El crimen no reconoce fronteras: cómo opera entre Ecuador y Colombia
Artículo actualizado a las 20:40 del 18/03/2026 incluyendo la investigación sobre crimen organizado realizada por Renato Rivera y Carlos Bravo
El crimen organizado en la frontera entre Ecuador y Colombia no puede entenderse como un problema aislado de cada país.
Se trata de un sistema transfronterizo: una estructura en la que distintas actividades ilegales operan de forma interconectada y coordinada en más de un territorio.
La cercanía con Colombia —uno de los mayores productores de cocaína del mundo— intensifica esta dinámica e integra a Ecuador dentro de la cadena regional del narcotráfico.
Aunque Ecuador no ha sido históricamente un gran productor de cocaína, una investigación de crimen organizado, elaborado por los expertos en seguridad, Renato Rivera y Carlos Bravo, reveló un dato significativo: entre 2015 y 2019 se detectaron 700 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, fronterizas con Colombia.
En contraste, el último reporte de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que para 2023 Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca, con una concentración elevada en el departamento de Putumayo.
Este contraste ayuda a explicar el rol actual de Ecuador: más que producir, funciona como un territorio clave para el almacenamiento, procesamiento y salida de droga hacia mercados internacionales.
Cómo operan estas redes
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las redes de narcotráfico en América Latina trabajan como cadenas transnacionales que distribuyen sus actividades entre producción, transporte y comercialización en distintos países. Es decir, distribuyen sus operaciones a lo largo de la región para reducir riesgos, evadir controles y maximizar ganancias.
En términos generales, el sistema funciona así:
- la producción se concentra en zonas específicas
- el transporte cruza fronteras por rutas estratégicas
- la distribución conecta con mercados internacionales
En este esquema, Ecuador cumple un rol clave como punto de tránsito y salida hacia otros destinos. En el Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador 2025, publicado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) señala que alrededor del 85% de la droga destinada a mercados internacionales se moviliza a través de la cuenca del río Guayas, uno de los principales nodos del comercio exterior ecuatoriano.
Pero el narcotráfico es solo una parte del sistema.
La experta en seguridad Michelle Maffei explicó a Lupa Media que en la frontera convergen múltiples economías ilegales que se sostienen entre sí. “No es solo narcotráfico. Hay tráfico de personas, contrabando de productos y medicinas falsificadas”, señaló.
Entre las principales actividades que se articulan en estas redes están:
- tráfico de armas
- contrabando de combustibles
- minería ilegal
- lavado de activos
- tráfico de migrantes y trata de personas
Estas economías comparten rutas, estructuras logísticas y mecanismos de financiamiento. Esa interconexión fortalece la capacidad de las organizaciones criminales para adaptarse y sostener sus operaciones en el tiempo.
Lo que muestran los operativos
Días antes del incremento de las tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, autoridades colombianas incautaron 1,3 toneladas de cocaína en un laboratorio ilegal en Nariño, cerca de Ecuador. El complejo tenía capacidad para producir hasta tres toneladas mensuales.
Al mismo tiempo, en altamar, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses decomisaron cerca de dos toneladas de droga destinadas a mercados internacionales.
En 2025, Ecuador incautó 214 toneladas de droga, una reducción del 27% frente al récord de 294,6 toneladas en 2024. Estos datos muestran la escala del fenómeno y cómo las operaciones criminales atraviesan distintos territorios en una misma cadena.
La violencia está directamente vinculada a estas economías. En Ecuador, el 32,7% de los homicidios intencionales está relacionado con el tráfico de drogas, lo que evidencia el peso de estas actividades en la dinámica criminal del país.
Además, entre 2020 y 2025, el uso de armas de fuego en homicidios se incrementó en 30 puntos porcentuales, reflejando una mayor capacidad operativa de las organizaciones criminales.
El crimen transfronterizo genera efectos que van más allá de la seguridad.
Un sistema con impactos en el territorio
La frontera entre Ecuador y Colombia se extiende por más de 580 kilómetros y atraviesa zonas selváticas, fluviales y de difícil acceso. En provincias como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos —que colindan con Nariño y Putumayo— el control estatal es limitado.
En estos territorios, las redes criminales:
- ejercen control territorial
- generan desplazamiento forzado y confinamiento
- imponen economías ilegales
- afectan a comunidades locales
El OECO advirtió en su informe de 2025 que por estos corredores se movilizan precursores químicos desde Ecuador hacia laboratorios en zonas fronterizas.
Además, factores estructurales como la pobreza, las economías informales y la baja presencia institucional facilitan la expansión de estas actividades.
En muchos casos, la violencia no es constante ni visible. La aparente calma puede responder al control de un grupo criminal, no a la ausencia de actividad ilegal.
En algunos territorios, esta dinámica se expresa en actividades como la minería ilegal. En provincias como Carchi, esta modalidad genera alrededor de USD 1.300 millones anuales, según estimaciones del Ministerio de Defensa.
Un sistema en constante cambio
En la frontera operan disidencias de las FARC, organizaciones criminales ecuatorianas y redes transnacionales.
El investigador Renato Rivera identifica un punto de quiebre clave: el acuerdo de paz de 2016 en Colombia. “La salida de las FARC desreguló el mercado de la coca en la frontera. Eso no solo incrementó los cultivos, sino también los actores que intervienen en esta economía”, explica.
Desde entonces, el narcotráfico se ha fragmentado. Han surgido nuevos grupos, las alianzas cambian con frecuencia y las disputas se intensifican según la presión estatal.
No se trata de estructuras estáticas, sino de un sistema en permanente reconfiguración.
Más allá de las tensiones entre gobiernos
El 17 de marzo de 2026, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció posibles bombardeos desde territorio ecuatoriano en zonas cercanas al límite binacional. El gobierno de Daniel Noboa rechazó esa versión y defendió sus operaciones militares dentro del país.
Este cruce de declaraciones se suma a otras tensiones recientes, como disputas comerciales y diferencias en la estrategia de seguridad. Sin embargo, estos episodios no explican por sí solos lo que ocurre en la frontera.
Reducir el problema a tensiones diplomáticas o a responsabilidades de un solo país simplifica una realidad mucho más compleja.
🔍 #LupaTeExplica | ¿La tasa a productos colombianos redujo los homicidios en la frontera?
— Lupa Media (@LupaMediaEC) March 10, 2026
El presidente Daniel Noboa sugirió que sí. Pero los datos disponibles y los estudios sobre crimen organizado no muestran evidencia de esa relación.
📉 Aunque las muertes violentas bajaron… pic.twitter.com/fZ4WYl9Mea
Un problema compartido
Diversos estudios coinciden en que los operativos militares, por sí solos, no logran reducir de forma sostenida la criminalidad en la frontera.
“Se destruyen campamentos o se detiene a actores menores, pero no se investigan las estructuras financieras que sostienen estas economías”, señala Maffei.
Esto permite que las actividades ilegales se reactiven rápidamente, ya que las estrategias centradas únicamente en el control territorial no abordan las redes financieras, el lavado de activos ni las cadenas de mando.
Además, en zonas con pocas oportunidades económicas, muchas comunidades terminan siendo captadas por estas economías ilegales.
En este contexto, el crimen en la frontera entre Ecuador y Colombia no responde a límites políticos. Opera como un sistema regional, dinámico y adaptable. Entenderlo así no solo cambia el diagnóstico. También permite dimensionar por qué las respuestas aisladas o centradas en un solo país resultan insuficientes.
