Frontera: los homicidios bajan, pero la relación con la tasa de seguridad es incierta
El 27 de febrero de 2026, en una entrevista en Radio Centro, Noboa señaló que «desde la tasa de seguridad las muertes violentas en las provincias fronterizas Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos se ha reducido en 33.3%. Se lo ve febrero a febrero».
Para respaldar su afirmación citó cifras preliminares del Ministerio del Interior: entre el 1 y el 25 de febrero de 2025 se registraron 42 homicidios en estas provincias y 28 en el mismo periodo de 2026. Una reducción del 33,3 %.
Aunque los números coinciden con los registros oficiales, representan un corte parcial hasta el 25 de febrero y no permiten establecer causalidad entre la reducción de homicidios y la tasa de seguridad. Además, la tendencia a la baja ya se observaba antes de la medida:
- Enero de 2025: 47 homicidios
- Enero de 2026: 30 homicidios
Esto representa una reducción del 36 % antes de la aplicación de la medida.
Los homicidios no reflejan toda la dimensión del crimen
Las tasas de homicidio suelen usarse como indicador de seguridad, pero no capturan todas las dinámicas criminales. Un estudio de la consultora Katherine Herrera, publicado por la Fundación Konrad Adenauer, señala que algunos grupos reducen la violencia visible al consolidar el control del territorio y sus economías ilegales. Estas dinámicas incluyen control territorial, lavado de activos, tráfico de drogas y mecanismos de cooptación social o institucional.
La investigación documenta que en Carchi, cantón Tulcán, moradores indicaron que disidencias de las FARC y otros actores vinculados a la minería ilegal ofrecían empleos con sueldos de hasta 2.000 dólares y pactaban no cometer homicidios en la zona. La comunidad debía permanecer en silencio mientras los grupos operaban sus actividades ilícitas. Estas estrategias de bajo perfil incluyen intimidación selectiva, presión social, corrupción administrativa y control económico de actividades locales, consolidando presencia sin recurrir a violencia visible.
Esto demuestra que la reducción de homicidios no refleja necesariamente cambios estructurales en la criminalidad, ni permite atribuirla automáticamente a la tasa de seguridad.
Economías ilegales con baja violencia visible
Muchas economías criminales pueden operar sin recurrir a violencia abierta. Entre las actividades identificadas en territorios fronterizos están:
- Minería ilegal
- Contrabando
- Trata de personas
- Tráfico de migrantes
- Lavado de activos
Además, cuando un solo actor controla estas economías, disminuyen los enfrentamientos, se reduce la exposición mediática y baja la presión de las autoridades.
Violencia fragmentada en otras regiones
El comportamiento de la violencia también varía según el territorio. En provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos o El Oro, los altos niveles de homicidios suelen estar asociados a disputas entre pandillas o grupos criminales por el control de barrios o rutas de distribución de droga.
En contraste, organizaciones de mayor escala priorizan el control logístico y financiero de las economías ilícitas, operando con bajo perfil. Según Herrera, las disidencias de las FARC priorizan el control de corredores estratégicos y la minería ilegal, en lugar de confrontaciones abiertas.
¿Por qué la tasa de seguridad no explica la caída de homicidios?
La tasa de seguridad se aplica únicamente a productos colombianos dentro de la economía legal, afectando comercio y consumo formal. No incide en actividades del crimen organizado, como minería ilegal, contrabando o tráfico de personas y drogas, que operan al margen de la ley. Por ello, aunque la reducción de homicidios coincide temporalmente con la medida, no existe un mecanismo que la relacione con menos violencia y no puede considerarse su causa.
Además, la tendencia a la baja ya se observaba antes de su implementación y los registros son parciales. Los niveles de homicidios también pueden variar por disputas entre grupos criminales, cambios en el control territorial y economías ilícitas, por lo que atribuir la caída a una sola medida simplifica un fenómeno complejo que depende de factores criminales, sociales y territoriales.
