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El FMI no prohíbe la inversión pública en Ecuador hasta 2030

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¿Qué verificamos?

Un video viral que afirma que «Ecuador no puede invertir hasta 2030 en el sector público, según acuerdo con el FMI». El contenido hace referencia a declaraciones de la excandidata vicepresidencial Pacha Terán emitidas el 4 de diciembre de 2025

¿Por qué es completamente falso?

El documento «Ecuador: Request for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility» del 29 de octubre de 2025 no prohíbe la inversión pública ni privada hasta 2030. Por el contrario, compromete al Gobierno a proteger el gasto prioritario y social, mientras impulsa la inversión privada en sectores estratégicos. Las menciones al 2030 corresponden únicamente al horizonte temporal de las proyecciones económicas del informe.

¿Qué dice la evidencia?

  • El contenido viral proviene de una declaración específica: En una entrevista del 4 de diciembre de 2025 en Ecuador en Directo, la excandidata Pacha Terán dijo: «La carta de intención con el Fondo Monetario Internacional está firmada para que no exista inversión hasta el 2030. Sí, ni en el sector de la salud, ni en la educación, en ninguna área social». Lupa Media no verificó directamente a Pacha Terán, ya que hace una interpretación a la carta de intención.
  • La revisión del documento del FMI: El análisis del acuerdo entre Ecuador y el FMI no encontró ninguna disposición que limite o prohíba la inversión pública o privada hasta 2030.
  • Lo que sí establece el FMI sobre inversión:
    • Priorizar y evaluar rigurosamente la inversión pública.
    • Impulsar alianzas público-privadas, concesiones y financiamiento multilateral para infraestructura.
    • Desarrollar el mercado de capitales para obtener recursos.
    • Promover inversiones en sectores como minería, hidrocarburos y electricidad.
    • Habilitar el catastro minero en 2026 para fomentar nuevos proyectos de inversión.
  • Sobre las menciones al año 2030:
    • El documento incluye proyecciones económicas y fiscales hasta 2030, como ingresos, gastos, amortizaciones y necesidades de financiamiento del Sector Público No Financiero (SPNF). Estas son proyecciones contables, no restricciones a la inversión.
    • Se menciona la National Policy of Public Integrity 2030, un plan de integridad y transparencia del sector público con horizonte al 2030, sin relación con limitaciones a la inversión.

Contexto importante

La desinformación sobre el acuerdo del FMI con Ecuador de octubre de 2025 se ha vuelto recurrente en redes sociales. Lupa Media ha desmentido previamente otras afirmaciones falsas vinculadas a este acuerdo, como supuestos aumentos obligatorios en el precio del gas doméstico, el establecimiento de bases militares estadounidenses en Ecuador y la «entrega» de las Islas Galápagos a Estados Unidos. 

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El documento del 29 de octubre de 2025 no prohíbe la inversión pública hasta 2030. Al contrario, compromete al Estado a proteger el gasto social y la inversión prioritaria, mientras promueve la inversión privada en sectores estratégicos. Las referencias al 2030 son proyecciones económicas de mediano plazo, no restricciones de inversión.

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Paro nacional 2025: balance de 15 días de protestas en Ecuador

El 22 de septiembre de 2025, el país volvió a paralizarse. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) salió a las calles contra la eliminación del subsidio al diésel, pero pronto la protesta creció: hubo bloqueos, choques con la fuerza pública, un fallecido y decenas de detenidos. Quince días después, el paro no solo reclama por el diésel. También exige frenar el alza del IVA, revisar los impuestos, proteger la salud y la educación públicas. El diálogo con el Gobierno sigue roto y la tensión política, más alta que nunca.

Las causas detrás del paro

El paro dejó de ser solo indígena. Campesinos, trabajadores y estudiantes —representados por la FENOCIN, el FUT y la FEUE— se sumaron con reclamos por «precios justos, salarios dignos y educación gratuita». El presidente Noboa llamó “personas no gratas” a los líderes indígenas y decretó estado de excepción, que luego renovó por 30 días el 5 de octubre.

Entre advertencias de una posible “toma de Quito”, Marlon Vargas aclaró que “la lucha no es contra las ciudades”. Las protestas golpean sobre todo a Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Pastaza. La CONAIE denuncia represión, un fallecido e infiltrados, aunque 17 militares retenidos ya fueron liberados.

La solución del Gobierno

En respuesta, el Gobierno ofreció USD 300 millones en compensaciones, entrega de maquinaria agrícola y una reducción temporal del IVA al 8%. Sin embargo, el diálogo sigue estancado: el Ejecutivo acusa a la CONAIE de cerrarse a las conversaciones, mientras el movimiento indígena insiste en derogar el decreto que eliminó el subsidio al diésel.

Hasta el 6 de octubre, los bloqueos persisten en varias provincias del país.

La prensa en la línea de fuego

Durante el paro nacional de 2025, la libertad de prensa también fue una víctima. Según Fundamedios, se registraron 31 agresiones contra periodistas, medios y organizaciones civiles, incluidas 21 de violencia física y múltiples restricciones a la libertad de expresión y asociación. La mayoría de los ataques —22 casos— fueron atribuidos a agentes estatales en Pichincha y Cotopaxi.

Entre los afectados también figuran reporteros de Teleamazonas, Ecuavisa, Radio Pichincha y Geovany Taicus, además de la suspensión de la señal de TV MICC, quienes fueron agredidos por parte de los manifestantes.

La otra cara del paro: la prensa agredida

Fundamedios registró 31 ataques a periodistas en septiembre, entre ellos golpes, uso de gas pimienta y hostigamiento durante la cobertura del paro nacional:

  • El periodista Esteban Cárdenas, periodista de Ecuador Chequea, fue golpeado con un escudo policial mientras cubría una manifestación.
  • Andrés Burbano (BN Periodismo) y su equipo fueron agredidos con gas lacrimógeno, al igual que Elena Rodríguez (Telesur) quien recibió gas pimienta directo al rostro durante un enlace en vivo.
  • Jorge Aguirre (Only Panas) fue embestido con una motocicleta y gaseado pese a identificarse como periodista.
  • También se reportaron intimidaciones, censura y la deportación del periodista español Lautaro Bernat. Según la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, fue deportado con base en un informe reservado y en el artículo 143, numeral 7, de la Ley de Movilidad Humana, que permite expulsar a extranjeros que cometan delitos contra la estructura del Estado constitucional con penas menores a cinco años.
  • La organización Inredh alertó sobre el grave deterioro de la libertad de prensa y el derecho a la comunicación en el país.
  • La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresó preocupación por el grave deterioro de la libertad de prensa y el derecho a la comunicación.

Procesos judiciales tras las protestas

El paro también llegó a los tribunales. Hasta el 6 de octubre, hubo 112 detenidos, entre ellos 10 menores, y 83 personas judicializadas por delitos como terrorismo y ataque; 21 permanecen con prisión preventiva. La Fiscalía abrió 24 investigaciones y reportó heridos entre policías y militares.

Mientras tanto, un frente paralelo se abrió en Quito: legisladores oficialistas acusaron a la Prefectura de Pichincha de usar maquinaria pública en los bloqueos. La Prefectura respondió con registros GPS que demostraron que los vehículos estaban en emergencias por lluvias, y Lupa Media comprobó que las fotos usadas como “evidencia” eran de 2022. La Contraloría revisa el caso en una auditoría aún en curso.

Paro y bolsillo: cuánto perdió el país

Según la Cámara de Industrias y Producción (CIP), las pérdidas superan los USD 42 millones. El comercio, la floricultura, los lácteos, el turismo y el transporte están entre los sectores más afectados.

En Imbabura y Carchi, la industria láctea perdió USD 600 mil por más de un millón de litros desechados. Fedexport confirmó a Lupa Media USD 19 millones en pérdidas de exportaciones, y Expoflores sumó USD 3 millones en menos de quince días.

El desabastecimiento, las alzas de precios y la extorsión en carreteras ponen en riesgo la meta de crecimiento del 3,8% prevista para este año.

Lo que queda tras las protestas

El paro nacional de 2025 no solo fue una reacción al fin del subsidio al diésel, sino el reflejo de una crisis estructural más profunda. Las pérdidas económicas, el saldo de detenidos y víctimas, y los ataques a la prensa dejaron al país ante una evidencia clara: Ecuador atraviesa una etapa de fuerte polarización y desconfianza institucional, donde el diálogo entre el poder y los sectores sociales sigue siendo la deuda pendiente.