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El “fotógrafo de Diana Atamaint” sí integra la comisión que elegirá al nuevo Fiscal

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¿Qué verificamos?

Una publicación que afirma que el «fotógrafo de Diana Atamaint elegirá al nuevo fiscal«. La frase alude a Tayron Valarezo, integrante de la comisión que conduce el concurso.

¿Por qué es mayormente cierto?

Valarezo sí forma parte de la Comisión Ciudadana de Selección que organiza el proceso para designar al Fiscal General. De acuerdo a su experiencia laboral y registros del CNE, trabaja en el área comunicacional para la presidencia de la institución. Sin embargo, la elección del fiscal no depende de una sola persona, sino de una comisión integrada por diez miembros que dirige el proceso de méritos y oposición.

¿Qué dice la evidencia?

Miembro oficial de la comisión

  • Tayron Valarezo fue designado como delegado de la Función Electoral ante la Comisión Ciudadana de Selección. Su nombramiento fue aprobado por el pleno del CNE junto con el de Maribel Baldeón.
  • Posteriormente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó la conformación de la comisión, organismo encargado constitucionalmente de organizar el concurso para Fiscal General.
Resolución del Pleno del CNE – 25/08/25

Equipo comunicacional de Diana Atamaint

  • De acuerdo con su perfil profesional, Valarezo es licenciado en Periodismo y tiene una maestría en Comunicación y Marketing Político.
  • Trabajó como asistente y encargado de relaciones públicas del exasambleísta Juan Pablo Velín Cortés. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de productos y servicios informativos electorales en el CNE.
  • Entre sus funciones están el desarrollo de estrategias de comunicación para la presidencia del CNE, la producción de contenido y la gestión de imagen pública.
Captura de trayectoria laboral de Tayron Valarezo
  • Por eso en redes sociales se lo ha descrito como “fotógrafo” de la presidenta del CNE, aunque su cargo incluye otras tareas de comunicación.

Requisitos y prohibiciones

La normativa exige que los miembros de estas comisiones tengan título universitario, trayectoria cívica y experiencia relacionada con la Fiscalía o la gestión pública. También establece prohibiciones, como tener sentencias penales vigentes o haber sido dirigente político reciente.

Las funciones del Estado designan a sus delegados, quienes además deben superar la fase de admisibilidad del proceso.

Requisitos para formar parte de la Comisión – CPCCS

Observaciones del proceso

  • La Comisión Cívica de Seguimiento al concurso revisó los expedientes de los integrantes y señaló observaciones sobre algunos requisitos.
  • En el caso de Valarezo, el análisis indica que no acreditó completamente el requisito de experiencia relacionada con las funciones de la Fiscalía.
  • A pesar de esa observación, el CPCCS aprobó su designación.

Selección grupal

Una comisión de diez miembros dirige el proceso, evalúa a los postulantes y conduce todas las etapas del concurso. La comisión está integrada por cinco representantes de la ciudadanía y cinco delegados de las funciones del Estado.

Contexto importante

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General recibe cuestionamientos. Uno de ellos es de la Comisión Cívica que observó varios expedientes de los integrantes de la comisión, especialmente en la acreditación de trayectoria cívica y experiencia vinculada con la Fiscalía.

La presidenta de la comisión para designar al nuevo Fiscal, Cynthia Jacho, registró su título universitario en 2024 y obtuvo la menor calificación de los participantes ciudadanos.

El concurso registra 75 postulantes y actualmente se encuentra en la fase de admisibilidad y reconsideración. Si se cumple el cronograma, Ecuador podría tener nuevo Fiscal entre mayo y julio de 2026. Entre los aspirantes mencionados públicamente figuran el exministro de Gobierno José de la Gasca, el fiscal subrogante Leonardo Alarcón y la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho.

Conclusión

MAYORMENTE CIERTO: Tayron Valarezo, funcionario actual del CNE que trabaja en labores vinculadas a comunicación y producción audiovisual durante la gestión de Diana Atamaint, sí integra la Comisión Ciudadana de Selección encargada de conducir el concurso para designar al nuevo Fiscal del Ecuador. Sin embargo, la elección del fiscal no depende de una sola persona, sino de una comisión integrada por diez miembros que dirige el proceso de méritos y oposición.

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Formación dual: qué cambia con la nueva ley y en qué se diferencia de las pasantías

¿Qué aprobó la Asamblea?

El 25 de febrero de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación.

La norma introduce el modelo de formación dual en el sistema de educación superior. En este esquema, los estudiantes combinan:

  • clases en su institución educativa
  • formación práctica en empresas públicas o privadas

Según la asambleísta Valentina Centeno, ponente del proyecto, la adopción de este modelo es opcional para cada institución de educación superior.

¿Qué es la formación dual?

La formación dual es un modelo educativo que combina aprendizaje teórico con formación práctica en empresas. En este sistema, la empresa participa como espacio de aprendizaje, mientras la institución educativa mantiene la responsabilidad académica del programa.

El objetivo es que los estudiantes desarrollen experiencia práctica durante su proceso de formación.

¿Existe una relación laboral?

No. La ley establece que el vínculo entre el estudiante y la empresa tiene fines exclusivamente formativos y no constituye una relación laboral.

Esto implica que:

  • no se aplica el Código de Trabajo
  • no existe relación de dependencia
  • la empresa no está obligada a pagar salario ni beneficios laborales

La relación se formaliza mediante convenios de formación entre la institución educativa y la empresa.

¿Qué garantías contempla la ley?

Aunque no se trate de un vínculo laboral, la norma establece algunas obligaciones.

  • Seguro obligatorio: Las instituciones educativas deben contratar un seguro que cubra accidentes durante las actividades formativas.
  • Prohibición de tareas ajenas: Las empresas no pueden asignar funciones que no estén relacionadas con la carrera del estudiante.
  • Supervisión y protocolos: El Consejo de Educación Superior y otros entes rectores deberán establecer lineamientos y mecanismos ante posibles vulneraciones.
  • Corresponsabilidad formativa: La empresa asume un rol activo en el proceso educativo.

La relación está diseñada como un esquema académico regulado, no como trabajo informal.

¿Qué pasa con las pasantías?

La nueva ley no elimina ni modifica el régimen actual de pasantías. Ambos modelos podrán coexistir.

Sin embargo, introduce un cambio específico: las empresas podrán incluir a los estudiantes de formación dual dentro del 4 % de pasantes que deben tener según la normativa vigente.

En la práctica, una empresa podría cumplir con ese requisito utilizando estudiantes bajo el esquema de formación dual.

¿Cómo funcionan las pasantías en Ecuador?

Las pasantías no generan relación laboral, pero sí están reguladas por una normativa específica.

Entre sus principales condiciones están:

  • Pueden durar hasta seis meses
  • El pasante debe recibir al menos un tercio del salario básico
  • La empresa debe afiliarlo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
  • No se reconocen beneficios laborales como vacaciones o indemnización

Es decir, no constituyen empleo formal, pero sí implican obligaciones económicas y de seguridad social para las empresas.

Experiencias de formación dual en otros países

El sistema de formación profesional dual de Alemania es uno de los principales referentes internacionales. Combina educación en centros formativos con aprendizaje práctico en empresas.

Algunas características del modelo:

  • Más de un millón de jóvenes participan cada año en programas reconocidos por el Estado.
  • En 2023, unas 470.900 personas firmaron nuevos contratos de formación.
  • En 2025 existían 327 profesiones dentro del sistema.
  • La formación suele durar entre dos y tres años y medio.
  • Los aprendices reciben una remuneración durante el proceso formativo.

Este modelo ha impulsado iniciativas similares en otros países:

  • Europa: España, Grecia, Portugal, Italia, Eslovaquia y Letonia.
  • Otros países: Rusia, India, China, Tailandia, Malasia y México.

La implementación suele requerir adaptaciones legales y educativas según el contexto de cada país.

¿Qué falta para que la ley se aplique?

Antes de que el sistema de formación dual entre en funcionamiento, deben completarse varios pasos:

  • El Ejecutivo deberá emitir el reglamento general
  • El Ministerio de Trabajo y el Servicio de Rentas Internas definirán incentivos y disposiciones complementarias
  • El Consejo de Educación Superior y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad establecerán estándares de implementación
  • Se conformará un comité público-privado para coordinar el modelo

Las disposiciones transitorias establecen plazos de entre 30 y 180 días para implementar estas medidas.

Ecuador registra 88 nacimientos diarios en madres menores de 20

¿Qué verificamos?

La afirmación de la vicepresidenta María José Pinto, quien dijo en una entrevista radial que “88 niñas dan a luz al día en Ecuador” al referirse al embarazo adolescente en el país.

¿Por qué es cierto?

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 se registraron 32.201 nacimientos en madres menores de 20 años. Dividido entre los 365 días del año, el promedio es 88,2 nacimientos diarios, lo que coincide con la cifra mencionada por la vicepresidenta.

¿Qué dice la evidencia?

  • En términos de tasa de nacidos vivos de madres:
    • En el grupo de 10 a 14 años se registraron 2 nacimientos por cada 1.000 niñas.
    • En el grupo de 15 a 19 años, la tasa fue de 39,5 nacimientos por cada 1.000 adolescentes.
  • En 2023 se registraron 36.277 nacimientos en madres de 10 a 19 años, una cifra mayor que la reportada en 2024.

Contexto importante

Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Ecuador indican que el 73,5 % de las mujeres que fueron madres antes de los 15 años solo alcanzó educación básica, mientras que 25,5 % llegó al bachillerato, lo que refleja la relación entre maternidad temprana y abandono escolar.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018) señala que el 53,3 % de las mujeres entre 15 y 24 años ha tenido relaciones sexuales, con una edad promedio de inicio de 16,6 años. Sin embargo, solo 43,7 % utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

Entre quienes no usaron anticonceptivos, las razones más frecuentes fueron la falta de planificación (58,1 %) y el desconocimiento de los métodos disponibles (16,6 %).

Un análisis de la Fundación Desafío identifica además diferencias territoriales: en provincias con mayores niveles de pobreza, como Morona Santiago, Los Ríos y Santa Elena, el inicio de la vida sexual ocurre a edades más tempranas y el uso de anticonceptivos es menor que en provincias como Pichincha y Azuay.

Conclusión

CIERTO: Según el INEC, en 2024 se registraron 32.201 nacimientos en madres menores de 20 años en Ecuador, lo que equivale a un promedio de 88 nacimientos diarios. La cifra coincide con la afirmación de la vicepresidenta, aunque el cálculo incluye tanto adolescentes de 15 a 19 años como niñas de 10 a 14 años.

No hay evidencia de que Rafael Correa ordenara la quema de archivos en la embajada de Cuba

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¿Qué verificamos?

Una publicación viral afirmando que el expresidente Correa ordenó a la embajada de Cuba destruir archivos para ocultar presuntos vínculos entre el expresidente, asambleístas y el gobierno cubano. 

¿Por qué es completamente falso?

No existe evidencia que vincule a Rafael Corea con esta acción. La destrucción de documentos ocurrió en respuesta a la expulsión diplomática decretada por el gobierno de Daniel Noboa y se enmarca en protocolos legales internacionales de protección de información, reconocidos por la Convención de Viena. 

¿Qué dice la evidencia?

Falta de evidencia sobre la supuesta orden

  • No existen pruebas, reportes oficiales ni acusaciones formales que respalden la afirmación de que Correa instruyó la quema.
  • La Cancillería cubana calificó la expulsión de su personal como una medida arbitraria.

Marco legal: La Convención de Viena

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece en su artículos que:

  • Protege la inviolabilidad de sedes, archivos, correspondencia, residencias y vehículos de misiones diplomáticas. (Artículos 22, 24)
  • Garantiza la privacidad de la comunicación oficial y de la valija diplomática. (Artículo 27)

Práctica diplomática y seguridad de archivos

  • Pablo Járiva (docente de Derecho, Universidad Internacional del Ecuador – UIDE): señala que destruir documentos al abandonar un país es un procedimiento habitual y legal. Protege información sensible y contactos políticos de la misión, sin implicar espionaje ni delitos.
  • Mauricio Gándara (exembajador de Ecuador en Reino Unido): indica que durante el plazo otorgado para la salida de la misión, el personal diplomático tiene libertad para decidir qué hacer con sus archivos y bienes.

Contexto importante

La crisis diplomática entre ambos países escaló rápidamente tras la decisión del gobierno de Daniel Noboa de romper relaciones:

  • 3 de marzo de 2026: Decreto Ejecutivo 317 finaliza la misión del embajador ecuatoriano en Cuba.
  • 4 de marzo: Se declara persona non grata al embajador cubano y 22 funcionarios, con 48 horas para abandonar Ecuador.
  • 4 de marzo (16h30 aprox.): Se difunden videos de destrucción de archivos en la azotea de la embajada.
  • 4 de marzo: Cuba rechaza la medida como “acto inamistoso y arbitrario”. La embajada permanece bajo custodia policial hasta que vence el plazo.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: La quema de documentos fue una respuesta a la expulsión diplomática y se ajusta a protocolos legales internacionales de protección de información. No hay evidencia pública de que Rafael Correa haya ordenado esta acción ni que los documentos contuvieran información vinculada a él o a asambleístas ecuatorianos.

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¿9 de cada 10 víctimas tenían antecedentes? Lo que dicen los últimos datos sobre homicidios en Ecuador

La afirmación del presidente Daniel Noboa reavivó una idea que se ha repetido en el debate público ecuatoriano durante los últimos años: que la violencia homicida ocurre principalmente entre personas vinculadas al delito o al crimen organizado.

Bajo ese marco, el mandatario señaló que nueve de cada diez víctimas de homicidio en lo que va de 2026 tenían antecedentes penales, lo que reforzaría la idea de que la violencia letal ocurre principalmente entre personas previamente judicializadas.

Pero ¿qué dicen los datos disponibles sobre el perfil de las víctimas?

Los últimos datos disponibles muestran que la mayoría de víctimas no tenía antecedentes

Los registros oficiales más recientes disponibles muestran un patrón distinto.

Un análisis realizado por Lupa Media a partir de datos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior revela que en 2025 el 81% de las víctimas de homicidio intencional en Ecuador no registraba antecedentes penales, mientras que el 19% sí tenía historial judicial.

Esto significa que ocho de cada diez personas asesinadas no habían sido previamente judicializadas, según los registros institucionales.

Este patrón no aparece únicamente en un año aislado. Al revisar los datos entre 2019 y 2025, la proporción se mantiene relativamente estable: entre el 75% y el 82% de las víctimas no tenía antecedentes penales.

La consistencia de estas cifras sugiere que el aumento de los homicidios registrado en Ecuador durante los últimos años no se ha concentrado exclusivamente en personas previamente vinculadas al sistema penal.

No hay datos públicos actualizados que permitan verificar lo ocurrido en 2026

La afirmación del presidente Noboa se refiere específicamente a lo ocurrido en lo que va de 2026.

Sin embargo, hasta el momento no se han publicado datos oficiales actualizados que permitan verificar esa afirmación ni conocer si el patrón histórico sobre el perfil de las víctimas ha cambiado este año.

Los registros más recientes disponibles públicamente corresponden a 2025, que muestran una mayoría de víctimas sin antecedentes penales.

Sin acceso a las bases de datos actualizadas de homicidios, no es posible confirmar si efectivamente nueve de cada diez víctimas tenían antecedentes penales en 2026, como señaló el mandatario.

Antecedentes penales no significa pertenecer al crimen organizado

Incluso cuando una persona asesinada registra antecedentes penales, esto no implica necesariamente que pertenezca a una organización criminal.

En Ecuador, los antecedentes pueden incluir desde contravenciones menores hasta delitos graves. Además, el país no cuenta con un registro público que permita identificar si una víctima estaba vinculada a estructuras criminales organizadas.

Por esta razón, la variable de antecedentes penales se utiliza principalmente como una aproximación estadística al perfil de las víctimas, pero tiene límites para determinar su relación con economías criminales.

Por qué importa entender quiénes están muriendo

Conocer el perfil de las víctimas es clave para comprender la dinámica de la violencia.

Reducir el fenómeno a la idea de que “los criminales se están matando entre ellos” puede simplificar un problema mucho más complejo y limitar el debate sobre las causas y posibles respuestas a la crisis de seguridad.

Mientras no se publiquen datos actualizados sobre 2026, los registros oficiales más recientes continúan mostrando que la mayoría de víctimas de homicidio en Ecuador no tenía antecedentes penales.

Concurso para Fiscal General: 75 candidatos y detalles del proceso

La Comisión Ciudadana de Selección tiene cuatro meses para concluir el proceso, contados desde su posesión a finales de enero. El plazo puede extenderse dos meses más. Eso significa que el país podría tener nuevo Fiscal entre finales de mayo y julio.

Y no es un cargo menor.

El Fiscal General dirige las investigaciones por corrupción, crimen organizado y delitos de alto impacto durante seis años, sin reelección. En un contexto de violencia y casos políticos abiertos, su designación definirá el rumbo de procesos sensibles en el país.

El concurso llega tarde

Desde la salida de la exfiscal Diana Salazar en abril de 2025, Ecuador ha pasado más de 10 meses con autoridades encargadas y prorrogadas al frente de la Fiscalía. El concurso formal comenzó recién en enero de 2026, y la designación podría extenderse hasta julio, sumando meses adicionales de espera para una autoridad plena.

Etapa actual y siguientes pasos

El concurso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado cerró la etapa de inscripciones con 75 postulaciones.

Actualmente, el proceso está en admisibilidad y reconsideración, donde se verifica:

  • Cumplimiento de requisitos legales y constitucionales
  • Experiencia mínima exigida
  • Ausencia de inhabilidades

Luego seguirán la calificación de méritos, el escrutinio público y la fase de oposición escrita y oral, hasta que el CPCCS designe al ganador.

Fases del concurso – Gráfico elaborado por la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal

Calificación

Los postulantes que cumplan los requisitos pasarán a la calificación de méritos y oposición, donde se evaluará su formación académica, experiencia profesional y trayectoria (hasta 50 puntos) y se realizará una prueba escrita y oral sobre conocimientos técnicos y habilidades prácticas (otros 50 puntos). Cada fase incluye oportunidades de recalificación, para que los candidatos puedan solicitar revisión de su puntaje antes de avanzar a la siguiente etapa.

Escrutinio público e impugnaciones ciudadanas

Los ciudadanos y organizaciones pueden revisar los resultados parciales y presentar impugnaciones fundamentadascontra candidatos que consideren no aptos. Estas impugnaciones se analizan en audiencias públicas, y la Comisión decide si las acepta o rechaza antes de que los postulantes avancen a la siguiente fase. 

Perfiles destacados

Entre los 75 inscritos hay perfiles desde exfuncionarios del Ejecutivo, jueces cortes y autoridades en funciones. Esa diversidad anticipa una competencia entre experiencia política, trayectoria judicial y continuidad institucional.

José de la Gasca

El exministro de Gobierno durante la administración del presidente Daniel Noboa presentó su candidatura a pocas horas de cerrar el concurso. Su postulación es de las más visibles por su vínculo reciente con el Ejecutivo. Además, ha sido juez de garantías penales y secretario Anticorrupción de la Presidencia en el gobierno de Lenín Moreno.

Walter Macías

Exjuez de la Corte Nacional de Justicia, con participación en casos emblemáticos como “Sinohydro” y “Sobornos”. Fue destituido en 2023 por el Consejo de la Judicatura en medio de controversias sobre su gestión, pero luego recuperó su cargo temporalmente mediante una acción legal.

Daniella Camacho

Jueza de la Corte Nacional de Justicia especializada en materia penal. Ha estado a cargo de casos de alto perfil como Sobornos 2012‑2016 y Liga2, así como diligencias relacionadas con medidas cautelares y tráfico de influencias. 

Maritza Romero

Jueza en la provincia de Pichincha, con experiencia en la Función Judicial y participación en casos relevantes como “Pruebas PCR” relacionados con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda. En 2025 denunció amenazas de muerte e intimidaciones vinculadas a investigaciones relacionadas con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y ha estado involucrada en causas que incluyen acciones judiciales relacionadas con la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

Carlos Leonardo Alarcón

Actual fiscal general encargado. Asumió la titularidad temporal de la Fiscalía tras la salida de Diana Salazar y Wilson Toainga y actualmente dirige la institución mientras se desarrolla el concurso.

Washington Andrade

El Abogado fue parte de la defensa de la jueza Nubia Vera en el denominado caso “Pendrive”, relacionado con una acción de protección vinculada a la exvicepresidenta Verónica Abad. El caso derivó en denuncias públicas sobre presuntas presiones en la tramitación judicial y en investigaciones internas dentro de la Función Judicial.

Karol Zambrano

Es jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, forma parte de caso «Blanqueo Fito». Dicho proceso analiza una presunta estructura financiera que de lavado de activos relacionada al círculo familiar de José Adolfo Macías, alias «Fito», líder del Grupo de Delincuencia Organizada «Los Choneros».

¿Por qué este proceso es sensible?

La designación del Fiscal General tiene como factores destacables:

  • Dirección de casos emblemáticos: El nuevo Fiscal definirá prioridades en investigaciones de corrupción y crimen organizado.
  • Independencia: La Fiscalía es autónoma, pero la percepción de cercanía política puede afectar su legitimidad.
  • Impugnaciones y judicialización: Exclusiones o recalificaciones polémicas podrían terminar en acciones constitucionales y retrasar la designación
  • Confianza pública: La transparencia en la evaluación de méritos, pruebas y resolución de impugnaciones será clave para que la ciudadanía perciba legitimidad en el proceso.

El Gobierno no anunció nuevos cortes de energía por estiaje en 2026

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¿Qué verificamos?

Una publicación que circula en redes sociales afirma que la reducción de los niveles de agua en los principales embalses obligó al Gobierno a anunciar nuevos cortes programados de energía como medida preventiva.

¿Por qué es completamente falso?

El Ministerio de Ambiente y Energía confirmó a Lupa Media que no ha emitido comunicados ni declaraciones anunciando cortes de energía por bajos niveles de embalses. Además, la revisión de datos técnicos de generación y almacenamiento no muestra caídas abruptas ni fuera de los rangos normales de operación.

¿Qué dice la evidencia?

Confirmación oficial:

  • Revisamos los canales oficiales del Ministerio de Ambiente y Energía, de la Presidencia y de la ministra Inés Manzano. No existe ningún comunicado que respalde la afirmación viral sobre nuevos racionamientos por estiaje.

Análisis del embalse Mazar: 

Datos de CELEC EP para febrero y marzo de 2026 muestran estabilidad operativa:

  • Caudal
    • Febrero: 48 m³/s
    • Marzo: 34 m³/s
    • Según Marcelo Cabrera, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Mazar suele operar entre 20 y 300 m³/s, dependiendo de la época del año. Como referencia, durante la crisis energética previa, el caudal llegó a menos de 5 m³/s
  • Cota
    • Febrero: entre 2152,29 y 2152,64 msnm.
    • Marzo: entre 2152,16 y 2152,65 msnm.
    • Las variaciones son mínimas y esperables en un periodo de estiaje.
    • Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, indicó que en febrero la cota bajó aproximadamente 1,4 metros, una reducción leve y habitual para esta época.

Otros embalses:

También se revisaron los registros de Amaluza, Sopladora y Minas San Francisco (MSF):

  • Amaluza: caudal al alza en marzo (109 m³/s).
  • Minas San Francisco: tendencia al alza (60 m³/s).
  • Sopladora: leve descenso (81 m³/s), sin señales de caída abrupta.
  • El experto energético César Costa explicó que los niveles responden directamente a las lluvias disponibles y que los descensos observados no son significativos ni anómalos.

Apagones por otros motivos

  • El 23 de febrero de 2026 se registró un apagón en sectores del norte de Guayaquil y la vía a la Costa. La CNEL EP informó que se trató de una falla técnica puntual, sin relación con racionamientos ni con el estiaje.

Contexto importante

Entre 2023 y 2024, Ecuador enfrentó apagones masivos debido a una sequía asociada a El Niño, que redujo los niveles de embalses estratégicos como Mazar y Paute, junto con un aumento de la demanda eléctrica.

El déficit llegó a cerca de 1.000 MW, con racionamientos de hasta 14 horas diarias.

En respuesta, el Estado importó energía, alquiló barcazas térmicas y recuperó capacidad instalada. En 2025, mayores lluvias y el refuerzo de la generación térmica estabilizaron el sistema, aunque persisten vulnerabilidades estructurales.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: No existe ningún anuncio oficial de nuevos cortes de energía por estiaje en 2026. Los datos disponibles muestran niveles estables y variaciones normales en los principales embalses, y el Ministerio de Ambiente y Energía confirmó que no se han dispuesto apagones ni racionamientos.

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Daniel Noboa no pactó una base militar estadounidense en Manta vinculada al conflicto con Irán

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¿Qué verificamos?

Un video difundido en TikTok afirma que el presidente Daniel Noboa pactó con Estados Unidos la instalación de una base militar en Manta. El mensaje sostiene que esa decisión estaría relacionada con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y presenta como prueba la llegada de aviones militares estadounidenses al país.

¿Por qué es completamente falso?

No existe decreto, tratado ni declaración oficial que establezca una base militar extranjera en Ecuador. La Constitución prohíbe este tipo de instalaciones y los acuerdos vigentes con Estados Unidos no contemplan cesión de territorio ni bases permanentes bajo mando extranjero. La presencia temporal de aeronaves estadounidenses en Manta responde a convenios de cooperación en seguridad firmados antes del actual gobierno y no tiene relación documentada con el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

¿Qué dice la evidencia?

  • Prohibición constitucional (Art. 5): La Constitución de Ecuador impide la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. Ninguno de los acuerdos vigentes autoriza cesión de territorio ni mando extranjero.
    • Esta disposición fue ratificada en la Consulta Popular de noviembre de 2025, confirmando que la ciudadanía respalda la prohibición.
  • Acuerdos de cooperación: Entre 2023 y 2024 se firmaron tres convenios entre Ecuador y Estados Unidos:
  • Reunión con el Comando Sur: El 2 de marzo de 2026, el presidente Noboa se reunió con el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de EE. UU., y con el contralmirante Mark A. Schafer, comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, para coordinar acciones de seguridad. La reunión no implica la instalación de bases ni pactos permanentes y se enmarca en los acuerdos de cooperación vigentes.
  • Operativo conjunto: El 3 de marzo la cuenta oficial del Comando Sur de EE. UU difundió el video fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses ejecutando operaciones contra Organizaciones Terroristas en Ecuador.
  • Resultados del operativo: El 3 de marzo Ecuador, con apoyo de Estados Unidos y Europol, desmanteló una red del cartel “Los Lobos” en Guayas, El Oro y Loja, detuvo 16 personas, incautó cocaína y más de $800.000, y desarticuló un esquema de lavado. La banda traficaba droga a Europa usando contenedores de frutas y cooperaba con una red albanesa.
  • Sin relación con Irán: No hay documento oficial que conecte estas operaciones con el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Contexto importante

Una base militar extranjera es una instalación permanente operada por fuerzas armadas de otro país dentro del territorio nacional, con infraestructura propia y presencia continua de personal bajo su mando. Generalmente implica acuerdos formales que regulan jurisdicción, uso del suelo y condiciones de permanencia.

Los acuerdos vigentes entre Ecuador y Estados Unidos contemplan cooperación operativa y logística para acciones específicas contra el narcotráfico y delitos transnacionales, pero no establecen instalaciones permanentes ni cesión de soberanía.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: No existe decreto, tratado ni anuncio oficial que establezca una base militar estadounidense en Manta. La Constitución —artículo 5— prohíbe bases militares extranjeras en Ecuador y esta disposición fue ratificada en la Consulta Popular de noviembre de 2025. La reunión con el Comando Sur y la presencia temporal de aeronaves estadounidenses responden a acuerdos de cooperación en seguridad firmados desde 2023 para combatir el narcotráfico, los cuales no contemplan instalaciones permanentes ni cesión de territorio. Tampoco hay evidencia que vincule estas acciones con el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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El Estrecho de Ormuz: qué implica su posible cierre para el mercado global y para Ecuador

¿Qué es el Estrecho de Ormuz y por qué es tan clave?

El Estrecho de Ormuz es un corredor marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico. Ubicado entre Irán, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán, por el estrecho circulan unos 20 millones de barriles diarios —cerca de una quinta parte de la producción mundial— y es considerado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) como un “cuello de botella petrolero crítico”.

Además del petróleo, por esta vía transitan importantes volúmenes de gas natural licuado (GNL). Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar dependen de este estrecho para exportar hidrocarburos hacia Asia, Europa y otras regiones.

Su importancia radica en que cualquier interrupción altera la oferta global, eleva los precios y aumenta la incertidumbre en los mercados.

¿Qué está pasando ahora?

En el contexto del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, la Guardia Revolucionaria iraní declaró el estrecho “cerrado”. En su canal de Telegram, el general Sardar Jabbari afirmó: “Incendiaremos cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz”.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, no existe un “cierre formal” reconocido internacionalmente.

El tránsito por estrechos utilizados para la navegación internacional está protegido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS o Convemar). Bajo este marco, un Estado costero no puede cerrar unilateralmente un estrecho estratégico, salvo en circunstancias excepcionales como un conflicto armado reconocido o un bloqueo autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por ello, aunque existan amenazas o tensiones operativas, la validez jurídica de un cierre permanente es cuestionable.

¿Por qué importa a nivel global?

El estrecho es un eje vital para la energía mundial. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene estos efectos:

  • Subida de precios del petróleo: el miedo a la interrupción del suministro hace que Brent (precio del crudo, extraído del Mar del Norte) y WTI (crudo de alta calidad) suban rápidamente.
  • Aumento de costos logísticos y energéticos: no solo el crudo, sino también el combustible para transporte y producción.
  • Incertidumbre en los mercados financieros:
    • Presión sobre la inflación global: los precios de alimentos y productos básicos suben cuando la energía se encarece.

David Almeida, representante de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), señala que un bloqueo total presionaría al alza el precio del crudo, del gas y de derivados como gasolina y diésel.

Expertos citados por CBS News advierten que incluso una interrupción parcial puede generar efectos significativos, debido a la alta dependencia de economías asiáticas del crudo del Golfo Pérsico.

¿Ha ocurrido antes?

No es la primera vez que Ormuz se convierte en foco de tensión. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80 se registraron ataques a petroleros.

Sin embargo, un cierre sostenido ha sido históricamente difícil de mantener debido a:

  • La importancia estratégica global del paso.
  • La presencia de fuerzas navales internacionales en la zona.

En episodios anteriores, el mayor impacto se reflejó en los precios y en la percepción de riesgo, más que en una paralización total y prolongada del flujo energético

Qué implica para Ecuador

Aunque Ecuador no participa en el conflicto, la economía nacional está vinculada al comportamiento del petróleo.

  • Ingresos por exportación: Ecuador es exportador de crudo. Un aumento en el precio internacional puede traducirse en mayores ingresos fiscales.
  • Costo de importación de combustibles: al mismo tiempo, el país importa derivados como diésel y gasolina. Si el precio del petróleo sube de forma sostenida, el costo de estas importaciones también puede incrementarse. Eso tiene dos posibles efectos: mayor presión sobre el gasto en subsidios y eventual traslado parcial a precios internos si hay ajustes.
  • Impacto indirecto en exportaciones: Una escalada prolongada también podría afectar costos logísticos y comercio exterior, lo que incidiría en sectores exportadores como el banano.

El economista Alberto Acosta Burneo sostiene que, en términos netos, un aumento del precio internacional podría ser inicialmente favorable para Ecuador. No obstante, advierte que ese margen positivo se reduce progresivamente debido a la caída en la producción nacional de crudo.

Además, Almeida señala que alrededor del 40% de la capacidad instalada de generación eléctrica en Ecuador es térmica y depende de derivados de petróleo. Un encarecimiento sostenido de los hidrocarburos podría incidir también en los costos del sistema eléctrico.

Por ahora, el impacto es principalmente financiero y preventivo: los mercados reaccionan ante la posibilidad de interrupción. Si el tránsito por Ormuz se mantiene operativo, el efecto podría moderarse. Si la tensión escala, el impacto sería más profundo y sostenido.

Es falso el audio que atribuye a Daniel Noboa amenazas contra alias “Pipo”

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¿Qué verificamos?

Un audio viral en el que se escucha una voz atribuida al presidente Daniel Noboa insultar a alias “Pipo”, referirse al asesinato de Fernando Villavicencio y ordenar supuestas gestiones en España para silenciarlo antes de una extradición.

¿Por qué es completamente falso?

No existe evidencia documental, audiovisual ni testimonial que confirme que el presidente haya emitido esas declaraciones. El análisis técnico del archivo lo identifica como audio generado mediante inteligencia artificial.

¿Qué dice la evidencia?

Inconsistencias narrativas:

  • El audio menciona acercamiento con Mariano Rajoy para realizar gestiones vinculadas al caso. Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno de España en 2018 y no ejerce funciones públicas desde entonces.
  • El audio menciona represalias contra Diario Expreso por la difusión de declaraciones de alias “Pipo”. Sin embargo, la publicación inicial de esas declaraciones fue realizada por la Agencia EFE.

El archivo fue clasificado como audio sintético:

  • DeepFake-o-meter lo clasificó como generado con inteligencia artificial con una probabilidad del 100%.
  • Resemble AI lo identificó como contenido sintético según su modelo de análisis.
  • Sensity lo marcó como “sospechoso” por patrones atípicos en la modulación y estructura vocal.
  • Estas herramientas no sustituyen un peritaje forense independiente, pero coinciden en identificar el archivo como contenido generado artificialmente.

Inconsistencias técnicas en el audio:
Una revisión del archivo identifica patrones que suelen observarse en contenidos generados mediante síntesis de voz:

  • Tonalidad uniforme: La voz mantiene una cadencia y un timbre prácticamente constantes durante todo el mensaje, sin variaciones emocionales marcadas.
  • Pausas abruptas: Se registran silencios breves entre frases que no siguen un ritmo natural de conversación continua.
  • Ausencia de respiraciones audibles: No se perciben inhalaciones o variaciones fisiológicas típicas del habla espontánea.
  • Interferencias constantes: El audio incluye un ruido de fondo similar a interferencia telefónica que se mantiene de forma homogénea, sin fluctuaciones propias de una llamada real.

No existe respaldo verificable

  • No hay registro documental, audiovisual ni institucional que confirme que el presidente haya emitido las declaraciones atribuidas.
  • No existen comunicados oficiales que respalden su autenticidad.
  • Ningún medio nacional o internacional con estándares editoriales ha publicado el audio como una declaración real.
  • No hay constancia de investigaciones o procesos judiciales derivados de esas supuestas amenazas.

Contexto importante

La circulación del audio ocurre después de que la Agencia EFE reportara que Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, detenido en España y señalado como líder del grupo criminal Los Lobos, declaró ante la Fiscalía de Zaragoza que el presidente Daniel Noboa estaría detrás del asesinato de Fernando Villavicencio en 2023.

Según ese reporte, Chavarría negó su participación en el crimen y afirmó que una persona cercana al ministro del Interior le habría dicho que el asesinato fue ordenado por el presidente.

No se han presentado pruebas públicas que respalden esas acusaciones. El Gobierno ecuatoriano rechazó esas declaraciones y las calificó de infundadas.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El audio atribuido al presidente Daniel Noboa presenta inconsistencias narrativas verificables, no cuenta con respaldo documental, institucional ni periodístico que confirme su autenticidad y fue clasificado por tres sistemas de detección como contenido sintético, además de mostrar patrones acústicos frecuentes en audios generados o manipulados digitalmente.

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