El contexto: emergencia eléctrica y contrataciones aceleradas

En 2024, Ecuador enfrentó una crisis energética severa, causada por una sequía prolongada que redujo la generación hidroeléctrica. Ante apagones de hasta 14 horas diarias, el Gobierno declaró la emergencia y recurrió a procedimientos excepcionales de contratación, sin licitación pública.

En ese escenario, CELEC adjudicó dos contratos a Progen Industries LLC, una empresa estadounidense especializada en generación eléctrica térmica con fuel oil. Los contratos fueron firmados en agosto de 2024, bajo la declaratoria de emergencia vigente.

• Quevedo (Los Ríos): 20 generadores de 2.500 kW.
• Salitral (Guayas): 29 generadores de 3.500 kW.

El monto total de ambos contratos ascendía a USD 149,1 millones. CELEC desembolsó alrededor de USD 104 millones, equivalentes al 70% del valor contractual, conforme a las condiciones de pago previstas.

De la contratación a los incumplimientos

Tras la adjudicación de los contratos en agosto de 2024, la ejecución de los proyectos se desarrolló en un contexto marcado por la urgencia de incorporar generación eléctrica al sistema nacional.

Durante los meses siguientes, comenzaron a evidenciarse retrasos y ajustes en los cronogramas inicialmente previstos. En diciembre de 2024 ingresaron al país 23 equipos electrógenos, con una capacidad aproximada de 83 MW. Según los plazos presentados por Progen, los proyectos debían concluir entre noviembre y diciembre de ese año, lo que finalmente no ocurrió.

En ese período se registraron los siguientes hitos:

• Diciembre de 2024: Progen fue sancionada administrativamente por retrasos en la entrega de los generadores. Estos cuestionamientos y sanciones se produjeron mientras los contratos aún estaban en ejecución y antes de que se completaran todos los desembolsos previstos.
• Ingreso progresivo de equipos: llegaron 17 generadores para Quevedo y 20 para Salitral.
• Pagos realizados:
  • USD 37,79 millones por el proyecto Quevedo.
  • USD 69,58 millones por el proyecto Salitral.
  • Total aproximado: USD 107,37 millones, conforme a las condiciones contractuales.

Los retrasos acumulados y las prórrogas otorgadas derivaron en la terminación de los contratos:

• Entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2025, CELEC notificó la terminación unilateral de los contratos, concediendo un plazo para subsanar observaciones.
• Vencimiento de contratos:
  • Quevedo: 8 de junio de 2025.
  • Salitral: 13 de junio de 2025.

Tras esta decisión:

• Junio de 2025: Progen inició una acción ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.
• Julio de 2025: el árbitro negó las medidas cautelares solicitadas por la empresa.

De forma paralela, la Contraloría General del Estado examinó estos contratos e identificó un posible perjuicio económico cercano a USD 100 millones. En este contexto, el 12 de diciembre de 2025, el Estado ecuatoriano presentó una demanda civil en Estados Unidos, bajo la Ley RICO, por presunto fraude, enriquecimiento injusto y prácticas engañosas.

¿Qué argumenta Ecuador en la demanda presentada en EE. UU.?

Con este antecedente, la demanda presentada por el Estado ecuatoriano a través de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) expone cinco ejes principales para sostener que CELEC fue víctima de un esquema fraudulento organizado durante la contratación y ejecución de los proyectos de Quevedo y Salitral.

Argumento #1: Identidades empresariales y promesas bajo cuestionamiento

Según la demanda, Progen habría utilizado denominaciones empresariales distintas para presentarse ante autoridades ecuatorianas como fabricante de generadores eléctricos.

En particular, CELEC sostiene que en mayo de 2024 funcionarios del Gobierno visitaron instalaciones en Florida que la empresa presentó como su fábrica, donde habría asegurado que los generadores eran nuevos, fabricados allí y listos para entrega. Posteriormente, el Estado concluyó que esas afirmaciones no se ajustaban a la realidad.

Argumento #2: Experiencia técnica presuntamente inexistente

La demanda sostiene que Progen carecía de la experiencia técnica y operativa que afirmó tener para obtener los contratos con CELEC. En su oferta para el Contrato Quevedo, presentada el 9 de julio de 2024, la empresa aseguró tener trayectoria en proyectos similares y presentó certificados que supuestamente acreditaban trabajos previos con Megawatt Power Holdings Limited (Malta) y Lakeland Electric en Florida. CELEC sostiene que estas referencias eran falsas: Megawatt y Progen estarían controladas por las mismas personas, y el certificado de Lakeland Electric habría sido falsificado.

Un patrón similar se repite en el Contrato Salitral, donde Progen incluyó nuevamente el certificado de Lakeland Electric junto con supuestos documentos de Discovery Silver y PG&E, que según CELEC también serían falsificaciones. Para la corporación, estos hechos evidencian que la verdadera inexperiencia de Progen fue ocultada mediante documentos y declaraciones engañosas, constituyendo un elemento central del esquema fraudulento que permitió obtener los contratos y los pagos millonarios

Argumento #3: Generadores que no cumplían lo ofrecido

Según la demanda, en las ofertas de Salitral y Quevedo Progen habría realizado declaraciones falsas sobre los generadores que decía poder fabricar y entregar. CELEC afirma que Progen prometió:

• Generadores nuevos, fabricados por la propia empresa.
• Equipos con motores específicos que permitirían operar con distintos combustibles.

Sin embargo, según el Estado:

• Algunos equipos habrían sido reacondicionados para ocultar su estado real.
• El distribuidor autorizado de esos motores informó que no tenía relación comercial con Progen.

Las inspecciones posteriores concluyeron que los generadores importados no eran nuevos, presentaban fallas o no eran operativos.

Argumento #4: Subcontratación y vínculos bajo observación

Según la demanda, Progen incluyó a Astrobryxa S.A. como subcontratista local ecuatoriano en los contratos de Quevedo y Salitral y le transfirió alrededor de USD 20 millones por supuestos servicios de instalación de generadores eléctricos.

De acuerdo con CELEC, Astrobryxa no contaba con experiencia acreditada en proyectos de generación eléctrica y no habría ejecutado trabajos reales de instalación. La demanda sostiene que la empresa recibió pagos pese a que las actividades contratadas no se habrían materializado.

El documento judicial también menciona posibles vínculos personales entre personas asociadas a la empresa subcontratada y exfuncionarios del sector eléctrico. En ese contexto, se hace referencia a Karla Saud Calero, quien figura como accionista de Astrobryxa junto con José Manrique Suárez, según registros de la Superintendencia de Compañías. Saud Calero tiene una relación familiar con Fabián Calero, quien se desempeñaba como gerente general de CELEC al momento de la adjudicación de los contratos. Asimismo, el escrito judicial indica que Fabián Calero salió del país y que se desconoce su paradero.

Argumento #5: Informes técnicos presuntamente irregulares

Finalmente, el Estado sostiene que los pagos se realizaron con base en informes de inspección que no reflejaban el estado real de los equipos.

La demanda señala que:

• Se emitieron al menos diez informes que certificaban generadores nuevos y listos para instalación.
• Las inspecciones se habrían realizado en instalaciones que no pertenecían a Progen. Por ejemplo, un informe del 14 de septiembre de 2024 afirmó que se habían inspeccionado 21 generadores en una supuesta planta de fabricación de Progen en Texas, pese a que la empresa no tiene instalaciones de fabricación en ese estado. 
• Estos documentos permitieron liberar pagos millonarios por equipos que luego fueron cuestionados.

Por qué Ecuador acude a la justicia estadounidense

CELEC sostiene que los tribunales de Estados Unidos son competentes porque:

• Progen y otros demandados están domiciliados en ese país.
• Los pagos se realizaron a cuentas bancarias en EE. UU..
• Parte de los hechos se habría ejecutado desde territorio estadounidense.

Además, la Ley RICO permite perseguir esquemas organizados de fraude y solicitar medidas como indemnizaciones ampliadas o la inmovilización de activos.

Lo expuesto corresponde a los argumentos presentados por el Estado ecuatoriano en su demanda. El proceso judicial está en curso y no existe aún una sentencia que determine responsabilidades.

Un punto clave que la demanda no desarrolla

Aunque la demanda presenta a CELEC como víctima de un esquema fraudulento, no aborda de forma directa por qué la empresa pública continuó realizando pagos pese a:

• Advertencias públicas sobre la experiencia de Progen y la autenticidad de certificados.
• Retrasos reiterados en la ejecución de los contratos.
• Dudas sobre el estado, la antigüedad y la funcionalidad de los generadores.
• Observaciones de actores políticos y técnicos desde 2024.
• El bloqueo de iniciativas de fiscalización en la Asamblea Nacional, que no permitió el tratamiento del caso en el Pleno ni la comparecencia de autoridades involucradas.