Reforma urgente a minería y energía: qué propone el Gobierno y qué podría cambiar
¿Qué plantea el proyecto?
El proyecto propone reemplazar artículos específicos de dos leyes:
Según el Gobierno, el objetivo es redefinir los mecanismos mediante los cuales el Estado autoriza, regula, recauda y delega funciones en ambos sectores.
En minería, la propuesta se enfoca en reducir cargas administrativas para proyectos formales, incrementar ingresos fiscales y contener la expansión de la minería ilegal.
En energía, plantea habilitar la participación de empresas privadas cuando el Estado no pueda garantizar eficiencia, continuidad del servicio o abastecimiento.
Cambios clave en minería
1. Permisos previos:
La reforma sustituye la licencia ambiental por una autorización ambiental en determinadas fases del proyecto. El Ejecutivo sostiene que el cambio permitiría concentrar la capacidad técnica del Estado en etapas de mayor complejidad y evitar retrasos administrativos. La propuesta señala que esta modificación no implicaría una reducción de los estándares de protección ambiental.
Qué cambia: actualmente se exige licencia para avanzar en proyectos; el nuevo esquema flexibilizaría ese requisito en fases iniciales.
Actualmente, la licencia ambiental es un permiso obligatorio para obras, actividades o incluso proyectos de mediano o alto impacto ambiental; como es el caso de concesiones mineras. Su asignación implica estudios técnicos, participación ciudadana y seguimiento estatal. El texto de propuesta de reforma, no detalla aún los requisitos de una autorización ambiental, ni criterios técnicos de como sería el nuevo proceso en el caso de aprobarse la ley.
2. Patente de conservación minera:
Se establece un pago obligatorio anual por hectárea concesionada, sin posibilidad de prórroga. Las tarifas variarían según la etapa:
- Exploración inicial: 2,5% de una remuneración básica unificada por hectárea.
- Exploración avanzada: 5%.
- Explotación: 10%.
- Pequeña minería: 2%.
El Gobierno sostiene que este esquema aseguraría ingresos fiscales regulares desde el inicio de cada año.
3. Simplificación de etapas de concesión:
De acuerdo a la propuesta, se simplifican los procesos a solo una etapa de exploración y una de explotación; con transición automática entre subfases cumpliendo parámetros técnicos y ambientales, y así garantizar continuidad de los proyectos. El Ejecutivo sostiene que esto permitirá evitar tiempos muertos y retrasos injustificados, sin dejar de lado obligaciones ambientales.
4. Clústeres mineros y seguridad estratégica
La reforma crea los llamados clústeres mineros integrales, zonas donde el Estado planificaría de forma conjunta la actividad extractiva y la infraestructura necesaria.
Además, incorpora las Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, que contemplan el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar instalaciones frente a la minería ilegal y ocupaciones ilícitas.
5. Uso de regalías
Aquí se establece un estándar mínimo de registro, evaluación previa y trazabilidad en el uso de las regalías mineras. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán presentar y registrar de forma detallada los proyectos de inversión social y desarrollo territorial que prioricen, como condición para el desembolso y seguimiento de estos recursos.
6. Minería artesanal:
Se proponen permisos de hasta 10 años, no renovables, con obligación de transición hacia esquemas de pequeña minería. También se plantea:
- restringir maquinaria y áreas
- prohibir más de un permiso por persona
- limitar transferencias indirectas entre familiares
El objetivo declarado es reducir prácticas informales.
Cambios clave en energía
1. Participación privada:
El Estado podría delegar la generación, transmisión o distribución eléctrica a empresas privadas —incluidas estatales extranjeras o de economía popular— si existen riesgos como:
- racionamiento
- retrasos en el Plan Maestro de Electricidad
- emergencias
- condiciones más favorables de provisión
Las concesiones podrían extenderse hasta 30 años.
Qué cambia: el modelo se vuelve más flexible frente al predominio estatal.
2. Distritos Autónomos Energéticos (DAE):
La propuesta crea estos distritos para que grandes consumidores puedan generar su propia electricidad y operar redes internas. De forma excepcional, podrían inyectar excedentes al sistema nacional. El Ejecutivo sostiene que esto ayudaría a reducir la presión sobre la red pública.
3. Despacho basado en costos:
La reforma prioriza el despacho de energía con menores costos de producción y se otorga preferencia a la generación renovable no convencional de hasta 10 MW (solar y eólica), así como a un despacho mínimo de centrales que utilicen energías de transición.
Datos clave: la minería ilegal en Ecuador
La minería ilegal se ha consolidado como el segundo mercado ilícito del país, solo detrás del narcotráfico, según el Informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador 2025 del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Este negocio habría generado cerca de USD 1.300 millones en 2024, impulsado por la extracción y exportación de oro sin trazabilidad, un mecanismo que facilita el lavado de dinero.
Para dimensionar la magnitud: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones mineras legales sumaron USD 3.704 millones, de acuerdo con el Banco Central.
La expansión de esta economía está vinculada al control territorial y a la violencia, con presencia de organizaciones criminales en provincias como El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe y Orellana.
Investigaciones señalan que el oro sale principalmente hacia Perú y también hacia Colombia por rutas fluviales.
¿Qué falta para aprobar el proyecto?
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto el 1 de febrero de 2026. La Comisión de Desarrollo Económico tiene hasta 10 días para elaborar el informe del primer debate. Posteriormente deberá preparar el informe para el segundo debate en un plazo máximo de cuatro días. De cumplirse estos tiempos, la Asamblea podría resolver la propuesta este mismo mes.
Un tema que generó conversación digital
La propuesta de reforma a la Ley de Minería, en particular el cambio del requisito de licencia ambiental por una autorización ambiental, trascendió rápidamente el debate técnico y legislativo y se instaló en la conversación digital.
Un análisis de escucha social muestra que, entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 2026, el tema generó 11 mil interacciones en redes sociales, con una audiencia potencial estimada de 2.4 millones de personas. El debate digital se activó inmediatamente después de la presentación del proyecto a la Asamblea Nacional y mostró un crecimiento sostenido durante los siete días siguientes.
El alcance superó las 2.3 millones de impresiones acumuladas, impulsado principalmente por publicaciones de medios de comunicación, periodistas, analistas políticos, organizaciones ambientales y actores vinculados al sector minero. Este patrón aceleró la difusión del tema y lo posicionó en la agenda pública nacional en un corto período de tiempo.
La conversación digital se caracterizó por la polarización de posturas. Mientras algunos usuarios destacaron la necesidad de agilizar trámites ambientales para destrabar inversiones y proyectos mineros, otros expresaron preocupación por un eventual debilitamiento del control ambiental y sus posibles impactos sobre territorios y fuentes de agua.
