Cierre del Bloque 43 ITT

En el Referéndum de 2023, la única pregunta planteada a escala nacional fue la del Yasuní ITT. El “Sí” ganó con 5´541.585 votos (58,95 %), según los resultados oficiales del CNE.

Con el triunfo del “Sí”, la Corte Constitucional emitió el Dictamen Nro. 6-22-CP/23 , que ordenó que la extracción petrolera en el Yasuní ITT debía cesar de manera progresiva y ordenada en un plazo máximo de un año desde la notificación de los resultados que fue el 31 de agosto de 2023. Además, estableció que el Estado no podía firmar nuevos contratos de explotación en el Bloque 43, administrado por EP Petroecuador, y debía adoptar medidas inmediatas para reparar daños ambientales y proteger los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV), coordinando las acciones mediante los ministerios competentes.

Incumplimiento de los plazos y prórroga

A pesar del dictamen, los plazos no se cumplieron. Para agosto de 2024, la producción no se detuvo, y un año después de la consulta el bloque seguía generando más de 43 mil barriles por día.

El gobierno de Daniel Noboa justificó la necesidad de una prórroga de al menos un año argumentando que un cierre inmediato ponía en riesgo las finanzas del país, especialmente en medio del conflicto interno armado.

En mayo de 2024, se creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT (CEVP), presidido por el Ministerio de Energía y Minas e integrado por las máximas autoridades —o sus delegados— del Ministerio del Ambiente, Economía y Finanzas, Mujer y Derechos Humanos y Petroecuador. El comité presentó un plan técnico que extiende el cierre progresivo del bloque hasta 2034, incluyendo el desmantelamiento gradual de plataformas y la reparación ambiental, así como la protección de los territorios de los PIAV.

Hasta la fecha se han cerrado diez pozos de 247, según Juan Bay, presidente de la Comunidad Waorani. El primero —Ishpingo B-56— se clausuró recién en agosto de 2024.

Producción y compromisos internacionales

Antes de la consulta, EP Petroecuador informó que el país tenía compromisos internacionales hasta diciembre de 2027 por 101,88 millones de barriles. El Bloque 43 representa el 14,39% de la producción nacional y es considerado el cuarto bloque con mayor explotación.

La Corte Constitucional evaluó esta información y concluyó que el país podía cumplir con sus compromisos internacionales aun sin el crudo del Bloque 43, utilizando el 30% de la producción no comprometida, principalmente destinada al mercado spot, sin afectar las preventas ni generar riesgos de indemnización millonaria al Estado.

Controversias y demandas

Pedro Bermeo, coordinador jurídico del colectivo YASunidos, indicó que, para cumplir con la Consulta Popular, se podría suspender primero la extracción y luego retirar progresivamente la infraestructura. Sin embargo, el informe técnico del CEVP señala que ambos procesos deben ejecutarse simultáneamente.

En un escrito formal enviado a la Corte el 29 de julio de 2025, YASunidos solicitó declarar el incumplimiento del Dictamen Nro. 6-22-CP/23 e iniciar procedimientos para sancionar a las autoridades responsables. Destacaron que, según Petroecuador, el apagado progresivo de los pozos tomaría solo cuatro meses, lo que contrasta con el calendario extendido del CEVP y evidencia retrasos en la ejecución del mandato popular.

El 20 de agosto de 2025, la Nacionalidad Waorani del Ecuador entregó un pedido a la Corte, para que se realice una audiencia pública en territorio y se informe de las acciones y medidas adoptadas desde el Comité. Además, de solicitar el seguimiento al cumplimiento de la consulta popular.

Prohibición de la minería metálica en el Chocó Andino

El Chocó Andino, declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO, está conformado por las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que integran la Mancomunidad del Chocó Andino en el Distrito Metropolitano de Quito.

En la Consulta Popular realizada a escala local para las 65 parroquias del cantón Quito, los ciudadanos aprobaron la prohibición de la minería metálica en todos sus regímenes.

Cumplimiento y alcance legal

La Corte Constitucional del Ecuador aclaró que los efectos de la consulta son hacia el futuro y se limitan al marco de competencias constitucionales y legales de cada nivel de gobierno. Por lo tanto, se mantienen las 12 concesiones mineras existentes antes de la consulta.

El dictamen incluye responsabilidades para los gobiernos locales y nacionales:

• El Concejo Cantonal del DMQ deberá incorporar la prohibición de explotación minera metálica en los territorios de la Mancomunidad.
• La Función Ejecutiva, a través de los ministerios competentes, deberá considerar los impactos sobre las poblaciones afectadas, en particular aquellas en zonas de influencia directa e indirecta.
• El Ministerio de Energía y Recursos Naturales Renovables, o la entidad que asuma sus competencias, no otorgará nuevos derechos mineros.
• La Agencia de Regulación y Control Minero, o la institución que asuma sus funciones, no catastrará nuevas concesiones y deberá eliminar del registro las concesiones que hayan expirado, caducado o sido renunciadas.

Acciones municipales y seguimiento

El 7 de abril de 2024, el alcalde Pabel Muñoz inauguró la Administración Zonal del Chocó Andino, en el parque central de Nanegalito, con el objetivo de fomentar el desarrollo rural, el emprendimiento y la producción local, como parte de las responsabilidades municipales derivadas de la consulta. Esta Zonal, tiene como responsabilidad ejecutar acciones relacionadas con la protección, conservación y recuperación del ambiente en su jurisdicción acorde la Ordenanza Municipal «Infraestructura Verde-Azul».

Las secretarías de Ambiente, Coordinación Territorial y Productividad, junto con la Administración Zonal y la Empresa Pública Quito Turismo, han realizado recorridos por la Reserva de Biósfera para planificar estrategias sostenibles de desarrollo en la zona.

Preocupaciones de la sociedad civil

Mauricio Javier Guamán, coordinador del colectivo Quito Sin Minería, expresó la preocupación de la mancomunidad ante la falta de transparencia en los actuales procesos mineros. Señaló que en varios casos se ha incumplido la Ley Minera, al no realizarse la consulta local obligatoria correspondiente a las fases del proyecto dentro de las competencias establecidas por la concesión.

Lo que se gastó

La Consulta Popular del Yasuní, a escala nacional, implicó un gasto de USD 2’402.133,07, mientras que la consulta local del Chocó Andino ascendió a USD 836.584,00, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pese a estas inversiones, los resultados han sido parciales e incompletos.

Ahora, el Gobierno ha convocado a una nueva consulta para finales de año con otras temáticas.