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La Comisión Ciudadana de Selección tiene cuatro meses para concluir el proceso, contados desde su posesión a finales de enero. El plazo puede extenderse dos meses más. Eso significa que el país podría tener nuevo Fiscal entre finales de mayo y julio.

Y no es un cargo menor.

El Fiscal General dirige las investigaciones por corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto durante seis años, sin reelección. En un contexto de violencia y casos políticos abiertos, su designación definirá el rumbo de procesos sensibles en el país.

El concurso llega tarde

Desde la salida de la exfiscal Diana Salazar en abril de 2025, Ecuador ha pasado más de 10 meses con autoridades encargadas y prorrogadas al frente de la Fiscalía. El concurso formal comenzó recién en enero de 2026, y la designación podría extenderse hasta julio, sumando meses adicionales de espera para una autoridad plena.

Etapa actual y siguientes pasos

El concurso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado cerró la etapa de inscripciones con 75 postulaciones.

¡Atención!

Una vez que se consolidaron los datos a nivel nacional, así como de las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, se cerró en 75 el número de inscripciones en el concurso de Fiscal General del Estado.

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— Participa Ecuador (@CpccsEc) March 4, 2026

Actualmente, el proceso está en admisibilidad y reconsideración, donde se verifica:

• Cumplimiento de requisitos legales y constitucionales
• Experiencia mínima exigida
• Ausencia de inhabilidades

Luego seguirán la calificación de méritos, el escrutinio público y la fase de oposición escrita y oral, hasta que el CPCCS designe al ganador.

Calificación

Los postulantes que cumplan los requisitos pasarán a la calificación de méritos y oposición, donde se evaluará su formación académica, experiencia profesional y trayectoria (hasta 50 puntos) y se realizará una prueba escrita y oral sobre conocimientos técnicos y habilidades prácticas (otros 50 puntos). Cada fase incluye oportunidades de recalificación, para que los candidatos puedan solicitar revisión de su puntaje antes de avanzar a la siguiente etapa.

Escrutinio público e impugnaciones ciudadanas

Los ciudadanos y organizaciones pueden revisar los resultados parciales y presentar impugnaciones fundamentadascontra candidatos que consideren no aptos. Estas impugnaciones se analizan en audiencias públicas, y la Comisión decide si las acepta o rechaza antes de que los postulantes avancen a la siguiente fase. 

Perfiles destacados

Entre los 75 inscritos hay perfiles desde exfuncionarios del Ejecutivo, jueces cortes y autoridades en funciones. Esa diversidad anticipa una competencia entre experiencia política, trayectoria judicial y continuidad institucional.

José de la Gasca

El exministro de Gobierno durante la administración del presidente Daniel Noboa presentó su candidatura a pocas horas de cerrar el concurso. Su postulación es de las más visibles por su vínculo reciente con el Ejecutivo. Además, ha sido juez de garantías penales y secretario Anticorrupción de la Presidencia en el gobierno de Lenín Moreno.

Walter Macías

Exjuez de la Corte Nacional de Justicia, con participación en casos emblemáticos como “Sinohydro” y “Sobornos”. Fue destituido en 2023 por el Consejo de la Judicatura en medio de controversias sobre su gestión, pero luego recuperó su cargo temporalmente mediante una acción legal.

Daniella Camacho

Jueza de la Corte Nacional de Justicia especializada en materia penal. Ha estado a cargo de casos de alto perfil como Sobornos 2012‑2016 y Liga2, así como diligencias relacionadas con medidas cautelares y tráfico de influencias. 

Maritza Romero

Jueza en la provincia de Pichincha, con experiencia en la Función Judicial y participación en casos relevantes como “Pruebas PCR” relacionados con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda. En 2025 denunció amenazas de muerte e intimidaciones vinculadas a investigaciones relacionadas con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y ha estado involucrada en causas que incluyen acciones judiciales relacionadas con la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

Carlos Leonardo Alarcón

Actual fiscal general encargado. Asumió la titularidad temporal de la Fiscalía tras la salida de Diana Salazar y Wilson Toainga y actualmente dirige la institución mientras se desarrolla el concurso.

Washington Andrade

El Abogado fue parte de la defensa de la jueza Nubia Vera en el denominado caso “Pendrive”, relacionado con una acción de protección vinculada a la exvicepresidenta Verónica Abad. El caso derivó en denuncias públicas sobre presuntas presiones en la tramitación judicial y en investigaciones internas dentro de la Función Judicial.

Karol Zambrano

Es jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, forma parte de caso «Blanqueo Fito». Dicho proceso analiza una presunta estructura financiera que de lavado de activos relacionada al círculo familiar de José Adolfo Macías, alias «Fito», líder del Grupo de Delincuencia Organizada «Los Choneros».

¿Por qué este proceso es sensible?

La designación del Fiscal General tiene como factores destacables:

• Dirección de casos emblemáticos: El nuevo Fiscal definirá prioridades en investigaciones de corrupción y crimen organizado.
• Independencia: La Fiscalía es autónoma, pero la percepción de cercanía política puede afectar su legitimidad.
• Impugnaciones y judicialización: Exclusiones o recalificaciones polémicas podrían terminar en acciones constitucionales y retrasar la designación
• Confianza pública: La transparencia en la evaluación de méritos, pruebas y resolución de impugnaciones será clave para que la ciudadanía perciba legitimidad en el proceso.