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Agente de ICE mata a ciudadana en Minneapolis; videos contradicen versión oficial de que ella intentó atropellarlos

*Publicación original de FactChequeado.

¿Qué dice el gobierno sobre la muerte?

Autoridades federales y el gobierno de Donald Trump sostienen que fue defensa propia y califican el hecho como “terrorismo doméstico”, alegando que la mujer intentó atropellar a los agentes. El agente de ICE, identificado por medios como Jonathan Ross, mató a tiros a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo migratorio en Minneapolis.

Sin embargo, el alcalde Jacob Frey calificó el uso de la fuerza como “imprudente” e “innecesario”. El hecho ocurrió a plena luz del día, en un barrio del sur de la ciudad, frente a un familiar de la víctima. Mientras Trump, la secretaria del DHS Kristi Noem y el vicepresidente JD Vance respaldaron públicamente al agente, el caso sigue generando controversia por las versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

Videos contradicen la versión oficial de un atropellamiento y homicidio en defensa propia

Videos verificados por Factchequeado muestran que

  • Dos agentes de ICE bajan de una camioneta Titan en medio de una calle con nieve en un vecindario del sur de Minneapolis. Llevan el rostro cubierto, están armados y vestidos con uniformes tácticos.
  • Uno de ellos se aproxima a la Honda Pilot de Good y le grita a la conductora que “salga del maldito coche”. 
  • La conductora tiene la ventanilla de su lado abierta y da la reversa.
  • Luego, intenta girar a la derecha en la línea que conduce el tráfico. El agente de ICE que le grita se apresura en un intento de abrir la puerta del conductor.
  • La mujer retrocede un poco, son solo segundos, lo mismo que duran tres  movimientos en los pies del agente que sigue aferrado a la puerta para detenerla.
  • Con el carro girando a la derecha, otro agente de ICE se acerca y se posiciona frente al Honda Pilot y de cara a la conductora. 
  • El agente desenfunda su arma con la mano derecha y al ver que el auto sigue su marcha a la derecha, le atesta un primer disparo. 
  • Ya completamente del lado de la conductora y fuera del camino, le dispara dos veces más a la conductora por la ventanilla abierta.
  • La Honda Pilot sigue el camino a la derecha y se estrella contra un carro blanco estacionado.

Las imágenes no muestran ningún atropellamiento ni impacto contra los agentes; además, el agente que las autoridades dijeron que fue herido camina con normalidad tras los disparos. Good murió luego en un hospital. Testigos también relataron que un médico ofreció ayuda y fue rechazado por un agente federal.

– Soy médico. (“I’m a physician”). 
+ No me importa. (“I don’t care”), le responde un agente federal. 

Tras la muerte, se registraron disturbios y uso de gas lacrimógeno cerca de una escuela, lo que aumentó la tensión y las críticas por el operativo, según el Minnesota Reformer.

Dos heridos en Portland por agentes de la Patrulla Fronteriza

El 8 de enero de 2026, la policía de Portland, Oregon, reportó que una mujer y un hombre resultaron heridos de bala por agentes federales de la Patrulla Fronteriza. El DHS afirmó que ocurrió durante una “detención vehicular selectiva” de un venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua, quien habría intentado atropellar a los agentes y huir.

Sin embargo, la policía de Portland informó que acudió al lugar tras una llamada del propio herido, le aplicó un torniquete y lo trasladó a un hospital, lo que contradice parcialmente la versión federal. 

¿Cuándo ICE puede recurrir al uso de la fuerza letal?

Las normas federales permiten a ICE usar fuerza letal solo ante un peligro inminente; de lo contrario, el agente puede ser sancionado. Autoridades locales contradijeron la versión federal: el jefe policial Brian O’Hara dijo que la mujer no era investigada y que el vehículo se alejaba cuando le dispararon; el gobernador Tim Walz pidió no creer la versión oficial y el alcalde Jacob Frey afirmó que los videos no muestran el auto como arma.

La investigación pasó al FBI. Tras el hecho hubo vigilias en honor a la víctima; su familia confirmó su identidad y destacó su perfil comunitario. Por preocupaciones de seguridad, las escuelas de Minneapolis cancelaron clases el 8 y 9 de enero de 2026.

La madre de Good, Donna Ganger, habló con el Minnesota Star Tribune y confirmó su identidad y la edad. Dijo que vivía en Twin Cities con su pareja, y describió a su hija como “una de las personas más amables”.

Otros casos de agentes involucrados en homicidios durante operativos de ICE durante esta administración de Trump

En septiembre de 2025, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a Silverio Villegas-González, un inmigrante mexicano de 38 años, durante un intento de detención en Franklin Park, un suburbio de Chicago, en el marco de un operativo de control migratorio. El DHS afirmó que Villegas-González intentó huir y que un agente fue herido, pero imágenes y videos muestran que las lesiones fueron menores y las circunstancias no están del todo claras. Sus familiares, autoridades locales y activistas han pedido una investigación más profunda.

En octubre de 2025, Carlitos Ricardo Parias, un creador de contenido mexicano, fue herido de bala por agentes federales durante un operativo en Los Ángeles. Un juez federal desestimó los cargos en su contra en diciembre de 2025, señalando violaciones a sus derechos constitucionales, incluyendo la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento de plazos para entregar pruebas:

  1. Negación de acceso a abogados: ICE impidió comunicación efectiva con su defensa durante un mes clave antes del juicio, violando la Sexta Enmienda.
  2. Retraso en entrega de pruebas: el gobierno incumplió plazos en la entrega de evidencia, como videos de cámaras corporales y lo hizo de forma incompleta.
  3. Falta de coordinación por parte de ICE y fiscales penales, lo que generó perjuicio inevitable al proceso justo.

La pobreza por ingresos baja en Ecuador, pero el empleo no pleno sigue creciendo

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), en diciembre de 2025 el 21,4% de la población vivía en situación de pobreza por ingresos. Esta cifra representa el nivel más bajo de los últimos 18 años y es ligeramente inferior al 21,5% registrado en 2017, además de ubicarse muy por debajo del máximo de 36,7% observado en 2007.

La ENEMDU es la principal herramienta oficial para medir la pobreza y la desigualdad en el país. A través de esta encuesta, el INEC recopila información sobre los ingresos y las condiciones laborales de los hogares en zonas urbanas y rurales, que luego se comparan con una línea de ingresos mínimos para determinar si una persona se encuentra o no en situación de pobreza. Se trata, por tanto, de una medición estrictamente económica, que no evalúa directamente la calidad del empleo ni la estabilidad laboral.

Evolución de la pobreza por ingresos (2003–2025)

Las cifras entre 2003 y 2025 muestran una tendencia general a la reducción de la pobreza por ingresos, aunque con fluctuaciones asociadas a distintos contextos económicos. Tras el pico registrado a finales de la década de los 2000, el indicador descendió de forma sostenida durante varios años, se estancó hacia finales de la década de 2010 y volvió a incrementarse durante la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2021. A partir de 2022, la tendencia retomó una trayectoria descendente hasta alcanzar el mínimo registrado en 2025.

No obstante, el INEC advierte que la diferencia entre los últimos años no es estadísticamente significativa. Además, entre 2020 y mayo de 2021 la ENEMDU incorporó cambios metodológicos relacionados con el tamaño y la distribución de la muestra, así como con los factores de expansión, lo que afecta la comparabilidad histórica de las cifras. Esta aclaración es clave para interpretar con cautela las variaciones observadas en la serie histórica.

Brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales

El análisis por área geográfica evidencia que la reducción de la pobreza no ha sido homogénea. En diciembre de 2025, la pobreza por ingresos en las zonas urbanas se ubicó en 13,8%, mientras que en las zonas rurales alcanzó el 37,6%, casi tres veces más.

Aunque los datos muestran que la pobreza rural también ha disminuido respecto a 2007, la brecha entre el campo y la ciudad se mantiene como una característica estructural del país, según la Fundación Friedrich Ebert. Departamento para América Latina y el Caribe. Oficina en Ecuador. Esta desigualdad está asociada a un menor acceso a empleo formal, niveles educativos más bajos y limitaciones en servicios básicos e infraestructura en las zonas rurales, factores que restringen las oportunidades de generación de ingresos sostenibles.

El empleo no pleno: un fenómeno en expansión

La mejora en los indicadores de pobreza por ingresos no se traduce necesariamente en mejores condiciones laborales. Uno de los datos más relevantes de la ENEMDU es el crecimiento del denominado “otro empleo no pleno”, una categoría que agrupa a personas que no ganan el salario básico unificado ni trabajan la jornada legal, pero que tampoco desean ni están disponibles para trabajar más horas.

En la práctica, se trata de personas que trabajan en condiciones precarias, con ingresos insuficientes y sin estabilidad, muchas veces por falta de alternativas laborales.

Para marzo de 2025, este grupo alcanzó 2,59 millones de personas, lo que equivale al 32,8% de la población ocupada, el nivel más alto de los últimos 18 años. La tendencia al alza se acentúa desde diciembre de 2020, con un pico de 2,66 millones de personas registrado en octubre de 2023. Aunque posteriormente se observa una leve reducción en términos absolutos, los niveles siguen siendo históricamente elevados.

Este tipo de empleo afecta con mayor intensidad a jóvenes, mujeres, personas con bajo nivel educativo y habitantes de zonas rurales, y refleja un mercado laboral marcado por la informalidad, los bajos salarios y la inestabilidad.

Pobreza y empleo: una relación compleja

La ENEMDU permite vincular la evolución de la pobreza por ingresos con la dinámica del mercado laboral. Si bien menos personas se ubican por debajo de la línea de pobreza, una parte significativa de la población ocupada lo hace en condiciones que no garantizan ingresos suficientes ni seguridad económica a largo plazo.

En este contexto, la reducción de la pobreza por ingresos, aunque relevante, no puede leerse de forma aislada. Sin mejoras estructurales en el mercado laboral, el descenso de este indicador convive con una creciente precarización del empleo y con brechas persistentes que afectan de manera desproporcionada a los grupos históricamente más vulnerables. El desafío para Ecuador no es solo sostener la baja en las cifras de pobreza, sino avanzar hacia un modelo de empleo que ofrezca trabajos formales, dignos y con protección social.

Video de excarcelación de presos políticos de 2024 circula como si fuera de enero de 2026

¿Qué verificamos?

Un video difundido principalmente en X (antes Twitter) e Instagram muestra la liberación de decenas de personas identificadas como presos políticos en Venezuela. Las publicaciones afirman o sugieren que las imágenes corresponden a las excarcelaciones anunciadas el 8 de enero de 2026, tras declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

¿Por qué es mayormente falso?

Aunque el video muestra una excarcelación real, las imágenes no corresponden a los hechos anunciados en enero de 2026. El material fue grabado y publicado en noviembre de 2024, cuando se produjo una liberación masiva de detenidos postelectorales, y fue reutilizado fuera de contexto para atribuirlo a un proceso distinto, del cual solo se han confirmado un número reducido de excarcelaciones y sin registro visual público.

¿Qué dice la evidencia?

  • Fecha y origen del video: Una búsqueda inversa confirma que el video fue grabado y difundido el 17 de noviembre de 2024. El material original fue publicado por la televisora Canal 26 (Argentina), donde se observa claramente la fecha.
  • Contexto de las imágenes: El video muestra la excarcelación de más de 100 personas detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, un proceso distinto al anunciado en enero de 2026.
  • Confirmación de organizaciones de derechos humanos: Foro Penal informó que entre el 16 y 17 de noviembre de 2024 fueron excarceladas 107 personas, cifra que luego fue actualizada a 131, incluyendo 11 adolescentes.
  • Anuncios oficiales de noviembre de 2024: Las liberaciones ocurrieron después de que el fiscal general Tarek William Saab anunciara la revisión de 225 casos de detenidos post-electorales, en coordinación con los tribunales.
  • Diferencias con enero de 2026: Tras los anuncios del 8 de enero de 2026, hasta la mañana del día siguiente solo se habían confirmado entre 8 y 11 excarcelaciones, sin imágenes públicas de liberaciones masivas como las que aparecen en el video viral.
  • Difusión fuera de contexto: El contenido fue viralizado nuevamente en enero de 2026 por cuentas administradas o creadas en Colombia, aprovechando la coyuntura informativa para atribuirle un significado que no corresponde a su fecha real.
  • Advertencia sobre verificaciones automatizadas: Un usuario consultó a Grok, la IA de X, que confirmó que el video era real pero omitió aclarar que corresponde a un hecho de 2024, lo que evidencia que estas herramientas no reemplazan los procesos periodísticos de verificación.

Contexto

La recirculación del video ocurrió tras el anuncio del 8 de enero de 2026 del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la posible excarcelación de un “número importante” de personas detenidas, venezolanas y extranjeras. La declaración no incluyó cifras ni listados oficiales y no hizo referencia explícita al término presos políticos. En ese escenario de información limitada y expectativa pública, comenzaron a circular videos antiguos y listas no verificadas en redes sociales, que fueron presentados como evidencia de liberaciones recientes, pese a que los hechos mostrados corresponden a procesos ocurridos en 2024.

Conclusión

MAYORMENTE FALSO: El video viral muestra excarcelaciones reales ocurridas el 17 de noviembre de 2024, pero no corresponde a los anuncios ni a los hechos reportados en enero de 2026. Su circulación fuera de contexto contribuye a la desinformación sobre la situación actual de los presos políticos en Venezuela.

Venezuela anuncia liberación de presos políticos sin cifras oficiales

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¿Qué verificamos?

Publicaciones virales en X, TikTok e Instagram afirman que el gobierno de Venezuela ordenó la liberación masiva de presos políticos el 8 de enero de 2026. 

¿Por qué es cierto?

El 8 de enero de 2026, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció la liberación de “un número importante” de presos políticos, venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni publicar una lista. Organizaciones como Foro Penal pidieron que el proceso fuera verificable. El anuncio fue confirmado por medios internacionales y fuentes diplomáticas, que reportaron liberaciones concretas.

¿Qué dice la evidencia?

  • Anuncio oficial: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció el 8 de enero de 2026 la liberación de “un número importante” de presos políticos, venezolanos y extranjeros, sin cifras ni lista de beneficiarios. Publicado en la cuenta oficial de Facebook de Venezolana Televisión.
  • Cobertura internacional: BBC, France 24, El País y otras agencias confirmaron que los procesos de excarcelación comenzaron de inmediato.
@rtvenoticias 🔸Primeras reacciones de familiares tras conocer que #Venezuela ha empezado a liberar a presos políticos. Así ha reaccionado Sandra Castaño, cuyo hijo llevaba más de 6 años en prisión, a la noticia que le ha comunicado la compañera @almuariza #presospolíticosvzla #noticias #news #noticiastiktok ♬ sonido original – RTVE Noticias
  • Confirmación diplomática: El ministro español de Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó la liberación de al menos cuatro o cinco ciudadanos españoles y coordinó su repatriación inmediata.
  • Casos específicos: Se confirmó la liberación de la activista Rocío San Miguel, el líder opositor Juan Pablo Guanipa y de ciudadanos españoles con doble nacionalidad.
  • Datos de Foro Penal: La ONG reportó 806 presos políticos al 5 de enero (la cifra más alta del hemisferio), con 89 extranjeros. En diciembre de 2025 se liberaron 180 personas, y con estas nuevas excarcelaciones el total alcanza cerca de 200 en las últimas semanas.

Contexto importante

La liberación ocurre pocos días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas de Estados Unidos. Aunque algunos analistas mencionan un contexto de presión internacional, no hay evidencia directa de que esta acción haya motivado la excarcelación de los presos políticos.

Conclusión

CIERTO: El 8 de enero de 2026, Jorge Rodríguez anunció la liberación inmediata de “un número importante” de presos políticos, incluidos extranjeros. El anuncio fue confirmado por medios internacionales y fuentes diplomáticas. Hasta la fecha, no hay cifras oficiales completas; Foro Penal reporta cerca de 200 liberaciones en las últimas semanas.

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Los tres casos que cuestionan la gestión de Mario Godoy

El juicio político es un mecanismo de control previsto en la Constitución. Para avanzar, el pedido debe ser calificado por el CAL, sustanciado en la Comisión de Fiscalización y resuelto por el Pleno de la Asamblea, con garantías de debido proceso y derecho a la defensa.

Con este mecanismo, la Asamblea puede investigar y, de ser el caso, censurar y destituir autoridades por incumplimiento de funciones o por causales establecidas en la ley.

A continuación, presentamos los tres casos públicos que han generado cuestionamientos sobre la gestión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

1. Caso Carlos Serrano: denuncias de presiones y fallas en protección

El juez anticorrupción Carlos Serrano se convirtió en figura central de la actual controversia tras denunciar presuntas presuntas presiones para influir en una sentencia penal contra el narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan. Según Serrano, mantuvo reuniones con Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, quien le habría sugerido considerar con mayor atención los argumentos de la defensa del caso de Srdan por lavado de activos.

El juez grabó esos encuentros. Los audios se difundieron públicamente días después de conocida la denuncia. Gaibor dejó el cargo el 23 de diciembre de 2025.

Tras dictar sentencia contra Srdan, Serrano afirmó que su esquema seguridad fue retirado. Señaló que, ante el riesgo, presentó su renuncia irrevocable y salió del país. No existen registros públicos que vinculen directamente a Godoy con las presuntas presiones.

Durante su comparecencia ante la Asamblea, Godoy negó cualquier interferencia en decisiones judiciales. Sostuvo que la Judicatura no dicta sentencias ni administra seguridad policial. Afirmó que el 8 de diciembre solicitó al Ministerio del Interior protección para Serrano y que autorizó teletrabajo desde el 15 de diciembre sin afectar su seguridad.

Serrano, por su parte, cuestionó la respuesta institucional y afirmó que la Judicatura debía respaldar a los jueces amenazados, no desacreditarlos. No hay, hasta ahora, una resolución administrativa o judicial que establezca responsabilidades sobre este caso.

2. Caso Samantha Lozada: amenazas y omisiones ante el crimen organizado

Samantha Lozada, exdirectora provincial de la Judicatura en Orellana, denunció haber recibido amenazas de muerte desde 2024 por parte de estructuras criminales, entre ellas una vinculada a alias “Topo”. Señaló que, pese a informar a sus superiores, no recibió protección suficiente y se trasladó a Quito por seguridad.

El 22 de octubre de 2025, Lozada reportó un ataque armado en el que su padre resultó herido. Tras ese hecho, solicitó una reunión con Godoy, que —según su versión— nunca se concretó.

Días después, la Judicatura aceptó una renuncia que Lozada había presentado el 24 de septiembre de 2025, en el contexto del pedido general de renuncias a directores y subdirectores. Una vez fuera del cargo, el Ministerio del Interior le informó que no podía asignarle custodia por no ser funcionaria pública.

El 5 de enero de 2026, la Judicatura emitió un comunicado en el que calificó sus declaraciones como imprecisas y afirmó que se gestionó protección para ella y su familia, y que su renuncia fue voluntaria y conforme a la norma.

Godoy ha reiterado que las acusaciones son falsas y que se brindaron las medidas de seguridad disponibles.

Lozada difundió documentos que indican que su renuncia fue la presentada en septiembre y una carta de Human Rights Watch dirigida a Godoy expresando preocupación por su situación. Según Lozada, no hubo respuesta formal a esa comunicación. La Judicatura no ha hecho pública una contestación documentada.

3. Caso Nubia Vera: denuncias de presiones en un fallo judicial

En 2024, la jueza Nubia Vera denunció presiones indirectas para resolver una acción de protección relacionada con la exvicepresidenta Verónica Abad, en el caso conocido como “Pendrive”. Según su versión, se le habría ofrecido protección frente a procesos disciplinarios si rechazaba la acción, y se le habría advertido sobre reactivación de sumarios si no lo hacía. También mencionó la entrega de una memoria USB con una sentencia predeterminada.

Godoy afirmó que existe un documento en el que Vera reconoce que su abogado, Washington Andrade, la utilizó para fines personales, lo que —según su versión— desmiente las denuncias de persecución. 

El caso dio lugar a investigaciones internas y procesos disciplinarios. La jueza Vera señaló presuntas presiones y mencionó a Godoy y a otros funcionarios en sus denuncias.

Petróleo venezolano: datos clave para entender su peso real en el mercado global

1.- Venezuela lidera el ranking de reservas probadas

Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Con aproximadamente 303 000 millones de barriles de petróleo crudo, supera a todos los demás países en volumen de reservas comprobadas, representando cerca del 17 % del total global según datos recientes de organismos energéticos y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).

En el ranking global de reservas probadas de petróleo, los principales países son: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Iraq y Emiratos Árabes Unidos.

Las reservas probadas son estimaciones geológicas bajo condiciones técnicas y económicas actuales, no un inventario listo para la venta. Por eso, grandes reservas no implican disponibilidad inmediata de petróleo.

2.- Tipo y calidad del crudo en las reservas probadas

La mayor parte del petróleo que compone las reservas probadas de Venezuela se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y es crudo pesado y extrapesado. Esto significa que es un petróleo muy denso, que no fluye con facilidad y que requiere procesos adicionales antes de poder comercializarse.

Para transportarlo y refinarlo es necesario mezclarlo con diluyentes y usar refinerías especializadas. En comparación, países como Arabia Saudita producen mayoritariamente crudos más ligeros, que pueden extraerse y procesarse con mayor rapidez. Irán e Irak tienen crudos intermedios. No equivalen a petróleo disponible de forma inmediata para el mercado.

3.- Producción histórica de Venezuela

Venezuela fue un productor petrolero de gran escala. En los años setenta, su producción superaba los 3 millones de barriles diarios, ubicándolo entre los principales abastecedores del mercado internacional. Desde los años 2000, la producción comenzó a descender de forma gradual y, a partir de la década de 2010, la caída se aceleró hasta situarse por debajo de 1 millón de barriles diarios en la década de 2020, un nivel inferior al de sus décadas de mayor actividad.

En diciembre de 2025, Delcy Rodríguez, exministra de Hidrocarburos y actual presidenta encargada, informó que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) había alcanzado una producción de 1,2 millones de barriles diarios.

De acuerdo con la U.S. Government Accountability Office (GAO), la caída de la producción petrolera en Venezuela comenzó antes de la imposición de sanciones y está asociada principalmente a la falta de inversión y mantenimiento en campos e infraestructuraproblemas de gestión y gobernanza en PDVSA, y la pérdida de personal técnico especializado, lo que redujo de forma sostenida la capacidad operativa de la empresa estatal; las sanciones de Estados Unidos, señala el organismo, profundizaron estas dificultades.

4. Inversión y plazos de recuperación

La firma especializada Rystad Energy calcula que solo mantener la producción cercana a 1 millón de barriles diarios durante los próximos años exige más de USD 50.000 millones en inversión en campos, infraestructura y mantenimiento, mientras que volver a niveles históricos cercanos a 3 millones de barriles diarios demandaría alrededor de USD 180.000 millones y un horizonte de una década o más. En la misma línea, análisis de JPMorgan y Goldman Sachs señalan que, incluso en escenarios favorables —con apertura a capital privado y estabilidad operativa—, los aumentos de producción serían graduales, con recuperaciones parciales en 2 a 3 años, pero una normalización plena solo posible en el largo plazo.

«Grok, quítale la ropa»: uso la IA en X y el riesgo de desnudar imágenes sin consentimiento

Las solicitudes a Grok incluyen instrucciones como “quítale la ropa”, “ponla en lencería” o “muéstralo sin camiseta”, aplicadas a imágenes de mujeres, hombres y menores de edad reales. La tendencia se detectó antes de que terminara 2025 y, pese a las alertas de investigadores y especialistas, ha acumulado millones de visualizaciones en la plataforma. La práctica fue documentada por la verificadora española  Maldita.es

Un uso recurrente de la IA para crear deepfakes sexuales

El uso de herramientas de IA para crear imágenes sexuales falsas no es nuevo. Grok ya había sido utilizado previamente para generar contenido violento, vejatorio o sexualizado de figuras públicas y personas famosas. Sin embargo, en este caso, las imágenes afectan a usuarios comunes y se difunden directamente en la red social.

Según un estudio de la empresa Security Hero, el 99 % de las víctimas identificadas en deepfakes sexuales son mujeres, aunque también existen casos que afectan a hombres y menores. En X, varios usuarios han denunciado que sus imágenes fueron modificadas sexualmente y que el contenido permaneció visible pese a haber sido reportado.

La investigadora de Bellingcat Kolina Koltai advirtió en mayo de 2025 que algunos usuarios ya habían identificado instrucciones específicas para que Grok generara imágenes de mujeres en bikini, lencería u otras prendas sexualizadas. Ocho meses después, estas prácticas siguen documentándose.

Una usuaria denunció que su imagen fue manipulada sexualmente pese a sus denuncias, y otro caso mostró cómo Grok generó contenido sexualizado tras solicitarlo, admitiendo que a veces produce materiales inapropiados.

También hay hombres entre las víctimas. Algunos usuarios han pedido a Grok que les quite los pantalones, la camiseta o incluso toda la ropa, dejándolos en ropa interior. “Que un tío le ha pedido a Grok que haga esto JAJAJA. Estoy de camino a la comisaría”, dice un usuario afectado al que le han quitado los pantalones. 

Eliminación de prendas religiosas y contenido vejatorio

Entre las solicitudes más frecuentes también figuran instrucciones para retirar prendas religiosas como el hijab o el burka de imágenes de mujeres musulmanas, dejando su cabello o cuerpo al descubierto sin consentimiento. En otros casos, usuarios han pedido a Grok que añada estas prendas de forma vejatoria a mujeres que denuncian el fenómeno.

Algunas de estas imágenes siguen disponibles en la plataforma a fecha de publicación, lo que plantea dudas sobre los mecanismos de moderación de contenido de X.

¿Qué ha hecho X?

Según informó CNBC, X desactivó o limitó temporalmente la función multimedia de Grok tras la difusión de estos casos. No obstante, la medida no ha impedido por completo la generación y circulación de imágenes sexualizadas creadas con IA.

X no ha detallado públicamente qué cambios específicos aplicó, ni si estos son permanentes o suficientes para prevenir nuevos abusos.

Responsabilidad de usuarios, IA y plataforma

La responsabilidad directa por la creación y difusión de estos contenidos recae en los usuarios que los solicitan. Sin embargo, las plataformas y las herramientas de inteligencia artificial utilizadas tampoco quedan completamente exentas de obligaciones.

En América Latina no existe una normativa regional equivalente a la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. La mayoría de los países aún regulan estos casos a través de marcos generales, como las leyes de protección de datos personales, los derechos al honor y a la imagen, y las normas penales vinculadas a violencia digital o explotación sexual, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

Aun así, las plataformas digitales que operan en la región pueden asumir responsabilidad si, tras ser notificadas, no actúan para retirar contenidos ilícitos o que vulneran derechos fundamentales, conforme a la legislación nacional de cada país y a estándares internacionales de derechos humanos.

Prevención y acción

Para reducir el impacto de estos contenidos, es clave actuar con rapidez. Los usuarios pueden limitar la exposición de imágenes personales, evitar compartir contenido sexualizado de terceros y denunciar publicaciones que vulneren derechos, especialmente si involucran a menores.

Las víctimas deben conservar evidencia, solicitar la eliminación del contenido en la plataforma y evaluar las vías legales disponibles. Las plataformas, por su parte, tienen la obligación de actuar tras ser notificadas y retirar contenidos que vulneren derechos fundamentales.

TuTi no publica ofertas laborales con salarios exactos en redes sociales: los videos virales son falsos

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¿Qué verificamos?

Un video difundido principalmente en TikTok y Facebook muestra una supuesta convocatoria laboral de Tiendas TuTi. En el video, una joven invita a postular a través de un enlace en el perfil que lo publica. En pantalla aparece una imagen con cargos disponibles y montos salariales específicos.

¿Por qué es completamente falso?

TuTi no publica salarios exactos en sus convocatorias oficiales ni en redes sociales. En sus canales institucionales no existen listados de cargos acompañados de montos salariales, ni publicaciones genéricas que agrupen múltiples puestos en un solo anuncio.

¿Qué dice la evidencia?

  • Respuesta institucional: TuTi confirmó a Lupa Media que sus procesos de selección se gestionan únicamente a través de su página web y de LinkedIn. La empresa no publica salarios exactos en sus convocatorias ni cobra ningún valor por postular. Cualquier anuncio difundido por otros medios es falso.

Análisis forense digital:

  • Video original: Una búsqueda inversa identificó que la mujer del video viral aparece en un material institucional real de TuTi, publicado en 2024, donde no se mencionan vacantes ni salarios.
  • Inteligencia Artificial: El análisis con la herramienta Hive Moderation arrojó un 66,6 % de probabilidad de que el contenido haya sido generado o alterado con inteligencia artificial, por desajustes entre la voz y los movimientos del rostro y el cuerpo.
  • Errores visuales: La imagen presenta fallas frecuentes en contenido generado con IA, como errores en el logo, nombres incorrectos en gafetes y tildes mal ubicadas en los cargos.
  • Perfil que difunde el video: La cuenta no enlaza a canales oficiales de TuTi y mantiene los comentarios restringidos, un patrón común en contenidos engañosos.

Contexto importante

Según datos de la Fiscalía, en 2025 se registraron 550 denuncias por estafas, muchas de ellas relacionadas con publicaciones digitales, incluidas falsas ofertas de empleo destinadas a obtener dinero o datos personales.

Entre las modalidades más comunes se identifican:

  • Contacto inicial por WhatsApp con salarios altos y sin requisitos claros.
  • “Task scams”, que pagan tareas simples al inicio y luego exigen depósitos.
  • Supuestas ofertas de trabajo remoto asociadas a esquemas piramidales.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El video que afirma que TuTi publica ofertas laborales con salarios detallados no corresponde a ningún proceso real. La evidencia muestra que el contenido fue manipulado con inteligencia artificial y que reutiliza la imagen de una trabajadora de la empresa fuera de contexto. TuTi no publica salarios exactos en redes sociales ni en sus convocatorias oficiales.

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Es falso que el Gobierno haya ejecutado menos del 50% del presupuesto de seguridad en 2025

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¿Qué verificamos?

Durante una entrevista en el medio digital “Ecuador en Directo”, la presidenta del buró de la Revolución Ciudadana, Luisa González, afirmó:

“Solamente en seguridad, el Ministerio del Interior y en todo lo que es asuntos internos —Policía, seguridad—, del presupuesto que tenían para 2025 no llegaron a usar ni siquiera el 50%”.

¿Por qué es completamente falso?

Porque la afirmación de Luisa González no coincide con los datos oficiales de ejecución presupuestaria. Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que, en 2025, el presupuesto del sector Asuntos Internos —que incluye a la Policía Nacional— y el del Ministerio del Interior fueron ejecutados por encima del 50%.

¿Qué dice la evidencia?

Lupa Media revisó la ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con corte a diciembre de 2025.

  • Sector Asuntos Internos:
    Ejecutó el 93,83% de su presupuesto. De USD 2.267 millones codificados, se devengaron USD 2.127 millones.
  • Policía Nacional:
    Registró una ejecución del 99,75% de su presupuesto asignado para 2025.
  • Ministerio del Interior:
    Ejecutó el 68,04% de su presupuesto. De USD 97 millones codificados, se devengaron USD 66 millones.
  • Rubro de inversión: Al analizar únicamente el gasto de inversión del Ministerio del Interior, la ejecución fue del 55,64%. Dos rubros no superaron el 50%:
    • Bienes de larga duración (propiedad, planta y equipo): 48,81%
    • Otros egresos de inversión: 17,64%

Aun considerando estos rubros, la ejecución total del ministerio se mantiene por encima del umbral mencionado en la afirmación verificada.

  • Consulta a la fuente: Lupa Media consultó al equipo de Luisa González sobre el origen de las cifras utilizadas en su declaración. Indicaron que remitirían la información, pero hasta el cierre de esta verificación no entregaron datos que respalden la afirmación.

Contexto importante

El Presupuesto General del Estado (PGE) cerró 2025 con una ejecución preliminar del 87,20%, según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Varias carteras de Estado superaron el 80% de ejecución presupuestaria, mientras que otras no alcanzaron ese nivel. Entre estas se encuentran el Ministerio del Interior; el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura; el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones; y el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Cabe señalar que en agosto de 2025 el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó una actualización de la proforma presupuestaria. Esta modificación incrementó los recursos asignados al PGE en distintos sectores. El presupuesto total pasó de USD 36.063 millones en agosto a USD 40.994 millones en septiembre, un aumento de USD 4.931 millones.
En el caso del sector de asuntos internos, el incremento adicional fue de USD 187 millones, monto que ya está incluido en los datos de ejecución utilizados en esta verificación.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: La declaración de Luisa González es incorrecta porque los datos oficiales demuestran que el presupuesto destinado a seguridad en 2025 sí fue ejecutado en más del 50%. El sector de asuntos internos superó el 90% de ejecución, la Policía Nacional casi el 100% y el Ministerio del Interior más del 68%. 

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El Cártel de los Soles: de organización narcoterrorista a «sistema de corrupción» según EE.UU.

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¿Qué verificamos?

Una publicación de Facebook del 6 de enero de 2026 del perfil «Sin embargo MX» asegura que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que no existe el «Cártel de los Soles» en Venezuela.

¿Por qué es parcialmente cierto?

Aunque es cierto que EE.UU. cambió drásticamente su caracterización legal del grupo —de organización criminal jerárquica a sistema difuso de corrupción—, esto no equivale a «aceptar que no existe». La Fiscalía estadounidense sigue usando el término y reconociendo la existencia del fenómeno criminal, solo lo describe de manera diferente.

¿Qué dice la evidencia?

  • Antecedentes: En marzo de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Nicolás Maduro y a 14 funcionarios de narcoterrorismo, asegurando que habían usado al Estado para facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Dentro de esta acusación, se señala a Maduro como líder del “Cartel de los Soles”.
  • En julio de 2025, el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). Ese mismo mes, el Departamento de Estado elevó a 50 millones de dólares la recompensa por Maduro como «líder del Cartel de los Soles».
  • En noviembre de 2025, el Departamento de Estado confirmó la inclusión del grupo en la lista de organizaciones terroristas.
  • Tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, el Departamento de Justicia presentó una acusación revisada contra el líder chavista, en la cual dejó de considerar al denominado “Cártel de los Soles” como una organización narcoterrorista formal.
  • En el nuevo documento judicial, el «Cártel de los Soles» no aparece en el listado de organizaciones criminales que colaboran con los acusados. Ese listado sí incluye al Cártel de Sinaloa, Los Zetas y las FARC. «Cártel de los Soles» se describe ahora como un nombre informal para un sistema de corrupción y protección estatal dentro de sectores civiles, militares y de inteligencia de Venezuela. Según la Fiscalía, este entramado fue consolidado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
  • La Fiscalía mantiene los cargos de conspiración para el narcotráfico contra Maduro y otros funcionarios venezolanos, pero ya no los vincula a un cartel formal llamado «de los Soles».

Contexto importante

El término «Cartel de los Soles» se ha usado desde los años 90 para aludir a presuntas redes de narcotráfico y corrupción vinculadas a altos oficiales y funcionarios venezolanos. Su nombre proviene de las insignias solares que portaban ciertos generales mientras se investigaban sus posibles vínculos con el tráfico de drogas.

Expertos y analistas sostienen que no es una organización criminal unificada como los grandes carteles mexicanos o colombianos, sino una red difusa de funcionarios corruptos que participan en actividades ilícitas dentro de las instituciones del Estado venezolano.

La designación de Estados Unidos en julio de 2025 como organización terrorista provocó reacciones en la región: Ecuador, Argentina y Paraguay adoptaron medidas similares. En contraste, Colombia negó la existencia del cartel y Venezuela denunció que la narrativa responde a un alineamiento con Washington.

Conclusión

PARCIALMENTE CIERTO: El Departamento de Justicia de EE.UU. no declaró explícitamente que el «Cartel de los Soles» no exista. En la acusación revisada de enero de 2026, dejó de caracterizarlo como un cartel criminal formal liderado por Nicolás Maduro y lo describe ahora como una denominación informal para redes de corrupción estatal vinculadas al narcotráfico.

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