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Una venta que genera preguntas

El Concejo Cantonal de La Libertad, Santa Elena, aprobó la venta directa de un terreno municipal de 93 hectáreas por USD 2,7 millones. El predio está ubicado en una zona estratégica del cantón, cerca de la represa Velasco Ibarra, y pertenece al patrimonio público. Lo que encendió las alertas no fue solo el tamaño del terreno, sino el precio, el procedimiento y el perfil de la compradora.

La transacción se realizó mediante venta directa, sin subasta pública. El avalúo municipal fijó el valor del metro cuadrado en aproximadamente USD 2,94, un monto inferior al de terrenos cercanos, según concejales que se opusieron a la decisión. El punto fue incorporado al orden del día del Concejo y aprobado con una votación dividida.

Desde ese momento, surgieron cuestionamientos sobre si el Municipio actuó con la diligencia necesaria tratándose de un bien público.

¿Quién es Jenny Ramírez?

La compradora registrada es Jenny Ramírez, una joven de 24 años, graduada recientemente en Educación Básica. No registra actividad empresarial conocida, no consta como contribuyente ante el SRI ni tiene afiliación al IESS. Tampoco existen registros públicos que expliquen una capacidad económica acorde a una operación de USD 2,7 millones.

Ese perfil fue clave para que se activaran las dudas: ¿de dónde salía el dinero para la compra del terreno?

Versiones que no coinciden

Cuando el caso se hizo público, Ramírez declaró inicialmente al medio La Defensa que no había comprado el terreno y que su identidad habría sido utilizada sin su consentimiento. Sin embargo, días después presentó un escrito dirigido al Municipio en el que cambió su versión.

FIN DE SEMANA PARA ENTENDER CÓMO SE INTENTARON VENDER 93 HECTÁREAS EN LA LIBERTAD
Una mujer que dijo no saber nada. Una firma que aparece en todos los trámites. Un terreno de 93 hectáreas sin agua ni servicios fue, en papeles, vendido por $ 2,94 el metro cuadrado.

El reportaje… https://t.co/awIHqa1lN7 pic.twitter.com/O7obLql707

— LaDefensa (@LaDefensaEc) January 10, 2026

En ese documento, explicó que existía un proyecto de carácter agroturístico y que una empresa privada estaba interesada en financiarlo, pero que habría condicionado su inversión a que el terreno fuese adjudicado inicialmente a su nombre. En el mismo oficio, Ramírez anunció su desistimiento de la compra y solicitó que el predio sea transferido directamente a esa empresa.

Hasta ahora, no se ha hecho público el nombre de la empresa, ni existen documentos accesibles que respalden el supuesto financiamiento.

El rol del Municipio, bajo la lupa

Las críticas se concentran en el procedimiento administrativo. Concejales que votaron en contra cuestionan la subvaloración del predio, la ausencia de un proceso competitivo y la rapidez con la que se aprobó la venta. También han denunciado represalias administrativas tras oponerse a la transacción.

El foco de las dudas no está únicamente en la compradora, sino en cómo se manejó la venta de un bien público y qué controles se aplicaron.

Las denuncias penales ya presentadas

El caso ya escaló al ámbito judicial. El 9 de enero de 2026, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, Ricardo Patiño, César Palacios y Arisdely Parrales, presentaron una acusación contra el alcalde de La Libertad y otros posibles responsables, por presuntas irregularidades en la venta del terreno. Entre los delitos mencionados públicamente constan peculado, tráfico de influencias y testaferrismo, aunque será la Fiscalía General del Estado la que determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal y bajo qué tipificación.

De forma paralela, concejales del cantón informaron que presentaron alertas ante la UAFE para que se investigue el origen de los USD 2,7 millones, así como la posible utilización de un posible prestanombre. También se solicitó a la Contraloría General del Estado la realización de un examen especial al proceso administrativo que permitió la venta directa del predio.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la formulación de cargos ni sobre la apertura formal de una investigación previa. El caso se encuentra en una fase inicial de denuncias y pedidos de control.

La mención a la familia Gellibert

En medio del debate público, un reportaje de Ecuavisa visitó la vivienda de la familia de Jenny Ramírez y mencionó que su madre trabajaría como empleada doméstica para la familia de Cynthia Gellibert, Secretaria de la Administración Pública del gobierno actual.

Hasta ahora, Cynthia Gellibert no se ha pronunciado públicamente sobre esta relación, pero en una publicación en redes calificó de «relato falso», la acusación de la legisladora Mónica Palacios.

Esta es la única forma en que @MoniPalaciosZ, sabe hacer política: la más baja, la más cruel y la más miserable.

Está fuera de la casa de mi madre, construyendo un relato falso y hostigando deliberadamente a una adulta mayor de 92 años.

No es política. No es fiscalización. Es… pic.twitter.com/AaUGyH8I7u

— Cynthia Gellibert Mora (@CynthiaGelliber) January 9, 2026

Un caso abierto de interés público

El caso Jenny Ramírez no solo generó reacciones políticas y denuncias judiciales: también se convirtió rápidamente en un tema de alta conversación en redes sociales.

Un análisis de escucha social muestra que, entre el 5 y el 10 de enero de 2026, el caso concentró miles de menciones y un alcance de millones de usuarios, lo que evidencia que trascendió el ámbito local y se instaló en la agenda pública nacional.

La conversación estuvo marcada principalmente por dudas y cuestionamientos, más que por posiciones defensivas. Las menciones giraron en torno al precio del terreno, la identidad de la compradora, el origen del dinero y la actuación del Municipio. Palabras asociadas a verificación, investigación y suplantación se repitieron con fuerza.

El análisis también muestra que el debate fue amplificado por actores políticos, medios y cuentas de alta visibilidad, lo que aceleró su propagación y elevó el nivel de polarización. En ese contexto, los vacíos de información clara se convirtieron en terreno fértil para interpretaciones y lecturas especulativas.

Este comportamiento confirma que el caso dejó de ser solo un trámite administrativo cuestionado y pasó a ser un asunto de interés público, donde la transparencia y la información verificable resultan clave para evitar que el ruido digital reemplace a los hechos.