«Educación pública y gratuidad: su papel ante una posible Constituyente»
Coyuntura actual
El debate sobre la educación superior se da en un contexto donde se discute la redacción de una nueva Constitución. Tras la aprobación de la propuesta del presidente Daniel Noboa para convocar a una Asamblea Constituyente, surgen diversas posturas sobre los posibles beneficios para el país. En este marco, políticos, analistas y ciudadanos ponen sobre la mesa la gratuidad de la educación pública y advierten que una nueva Carta Magna podría afectar este derecho consagrado en 2008.
¿Qué dice la actual Constitución?
La Constitución de 2008, en su artículo 356, establece que la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel, condicionada al cumplimiento académico de los estudiantes.
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), también determina que es responsabilidad del Estado garantizar la gratuidad para quienes se matriculen en al menos el 60% de las materias o créditos de su malla curricular cada ciclo.
Desde entonces, las universidades públicas no pueden cobrar matrículas regulares, aranceles, derechos académicos ni acceso a instalaciones, siempre que se cumplan los requisitos académicos.
¿Cómo funcionaba antes?
Antes de 2008, la educación superior pública no era completamente gratuita. Los estudiantes pagaban matrículas, aranceles, uso de laboratorios, bibliotecas, parqueos, seguros médicos y otros servicios. Estos costos variaban según la universidad, la facultad, la carrera y las materias.
Cristian Chávez, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UCE, explicó que antes se cobraban matrículas, servicios e incluso ítems por representación estudiantil, hoy eliminados.
Juan Reyes, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCE en 2004, confirma que pagaba matrícula, derechos y aranceles. Francisco Vizcaíno, egresado de la ESPE, indicó que desembolsaba alrededor de USD 800 por laboratorios, parqueo, seguro médico y otros servicios.
Actualmente, la LOES prohíbe el cobro por el uso de laboratorios, bibliotecas y otros bienes institucionales.
¿Actualmente existe algún tipo de pago?
Sí, pero solo si un estudiante pierde la gratuidad, por ejemplo, al reprobar materias, ya que no cumpliría con los requisitos académicos. Los cobros dependen de la universidad, la carrera y las horas de las materias reprobadas.
En la UCE, los costos son menores que en la ESPE. Para el periodo 2024-2025, el arancel se organiza de la siguiente manera:
Los valores varían según la modalidad (presencial, semipresencial, distancia o en línea) y la cantidad de horas de la materia. Por ejemplo, una primera matrícula de 72 a 96 horas costaría entre USD 21,60 y USD 28,80.
La gratuidad solo aplica para la primera carrera; quienes inicien una segunda deben pagar matrícula normal por créditos u horas, salvo que algunas materias puedan ser revalidadas o sean carreras tecnológicas sucesivas en el mismo campo.
Mishell Tapia, graduada de Sociología en la UCE, señala que nunca pagó porque no perdió la gratuidad, aunque algunos amigos sí tuvieron que cubrir los costos por materias reprobadas.
El caso de titulación
Los aranceles también pueden aplicarse si se alarga el tiempo de titulación. Nataly Villa, egresada de la Facultad de Comunicación Social de la UCE, explica que los pagos ocurren después de finalizar el último semestre:
- Primer periodo (~6 meses): gratuito
- Segundo periodo: ~USD 183
- Posteriores periodos: curso de actualización USD 275 + arancel por pérdida de mecanismo USD 275
Si un estudiante completa el proceso de titulación dentro del primer periodo, no paga nada; mientras más tiempo transcurra desde la finalización de estudios, mayores serán los costos.
Expertos: jurídicamente se podría eliminar la gratuidad universitaria
Los constitucionalistas Gonzalo Muñoz, Esteban Ron, Ximena Ron y María Dolores Miño coinciden en que, desde el punto de vista jurídico, sería posible eliminar la gratuidad de la educación superior pública, ya que no existe un mecanismo legal que lo impida y la conformación de una Asamblea Constituyente podría modificar este derecho consagrado en la Constitución actual. Sin embargo, desde la teoría de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar la no regresividad, es decir, de mantener y proteger los derechos ya establecidos, como la educación, que constituye un derecho humano fundamental.
