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Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), en diciembre de 2025 el 21,4% de la población vivía en situación de pobreza por ingresos. Esta cifra representa el nivel más bajo de los últimos 18 años y es ligeramente inferior al 21,5% registrado en 2017, además de ubicarse muy por debajo del máximo de 36,7% observado en 2007.

La ENEMDU es la principal herramienta oficial para medir la pobreza y la desigualdad en el país. A través de esta encuesta, el INEC recopila información sobre los ingresos y las condiciones laborales de los hogares en zonas urbanas y rurales, que luego se comparan con una línea de ingresos mínimos para determinar si una persona se encuentra o no en situación de pobreza. Se trata, por tanto, de una medición estrictamente económica, que no evalúa directamente la calidad del empleo ni la estabilidad laboral.

Evolución de la pobreza por ingresos (2003–2025)

Las cifras entre 2003 y 2025 muestran una tendencia general a la reducción de la pobreza por ingresos, aunque con fluctuaciones asociadas a distintos contextos económicos. Tras el pico registrado a finales de la década de los 2000, el indicador descendió de forma sostenida durante varios años, se estancó hacia finales de la década de 2010 y volvió a incrementarse durante la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2021. A partir de 2022, la tendencia retomó una trayectoria descendente hasta alcanzar el mínimo registrado en 2025.

No obstante, el INEC advierte que la diferencia entre los últimos años no es estadísticamente significativa. Además, entre 2020 y mayo de 2021 la ENEMDU incorporó cambios metodológicos relacionados con el tamaño y la distribución de la muestra, así como con los factores de expansión, lo que afecta la comparabilidad histórica de las cifras. Esta aclaración es clave para interpretar con cautela las variaciones observadas en la serie histórica.

Brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales

El análisis por área geográfica evidencia que la reducción de la pobreza no ha sido homogénea. En diciembre de 2025, la pobreza por ingresos en las zonas urbanas se ubicó en 13,8%, mientras que en las zonas rurales alcanzó el 37,6%, casi tres veces más.

Aunque los datos muestran que la pobreza rural también ha disminuido respecto a 2007, la brecha entre el campo y la ciudad se mantiene como una característica estructural del país, según la Fundación Friedrich Ebert. Departamento para América Latina y el Caribe. Oficina en Ecuador. Esta desigualdad está asociada a un menor acceso a empleo formal, niveles educativos más bajos y limitaciones en servicios básicos e infraestructura en las zonas rurales, factores que restringen las oportunidades de generación de ingresos sostenibles.

El empleo no pleno: un fenómeno en expansión

La mejora en los indicadores de pobreza por ingresos no se traduce necesariamente en mejores condiciones laborales. Uno de los datos más relevantes de la ENEMDU es el crecimiento del denominado “otro empleo no pleno”, una categoría que agrupa a personas que no ganan el salario básico unificado ni trabajan la jornada legal, pero que tampoco desean ni están disponibles para trabajar más horas.

En la práctica, se trata de personas que trabajan en condiciones precarias, con ingresos insuficientes y sin estabilidad, muchas veces por falta de alternativas laborales.

Para marzo de 2025, este grupo alcanzó 2,59 millones de personas, lo que equivale al 32,8% de la población ocupada, el nivel más alto de los últimos 18 años. La tendencia al alza se acentúa desde diciembre de 2020, con un pico de 2,66 millones de personas registrado en octubre de 2023. Aunque posteriormente se observa una leve reducción en términos absolutos, los niveles siguen siendo históricamente elevados.

Este tipo de empleo afecta con mayor intensidad a jóvenes, mujeres, personas con bajo nivel educativo y habitantes de zonas rurales, y refleja un mercado laboral marcado por la informalidad, los bajos salarios y la inestabilidad.

Pobreza y empleo: una relación compleja

La ENEMDU permite vincular la evolución de la pobreza por ingresos con la dinámica del mercado laboral. Si bien menos personas se ubican por debajo de la línea de pobreza, una parte significativa de la población ocupada lo hace en condiciones que no garantizan ingresos suficientes ni seguridad económica a largo plazo.

En este contexto, la reducción de la pobreza por ingresos, aunque relevante, no puede leerse de forma aislada. Sin mejoras estructurales en el mercado laboral, el descenso de este indicador convive con una creciente precarización del empleo y con brechas persistentes que afectan de manera desproporcionada a los grupos históricamente más vulnerables. El desafío para Ecuador no es solo sostener la baja en las cifras de pobreza, sino avanzar hacia un modelo de empleo que ofrezca trabajos formales, dignos y con protección social.