ABC del Referéndum y la Consulta Popular Ecuador 2025

Consulta popular, referéndum: no son lo mismo

Consulta popular

Es una pregunta sobre temas de interés público (nacionales o locales) que no modifican la Constitución.
Puede ser convocada por el Presidente de la República o por gobiernos locales (prefectos, alcaldes o juntas parroquiales) sobre asuntos dentro de su competencia.

Ejemplo: “¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la minería metálica en las áreas protegidas del país?”

En este caso, lo que se decide es una política pública, no una reforma constitucional.

Referéndum

Es el mecanismo mediante el cual la ciudadanía aprueba o rechaza reformas a la Constitución.
Solo puede convocarse cuando las preguntas modifican el texto constitucional (por ejemplo, al cambiar artículos, añadir o eliminar disposiciones).

Ejemplo: “¿Está usted de acuerdo con reformar el artículo XX de la Constitución para permitir…?”

El resultado del referéndum tiene efectos jurídicos directos: si gana el “sí”, el cambio entra en vigencia.

Bonus: Plebiscito, otro que tampoco es lo mismo

El plebiscito es una consulta política que busca medir el apoyo ciudadano a una decisión o a un gobierno, sin efectos jurídicos directos. En Ecuador no está regulado como mecanismo formal, pero en otros países se usa para legitimar decisiones políticas o acuerdos importantes.

Ejemplo: En Colombia o Chile se ha convocado plebiscitos para ratificar acuerdos de paz o procesos constituyentes. En Ecuador, esos temas se canalizan a través de una consulta popular o un referéndum, según el caso.

Las cuatro preguntas de la papeleta

Referéndum

Casillero A —

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Casillero B —

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Casillero C —

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

Consulta popular

Casillero D —

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

Calendario electoral

Estas son las fechas más importantes del proceso, según la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE):

Quienes harán campaña electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó a 15 organizaciones políticas y sociales para hacer campaña en el proceso del Referéndum y Consulta Popular 2025.
Algunas promoverán el “Sí”, otras el “No”, y sus mensajes comenzarán a circular desde el 1 hasta el 13 de noviembre, periodo oficial de campaña antes de la votación del 16 de noviembre.

La lista incluye desde movimientos tradicionales hasta organizaciones sociales y gremiales.

Multas electorales

El voto es obligatorio en Ecuador. Quienes no participen en la jornada del 16 de noviembre de 2025 o incumplan otras disposiciones del proceso electoral pueden recibir sanciones económicas, según lo establece el Código de la Democracia (arts. 292–296).

A continuación, las principales multas vigentes, calculadas en función del salario básico unificado (SBU) de 2025, fijado en USD 470:

Las sanciones pueden verificarse en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) ingresando el número de cédula. El pago se realiza a través de la red Facilito y bancos autorizados. Aunque la deuda no impide votar en futuros procesos, permanece activa hasta ser cancelada.