Paro nacional 2025: balance de 15 días de protestas en Ecuador
El 22 de septiembre de 2025, el país volvió a paralizarse. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) salió a las calles contra la eliminación del subsidio al diésel, pero pronto la protesta creció: hubo bloqueos, choques con la fuerza pública, un fallecido y decenas de detenidos. Quince días después, el paro no solo reclama por el diésel. También exige frenar el alza del IVA, revisar los impuestos, proteger la salud y la educación públicas. El diálogo con el Gobierno sigue roto y la tensión política, más alta que nunca.
Las causas detrás del paro
El paro dejó de ser solo indígena. Campesinos, trabajadores y estudiantes —representados por la FENOCIN, el FUT y la FEUE— se sumaron con reclamos por «precios justos, salarios dignos y educación gratuita». El presidente Noboa llamó “personas no gratas” a los líderes indígenas y decretó estado de excepción, que luego renovó por 30 días el 5 de octubre.
Entre advertencias de una posible “toma de Quito”, Marlon Vargas aclaró que “la lucha no es contra las ciudades”. Las protestas golpean sobre todo a Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Pastaza. La CONAIE denuncia represión, un fallecido e infiltrados, aunque 17 militares retenidos ya fueron liberados.
La solución del Gobierno
En respuesta, el Gobierno ofreció USD 300 millones en compensaciones, entrega de maquinaria agrícola y una reducción temporal del IVA al 8%. Sin embargo, el diálogo sigue estancado: el Ejecutivo acusa a la CONAIE de cerrarse a las conversaciones, mientras el movimiento indígena insiste en derogar el decreto que eliminó el subsidio al diésel.
Hasta el 6 de octubre, los bloqueos persisten en varias provincias del país.
La prensa en la línea de fuego
Durante el paro nacional de 2025, la libertad de prensa también fue una víctima. Según Fundamedios, se registraron 31 agresiones contra periodistas, medios y organizaciones civiles, incluidas 21 de violencia física y múltiples restricciones a la libertad de expresión y asociación. La mayoría de los ataques —22 casos— fueron atribuidos a agentes estatales en Pichincha y Cotopaxi.
Entre los afectados también figuran reporteros de Teleamazonas, Ecuavisa, Radio Pichincha y Geovany Taicus, además de la suspensión de la señal de TV MICC, quienes fueron agredidos por parte de los manifestantes.
La otra cara del paro: la prensa agredida
Fundamedios registró 31 ataques a periodistas en septiembre, entre ellos golpes, uso de gas pimienta y hostigamiento durante la cobertura del paro nacional:
- El periodista Esteban Cárdenas, periodista de Ecuador Chequea, fue golpeado con un escudo policial mientras cubría una manifestación.
- Andrés Burbano (BN Periodismo) y su equipo fueron agredidos con gas lacrimógeno, al igual que Elena Rodríguez (Telesur) quien recibió gas pimienta directo al rostro durante un enlace en vivo.
- Jorge Aguirre (Only Panas) fue embestido con una motocicleta y gaseado pese a identificarse como periodista.
- También se reportaron intimidaciones, censura y la deportación del periodista español Lautaro Bernat. Según la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, fue deportado con base en un informe reservado y en el artículo 143, numeral 7, de la Ley de Movilidad Humana, que permite expulsar a extranjeros que cometan delitos contra la estructura del Estado constitucional con penas menores a cinco años.
- La organización Inredh alertó sobre el grave deterioro de la libertad de prensa y el derecho a la comunicación en el país.
- La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresó preocupación por el grave deterioro de la libertad de prensa y el derecho a la comunicación.
#Urgente | Periodista y creador de contenido @pelofuego__ quien estuvo cubriendo el #ParoNacionalEC en Imbabura será deportado.
— INREDH (@inredh1) October 6, 2025
El proceso de detención y deportación no cumplió con el debido proceso. Este acto resulta un grave atentado contra la libertad de expresión. @RELE_CIDH… pic.twitter.com/vq1h6BcyBt
Procesos judiciales tras las protestas
El paro también llegó a los tribunales. Hasta el 6 de octubre, hubo 112 detenidos, entre ellos 10 menores, y 83 personas judicializadas por delitos como terrorismo y ataque; 21 permanecen con prisión preventiva. La Fiscalía abrió 24 investigaciones y reportó heridos entre policías y militares.
Mientras tanto, un frente paralelo se abrió en Quito: legisladores oficialistas acusaron a la Prefectura de Pichincha de usar maquinaria pública en los bloqueos. La Prefectura respondió con registros GPS que demostraron que los vehículos estaban en emergencias por lluvias, y Lupa Media comprobó que las fotos usadas como “evidencia” eran de 2022. La Contraloría revisa el caso en una auditoría aún en curso.
🔍#LupaTeExplica | En medio de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel, circuló en redes y portales la versión de que la Prefectura de Pichincha habría movido maquinaria para cerrar vías en Quito.
— Lupa Media (@LupaMediaEC) October 4, 2025
La Contraloría pidió información sobre el control vehicular de… pic.twitter.com/Q2yiEh1esf
Paro y bolsillo: cuánto perdió el país
Según la Cámara de Industrias y Producción (CIP), las pérdidas superan los USD 42 millones. El comercio, la floricultura, los lácteos, el turismo y el transporte están entre los sectores más afectados.
En Imbabura y Carchi, la industria láctea perdió USD 600 mil por más de un millón de litros desechados. Fedexport confirmó a Lupa Media USD 19 millones en pérdidas de exportaciones, y Expoflores sumó USD 3 millones en menos de quince días.
El desabastecimiento, las alzas de precios y la extorsión en carreteras ponen en riesgo la meta de crecimiento del 3,8% prevista para este año.
Lo que queda tras las protestas
El paro nacional de 2025 no solo fue una reacción al fin del subsidio al diésel, sino el reflejo de una crisis estructural más profunda. Las pérdidas económicas, el saldo de detenidos y víctimas, y los ataques a la prensa dejaron al país ante una evidencia clara: Ecuador atraviesa una etapa de fuerte polarización y desconfianza institucional, donde el diálogo entre el poder y los sectores sociales sigue siendo la deuda pendiente.
