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El Tribunal alemán no negó la existencia del virus del sarampión

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¿Qué verificamos?

Un video difundido en redes sociales que sostiene que “nunca se ha demostrado la existencia del virus del sarampión” y que un tribunal alemán lo habría confirmado mediante una sentencia judicial.

¿Por qué es completamente falso?

La afirmación tergiversa el fallo judicial: el tribunal no evaluó la existencia del virus desde un punto de vista científico, sino el cumplimiento de una oferta económica. En su resolución, dejó constancia de que las publicaciones presentadas acreditaban la existencia del virus del sarampión y revocó la sentencia únicamente por una cuestión formal, no por falta de evidencia científica.

¿Qué dice la evidencia?

Sobre el virus del sarampión

  • La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al sarampión como una enfermedad vírica muy contagiosa que se transmite por el aire.
  • La OMS estima que la vacunación contra el sarampión evitó aproximadamente 59 millones de muertes entre 2000 y 2024.
  • El virus fue aislado por primera vez en 1954 por John F. Enders y Thomas C. Peebles en Estados Unidos.
  • Antes de la vacunación masiva, el sarampión causaba miles de muertes al año solo en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Qué ocurrió realmente en el caso judicial alemán?

  • En 2011, Stefan Lanka, biólogo y activista antivacunas, ofreció 100.000 euros a quien demostrara la existencia del virus del sarampión mediante una publicación científica.
  • El médico David Bardens presentó varios estudios científicos y reclamó el pago.
  • Un tribunal de primera instancia falló a favor de Bardens.
  • En la apelación, el Tribunal Regional Superior de Stuttgart revocó la decisión porque la oferta exigía una sola publicación, no varias.
  • El tribunal no negó la existencia del virus y señaló que los estudios presentados demostraban su existencia.

Contexto importante

Stefan Lanka es una figura conocida del movimiento antivacunas y ha promovido repetidamente la idea de que diversos virus no existen. Su desafío económico no formaba parte de una investigación científica, sino de una estrategia de activismo.

Este tipo de desinformación circula con frecuencia en redes sociales y supone un riesgo para la salud pública, especialmente en un contexto de aumento de casos asociado a la caída en las tasas de vacunación.

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió en diciembre de 2025 la ratificación oficial de la categoría “Eliminación Sostenida de Sarampión y Rubéola”, otorgada por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Organización Panamericana de la Salud. Esto sitúa a Ecuador entre los países con el mejor desempeño epidemiológico de la región. El esquema de vacunación infantil recomendado es: primera dosis de la vacuna SRP a los 12 meses y dosis de refuerzo a los 18 meses.

Conclusión

COMPLETAMENTE FALSO: El video manipula una sentencia judicial alemana. El tribunal no negó la existencia del virus del sarampión y reconoció que existe evidencia científica que lo demuestra. El sarampión es una enfermedad real y prevenible mediante vacunación.

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Caso La Libertad: qué se sabe de la compra de 93 hectáreas en La Libertad

Una venta que genera preguntas

El Concejo Cantonal de La Libertad, Santa Elena, aprobó la venta directa de un terreno municipal de 93 hectáreas por USD 2,7 millones. El predio está ubicado en una zona estratégica del cantón, cerca de la represa Velasco Ibarra, y pertenece al patrimonio público. Lo que encendió las alertas no fue solo el tamaño del terreno, sino el precio, el procedimiento y el perfil de la compradora.

Vista satelital de la represa Vela Ibarra – Google Maps

La transacción se realizó mediante venta directa, sin subasta pública. El avalúo municipal fijó el valor del metro cuadrado en aproximadamente USD 2,94, un monto inferior al de terrenos cercanos, según concejales que se opusieron a la decisión. El punto fue incorporado al orden del día del Concejo y aprobado con una votación dividida.

Desde ese momento, surgieron cuestionamientos sobre si el Municipio actuó con la diligencia necesaria tratándose de un bien público.

¿Quién es Jenny Ramírez?

La compradora registrada es Jenny Ramírez, una joven de 24 años, graduada recientemente en Educación Básica. No registra actividad empresarial conocida, no consta como contribuyente ante el SRI ni tiene afiliación al IESS. Tampoco existen registros públicos que expliquen una capacidad económica acorde a una operación de USD 2,7 millones.

Ese perfil fue clave para que se activaran las dudas: ¿de dónde salía el dinero para la compra del terreno?

Versiones que no coinciden

Cuando el caso se hizo público, Ramírez declaró inicialmente al medio La Defensa que no había comprado el terreno y que su identidad habría sido utilizada sin su consentimiento. Sin embargo, días después presentó un escrito dirigido al Municipio en el que cambió su versión.

En ese documento, explicó que existía un proyecto de carácter agroturístico y que una empresa privada estaba interesada en financiarlo, pero que habría condicionado su inversión a que el terreno fuese adjudicado inicialmente a su nombre. En el mismo oficio, Ramírez anunció su desistimiento de la compra y solicitó que el predio sea transferido directamente a esa empresa.

Hasta ahora, no se ha hecho público el nombre de la empresa, ni existen documentos accesibles que respalden el supuesto financiamiento.

El rol del Municipio, bajo la lupa

Las críticas se concentran en el procedimiento administrativo. Concejales que votaron en contra cuestionan la subvaloración del predio, la ausencia de un proceso competitivo y la rapidez con la que se aprobó la venta. También han denunciado represalias administrativas tras oponerse a la transacción.

El foco de las dudas no está únicamente en la compradora, sino en cómo se manejó la venta de un bien público y qué controles se aplicaron.

Las denuncias penales ya presentadas

El caso ya escaló al ámbito judicial. El 9 de enero de 2026, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, Ricardo Patiño, César Palacios y Arisdely Parrales, presentaron una acusación contra el alcalde de La Libertad y otros posibles responsables, por presuntas irregularidades en la venta del terreno. Entre los delitos mencionados públicamente constan peculado, tráfico de influencias y testaferrismo, aunque será la Fiscalía General del Estado la que determine si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal y bajo qué tipificación.

De forma paralela, concejales del cantón informaron que presentaron alertas ante la UAFE para que se investigue el origen de los USD 2,7 millones, así como la posible utilización de un posible prestanombre. También se solicitó a la Contraloría General del Estado la realización de un examen especial al proceso administrativo que permitió la venta directa del predio.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la formulación de cargos ni sobre la apertura formal de una investigación previa. El caso se encuentra en una fase inicial de denuncias y pedidos de control.

La mención a la familia Gellibert

En medio del debate público, un reportaje de Ecuavisa visitó la vivienda de la familia de Jenny Ramírez y mencionó que su madre trabajaría como empleada doméstica para la familia de Cynthia Gellibert, Secretaria de la Administración Pública del gobierno actual.

Hasta ahora, Cynthia Gellibert no se ha pronunciado públicamente sobre esta relación, pero en una publicación en redes calificó de «relato falso», la acusación de la legisladora Mónica Palacios.

Un caso abierto de interés público

El caso Jenny Ramírez no solo generó reacciones políticas y denuncias judiciales: también se convirtió rápidamente en un tema de alta conversación en redes sociales.

Un análisis de escucha social muestra que, entre el 5 y el 10 de enero de 2026, el caso concentró miles de menciones y un alcance de millones de usuarios, lo que evidencia que trascendió el ámbito local y se instaló en la agenda pública nacional.

Resultados escucha social 5/01 al 10/01 con la herramientas SocialAlert

La conversación estuvo marcada principalmente por dudas y cuestionamientos, más que por posiciones defensivas. Las menciones giraron en torno al precio del terreno, la identidad de la compradora, el origen del dinero y la actuación del Municipio. Palabras asociadas a verificación, investigación y suplantación se repitieron con fuerza.

El análisis también muestra que el debate fue amplificado por actores políticos, medios y cuentas de alta visibilidad, lo que aceleró su propagación y elevó el nivel de polarización. En ese contexto, los vacíos de información clara se convirtieron en terreno fértil para interpretaciones y lecturas especulativas.

Resultados escucha social 5/01 al 10/01 con la herramientas SocialAlert

Este comportamiento confirma que el caso dejó de ser solo un trámite administrativo cuestionado y pasó a ser un asunto de interés público, donde la transparencia y la información verificable resultan clave para evitar que el ruido digital reemplace a los hechos.

La verificación de datos reduce la circulación de desinformación en Facebook en aproximadamente un 8%

Se cumple un año desde que el CEO Mark Zuckerberg anunció que Meta reemplazaría su Programa de Verificación Independiente de Hechos (Third Party Fact Checking, o 3PFC) en Estados Unidos por un modelo de Notas de la Comunidad similar al de X.

El proyecto piloto de las Notas de Meta arrancó en marzo en EE.UU. y no se encuentra disponible, por el momento, en otros países.

Si bien 3PFC dejó de existir en dicho país, sigue vigente a nivel mundial. En este contexto, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad Sciences Po en París, Francia, demostró que la verificación de datos reduce la circulación de desinformación en Facebook en aproximadamente un 8%. 

La verificación reduce la interacción con información falsa

“La verificación de hechos reduce la circulación de desinformación en Facebook en aproximadamente un 8%, un efecto impulsado exclusivamente por las historias calificadas como ‘Falsas’”, destaca el estudio entre sus conclusiones.

“Es un efecto positivo, estadísticamente significativo”, subrayó a AFP la investigadora Julia Cagé, que participó en el estudio. Para la investigación, uno de los autores trabajó como verificador de datos en AFP Factual, la unidad de verificación de datos de la agencia francesa de noticias, entre diciembre de 2021 y junio de 2023. El investigador recopiló datos detallados sobre el origen, la temática y la viralidad de 944 desinformaciones revisadas ​​por AFP Factual en esos 18 meses.

El estudio permitió comparar la viralidad de publicaciones efectivamente verificadas por AFP con la trayectoria de publicaciones similares sin chequear.

Cagé también indicó a AFP que la cifra promedio del 8% “esconde mucha heterogeneidad” en el impacto de la verificación, que varía según varios factores. La viralidad de una noticia que se demostró ser falsa disminuye más significativamente cuando la verificación se realiza rápidamente.

El impacto del “fact-checking” también varía según los temas tratados. El estudio evidencia un efecto más fuerte cuando la información falsa se relaciona con la guerra en Ucrania, y un efecto limitado en temas de salud o medio ambiente.

Parte de esta reducción podría deberse al comportamiento del usuario más que a sanciones algorítmicas

En el estudio se observaron respuestas de comportamiento significativas por parte de los usuarios: “Las publicaciones relacionadas con historias verificadas tienen mayor probabilidad de ser eliminadas, y los usuarios cuyas publicaciones fueron calificadas como falsas se vuelven menos propensos a compartir desinformación en el futuro”.

“Estos hallazgos sugieren que la verificación de hechos no solo frena la difusión de noticias falsas, sino que además, lejos de obstaculizar la libertad de expresión, incentiva a los usuarios a adoptar comportamientos más responsables en línea”, aseguran los investigadores.

Además, señalaron que “los resultados cuestionan la idea de que la verificación de hechos represente una amenaza para la libertad de expresión”, tal como señaló Zuckerberg. “Muchos de los efectos observados se derivan de respuestas conductuales voluntarias de los usuarios -como la eliminación de publicaciones marcadas como falsas o el ajuste de su comportamiento futuro de compartición- más que de la relegación de contenido por parte de la plataforma”, asegura el trabajo.

“Para un usuario promedio, haber compartido una noticia falsa que luego se señala como tal reduce, a corto plazo, su uso de las redes sociales. Es decir, compartirá menos información en Facebook y, sobre todo, compartirá menos noticias falsas”, detalló Cagé a AFP.

Este estudio se suma a otros anteriores que demuestran que el fact checking genera impacto. En Argentina, una investigación sobre Chequeado en las elecciones presidenciales de 2019 llevada adelante por los académicos Ernesto Calvo y Natalia Aruguete muestra que ver un contenido catalogado como falso no genera que la gente cambie necesariamente de opinión, pero sí que cambie su comportamiento, al reducir el incentivo para compartir contenido desinformante o alejado de la evidencia en redes.

Algo similar ocurre con los líderes políticos: según un estudio realizado por Full Fact (Inglaterra), África Check (Sudáfrica) y Chequeado (Argentina), los candidatos a los que se les advirtió que iban a ser chequeados tuvieron menos frases calificadas como falsas que a los que no se les avisó nada.

La evidencia del impacto de las Notas de la Comunidad

Hasta el momento, y a diferencia de X, Meta sólo ha hecho públicos datos muy generales: alrededor de 70 mil usuarios han escrito 15 mil notas, con una tasa de publicación del 6%. Por lo tanto, la evidencia disponible sobre cómo funciona el sistema es en base a la experiencia en X.

Estudios académicos y organizaciones especializadas señalan que las Notas de la Comunidad tienen efectos marginales para combatir la desinformación, especialmente en temas políticos polarizados.

Así como las notas muestran limitaciones en la lucha contra la desinformación, otros trabajados han detectado que la moderación en X no ha sido efectiva para contener el aumento del discurso de odio en la plataforma, que ha crecido desde la adquisición de Elon Musk, según un reciente estudio de especialistas de las universidades de California y del Sur de California (Estados Unidos), publicado en la revista cientifica PLOSOne.

Por otro lado, los verificadores independientes son la tercera fuente más citada en las Notas de la Comunidad de X, solo detrás de la propia plataforma y Wikipedia, según un análisis de la Fundación Maldita.es.

El programa de verificadores independientes es un sistema implementado por Meta desde 2016 para ayudar a combatir la desinformación en sus redes sociales, del que participan Chequeado y varios miembros de LatamChequea. En él, los periodistas chequeadores analizan los posteos potencialmente desinformantes y -si la evidencia muestra que son verdaderos, falsos o engañosos- los etiquetan.

Luego, es la compañía quien decide qué hace con esta información. Según explicaron en múltiples ocasiones desde Meta, la política de la plataforma es reducir la visibilidad del contenido, añadir contexto a los posteos y alertar a quienes lo compartieron que había nueva información disponible.

El video de gallinas “congeladas” en Francia fue generado con inteligencia artificial

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¿Qué verificamos?

Un video en TikTok y X que muestra varias gallinas inmóviles y cubiertas de hielo dentro de un gallinero. El video sugiere que las aves se congelaron durante una ola de frío en Francia y que una granjera intenta “descongelarlas” golpeándolas con un martillo.

¿Por qué es sátira?

El video fue publicado por Pediavenir, un perfil francés de parodia que se define como un medio de “desinformación en tiempo real”. El propio creador aclaró en comentarios que el contenido fue generado con inteligencia artificial y que no muestra un hecho real. No existen reportes oficiales ni periodísticos que respalden un evento como el que aparece en el video.

¿Qué dice la evidencia?

  • Búsqueda inversa con Google Lens: identificó que el video original fue publicado por el perfil francés «Pediavenir», cuya biografía indica que es un perfil paródico que publica “desinformación en tiempo real”.
  • Aclaración del autor: en comentarios, el propio creador aclaró que el video fue generado con inteligencia artificial y que no corresponde a un hecho real. «Para quienes tengan alguna duda: es IA. En realidad, usamos agua caliente, no un martillo, para descongelar pollos». 
  • Análisis digital: Lupa Media analizó el contenido con Hive Moderation, herramienta de detección de IA, que arrojó una probabilidad del 99,5 % de que el video haya sido creado artificialmente.

Contexto importante

Las gallinas han muerto por olas de frío extremo principalmente en países de América del Sur como Paraguay y Argentina, donde heladas intensas han afectado granjas sin protección adecuada.

En Paraguay (Encarnación y Cerrito, 2025), las olas de frío dejaron gallinas congeladas y adheridas al suelo por hielo, con reportes de aves muertas en patios y pequeñas granjas. En Argentina y Chile (Patagonia y centro, julio 2025), temperaturas negativas causaron pérdidas en aves de corral expuestas, junto con daños en cultivos.

En Europa y EE.UU., muertes masivas de gallinas en 2025 se deben más a gripe aviar agravada por frío y migraciones, no directamente por hipotermia. En regiones preparadas, como granjas industriales en Canadá o Rusia, las pérdidas por frío puro son raras gracias a calefacción.

Conclusión

SÁTIRA: El video que muestra gallinas supuestamente congeladas en Francia y “descongeladas” con un martillo fue generado con inteligencia artificial. Fue publicado por un perfil paródico francés que confirmó explícitamente que el contenido es ficticio. No existen evidencias de que el hecho haya ocurrido en la realidad.

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Agente de ICE mata a ciudadana en Minneapolis; videos contradicen versión oficial de que ella intentó atropellarlos

*Publicación original de FactChequeado.

¿Qué dice el gobierno sobre la muerte?

Autoridades federales y el gobierno de Donald Trump sostienen que fue defensa propia y califican el hecho como “terrorismo doméstico”, alegando que la mujer intentó atropellar a los agentes. El agente de ICE, identificado por medios como Jonathan Ross, mató a tiros a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo migratorio en Minneapolis.

Sin embargo, el alcalde Jacob Frey calificó el uso de la fuerza como “imprudente” e “innecesario”. El hecho ocurrió a plena luz del día, en un barrio del sur de la ciudad, frente a un familiar de la víctima. Mientras Trump, la secretaria del DHS Kristi Noem y el vicepresidente JD Vance respaldaron públicamente al agente, el caso sigue generando controversia por las versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

Videos contradicen la versión oficial de un atropellamiento y homicidio en defensa propia

Videos verificados por Factchequeado muestran que

  • Dos agentes de ICE bajan de una camioneta Titan en medio de una calle con nieve en un vecindario del sur de Minneapolis. Llevan el rostro cubierto, están armados y vestidos con uniformes tácticos.
  • Uno de ellos se aproxima a la Honda Pilot de Good y le grita a la conductora que “salga del maldito coche”. 
  • La conductora tiene la ventanilla de su lado abierta y da la reversa.
  • Luego, intenta girar a la derecha en la línea que conduce el tráfico. El agente de ICE que le grita se apresura en un intento de abrir la puerta del conductor.
  • La mujer retrocede un poco, son solo segundos, lo mismo que duran tres  movimientos en los pies del agente que sigue aferrado a la puerta para detenerla.
  • Con el carro girando a la derecha, otro agente de ICE se acerca y se posiciona frente al Honda Pilot y de cara a la conductora. 
  • El agente desenfunda su arma con la mano derecha y al ver que el auto sigue su marcha a la derecha, le atesta un primer disparo. 
  • Ya completamente del lado de la conductora y fuera del camino, le dispara dos veces más a la conductora por la ventanilla abierta.
  • La Honda Pilot sigue el camino a la derecha y se estrella contra un carro blanco estacionado.

Las imágenes no muestran ningún atropellamiento ni impacto contra los agentes; además, el agente que las autoridades dijeron que fue herido camina con normalidad tras los disparos. Good murió luego en un hospital. Testigos también relataron que un médico ofreció ayuda y fue rechazado por un agente federal.

– Soy médico. (“I’m a physician”). 
+ No me importa. (“I don’t care”), le responde un agente federal. 

Tras la muerte, se registraron disturbios y uso de gas lacrimógeno cerca de una escuela, lo que aumentó la tensión y las críticas por el operativo, según el Minnesota Reformer.

Dos heridos en Portland por agentes de la Patrulla Fronteriza

El 8 de enero de 2026, la policía de Portland, Oregon, reportó que una mujer y un hombre resultaron heridos de bala por agentes federales de la Patrulla Fronteriza. El DHS afirmó que ocurrió durante una “detención vehicular selectiva” de un venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua, quien habría intentado atropellar a los agentes y huir.

Sin embargo, la policía de Portland informó que acudió al lugar tras una llamada del propio herido, le aplicó un torniquete y lo trasladó a un hospital, lo que contradice parcialmente la versión federal. 

¿Cuándo ICE puede recurrir al uso de la fuerza letal?

Las normas federales permiten a ICE usar fuerza letal solo ante un peligro inminente; de lo contrario, el agente puede ser sancionado. Autoridades locales contradijeron la versión federal: el jefe policial Brian O’Hara dijo que la mujer no era investigada y que el vehículo se alejaba cuando le dispararon; el gobernador Tim Walz pidió no creer la versión oficial y el alcalde Jacob Frey afirmó que los videos no muestran el auto como arma.

La investigación pasó al FBI. Tras el hecho hubo vigilias en honor a la víctima; su familia confirmó su identidad y destacó su perfil comunitario. Por preocupaciones de seguridad, las escuelas de Minneapolis cancelaron clases el 8 y 9 de enero de 2026.

La madre de Good, Donna Ganger, habló con el Minnesota Star Tribune y confirmó su identidad y la edad. Dijo que vivía en Twin Cities con su pareja, y describió a su hija como “una de las personas más amables”.

Otros casos de agentes involucrados en homicidios durante operativos de ICE durante esta administración de Trump

En septiembre de 2025, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a Silverio Villegas-González, un inmigrante mexicano de 38 años, durante un intento de detención en Franklin Park, un suburbio de Chicago, en el marco de un operativo de control migratorio. El DHS afirmó que Villegas-González intentó huir y que un agente fue herido, pero imágenes y videos muestran que las lesiones fueron menores y las circunstancias no están del todo claras. Sus familiares, autoridades locales y activistas han pedido una investigación más profunda.

En octubre de 2025, Carlitos Ricardo Parias, un creador de contenido mexicano, fue herido de bala por agentes federales durante un operativo en Los Ángeles. Un juez federal desestimó los cargos en su contra en diciembre de 2025, señalando violaciones a sus derechos constitucionales, incluyendo la falta de acceso a un abogado y el incumplimiento de plazos para entregar pruebas:

  1. Negación de acceso a abogados: ICE impidió comunicación efectiva con su defensa durante un mes clave antes del juicio, violando la Sexta Enmienda.
  2. Retraso en entrega de pruebas: el gobierno incumplió plazos en la entrega de evidencia, como videos de cámaras corporales y lo hizo de forma incompleta.
  3. Falta de coordinación por parte de ICE y fiscales penales, lo que generó perjuicio inevitable al proceso justo.

La pobreza por ingresos baja en Ecuador, pero el empleo no pleno sigue creciendo

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), en diciembre de 2025 el 21,4% de la población vivía en situación de pobreza por ingresos. Esta cifra representa el nivel más bajo de los últimos 18 años y es ligeramente inferior al 21,5% registrado en 2017, además de ubicarse muy por debajo del máximo de 36,7% observado en 2007.

La ENEMDU es la principal herramienta oficial para medir la pobreza y la desigualdad en el país. A través de esta encuesta, el INEC recopila información sobre los ingresos y las condiciones laborales de los hogares en zonas urbanas y rurales, que luego se comparan con una línea de ingresos mínimos para determinar si una persona se encuentra o no en situación de pobreza. Se trata, por tanto, de una medición estrictamente económica, que no evalúa directamente la calidad del empleo ni la estabilidad laboral.

Evolución de la pobreza por ingresos (2003–2025)

Las cifras entre 2003 y 2025 muestran una tendencia general a la reducción de la pobreza por ingresos, aunque con fluctuaciones asociadas a distintos contextos económicos. Tras el pico registrado a finales de la década de los 2000, el indicador descendió de forma sostenida durante varios años, se estancó hacia finales de la década de 2010 y volvió a incrementarse durante la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2021. A partir de 2022, la tendencia retomó una trayectoria descendente hasta alcanzar el mínimo registrado en 2025.

No obstante, el INEC advierte que la diferencia entre los últimos años no es estadísticamente significativa. Además, entre 2020 y mayo de 2021 la ENEMDU incorporó cambios metodológicos relacionados con el tamaño y la distribución de la muestra, así como con los factores de expansión, lo que afecta la comparabilidad histórica de las cifras. Esta aclaración es clave para interpretar con cautela las variaciones observadas en la serie histórica.

Brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales

El análisis por área geográfica evidencia que la reducción de la pobreza no ha sido homogénea. En diciembre de 2025, la pobreza por ingresos en las zonas urbanas se ubicó en 13,8%, mientras que en las zonas rurales alcanzó el 37,6%, casi tres veces más.

Aunque los datos muestran que la pobreza rural también ha disminuido respecto a 2007, la brecha entre el campo y la ciudad se mantiene como una característica estructural del país, según la Fundación Friedrich Ebert. Departamento para América Latina y el Caribe. Oficina en Ecuador. Esta desigualdad está asociada a un menor acceso a empleo formal, niveles educativos más bajos y limitaciones en servicios básicos e infraestructura en las zonas rurales, factores que restringen las oportunidades de generación de ingresos sostenibles.

El empleo no pleno: un fenómeno en expansión

La mejora en los indicadores de pobreza por ingresos no se traduce necesariamente en mejores condiciones laborales. Uno de los datos más relevantes de la ENEMDU es el crecimiento del denominado “otro empleo no pleno”, una categoría que agrupa a personas que no ganan el salario básico unificado ni trabajan la jornada legal, pero que tampoco desean ni están disponibles para trabajar más horas.

En la práctica, se trata de personas que trabajan en condiciones precarias, con ingresos insuficientes y sin estabilidad, muchas veces por falta de alternativas laborales.

Para marzo de 2025, este grupo alcanzó 2,59 millones de personas, lo que equivale al 32,8% de la población ocupada, el nivel más alto de los últimos 18 años. La tendencia al alza se acentúa desde diciembre de 2020, con un pico de 2,66 millones de personas registrado en octubre de 2023. Aunque posteriormente se observa una leve reducción en términos absolutos, los niveles siguen siendo históricamente elevados.

Este tipo de empleo afecta con mayor intensidad a jóvenes, mujeres, personas con bajo nivel educativo y habitantes de zonas rurales, y refleja un mercado laboral marcado por la informalidad, los bajos salarios y la inestabilidad.

Pobreza y empleo: una relación compleja

La ENEMDU permite vincular la evolución de la pobreza por ingresos con la dinámica del mercado laboral. Si bien menos personas se ubican por debajo de la línea de pobreza, una parte significativa de la población ocupada lo hace en condiciones que no garantizan ingresos suficientes ni seguridad económica a largo plazo.

En este contexto, la reducción de la pobreza por ingresos, aunque relevante, no puede leerse de forma aislada. Sin mejoras estructurales en el mercado laboral, el descenso de este indicador convive con una creciente precarización del empleo y con brechas persistentes que afectan de manera desproporcionada a los grupos históricamente más vulnerables. El desafío para Ecuador no es solo sostener la baja en las cifras de pobreza, sino avanzar hacia un modelo de empleo que ofrezca trabajos formales, dignos y con protección social.

Video de excarcelación de presos políticos de 2024 circula como si fuera de enero de 2026

¿Qué verificamos?

Un video difundido principalmente en X (antes Twitter) e Instagram muestra la liberación de decenas de personas identificadas como presos políticos en Venezuela. Las publicaciones afirman o sugieren que las imágenes corresponden a las excarcelaciones anunciadas el 8 de enero de 2026, tras declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

¿Por qué es mayormente falso?

Aunque el video muestra una excarcelación real, las imágenes no corresponden a los hechos anunciados en enero de 2026. El material fue grabado y publicado en noviembre de 2024, cuando se produjo una liberación masiva de detenidos postelectorales, y fue reutilizado fuera de contexto para atribuirlo a un proceso distinto, del cual solo se han confirmado un número reducido de excarcelaciones y sin registro visual público.

¿Qué dice la evidencia?

  • Fecha y origen del video: Una búsqueda inversa confirma que el video fue grabado y difundido el 17 de noviembre de 2024. El material original fue publicado por la televisora Canal 26 (Argentina), donde se observa claramente la fecha.
  • Contexto de las imágenes: El video muestra la excarcelación de más de 100 personas detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, un proceso distinto al anunciado en enero de 2026.
  • Confirmación de organizaciones de derechos humanos: Foro Penal informó que entre el 16 y 17 de noviembre de 2024 fueron excarceladas 107 personas, cifra que luego fue actualizada a 131, incluyendo 11 adolescentes.
  • Anuncios oficiales de noviembre de 2024: Las liberaciones ocurrieron después de que el fiscal general Tarek William Saab anunciara la revisión de 225 casos de detenidos post-electorales, en coordinación con los tribunales.
  • Diferencias con enero de 2026: Tras los anuncios del 8 de enero de 2026, hasta la mañana del día siguiente solo se habían confirmado entre 8 y 11 excarcelaciones, sin imágenes públicas de liberaciones masivas como las que aparecen en el video viral.
  • Difusión fuera de contexto: El contenido fue viralizado nuevamente en enero de 2026 por cuentas administradas o creadas en Colombia, aprovechando la coyuntura informativa para atribuirle un significado que no corresponde a su fecha real.
  • Advertencia sobre verificaciones automatizadas: Un usuario consultó a Grok, la IA de X, que confirmó que el video era real pero omitió aclarar que corresponde a un hecho de 2024, lo que evidencia que estas herramientas no reemplazan los procesos periodísticos de verificación.

Contexto

La recirculación del video ocurrió tras el anuncio del 8 de enero de 2026 del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la posible excarcelación de un “número importante” de personas detenidas, venezolanas y extranjeras. La declaración no incluyó cifras ni listados oficiales y no hizo referencia explícita al término presos políticos. En ese escenario de información limitada y expectativa pública, comenzaron a circular videos antiguos y listas no verificadas en redes sociales, que fueron presentados como evidencia de liberaciones recientes, pese a que los hechos mostrados corresponden a procesos ocurridos en 2024.

Conclusión

MAYORMENTE FALSO: El video viral muestra excarcelaciones reales ocurridas el 17 de noviembre de 2024, pero no corresponde a los anuncios ni a los hechos reportados en enero de 2026. Su circulación fuera de contexto contribuye a la desinformación sobre la situación actual de los presos políticos en Venezuela.

Venezuela anuncia liberación de presos políticos sin cifras oficiales

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¿Qué verificamos?

Publicaciones virales en X, TikTok e Instagram afirman que el gobierno de Venezuela ordenó la liberación masiva de presos políticos el 8 de enero de 2026. 

¿Por qué es cierto?

El 8 de enero de 2026, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció la liberación de “un número importante” de presos políticos, venezolanos y extranjeros, sin precisar cifras ni publicar una lista. Organizaciones como Foro Penal pidieron que el proceso fuera verificable. El anuncio fue confirmado por medios internacionales y fuentes diplomáticas, que reportaron liberaciones concretas.

¿Qué dice la evidencia?

  • Anuncio oficial: Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció el 8 de enero de 2026 la liberación de “un número importante” de presos políticos, venezolanos y extranjeros, sin cifras ni lista de beneficiarios. Publicado en la cuenta oficial de Facebook de Venezolana Televisión.
  • Cobertura internacional: BBC, France 24, El País y otras agencias confirmaron que los procesos de excarcelación comenzaron de inmediato.
@rtvenoticias 🔸Primeras reacciones de familiares tras conocer que #Venezuela ha empezado a liberar a presos políticos. Así ha reaccionado Sandra Castaño, cuyo hijo llevaba más de 6 años en prisión, a la noticia que le ha comunicado la compañera @almuariza #presospolíticosvzla #noticias #news #noticiastiktok ♬ sonido original – RTVE Noticias
  • Confirmación diplomática: El ministro español de Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó la liberación de al menos cuatro o cinco ciudadanos españoles y coordinó su repatriación inmediata.
  • Casos específicos: Se confirmó la liberación de la activista Rocío San Miguel, el líder opositor Juan Pablo Guanipa y de ciudadanos españoles con doble nacionalidad.
  • Datos de Foro Penal: La ONG reportó 806 presos políticos al 5 de enero (la cifra más alta del hemisferio), con 89 extranjeros. En diciembre de 2025 se liberaron 180 personas, y con estas nuevas excarcelaciones el total alcanza cerca de 200 en las últimas semanas.

Contexto importante

La liberación ocurre pocos días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas de Estados Unidos. Aunque algunos analistas mencionan un contexto de presión internacional, no hay evidencia directa de que esta acción haya motivado la excarcelación de los presos políticos.

Conclusión

CIERTO: El 8 de enero de 2026, Jorge Rodríguez anunció la liberación inmediata de “un número importante” de presos políticos, incluidos extranjeros. El anuncio fue confirmado por medios internacionales y fuentes diplomáticas. Hasta la fecha, no hay cifras oficiales completas; Foro Penal reporta cerca de 200 liberaciones en las últimas semanas.

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Los tres casos que cuestionan la gestión de Mario Godoy

El juicio político es un mecanismo de control previsto en la Constitución. Para avanzar, el pedido debe ser calificado por el CAL, sustanciado en la Comisión de Fiscalización y resuelto por el Pleno de la Asamblea, con garantías de debido proceso y derecho a la defensa.

Con este mecanismo, la Asamblea puede investigar y, de ser el caso, censurar y destituir autoridades por incumplimiento de funciones o por causales establecidas en la ley.

A continuación, presentamos los tres casos públicos que han generado cuestionamientos sobre la gestión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

1. Caso Carlos Serrano: denuncias de presiones y fallas en protección

El juez anticorrupción Carlos Serrano se convirtió en figura central de la actual controversia tras denunciar presuntas presuntas presiones para influir en una sentencia penal contra el narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan. Según Serrano, mantuvo reuniones con Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, quien le habría sugerido considerar con mayor atención los argumentos de la defensa del caso de Srdan por lavado de activos.

El juez grabó esos encuentros. Los audios se difundieron públicamente días después de conocida la denuncia. Gaibor dejó el cargo el 23 de diciembre de 2025.

Tras dictar sentencia contra Srdan, Serrano afirmó que su esquema seguridad fue retirado. Señaló que, ante el riesgo, presentó su renuncia irrevocable y salió del país. No existen registros públicos que vinculen directamente a Godoy con las presuntas presiones.

Durante su comparecencia ante la Asamblea, Godoy negó cualquier interferencia en decisiones judiciales. Sostuvo que la Judicatura no dicta sentencias ni administra seguridad policial. Afirmó que el 8 de diciembre solicitó al Ministerio del Interior protección para Serrano y que autorizó teletrabajo desde el 15 de diciembre sin afectar su seguridad.

Serrano, por su parte, cuestionó la respuesta institucional y afirmó que la Judicatura debía respaldar a los jueces amenazados, no desacreditarlos. No hay, hasta ahora, una resolución administrativa o judicial que establezca responsabilidades sobre este caso.

2. Caso Samantha Lozada: amenazas y omisiones ante el crimen organizado

Samantha Lozada, exdirectora provincial de la Judicatura en Orellana, denunció haber recibido amenazas de muerte desde 2024 por parte de estructuras criminales, entre ellas una vinculada a alias “Topo”. Señaló que, pese a informar a sus superiores, no recibió protección suficiente y se trasladó a Quito por seguridad.

El 22 de octubre de 2025, Lozada reportó un ataque armado en el que su padre resultó herido. Tras ese hecho, solicitó una reunión con Godoy, que —según su versión— nunca se concretó.

Días después, la Judicatura aceptó una renuncia que Lozada había presentado el 24 de septiembre de 2025, en el contexto del pedido general de renuncias a directores y subdirectores. Una vez fuera del cargo, el Ministerio del Interior le informó que no podía asignarle custodia por no ser funcionaria pública.

El 5 de enero de 2026, la Judicatura emitió un comunicado en el que calificó sus declaraciones como imprecisas y afirmó que se gestionó protección para ella y su familia, y que su renuncia fue voluntaria y conforme a la norma.

Godoy ha reiterado que las acusaciones son falsas y que se brindaron las medidas de seguridad disponibles.

Lozada difundió documentos que indican que su renuncia fue la presentada en septiembre y una carta de Human Rights Watch dirigida a Godoy expresando preocupación por su situación. Según Lozada, no hubo respuesta formal a esa comunicación. La Judicatura no ha hecho pública una contestación documentada.

3. Caso Nubia Vera: denuncias de presiones en un fallo judicial

En 2024, la jueza Nubia Vera denunció presiones indirectas para resolver una acción de protección relacionada con la exvicepresidenta Verónica Abad, en el caso conocido como “Pendrive”. Según su versión, se le habría ofrecido protección frente a procesos disciplinarios si rechazaba la acción, y se le habría advertido sobre reactivación de sumarios si no lo hacía. También mencionó la entrega de una memoria USB con una sentencia predeterminada.

Godoy afirmó que existe un documento en el que Vera reconoce que su abogado, Washington Andrade, la utilizó para fines personales, lo que —según su versión— desmiente las denuncias de persecución. 

El caso dio lugar a investigaciones internas y procesos disciplinarios. La jueza Vera señaló presuntas presiones y mencionó a Godoy y a otros funcionarios en sus denuncias.

Petróleo venezolano: datos clave para entender su peso real en el mercado global

1.- Venezuela lidera el ranking de reservas probadas

Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Con aproximadamente 303 000 millones de barriles de petróleo crudo, supera a todos los demás países en volumen de reservas comprobadas, representando cerca del 17 % del total global según datos recientes de organismos energéticos y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).

En el ranking global de reservas probadas de petróleo, los principales países son: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Iraq y Emiratos Árabes Unidos.

Las reservas probadas son estimaciones geológicas bajo condiciones técnicas y económicas actuales, no un inventario listo para la venta. Por eso, grandes reservas no implican disponibilidad inmediata de petróleo.

2.- Tipo y calidad del crudo en las reservas probadas

La mayor parte del petróleo que compone las reservas probadas de Venezuela se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco y es crudo pesado y extrapesado. Esto significa que es un petróleo muy denso, que no fluye con facilidad y que requiere procesos adicionales antes de poder comercializarse.

Para transportarlo y refinarlo es necesario mezclarlo con diluyentes y usar refinerías especializadas. En comparación, países como Arabia Saudita producen mayoritariamente crudos más ligeros, que pueden extraerse y procesarse con mayor rapidez. Irán e Irak tienen crudos intermedios. No equivalen a petróleo disponible de forma inmediata para el mercado.

3.- Producción histórica de Venezuela

Venezuela fue un productor petrolero de gran escala. En los años setenta, su producción superaba los 3 millones de barriles diarios, ubicándolo entre los principales abastecedores del mercado internacional. Desde los años 2000, la producción comenzó a descender de forma gradual y, a partir de la década de 2010, la caída se aceleró hasta situarse por debajo de 1 millón de barriles diarios en la década de 2020, un nivel inferior al de sus décadas de mayor actividad.

En diciembre de 2025, Delcy Rodríguez, exministra de Hidrocarburos y actual presidenta encargada, informó que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) había alcanzado una producción de 1,2 millones de barriles diarios.

De acuerdo con la U.S. Government Accountability Office (GAO), la caída de la producción petrolera en Venezuela comenzó antes de la imposición de sanciones y está asociada principalmente a la falta de inversión y mantenimiento en campos e infraestructuraproblemas de gestión y gobernanza en PDVSA, y la pérdida de personal técnico especializado, lo que redujo de forma sostenida la capacidad operativa de la empresa estatal; las sanciones de Estados Unidos, señala el organismo, profundizaron estas dificultades.

4. Inversión y plazos de recuperación

La firma especializada Rystad Energy calcula que solo mantener la producción cercana a 1 millón de barriles diarios durante los próximos años exige más de USD 50.000 millones en inversión en campos, infraestructura y mantenimiento, mientras que volver a niveles históricos cercanos a 3 millones de barriles diarios demandaría alrededor de USD 180.000 millones y un horizonte de una década o más. En la misma línea, análisis de JPMorgan y Goldman Sachs señalan que, incluso en escenarios favorables —con apertura a capital privado y estabilidad operativa—, los aumentos de producción serían graduales, con recuperaciones parciales en 2 a 3 años, pero una normalización plena solo posible en el largo plazo.