Cinco cambios clave a las leyes de minería y energía: qué cambia tras la decisión de la Asamblea
Nota actualizada el 26/02/26 tras la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Nacional
¿Qué reforma el proyecto?
El proyecto reemplaza artículos específicos de dos leyes:
La Asamblea aprobó los artículos 1 al 28 y eliminó el 29, que proponía cambiar el destino del superávit de las empresas públicas generadoras para reinvertirlo en el sistema eléctrico en lugar de destinarlo obligatoriamente a desarrollo local.
Cambios clave en minería
1. Permisos previos:
La reforma reemplaza la licencia ambiental por una autorización ambiental en determinadas fases del proyecto minero.
La licencia ambiental era el permiso exigido para obras o actividades de mediano y alto impacto, incluidas concesiones mineras, y requería estudios técnicos, participación ciudadana y seguimiento estatal.
El texto aprobado establece la nueva figura de autorización ambiental, pero no detalla sus requisitos ni los criterios técnicos que regirán su aplicación.
2. Control de Fuerzas Armadas en zonas mineras
La reforma señala que cuando una zona minera sea considerada estratégica y, especialmente, cuando exista presencia de grupos criminales, las Fuerzas Armadas podrán intervenir para neutralizar la amenaza y restablecer las condiciones de normalidad.
Su apoyo tendrá fines específicos: proteger al personal e infraestructura, prevenir y combatir minería ilegal o sabotaje, y respaldar el control territorial junto a otras autoridades. La norma aclara que esta intervención no reemplaza las obligaciones de seguridad que siguen siendo responsabilidad de la empresa minera.
3. Actividades en Galápagos
La reforma establece que en Galápagos solo se podrán otorgar permisos para extraer áridos y pétreos, es decir, materiales como arena, grava o piedra, utilizados en la construcción. No se permite otro tipo de actividad minera.
Además, esta extracción solo podrá hacerse dentro de Zonas de Aprovechamiento Sustentable y siempre fuera del Parque Nacional Galápagos. En la práctica, se mantiene la prohibición de minería a gran escala, pero se permite la obtención controlada de materiales básicos únicamente destinados para construcción.
4. Patente de conservación minera:
Se establece un pago obligatorio anual por hectárea concesionada, sin posibilidad de prórroga. Las tarifas variarían según la etapa:
- Exploración inicial: 2,5% de una remuneración básica unificada por hectárea.
- Exploración avanzada: 5%.
- Explotación: 10%.
- Pequeña minería: 2%.
El Gobierno sostiene que este esquema aseguraría ingresos fiscales regulares desde el inicio de cada año.
5. Simplificación de etapas de concesión:
De acuerdo a la propuesta, se simplifican los procesos a solo una etapa de exploración y una de explotación; con transición automática entre subfases cumpliendo parámetros técnicos y ambientales, y así garantizar continuidad de los proyectos. El Ejecutivo sostiene que esto permitirá evitar tiempos muertos y retrasos injustificados, sin dejar de lado obligaciones ambientales.
6. Clústeres mineros y seguridad estratégica
La reforma crea los llamados clústeres mineros integrales, zonas donde el Estado planificaría de forma conjunta la actividad extractiva y la infraestructura necesaria.
Además, incorpora las Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, que contemplan el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar instalaciones frente a la minería ilegal y ocupaciones ilícitas.
7. Uso de regalías
Aquí se establece un estándar mínimo de registro, evaluación previa y trazabilidad en el uso de las regalías mineras. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán presentar y registrar de forma detallada los proyectos de inversión social y desarrollo territorial que prioricen, como condición para el desembolso y seguimiento de estos recursos.
8. Minería artesanal:
Se proponen permisos de hasta 10 años, no renovables, con obligación de transición hacia esquemas de pequeña minería. También se plantea:
- restringir maquinaria y áreas
- prohibir más de un permiso por persona
- limitar transferencias indirectas entre familiares
El objetivo declarado es reducir prácticas informales.
9. Voluntad popular
En el proyecto se incorpora una disposición que obliga a interpretar y aplicar la ley en estricta observancia de los resultados de consultas populares y referéndums que hayan establecido prohibiciones o restricciones a la actividad minera.
En términos prácticos, se reconoce que la voluntad expresada en las urnas prevalece, y cualquier aplicación de la ley deberá ajustarse a esos límites territoriales ya definidos por decisión ciudadana.
Cambios clave en energía
1. Participación privada:
El Estado podría delegar la generación, transmisión o distribución eléctrica a empresas privadas —incluidas estatales extranjeras o de economía popular— si existen riesgos como:
- racionamiento
- retrasos en el Plan Maestro de Electricidad
- emergencias
- condiciones más favorables de provisión
Las concesiones podrían extenderse hasta 40 años.
Qué cambia: el modelo se vuelve más flexible frente al predominio estatal.
2. Distritos Autónomos Energéticos (DAE):
La propuesta crea estos distritos para que grandes consumidores puedan generar su propia electricidad y operar redes internas. De forma excepcional, podrían inyectar excedentes al sistema nacional. El Ejecutivo sostiene que esto ayudaría a reducir la presión sobre la red pública.
4. Despacho basado en costos:
La reforma prioriza el despacho de energía con menores costos de producción y se otorga preferencia a la generación renovable no convencional de hasta 10 MW (solar y eólica), así como a un despacho mínimo de centrales que utilicen energías de transición.
Datos clave: la minería ilegal en Ecuador
La minería ilegal se ha consolidado como el segundo mercado ilícito del país, solo detrás del narcotráfico, según el Informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador 2025 del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Este negocio habría generado cerca de USD 1.300 millones en 2024, impulsado por la extracción y exportación de oro sin trazabilidad, un mecanismo que facilita el lavado de dinero.
Para dimensionar la magnitud: entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones mineras legales sumaron USD 3.704 millones, de acuerdo con el Banco Central.
La expansión de esta economía está vinculada al control territorial y a la violencia, con presencia de organizaciones criminales en provincias como El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe y Orellana.
Investigaciones señalan que el oro sale principalmente hacia Perú y también hacia Colombia por rutas fluviales.
Un tema que generó conversación digital
La propuesta de reforma a la Ley de Minería, en particular el cambio del requisito de licencia ambiental por una autorización ambiental, trascendió rápidamente el debate técnico y legislativo y se instaló en la conversación digital.
Un análisis de escucha social muestra que, entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 2026, el tema generó 11 mil interacciones en redes sociales, con una audiencia potencial estimada de 2.4 millones de personas. El debate digital se activó inmediatamente después de la presentación del proyecto a la Asamblea Nacional y mostró un crecimiento sostenido durante los siete días siguientes.
El alcance superó las 2.3 millones de impresiones acumuladas, impulsado principalmente por publicaciones de medios de comunicación, periodistas, analistas políticos, organizaciones ambientales y actores vinculados al sector minero. Este patrón aceleró la difusión del tema y lo posicionó en la agenda pública nacional en un corto período de tiempo.
La conversación digital se caracterizó por la polarización de posturas. Mientras algunos usuarios destacaron la necesidad de agilizar trámites ambientales para destrabar inversiones y proyectos mineros, otros expresaron preocupación por un eventual debilitamiento del control ambiental y sus posibles impactos sobre territorios y fuentes de agua.
