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Etiqueta: elecciones 2025

Qué observan —y qué cuestionan— las misiones internacionales sobre el Referéndum

El Consejo Nacional Electoral acreditó a 972 observadores, de los cuales 93 fueron internacionales, incluyendo la participación de expertos, delegados diplomáticos y misiones internacionales, entre ellas la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), la MOE/OEA, UNIORE, y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

1. Una jornada tranquila, pero marcada por tiempos apretados

Ambas misiones coinciden en que el día de la votación transcurrió con normalidad.
La OEA reporta que la mayoría de recintos abrió puntual y que la transmisión de actas fluyó sin mayores contratiempos. UNIORE describe una jornada ágil, sin filas y con una participación cercana al 80 %, similar a procesos previos.

Pero detrás de esa normalidad hay un punto compartido: el proceso se levantó sobre tiempos muy ajustados. Las convocatorias llegaron de manera escalonada y ninguna de las cuatro preguntas alcanzó el plazo de 60 días que exige la normativa. Todo quedó comprimido en un calendario que dejó poco margen para informar, debatir y contrastar.

2. Capacitación: avances, pero con brechas en el escrutinio

UNIORE reconoce avances en la preparación de los Miembros de Junta Receptora del Voto.
La OEA coincide en que la elección era técnicamente sencilla, pero insiste en una dificultad que se repite elección tras elección: el escrutinio no siempre se realiza igual en todas las mesas, y tener dos JRV por aula sigue generando confusiones.

Ambas misiones apuntan a lo mismo: hay que seguir afinando el momento más delicado del proceso, el que da forma final a los resultados.

3. Papeleta y diseño: ¿claridad o saturación?

Aquí las lecturas difieren, las misiones no ven exactamente lo mismo:

  • Para UNIORE, la papeleta estaba clara, con colores diferenciados y letra legible.
  • Para la OEA, el problema no fue el diseño, sino la cantidad de contenido en una sola boleta: cuatro temas distintos, cada uno con anexos que quedaron al reverso en una letra demasiado pequeña como para consultarla en tiempo real.

Las dos observaciones pueden convivir: la papeleta era visualmente entendible, pero no necesariamente ayudaba a comprender la complejidad de cada pregunta.

4. Campaña en cámara rápida: inequidad y falta de tiempo

Este es el punto donde ambas misiones suenan más firmes:

  • Las MOE coinciden en que la campaña de 13 días fue demasiado corta y coincidió con un feriado extenso.
  • Los actores políticos —en ambos lados— tuvieron dificultades para informar adecuadamente a la ciudadanía.
  • Organizaciones entrevistadas por UNIORE describen un clima de descalificaciones y desequilibrio en la contienda.
  • La OEA añade que ninguna de las cuatro preguntas cumplió con los 60 días que exige la norma para procesos de democracia directa.

El resultado: un proceso legalmente viable, pero políticamente acelerado.

5. Funcionarios en campaña: vacíos normativos y tensiones

La OEA identifica un problema que se repite en cada consulta: el Código de la Democracia no define con claridad cómo deben participar funcionarios públicos en ejercicios de democracia directa.
Aunque el presidente y varios asambleístas pidieron licencia parcial, las misiones observan:

  • Mensajes oficiales en redes incluso en silencio electoral,
  • Uso desigual de vocerías,
  • Incertidumbre sobre el límite entre gestión y campaña.

UNIORE recoge estas percepciones directamente de organizaciones políticas y sociales.

6. Desinformación y narrativas digitales: una alerta fuerte

La misión de la OEA dedica un apartado amplio al impacto de la desinformación digital en el 16N. Y para describir lo que ocurrió, recurre a los datos de organizaciones especializadas que monitorearon la campaña como Lupa Media.

Nuestro reporte —publicado el 14 de noviembre— documentó cómo buena parte del contenido viral durante esos días mezcló emociones, afirmaciones engañosas y elementos generados con inteligencia artificial. La OEA utiliza estos hallazgos para mostrar la magnitud del fenómeno y para sustentar sus recomendaciones sobre alfabetización digital y acción institucional frente a la desinformación.

No lo mencionan como anécdota, sino como insumo técnico para entender qué pasó en la conversación digital. Para un medio independiente y emergente, este reconocimiento subraya la importancia del trabajo de verificación en contextos altamente polarizados.

7. Seguridad y estado de excepción

  • La OEA vuelve a insistir en que realizar procesos electorales bajo estado de excepción —como ha ocurrido en todos los comicios desde 2023— puede alterar condiciones del proceso.
  • UNIORE, por su parte, destaca el rol ordenado de policías y militares durante la jornada.

8. Voto en el exterior: baja participación y logística compleja

La OEA advierte que:

  • Solo votó cerca del 20 % de personas habilitadas.
  • Hubo zonas cerradas en Venezuela, Cuba, Rusia y Bielorrusia.
  • Los MJRV en el exterior no tienen acceso equivalente a la plataforma de capacitación.

UNIORE no aborda en detalle esta modalidad.

En resumen: ¿qué imagen conjunta dejan los informes?

  • Técnicamente sólido el día de la votación, pese a tiempos reducidos.
  • Capacitación mejorada, pero aún insuficiente para estandarizar escrutinios.
  • Campaña extremadamente corta, con efectos claros en equidad e información.
  • Vacíos normativos sobre participación de autoridades que generan tensiones.
  • Desinformación activa y uso intensivo de IA que influyó en el debate público.
  • Retos persistentes en voto exterior y diseño de papeletas para ejercicios complejos.

Es decir: un proceso estable en la ejecución, pero estresado en el contexto.

La OEA no pidió investigar al Gobierno por uso de recursos públicos

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¿Qué verificamos?

Una portada viral en Facebook y TikTok afirma que la OEA pidió investigar al Gobierno por presunto uso de recursos estatales durante la campaña del referéndum del 16 de noviembre de 2025. 

¿Por qué es mayormente falso?

La MOE/OEA no acusa al Ejecutivo, no señala a ningún actor político, no presenta pruebas ni solicita una investigación específica. En su trabajo durante el Referéndum y Consulta Popular 2025, la Misión escuchó y registró denuncias y comentarios sobre campaña anticipada, uso de recursos públicos y publicidad estatal. Sin embargo, no concluyó nada sobre su veracidad.

¿Qué dice la evidencia? 

  • En el informe oficial de la MOE/OEA, publicado el 18 de noviembre de 2025, se describe una jornada pacífica, transparente y técnicamente exitosa. No reporta irregularidades que pongan en duda los resultados.
  • El informe de la OEA recogió denuncias de actores políticos sobre presuntas campañas del Gobierno a favor del “Sí”, publicidad del Banco del Pacífico, anuncios estatales como el bono “Legado de Honor” y el anticipo del décimo tercer sueldo, emitidos cerca de la votación y potencialmente afectando la equidad electoral.
  • El documento recalca que aunque el Gobierno justificó estas medidas, la misión reiteró su recomendación de que el CNE, el TCE y la Contraloría investiguen posibles casos de uso de recursos públicos con fines electorales.
  • El TCE confirmó a Lupa Media que, hasta la publicación de esta verificación, no ha recibido denuncias ni recursos relacionados con este tema.
  • No hay acusaciones, pruebas ni solicitudes de investigación dirigidas al Ejecutivo. La recomendación es una práctica estándar de la MOE/OEA en todos los procesos electorales que observa, destinada a cualquier posible caso, sin importar el actor político involucrado.
  • La portada viral atribuye la acción a “la OEA”, pero la recomendación proviene de la Misión de Observación Electoral, un órgano técnico distinto.

Contexto importante

La OEA ha destacado que las votaciones del 16 de noviembre de 2025 en Ecuador, correspondientes a un referéndum y consulta popular, se desarrollaron de manera pacífica y en un ambiente de respeto y tranquilidad.

La Misión de Observación Electoral de la OEA, encabezada por Nicolás Albertoni, constató que la jornada fue una verdadera fiesta democrática sin incidentes graves ni violencia.

La MOE/OEA detectó un alto volumen de desinformación en redes sociales durante la campaña, incluyendo el uso de inteligencia artificial generativa. Por ello, recomienda mayor acción del CNE para combatir la información falsa.

Conclusión

MAYORMENTE FALSO: La portada viral distorsiona el informe de la MOE/OEA: no acusa al Gobierno ni confirma irregularidades. La Misión recogió denuncias y comentarios sobre uso de recursos públicos y publicidad estatal, y emitió una recomendación general a los órganos de control, como hace en todos los procesos electorales. El TCE confirmó que no hay denuncias formales.

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Entre emociones y falsedades: la otra cara de la campaña del referéndum

Ecuador acudió por segunda vez en menos de un año a las urnas y, tanto en redes sociales como en el discurso político, la desinformación volvió a moverse con rapidez, apelando más al miedo, la indignación y la incertidumbre que a la evidencia. Entre el 1 y el 13 de noviembre, Lupa Media realizó 115 verificaciones —entre contenido viral, discurso público y respuestas ciudadanas enviadas a #VerificaciónALaCarta por WhatsApp— y los hallazgos confirman que, una vez más, la disputa no solo estuvo en las urnas, sino también en la narrativa: quién lograba instalar su versión, generar impacto y mover a la gente desde la emoción.

Frente a ese escenario, la verificación se convirtió en una herramienta imprescindible para recuperar claridad en medio del ruido y acompañar a una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia de contrastar antes de decidir.

Narrativas que dominaron la campaña

Además de desinformación puntual, durante la campaña detectamos cuatro narrativas centrales: ideas repetidas desde distintos actores, plataformas y formatos, diseñadas para generar emociones intensas y moldear la percepción pública más que para informar. Estas narrativas se alimentaron tanto de afirmaciones falsas como de piezas generadas con IA y contenidos que mezclaban hechos con interpretaciones alarmistas.

1. “La Constitución privilegia a las personas privadas de libertad por encima del resto de la sociedad”

Narrativa basada en la exageración o invención de supuestos “beneficios” para personas privadas de libertad. Circuló en contenido viral y en discursos que presentaban servicios constitucionales —como salud o educación— como privilegios exclusivos. Su objetivo fue generar indignación moral y la idea de un Estado que “premia” a quienes cometen delitos.

2. “La Constitución protege más a los criminales que a la gente honesta”

Narrativa de corte securitario, centrada en presentar artículos constitucionales como obstáculos para el trabajo policial o como “beneficios” para criminales. Surgió de interpretaciones selectivas, frases sacadas de contexto y declaraciones públicas que simplificaban un debate técnico. Su objetivo principal fue activar miedo e inseguridad.

3. “Las bases militares extranjeras ya están pactadas”

Se impulsó la idea de que la decisión sobre las bases estaba tomada incluso antes del referéndum. Esta narrativa mezcló conspiración y pérdida de soberanía, y se alimentó de documentos descontextualizados, deepfakes de noticieros internacionales y publicaciones que insinuaban acuerdos ocultos. Funcionó para instalar desconfianza hacia el proceso oficial.

4. “Si gana la opción contraria, el país colapsa”

Narrativa catastrófica que anticipaba escenarios de caos institucional, aumento extremo de inseguridad de ganar el «NO» o pérdida de derechos de ganar el «Sí». Se difundió mediante videos editados, y piezas de IA que recreaban escenarios apocalípticos. Buscó movilizar el voto desde la ansiedad y la urgencia.

Cómo funcionaron estas narrativas

Estas cuatro narrativas compartieron un propósito común:

  • simplificar problemas complejos,
  • activar emociones intensas (miedo, indignación, sensación de injusticia), y
  • condicionar percepciones en torno al voto.

En un entorno saturado de falsedades y contenido emocional, estas narrativas se volvieron poderosas porque no apelan a datos, sino a intuiciones, temores y marcos morales que se replican con facilidad.

Desinformación viral

Analizamos 56 publicaciones virales que circularon masivamente durante la campaña. Los resultados muestran un predominio claro de la desinformación:


Es decir, el 91% de las piezas virales verificadas eran falsas. Muchas fueron creadas con el fin de alimentar temores, reforzar sesgos y movilizar emociones.

Los desinformadores repitieron estrategias vistas en procesos anteriores, como los deepfakes de noticieros internacionales para posicionar mensajes que supuestamente “los medios locales no muestran”, y la usurpación de identidad de medios ecuatorianos para difundir contenido falso con apariencia de legitimidad.

Declaraciones públicas: estrategia política

Realizamos un monitoreo diario de las declaraciones de autoridades del gobierno y organizaciones involucradas en la campaña. Un total de 11 afirmaciones fueron verificadas por su incidencia en el debate público y su viralidad en dos o más plataformas.

Las afirmaciones falsas se concentraron en temas técnicos —como la reforma constitucional o la seguridad— presentadas sin evidencia, con conclusiones que no se desprenden de los datos disponibles o con interpretaciones exageradas para reforzar posturas políticas.

Un ejemplo fue la afirmación repetida por el presidente y sus funcionarios sobre supuestos “privilegios” en la atención médica para las personas privadas de libertad, que no coincide con la normativa ni con la evidencia pública.

Este patrón revela que el discurso político, durante este proceso electoral, no solo estuvo polarizado, sino también marcado por afirmaciones incorrectas amplificadas en medios tradicionales y digitales.

IA generativa: menos falsedad, más manipulación emocional

Entre el 16 de octubre y el 12 de noviembre identificamos adicionalmente 125 contenidos generados o intervenidos con IA vinculados a la campaña. Aunque muchos no contenían falsedades explícitas, sí fueron diseñados para:

  • amplificar miedo o esperanza,
  • presentar versiones idealizadas de actores políticos,
  • exagerar logros o amenazas,
  • estetizar mensajes políticos para aumentar impacto,
  • usar imágenes “épicas” o moralizantes para condicionar percepción.

La IA se consolidó como una herramienta de manipulación emocional, incluso sin generar datos falsos. El objetivo no fue engañar, sino influir.

Otros riesgos informativos durante la campaña: las estafas digitales

Aunque no forman parte de la desinformación electoral, durante el periodo de campaña detectamos un aumento significativo de estafas digitales basadas en supuestos bonos, ayudas económicas o transferencias estatales. Estos contenidos circularon con fuerza en WhatsApp, Telegram y TikTok, muchas veces desde cuentas recién creadas o que suplantaban la identidad de instituciones públicas y del presidente Noboa.

Estas estafas no buscaban influir en el voto, pero sí aprovechar el aumento de tráfico, atención y vulnerabilidad digital que suele acompañar a los procesos electorales, y también el aumento de beneficios sociales por parte del gobierno. Funcionaban bajo lógicas muy similares a las piezas de desinformación:

  • sensación de urgencia,
  • apelación emocional,
  • autoridad falsa (logos del MIES, Presidencia, ministerios),
  • enlaces que capturaban datos personales y financieros,
  • estética “institucional” para generar confianza.

La circulación de estas estafas durante la campaña revela que, en contextos electorales, la ciudadanía enfrenta no solo desinformación política, sino también riesgos digitales colaterales que se potencian con el ruido informativo.

¿Qué nos deja la campaña?

Tres conclusiones destacan:

1. La “desinformación emocional” ganó terreno

La campaña se movió más por sensaciones que por información. El contenido falso, los discursos imprecisos y las piezas de IA crearon un clima donde la emoción superó al dato.

2. La verificación sigue siendo esencial

Las 111 verificaciones realizadas muestran la necesidad de contar con equipos capaces de contrastar información en tiempo real y aclarar el debate.

3. Urge fortalecer la alfabetización mediática

Las narrativas emocionales, amplificadas por la IA, requieren ciudadanía con herramientas para identificar manipulación, distinguir fuentes y tomar decisiones informadas.

¿Entonces?

En esta campaña, la disputa no se dio solo en las urnas, sino —y sobre todo— en el terreno de la información: un espacio saturado por emociones, falsedades y contenidos diseñados para influir más que para explicar.
Mientras el país se preparaba para decidir, la conversación pública fue moldeada por narrativas emotivas, discursos sin sustento y piezas generadas con IA que desplazaron al dato como eje del debate.

En ese ruido, la verificación volvió a demostrar su valor: ofrecer claridad, recuperar contexto y ayudar a que la ciudadanía tome decisiones informadas. Porque el voto se define un día, pero la percepción se moldea mucho antes.

Es falso que el artículo 323 permite “robar por interés social”

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¿Qué verificamos?

Una publicación viral afirma que el artículo 323 legaliza el robo y que un jefe de tribu puede “robar por interés social”.

¿Por qué es completamente falso?

El artículo 323 no legaliza el robo. Regula la expropiación como un mecanismo exclusivo del Estado, que requiere declaratoria, valoración, pago y fines de utilidad pública o interés social. Confundir expropiación con robo tergiversa por completo el contenido constitucional.

¿Qué dice la evidencia?

  • Lo que dice la Constitución: El artículo 323 establece que el Estado puede expropiar bienes solo cuando exista una previa valoración y se cumplan las condiciones legales de utilidad pública o interés social.
  • No se trata de robo: En ninguna parte del artículo se menciona “robo” ni faculta a jefes de tribu o personas comunes para expropiar bienes. Según Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, el artículo regula cómo se ejerce la propiedad privada y permite la expropiación únicamente por el Estado bajo declaratoria de utilidad pública o interés social.
  • Pago de por medio: La expropiación requiere el pago del justo precio. Si no hay acuerdo, puede iniciarse un juicio, indican las constitucionalistas Verónica Hernández y María Dolores Miño.
  • Condiciones para expropiar: Según Hernández y el constitucionalista Álvaro Contreras, para que el Estado pueda expropiar:
    • Debe declararse utilidad pública o interés social y nacional.
    • Los bienes deben destinarse a planes de desarrollo social, manejo ambiental sustentable o bienestar colectivo.
    • Se debe realizar valoración justa, indemnización y pago conforme a la ley.
  • Expropiación no es confiscación: El artículo 323 permite la expropiación bajo parámetros legales, pero prohíbe expresamente la confiscación, que vulnera el derecho constitucional a la propiedad.
  • Ejemplos:
    • Utilidad pública: expropiación para construir o ampliar una carretera.
    • Interés social: expropiación para proyectos agrícolas u otros fines colectivos.

Contexto importante

El 16 de noviembre, Ecuador votará en el Referéndum y Consulta Popular 2025. Una de las consultas decidirá si se convoca a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

  • Si gana el “Sí”, se convocarán elecciones para asambleístas constituyentes en un plazo de 90 días y los legisladores tendrán hasta ocho meses para redactar el nuevo texto, que luego será sometido a consulta popular.
  • Si gana el “No”, seguirá vigente la Constitución actual, incluyendo el artículo 323.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El artículo 323 no legaliza el robo ni permite que cualquier persona expropie bienes por interés social. Regula la expropiación como un mecanismo exclusivo del Estado, que requiere valoración previa, pago del justo precio y fines de utilidad pública o interés social. Confundir expropiación con robo tergiversa la Constitución.

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Consulta Popular 2025: Asamblea Constituyente

¿Qué dice la pregunta?

La Pregunta D plantea la convocatoria de una Asamblea Constituyente con el objetivo de redactar una nueva Constitución que sustituya la aprobada en 2008.

¿Qué cambiaría?

Si la ciudadanía aprueba la pregunta:

  1. Convocatoria de elecciones: El CNE organizará elecciones para elegir a los asambleístas constituyentes dentro de los 90 días posteriores a la proclamación de los resultados.
  2. Redacción de la nueva Constitución: Los constituyentes tendrán un plazo máximo de 180 días, con una posible prórroga de 60 días, para elaborar el texto.
  3. Referendo final: La nueva Constitución se somete a votación popular. Solo entrará en vigor si obtiene la aprobación de la ciudadanía.

Mientras se redacta la nueva Constitución, la Constitución de 2008 sigue vigente y la actual Asamblea Nacional continúa funcionando normalmente, cumpliendo sus funciones hasta el final de su periodo.

Hasta ahora, no hay claridad sobre los cambios específicos que se introducirán. El presidente Daniel Noboa ha señalado que se busca reducir el número de artículos, realizar ajustes en materia penal y fomentar la inversión extranjera, pero los detalles se darán solo después de la aprobación de la pregunta.

¿Qué es una Asamblea Constituyente?

Es un mecanismo democrático que permite redactar una nueva Constitución, no solo reformarla. Sirve para redefinir la estructura del Estado, los derechos y deberes de la ciudadanía y el diseño institucional.

El artículo 444 de la Constitución actual establece que la Asamblea Constituyente solo puede convocarse mediante consulta popular solicitada por:

  • El 12% de las personas inscritas en el registro electoral.
  • El Ejecutivo.
  • Dos tercios de la Asamblea Nacional.

Argumentos a favor y en contra

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó a 15 organizaciones políticas para hacer campaña sobre esta pregunta:

  • 6 a favor del Sí
  • 9 a favor del No

A favor (Sí):

  • CREO: Busca simplificar el sistema político y modificar la Constitución 2008, que consideran “extremadamente garantista”.
  • Presidente Daniel Noboa: Destaca la posibilidad de cambios en materia penal, una Constitución más sencilla y clara, con 180 artículos que protejan los derechos de la ciudadanía.
  • Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica): Señala que la Constitución actual no ha evitado delincuencia internacional ni problemas educativos.

En contra (No):

  • Revolución Ciudadana: La Constitución de 2008 logró avances históricos y proteger derechos; advierten que un nuevo texto podría quitar derechos y concentrar el poder en las élites.
  • Andrés Quishpe (UNE): Considera que la Asamblea estaría dominada por las principales fuerzas políticas y no resolvería problemas estructurales como trabajo, seguridad o salud.
  • CONAIE: Coincide en que el proceso no resolvería problemas actuales y costaría millones que podrían destinarse a necesidades urgentes, como hospitales.

Posibles escenarios

Si gana el Sí:

  1. Elección de constituyentes: Se realizan elecciones dentro de los 90 días posteriores a la consulta.
  2. Instalación de la Asamblea: Los miembros trabajan hasta 8 meses, redactando la nueva Constitución.
  3. Referendo final: La ciudadanía aprueba o rechaza el nuevo texto.

Si gana el No:

  • El Gobierno deberá recurrir a reformas o enmiendas para introducir cambios.
  • No se convoca la Asamblea Constituyente y la Constitución de 2008 sigue vigente.

Narrativas desinformativas

Categoría Completamente Falso “La Asamblea Constituyente puede ser de plenos poderes”

No, según la Corte Constitucional, no existe la figura de una Constituyente de “plenos poderes”. Esta modalidad no está reconocida en la Constitución y contradice el principio republicano de separación de poderes. “Esto afecta el principio de división de funciones y porque va en contra del principio democrático y republicano de gobierno” comentó a Lupa Media la abogada constitucionalista Verónica Hernández.

La Corte ha rechazado varias solicitudes que buscaban otorgar facultades ilimitadas a la Asamblea. Sosteniendo que esto implicaría que el órgano actúe sin restricciones legales ni institucionales.

Fuentes:
X – Verónica Hernández – 17/09/2025
Consulta a Verónica Hernández – Abogada constitucionalista
Corte Constitucional – Dictamen 11-25-RC/25B

Categoría Completamente Falso “La nueva Constituyente puede abolir el matrimonio igualitario y el aborto por violación”

No, estas decisiones no pueden eliminarse porque violarían el principio de progresividad y la prohibición de retroceso en derechos fundamentales. Al redactar una nueva Constitución se deben respetar principios democráticos y derechos reconocidos, incluyendo opiniones consultivas de la Corte Interamericana sobre igualdad y no discriminación.

La actual Constitución determina que el contenido de los derechos debe desarrollarse de forma progresiva por medio de la normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Incluso, cataloga como inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya injustificadamente el ejercicio de los derechos.

Fuentes:
Consulta a Verónica Hernández – Abogada constitucionalista
Consulta a Gonzalo Muñoz – Abogado constitucionalista
Corte Constitucional del Ecuador – Sentencia No. 34-19-IN/21
Corte Constitucional del Ecuador – Sentencia No. 11-18-CN/19

Categoría Completamente Falso “Casos como la pena de muerte pueden aprobarse en la nueva Constituyente”

No es posible, porque Ecuador ha firmado tratados internacionales que prohíben la pena de muerte, como el protocolo facultativo sobre su erradicación y la Convención Americana de Derechos Humanos, indica Hernández.

Además, el artículo 66 de la Constitución actual prohíbe acciones regresivas sobre derechos fundamentales. El abogado constitucionalista, Gonzalo Muñoz, afirma que “no pueden incorporarse en ese texto constitucional cuestiones que vayan en contra de los principios de una sociedad democrática”.

Fuentes:
Constitución del Ecuador
Consulta a Verónica Hernández – Abogada constitucionalista
Consulta a Gonzalo Muñoz – Abogado constitucionalista

Categoría Completamente Falso “Esta nueva Asamblea Constituyente puede llevarse a cabo de manera exprés y rápida”

No, el proceso tiene pasos y tiempos específicos: solicitud a la Corte, aprobación, referendo de convocatoria, elección de constituyentes, redacción de la Constitución y referendo final. Esto puede tardar varios meses o incluso años. El estatuto enviado a la Corte debe detallar los plazos.

La propuesta de Noboa fijó una duración de 180 días, con una prórroga posible de 60 días , es decir, aproximadamente un total de 8 meses para la redacción del nuevo texto a partir de que se establezca la primera sesión de la Asamblea Constituyente.

Fuentes:
Constitución del Ecuador
CNE – Voto informado

Referéndum 2025: Reducción del número de asambleístas

¿Qué dice la pregunta?

La Pregunta C plantea reducir el número actual de legisladores, tomando como base la población provincial y los datos del Censo Nacional 2022.

¿Qué cambiaría?

Hoy, el número de asambleístas se determina por el artículo 118 de la Constitución de 2008, que establece:

  • 15 asambleístas nacionales.
  • 2 por cada provincia.
  • 1 adicional por cada 200.000 habitantes o fracción superior a 150.000.
  • Representantes por regiones, distritos metropolitanos y por el exterior.

Si se aprueba la reforma, el número total de legisladores se reduciría, aumentando la proporción de población representada por cada asambleísta.

El anexo de la pregunta mantiene que los representantes por regiones, distritos metropolitanos y el exterior seguirán eligiéndose conforme al artículo 150 de la Ley Orgánica Electoral, que define:

En los casos en que una provincia tenga un distrito metropolitano, el número de asambleístas provinciales se calculará excluyendo la población de dicho distrito. Además, las circunscripciones especiales del exterior mantendrán seis representantes en total: dos por Europa, Oceanía y Asia; dos por Canadá y Estados Unidos; y dos por Latinoamérica, el Caribe y África. Finalmente, cada una de las regiones del país elegirá dos representantes a la Asamblea Nacional.

¿Cómo sería la nueva metodología?

La nueva fórmula utilizaría la población del Censo 2022 del INEC. Cada provincia tendría un asambleísta fijo y uno adicional por cada 400.000 habitantes. Esto significa que las provincias con menos de ese número solo contarían con un representante.

Argumentos a favor y en contra

El CNE autorizó a 13 organizaciones políticas y sociales a hacer campaña sobre esta pregunta:

  • 9 por el No
  • 4 por el 

A favor (Sí)

  • Acción Democrática Nacional (ADN) sostiene que la reducción responde a un reclamo ciudadano ante el mal desempeño de algunos legisladores. Argumenta que debe primar la calidad sobre la cantidad.
  • CREO apoya la propuesta porque ya fue impulsada durante el gobierno de Guillermo Lasso. Considera que podría mejorar los filtros de selección interna de los partidos.

En contra (No):

  • Revolución Ciudadana (RC) afirma que la medida reduce la representatividad democrática y concentra el poder político. Advierte que las provincias pequeñas perderían voz.
  • Democracia Sí argumenta que la reducción no garantiza mejor calidad legislativa y genera una representación desproporcionada, ya que las circunscripciones en el exterior mantendrían más escaños que varias provincias.

Posibles escenarios

Si gana el Sí:
La Asamblea deberá reformar el artículo 118 de la Constitución dentro de los 90 días posteriores a la publicación oficial de resultados. Según los abogados Edison Guarango y María Dolores Miño, la medida se aplicaría desde las elecciones generales de 2029, sin afectar a los asambleístas actuales.

Si gana el No:
El artículo 118 se mantendrá sin cambios y el número de asambleístas seguirá siendo 151, hasta un nuevo censo.

Narrativas desinformativas

«No sirve reducir asambleístas porque serán la misma proporción que son ahora es manejado todo por ADN y RC»

La reducción del número de asambleístas no garantiza por sí misma un cambio en la correlación de fuerzas políticas. Si las mismas organizaciones mantienen el respaldo popular, la proporción será similar. Sin embargo, la representación depende del voto ciudadano, la coyuntura política y la aceptación que tengan diferentes partidos en el momento de eventuales elecciones.

Fuentes:
CNE – Voto informado
Constitución del Ecuador
Consulta a Edison Guarango, abogado constitucionalista

«Reducción de asambleístas porque muchos vagos que ni bachiller tienen»

La propuesta del Ejecutivo no plantea reformas en cuanto a los requisitos por ser asambleísta, por lo que continuarían siendo los mismos que rigen hoy en día.

El artículo 119 de la Constitución actual determina que para ser legislados se debe tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años al momento de inscribir su candidatura y estar en goce de los derechos políticos. Reducir asambleístas no asegura mayor preparación ni eficiencia; es decir, aún podrán postularse ciudadanos ecuatorianos que no tengan un título bachiller.

Fuentes:
CNE – Voto informado
Constitución del Ecuador

Este video de un supuesto noticiero español sobre bases militares de Noboa fue creado con inteligencia artificial

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¿Qué verificamos?

Un video que circula en TikTok y X muestra un supuesto noticiero español llamado «España WN» que critica al presidente Daniel Noboa por impulsar una reforma constitucional para permitir bases militares extranjeras en Galápagos. El video compara la gestión de Noboa con la de Nayib Bukele en El Salvador.

¿Por qué es completamente falso?

El video fue creado con inteligencia artificial. No existe ningún medio de comunicación llamado «España WN» en España ni en registros internacionales de medios periodísticos. La herramienta de detección de contenido artificial Hive Moderation determinó que el video tiene un 99,9% de probabilidad de haber sido generado artificialmente.​​

¿Qué dice la evidencia? 

  • Búsqueda del medio: Lupa Media verificó que no existe ningún noticiero o canal de televisión llamado «España WN» en España. Los principales medios españoles incluyen Televisión Española (TVE), Antena 3, Telecinco y La Sexta. No hay registros de «España WN» en registros de medios españoles.
  • Detección de inteligencia artificial: Lupa Media analizó el video con la herramienta Hive Moderation, que detectó un 99,9% de probabilidad de que el contenido fue generado artificialmente.
  • Búsqueda inversa de imágenes: Una búsqueda con Google Lens mostró que el video comenzó a circular en redes sociales como X, Facebook y TikTok desde el 28 de octubre de 2025.
  • Contexto real vs. contenido falso: Si bien Daniel Noboa ha mencionado públicamente la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en lugares como Baltra, Santa Elena y Manta para combatir el narcotráfico —tema que ha generado debate porque la Constitución de 2008 prohíbe bases militares extranjeras—, el video viral distorsiona estas declaraciones y las presenta en un formato de noticiero falso.
  • Verificación sobre Bukele: Tampoco hay evidencia de que Nayib Bukele haya comentado sobre esta propuesta en Ecuador ni de que exista vinculación directa entre las posturas de ambos mandatarios respecto a bases militares.

Contexto importante

La desinformación relacionada con la Consulta Popular de Ecuador del 16 de noviembre de 2025 ha incluido frecuentemente el uso de videos manipulados con inteligencia artificial que simulan noticieros reales o inventados. Esta estrategia busca darle credibilidad a información falsa al presentarla con el formato de medios periodísticos reconocidos.

Casos similares han incluido la manipulación de la voz y el rostro de presentadores reales, o la creación de noticieros completamente falsos con logos, claquetas y escenografías que buscan aparentar autenticidad.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El video que muestra un supuesto noticiero español llamado «España WN» criticando la gestión de Daniel Noboa fue creado con inteligencia artificial. El medio no existe y la herramienta Hive Moderation detectó un 99,9% de probabilidad de que el contenido sea artificial. Si bien Daniel Noboa ha hecho declaraciones reales sobre bases militares, el video distorsiona esta información en un formato falso.

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El FMI no confirmó la eliminación del subsidio al gas tras la consulta popular

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¿Qué verificamos?

Un video viral en Facebook y TikTok afirma que el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la eliminación del subsidio al gas doméstico luego de la consulta popular del 16 de noviembre de 2025. El contenido asegura que esto es consecuencia directa del referéndum.

¿Por qué es completamente falso?

El informe del FMI de octubre de 2025 solo menciona la reducción gradual de subsidios a combustibles líquidos (gasolina y diésel) dentro del plan fiscal ecuatoriano, sin confirmar ni exigir la eliminación del subsidio al gas doméstico (GLP). La referencia al gas es técnica, usada únicamente para medir el gasto fiscal total en subsidios petroleros, y no está relacionada con la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

¿Qué dice la evidencia? 

Análisis del video viral y búsqueda de comunicados oficiales

  • Lupa Media verificó que no existe ningún comunicado oficial del FMI que confirme la eliminación del subsidio al gas doméstico. Una revisión de sus redes sociales y sitio web tampoco muestra publicaciones sobre este tema en relación con Ecuador.

Contenido del informe del FMI

El informe del FMI del 29 de octubre de 2025 detalla que el plan fiscal de Ecuador busca una consolidación del 6,6 % del PIB y un superávit primario del 5 %, con el objetivo de reducir la deuda pública al 40 % del PIB para 2031, un año antes de lo previsto, fortaleciendo la sostenibilidad fiscal y el margen financiero del país.

Lo que SÍ menciona el informe

  • El informe del FMI indica que un alza del precio del petróleo mejoraría los ingresos del Estado y facilitaría las metas fiscales. Solo menciona la reducción gradual de subsidios a gasolina y diésel y la nueva fórmula de precios de la gasolina aprobada en agosto de 2025, además de ajustes en tarifas eléctricas industriales y mineras.

Lo que NO menciona el informe

  • El informe no menciona el gas doméstico (GLP) ni propone eliminar su subsidio, no fija cronogramas ni condiciones sobre este tema y no vincula las medidas fiscales con la consulta popular o la Constituyente del 16 de noviembre de 2025.

Mención técnica del GLP

  • En la sección de definiciones metodológicas (página 43), el FMI incluye al gas licuado de petróleo (GLP) dentro de la categoría general de «subsidios a productos petroleros» (junto con gasolina y diésel), pero solo con fines contables para medir el gasto fiscal total.
  • El FMI menciona el GLP solo en la sección técnica de definiciones, donde lo incluye dentro de los “subsidios a productos petroleros” junto con gasolina y diésel, solo con fines contables para medir el gasto fiscal. Esta es una clasificación estándar, no una recomendación para eliminar subsidios.

Contexto importante

La desinformación sobre la supuesta eliminación del subsidio al gas doméstico circula antes de la consulta del 16 de noviembre de 2025, en un clima político polarizado. No existe ningún decreto ni anuncio oficial que confirme esta medida. Funcionarios como Carolina Jaramillo, Sariha Moya y Roberto Luque ratificaron que el subsidio sigue vigente bajo el Decreto Ejecutivo 215 de 2024, que fija el precio del cilindro entre USD 1,65 y USD 3,75. Los rumores surgieron tras la eliminación del subsidio al diésel, pero no hay evidencia ni planes oficiales de eliminar el del gas.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El informe del FMI de octubre de 2025 solo clasifica los subsidios —incluido el del gas (GLP)— para medir el gasto fiscal, sin exigir su eliminación ni vincularlo con la consulta popular. La mención al GLP es técnica y metodológica, no una recomendación de política pública. Además, el FMI no ha publicado ningún comunicado oficial sobre la eliminación del subsidio al gas en Ecuador.

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Es falso que seis de cada diez muertes violentas en Ecuador en 2023 correspondan a personas con antecedentes penales, como afirmó el asambleísta Álvarez.

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¿Qué verificamos?

Una afirmación del asambleísta de la bancada de ADN, Ferdinan Álvarez, hecha el 5 de noviembre de 2025, durante una entrevista en Teleamazonas«En el 2023 de cada diez muertes violentas seis eran ciudadanos que tenían antecedentes penales y eran lucha entre las bandas delincuenciales».

¿Por qué es completamente falso?

En realidad, el Ministerio del Interior reportó que en 2023, 6.320 de las muertes violentas correspondieron a personas sin antecedentes penales, es decir, aproximadamente siete de cada diez víctimas. Dos de cada diez sí tenían antecedentes y una de cada diez no registró información.

¿Qué dice la evidencia?

  • Reportes oficiales: De acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio del Interior, en 2023 hubo un total de 8.248 homicidios intencionales. De esa cantidad, un 77% (6.320) corresponde a víctimas que no tenían antecedentes penales; es decir aproximadamente siete de cada diez ciudadanos fallecidos. Una cifra totalmente diferente a la que señaló el asambleísta Álvarez.
  • Dato incorrecto: En 2023, 1.738 víctimas mortales tenían antecedentes penales, lo que equivale a dos de cada diez, no seis de cada diez como afirmó el legislador Álvarez. La cifra que él menciona supondría alrededor de unas 4.950 víctimas con récord criminal, un dato que no coincide con la realidad reportada ese año.
  • Un reporte que no sigue vigente: Este tipo de reporte lo registraba el Ministerio del Interior hasta el 2023, pues desde 2024 ya no existe un desglose para conocer si las personas asesinadas tenían antecedentes penales.
  • Otro dato incorrecto: El asambleísta oficialista Álvarez, también señaló que actualmente hay cifras que “nos acercan al 2023”, sin embargo existe una gran diferencia entre ambos años. Entre enero y septiembre de 2025, hubo 904 homicidios más que en el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento del 15%. Cada cifra representa una vida perdida, por lo que afirmar que los niveles son parecidos minimiza la gravedad del aumento.
  • Una narrativa constante: Esta afirmación de víctimas con antecedentes penales ha sido repetida en varias ocasiones por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, Lupa Media ha identificado esta narrativa que carece de sustento y datos oficiales.

Contexto importante

2025 se proyecta como el año más violento en Ecuador tomando en cuenta los registros que lleva el Ministerio del Interior desde 2014. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 6.797 homicidios intencionales. De mantenerse la tendencia, 2025 cerraría como el año más violento del Ecuador, con una proyección de 9.063 muertes. Solo hasta septiembre, el incremento respecto a 2024 ya es del 36%.
En el mismo periodo de 2023 se reportaron 5.893 homicidios; el salto de más de 900 casos evidencia una escalada sostenida de la violencia.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: Las víctimas mortales que tenían antecedentes penales en 2023 fueron 1.738, lo que equivale a un 21% del total de muertes registradas aquel año. Esto refleja que dos de cada diez ciudadanos fallecidos poseían récord criminal, no seis de cada diez como afirma el legislador por ADN, Ferdinan Álvarez.

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Desmontando mitos: tu kit electoral confiable

Lo esencial para el 16 de noviembre

La Consulta Popular y Referéndum de 2025 se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, tras la convocatoria del presidente Daniel Noboa.
En total, más de 13,963 millones de ecuatorianos podrán acudir a las urnas:

  • Voto obligatorio: personas entre 18 y 64 años.
  • Voto opcional: adolescentes de 16 y 17 años, personas mayores de 65 y ciudadanos con discapacidad.

La campaña electoral se desarrolla entre el 1 al 13 de noviembre, seguida de un silencio electoral de 3 días, durante el cual no se puede difundir propaganda ni resultados de encuestas. Para el día de las votaciones, habrá un despliegue de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el orden y la seguridad.

Los ciudadanos votarán sobre cuatro preguntas:

  • Referéndum 1: Eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras.
  • Referéndum 2: Suprimir el financiamiento público a partidos y movimientos políticos.
  • Referéndum 3: Reducir el número de asambleístas.
  • Consulta Popular: Convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Ahora sí, ¡vamos al kit práctico!

Las mentiras recurrentes

1. El esfero y la tinta que se borra… o se transfiere

Falso. En cada Junta Receptora del Voto, el CNE proporciona esferos de tinta azul o negra de uso permanente. No existen evidencias documentadas de tinta borrable o transferible en procesos anteriores. Aunque algunos electores prefieren llevar su propio esfero, hacerlo no tiene impacto en la validez del voto ni evita un supuesto fraude. La idea de la “tinta que se borra” es un rumor recurrente sin sustento técnico.

2. Los resultados del voto en casa y de personas privadas de libertad (PPL) salen antes

Falso. Aunque estos votos se recojan antes del día oficial, las papeletas se mantienen selladas y se contabilizan junto con el resto a las 17h00. Los rumores sobre “ganadores anticipados” o “filtraciones desde cárceles” son falsos: todo se incorpora al conteo nacional al mismo tiempo.

3. Los muertos votan

El padrón electoral tiene corte al 18 de septiembre de 2025, por lo que los nombres de personas fallecidas después de esa fecha pueden seguir apareciendo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplica controles que buscan evitar el uso indebido de esas identidades.
Durante la jornada, las papeletas se entregan solo a quienes constan en el padrón y presentan su cédula original; los espacios no firmados se sellan con la leyenda “no sufragó”. Hasta ahora, no existen evidencias verificables de casos sistemáticos o masivos de votos emitidos a nombre de personas fallecidas en los últimos procesos electorales del país.

4. “El fraude se hace en el sistema informático.”

El conteo electoral se basa en actas físicas firmadas por los miembros de mesa y observadores, que luego son digitalizadas y comparadas con los registros del sistema informático. Si existen diferencias, pueden ser impugnadas y revisadas públicamente por las organizaciones políticas.
Esto reduce la posibilidad de alteración directa de resultados, aunque no elimina del todo el riesgo de errores humanos o incidentes aislados. No existen pruebas de manipulación sistemática del sistema informático en los últimos procesos electorales.

5. “Las encuestas que circulan en redes son igual de válidas que las oficiales.”

Falso. Solo las encuestas autorizadas por el CNE tienen validez legal, ya que el organismo revisa su metodología y financiamiento antes de su difusión.
Para el proceso de 2025, las empresas acreditadas son:

  • Pronósticos electorales: CENTROINVEST Cía. Ltda. y CLIMA SOCIAL Estudios y Asesoramiento S.A.
  • Voto a boca de urna: CENTROINVEST Cía. Ltda.

Las encuestas difundidas por cuentas no verificadas o medios sin registro metodológico suelen ser fuente frecuente de desinformación electoral.

¿Cómo se puede denunciar actividad sospechosa durante las elecciones?

Puedes presentar un reporte, siempre incluye documentación que respalde la queja. Evita difundir rumores sin evidencia.

  • Presencial: oficinas del CNE, delegaciones provinciales o consulares.
  • Digital: formularios oficiales del CNE.

Tips exprés antes de cerrar este kit

  • Infórmate con anticipación: revisa fechas, horarios, lugar de votación y preguntas que se votarán.
  • Vota con criterio: conoce los temas, candidatos y propuestas.
  • Respeta las reglas el día de la elección: evita problemas o invalidaciones.
  • Verifica antes de compartir: consulta siempre fuentes oficiales o medios confiables antes de compartir cualquier dato.
  • Pregunta antes de creer: si algo suena raro, verifica en el CNE o con medios confiables antes de difundirlo.