Claves para entender la reforma al COOTAD: inversión obligatoria y autonomía de los GAD
El 70/30 no es nuevo ¿pero qué cambia?
El reglamento actual establece en el artículo 198 del COOTAD que los GADs deben destinar 70% a gasto de inversión y 30% a gasto corriente.
- Gasto de inversión: Es el que deja infraestructura o mejora servicios de forma duradera como agua potable, alcantarillado, vías, parques, centros de salud o infraestructura pública.
- Gasto corriente: Es el dinero que permite que la institución funcione, pero no genera infraestructura nueva como sueldos, consultorías, publicidad, eventos, fiestas o funcionamiento administrativo.
La reforma propone incorporar el artículo 198.1 hasta el 198.6 que no sustituye al actual, sino que añade una regla adicional. La reforma establece a los GAD provinciales y municipales destinar 70% de sus egresos no financieros a inversión, según partidas específicas del clasificador del MEF, excluyendo deuda y pasivos. El cumplimiento será verificable, con anexo técnico obligatorio, publicación trimestral y seguimiento del MEF. Si no se cumple, se aplicarán medidas conforme al art. 271 de la Constitución y se informará a la Contraloría.
El proyecto especifica a prefecturas y municipios destinar al menos el 70% de su presupuesto total en obras, mantenimiento e infraestructura pública:
Antes, la regla se aplicaba solo a las transferencias del Gobierno Central. Ahora se aplicaría a todo el presupuesto anual, excepto deuda y gastos financieros. Además, los GAD deberán organizar sus gastos según el clasificador oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Es en ese punto donde la discusión deja de ser solo presupuestaria y pasa a convertirse en un debate sobre autonomía territorial.
El debate sobre la autonomía
Para varios gobiernos locales, en cambio, esta precisión técnica (198.1) implica una restricción en la forma en que pueden decidir y priorizar su gasto, lo que abre el debate sobre la autonomía financiera reconocida en la Constitución. El artículo 238 reconoce que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) gozarán de:
- Autonomía política (permite a los GAD definir su propio modelo de desarrollo).
- Autonomía administrativa (permite a los GAD organizar y gestionar su talento humano y recursos materiales para cumplir sus competencias).
- Autonomía financiera (garantiza a los GAD recibir recursos del Presupuesto General del Estado de forma directa, oportuna y sin condiciones sin excluir el control de los organismos nacionales).
Los artículos 198.4 y 198.5 del nuevo proyecto de ley establecen que los gobiernos locales deberán publicar trimestralmente la composición de su gasto por ítems y reportar los avances en el cumplimiento de la regla fiscal. De manera complementaria, el Ministerio de Finanzas elaborará y remitirá informes de seguimiento a todos los GAD.
Además, el artículo 198.5 define la gradualidad en el cumplimiento de la regla de inversión mínima: 65% en 2026, 68% en 2027 y 70% a partir de 2028.
Debate polarizado
Postura del Gobierno: El Ejecutivo y asambleístas oficialistas han defendido el proyecto de reforma al COOTAD argumentando que busca mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, reduciendo lo que consideran gasto no prioritario como “festividades, piponaje o despilfarro” y destinando más al financiamiento de obras públicas, servicios básicos y mantenimiento.
Postura de algunos alcaldes y autoridades locales: Autoridades seccionales como el alcalde de Quito han manifestado rechazo a la reforma, advirtiendo que podría afectar la financiación de servicios sociales, educación y programas municipales, así como la autonomía para decidir el gasto.
Conversación digital
La reforma al COOTAD trascendió en la conversación digital nacional de febrero. Según el informe de escucha social del 8 al 19 de febrero de 2026, hubo aproximadamente 4 mil publicaciones del tema, acumulando cerca de 116 mil interacciones y una audiencia estimada de 8 millones de usuarios.
El sentimiento fue mayoritariamente neutro, con un 50.11% de menciones. La actividad se concentró principalmente en X (86,70% del impacto), seguido de Facebook y medios web.
La conversación mostró una marcada polarización, mientras desde el Ejecutivo y sectores afines se defendía la reforma como una medida para priorizar inversión y reducir gasto corriente, autoridades locales advertían sobre posibles recortes en programas sociales, despidos y afectaciones a la autonomía territorial.
Fuentes:
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