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1. El punto de partida: mezcla verdad y falsedad

El 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional de Ecuador —máxima autoridad en interpretación constitucional— suspendió de manera provisional artículos clave de tres normativas:

• Ley de Solidaridad Nacional, que declara un conflicto armado interno y regula el uso de la fuerza e indultos.
• Ley de Inteligencia y su Reglamento, que amplían las capacidades de vigilancia, interceptación de comunicaciones y acceso a datos sin control judicial.
• Ley de Integridad Pública, que obliga a las cooperativas de ahorro y crédito a transformarse en sociedades anónimas.

La decisión, temporal y sujeta a un proceso en curso, respondió a demandas de inconstitucionalidad que alegan vulneraciones a derechos fundamentales como la privacidad, el debido proceso y la autonomía. No implicaba la derogación de las leyes: estas seguirán vigentes hasta que la Corte emita un fallo definitivo, tras las audiencias previstas a iniciarse para el 27 de agosto.

Sin embargo, esa distinción se desdibujó rápidamente en redes sociales y medios, abriendo espacio para interpretaciones erróneas y manipulaciones.

2. La construcción de la narrativa: condimentar con miedo e indignación

En pocas horas, lo que era un debate legal se transformó en una campaña emocional que apelaba al miedo y la indignación.

A partir del 5 de agosto, con publicaciones coordinadas que usaban el hashtag #CorteAntipatria y difundían imágenes que vinculaban al máximo tribunal con el correísmo. Se divulgaron frases falsas atribuidas a líderes políticos, se manipularon portadas de medios, se usurparon logos y líneas gráficas, y se impulsaron estos contenidos desde cuentas falsas y redes de troles.

Al día siguiente, aparecieron videos generados con inteligencia artificial en blanco y negro, con estética de mensaje institucional y frases como:

• “Prefirieron proteger la privacidad de los criminales antes que la vida de las víctimas.”
• “El Estado pierde una capacidad clave y el ciudadano queda con menos protección ante el crimen.”
• “La Corte Constitucional de Ecuador dejó sin marco legal la guerra contra el terrorismo.”
• “Los jueces son correístas.”

Estos materiales fueron difundidos por personalidades de redes sociales pero no solo circularon orgánicamente: también fueron pautados como anuncios en YouTube para maximizar su alcance.

3. Aliños principales: narrativas al gusto

Lupa Media analizó 209 publicaciones en redes sociales y declaraciones de autoridades e identificó cinco narrativas centrales que se repitieron en redes sociales, medios y espacios públicos. Todas partían de un hecho real —la suspensión de artículos—, pero se mezclaron con interpretaciones, omisiones y falsedades para reforzar un mismo objetivo: desacreditar a la Corte Constitucional.

1. “La Corte protege a criminales”
Esta narrativa sostiene que los jueces actuaron en beneficio de personas vinculadas al crimen organizado, priorizando sus derechos por encima de la seguridad ciudadana. Frases como “prefirieron proteger la privacidad de los criminales antes que la vida de las víctimas” o “la Corte favorece a las mafias” circularon masivamente, asociando el fallo con impunidad.

2. “La Corte desarma al Estado”
En este relato se afirma que la resolución eliminó herramientas clave para la Policía y las Fuerzas Armadas, como allanamientos o intervenciones inmediatas. La campaña omitió explicar que la medida era provisional y que no suprimía todas las capacidades operativas del Estado, considerando que, desde 2023, está en vigencia la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza y su reglamento respectivo.

3. “La Corte es correísta”
La politización del caso llegó con mensajes que acusaban a los jueces de responder a un sector político específico, en especial al correísmo. Imágenes y publicaciones buscaban reforzar esa asociación para desacreditar cualquier decisión del tribunal, aunque no existe evidencia concluyente que comprueben vínculos entre alguno de los nueve jueces y un partido político específico. 

4. “La Corte traiciona al país”
Aquí el tribunal era presentado como un enemigo interno que actuaba contra los intereses nacionales. Palabras como “traidores” o “enemigos del Ecuador” buscaban alinear emocionalmente a la audiencia contra la CC, sin considerar que  la Corte cumplía con su mandato constitucional de revisar posibles vulneraciones de derechos que fueron advertidos previo a la aprobaciones de las leyes en cuestión. 

5. “La Corte vive de privilegios”
Esta narrativa explotó la divulgación de cifras de remuneraciones —sin contexto— para instalar la idea de que los jueces gozan de beneficios injustificados y que actúan de espaldas a la ciudadanía. Se trató de una táctica común: usar datos reales pero incompletos para generar indignación. Los salarios divulgados  corresponden a la escala de remuneraciones del sector público para altas autoridades, no a privilegios exclusivos de la Corte. 

4. Servir caliente: cuando los voceros lo ponen en la mesa pública

La campaña no se limitó a redes sociales y contenidos anónimos. Las narrativas también fueron amplificadas por voceros del Gobierno, lo que les otorgó legitimidad y mayor alcance en la agenda pública.

Entre el 4 y el 14 de agosto (periodo de monitoreo de esta investigación), autoridades del Ejecutivo y de la Asamblea repitieron y reforzaron las mismas narrativas que circulaban en redes, trasladándolas al terreno institucional y mediático. Por ejemplo: 

• Cadena nacional (4 de agosto): la ministra de Gobierno Zaida Rovira, junto al presidente de la Asamblea Niels Olsen y altos mandos policiales y militares, calificaron la decisión de la Corte como “un golpe a la seguridad y a la voluntad popular”. Criticaron que se haya comunicado mediante un boletín “sin explicaciones públicas”, aunque la CC había publicado las resoluciones íntegras con su justificación.

• Anuncio presidencial (5 de agosto): el presidente Daniel Noboa anunció que en la Consulta Popular se propondría habilitar el juicio político contra jueces constitucionales. Con ello, la narrativa de que la Corte actúa “sin control” dejó de ser un eslogan político y se convirtió en propuesta de reforma institucional.

• Asamblea Nacional (5 de agosto): en la misma línea, el legislador y exviceministro de Gobierno Esteban Torres sostuvo que los jueces constitucionales “no tienen ningún tipo de control político”. Aunque no pueden ser sometidos a juicio político —por ejercer funciones jurisdiccionales—, sí cuentan con otros mecanismos de control. Su intervención sirvió como refuerzo al mensaje presidencial, consolidando la idea de que la Corte es un poder sin contrapesos.

• Convocatoria y marcha (6–12 de agosto): el presidente Noboa llamó a una protesta “pacífica” frente a la Corte Constitucional, acusando al tribunal de “tirar abajo las leyes que pueden dar seguridad” a la ciudadanía. Con esas palabras, presentó la suspensión provisional de artículos como si fuera una eliminación definitiva. Noboa anunció que él mismo marcharía hacia la sede del organismo el martes 12 de agosto, transformando la disputa jurídica en una confrontación callejera con el máximo tribunal.

#ATENCIÓN | #DanielNoboa anuncia marcha de protesta contra la Corte Constitucional el martes, 12 de agosto https://t.co/23iGUp3oL8 pic.twitter.com/8KH4YGbGBU

— El Universo (@eluniversocom) August 6, 2025

• El día de la movilización, varios funcionarios repitieron afirmaciones falsas o imprecisas: que la Corte “eliminó leyes que protegían a las familias” (Sade Fritschi), que afectó la protección infantil (María Lourdes Muñoz), que dejó al país “con menos herramientas para proteger a mujeres y niñas” (Arianna Tanca) o que “niega continuamente los estados de excepción” (Gian Carlo Loffredo). Además, el presidente Noboa manifestó que “no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”.

🔍 #FactCheckLupa | Hoy, 12 de agosto, Daniel Noboa lideró una marcha inédita: un presidente movilizado contra la Corte Constitucional.

📌Todo empezó el 4 de agosto, cuando la Corte frenó 17 artículos de sus leyes clave por posibles violaciones a la Constitución.

🗳️Después vino… pic.twitter.com/XNRTYhL51j

— Lupa Media (@LupaMediaEC) August 12, 2025

El efecto: las narrativas de redes se legitimaron al ser pronunciadas por autoridades y se amplificaron al convertirse en titulares de prensa y consignas de movilización. En lugar de desmentir la desinformación, el discurso oficial abonó a consolidar como relato político institucional, generando un ecosistema de refuerzo: mensajes creados en redes, potenciados por troles y publicidad digital, y luego avalados por vocerías del propio Estado.

5. La guarnición: elementos extra para sostener la narrativa

La campaña no terminó con la marcha encabezada por el presidente Noboa. Para mantener viva la indignación, el relato digital se trasladó al espacio público. Se instalaron vallas en Quito, Guayaquil y Cuenca con el mensaje “Estos son los jueces que nos están robando la paz” y la imagen de los nueve magistrados. 

El formato no fue casual: imitaba los carteles con los que se expone públicamente a los delincuentes buscados, lo que en la práctica convirtió a los jueces en “enemigos visibles” y buscó castigarlos simbólicamente ante la opinión pública. Así se reforzaba otra narrativa impulsada desde el oficialismo: “los jueces no dan la cara”. Sin embargo, los magistrados nunca han ocultado su identidad: sus nombres, resoluciones y comparecencias son públicas y están disponibles en los canales oficiales de la Corte Constitucional.

En paralelo, camiones con pantallas publicitarias recorrieron estas ciudades mostrando un contador en tiempo real de muertes violentas, responsabilizando directamente a la Corte por cada crimen registrado desde la suspensión de artículos.

Los magistrados pasaron así de ser un blanco abstracto en redes a convertirse en enemigos visibles en calles y avenidas. La campaña visual, a nombre del colectivo Ecuador Merece Paz, amplificó la idea de que la Corte era culpable de la inseguridad.

Lo que omite la narrativa: como recogió Ecuavisa, no hay evidencia de que la suspensión de los artículos haya disparado las muertes violentas. Entre el 11 de julio y el 3 de agosto se registró un promedio de 21 homicidios diarios; en los días posteriores a la suspensión, el promedio bajó a 9 asesinatos diarios, menos de la mitad.

A esa puesta en escena se añadieron otros ingredientes que reforzaron la receta:

• Una sentencia sacada de contexto (49-21-CN/26): difundida como si la Corte hubiera “liberado reincidentes”, cuando en realidad la decisión de enero de 2025 buscaba garantizar que los jueces valoren cada caso sin violar derechos fundamentales.
• La divulgación de sueldos de jueces: presentada sin explicación, para reforzar la idea de que los magistrados gozan de privilegios injustificados. En realidad, sus remuneraciones corresponden a la escala oficial de altas autoridades del sector público.

Con esta guarnición, la receta se mantuvo caliente: las narrativas iniciales no solo persistieron, sino que se alimentaron de nuevos insumos que amplificaron la percepción de ilegitimidad y mantuvieron el tema en la agenda pública.

El plato servido sin responsabilidad: un relato que erosiona la confianza

Por ahora, el Gobierno ha señalado que se trató de una iniciativa ciudadana y se ha deslindado de cualquier responsabilidad sobre las vallas publicitarias ni del financiamiento de la marcha. Sin embargo, una investigación de Diario Expreso reveló que en los metadatos de un boletín de prensa atribuido al colectivo Ecuador Merece Paz —presentado como responsable de una de las campañas contra la Corte Constitucional— figuraba como autora “Cristina Maggi”, nombre que coincide con el de María Cristina Maggi Gordón, actual directora de Comunicación Coyuntural de la Presidencia de la República. La Secretaría de Comunicación rechazó esa acusación. Lupa Media no pudo verificar de forma independiente el origen de los metadatos del documento.

Así se cocinó la desinformación: un hecho real mezclado con falsedades, condimentado con miedo e indignación, servido por voces oficiales y mantenido vivo con nuevos insumos. El resultado fue un relato simple pero poderoso que pasó de las redes sociales a las calles y de ahí a la agenda política.

Cuando los ingredientes se combinan de esta forma, la desinformación deja de ser un ruido pasajero y se convierte en un menú que moldea la opinión pública. Este caso muestra cómo una narrativa bien sazonada puede alterar el debate democrático y erosionar la confianza en las instituciones que deberían garantizar derechos y equilibrio de poderes.

El banquete quedó servido, aunque nadie quiso admitir haberlo cocinado.