ciudadano a la relación bilateral con Estados Unidos ni a sus mecanismos de cooperación, y tampoco encontró un estudio que arroje un resultado del 70%.

Además, las encuestas de opinión disponibles suelen concentrarse en la aprobación del Gobierno o en temas coyunturales, no en la percepción directa sobre la relación entre ambos países.

Un antecedente cercano es la consulta popular de 2025, que incluyó una pregunta sobre cooperación internacional en materia de seguridad, específicamente sobre la instalación de bases militares extranjeras. En ese caso, la mayoría de votantes se pronunció en contra: 60,82% votó “No” —alrededor de 6,4 millones de personas—, frente a un 39,18% que apoyó la medida.

Ese resultado muestra que, al menos en ese tema, no hay evidencia de un consenso ciudadano cercano al 70%, como sostiene la afirmación.