Quimsacocha: el conflicto que enfrenta al Gobierno, Cuenca y la minería

¿Qué es Quimsacocha?

Quimsacocha (también Kimsacocha o Kimsakocha) es un ecosistema de páramo ubicado en la cordillera Occidental, entre los cantones Cuenca, Girón y San Fernando, en Azuay. Se encuentra entre los 3.600 y 3.964 metros de altitud y forma parte de la caldera de un antiguo volcán. Sus manantiales abastecen a poblaciones cercanas y contribuyen a la cuenca del río Jubones, siendo una de las reservas hídricas más importantes de la región.

Declarada Área Nacional de Recreación en 2012 y parte de la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas, Quimsacocha se caracteriza por lagunas, colinas y vegetación frágil, estratégicamente clave para almacenar agua y mantener el equilibrio ambiental del sur andino del Ecuador.

Pero, ¿por qué está involucrada en una disputa entre la naturaleza y la minería?

Proyecto de Loma Larga

Loma Larga, es un proyecto de minería adquirido en 2021 por la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), se ubica a 30 km al suroeste de Cuenca, en la parte alta de Quimsacocha. El plan contempla una mina subterránea con una inversión de USD 419 millones y una operación estimada en 12 años. Se prevé extraer oro, plata y cobre, con un promedio anual de 200.000 onzas de oro en los primeros cinco años y 170.000 onzas en los siguientes.

Permisos en disputa

En 2022, un juez de Cuenca suspendió el proyecto hasta garantizar el derecho a consulta previa, libre e informada y la presentación de estudios ambientales adicionales. En agosto de 2024, ETAPA (la empresa municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental de Cuenca) declaró que la fase de explotación minera no era viable, citando riesgos sobre el acceso a agua potable y la contaminación por metales pesados.

El Ministerio de Ambiente —que ahora está fusionado con el Ministerio de Energía— y la empresa DPM, en cambio, sostienen que el impacto ambiental sería mínimo y consideran que el informe de ETAPA carece de análisis técnico suficiente.

Una consulta previa con controversias

Tras la disposición del juez de Cuenca en 2022, el Ministerio de Energía realizó una consulta previa en mayo de 2025, con participación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la comunidad de San Pedro de Escaleras denunció irregularidades en el proceso. La última mesa de diálogo, a inicios de 2025, se suspendió tras incidentes liderados por el excandidato presidencial Yaku Pérez.

El Ministerio presentó un oficio con casi 100 firmas que —según sus autoridades— demostraban apoyo comunitario al proyecto.

Sin embargo, dirigentes locales rechazaron ese documento porque no se realizó una votación directa, como exige la ley.

Pérez señaló a Lupa Media que la comunidad de Escaleras estaría compuesta por unas 700 familias distribuidas en sectores como Kachiwaiku, San Pedro, Estación de Cumbe y Kachipukara. No hay cifras oficiales actualizadas del INEC.

Pese a la controversia, el 23 de junio de 2025 el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental a DPM.

Nueva suspensión

El 6 de agosto de 2025, la ministra de Energía, Inés Manzano, suspendió el inicio de las actividades de DPM hasta que la empresa emita un Plan de Manejo Ambiental detallando medidas de protección del agua y difusión pública de la información.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se mantiene en contra del proyecto y respalda a las comunidades locales, de que se revoque la licencia ambiental otorgada a la empresa canadiense. Esto ha generado altercados entre Manzano y Zamora. La ministra, sostuvo en una entrevista que el alcalde debería «sacar a la minería ilegal del Molleturo antes de hablar de una minería legal y responsable».

Otros gremios como, el Colegio de Médicos del Azuay, advierten que los relaves y drenaje ácido podrían poner en riesgo la salud de más de 800.000 personas, además de afectar biodiversidad, turismo e identidad cultural.

En 2021, una consulta popular sobre el agua en Cuenca mostró que alrededor del 80% de la población se opone a la explotación minera en zonas de recarga hídrica. Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) también alertó sobre los riesgos de dañar los páramos que alimentan a las comunidades locales.

Organizaciones sociales convocaron a una movilización contra Loma Larga para el 16 de septiembre de 2025.

Conflictos políticos

La polémica llegó a la Asamblea cuando la bancada oficialista bloqueó la comparecencia de la ministra de Ambiente. La legisladora Camila León y el alterno Diego Matovelle, de ADN, votaron en contra de la convocatoria, lo que llevó a que la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay los declarara personas no gratas.

León, presidenta de la Comisión de Biodiversidad, respondió que no se prestaría a “shows políticos” y anunció que su comisión recibirá a ministras, representantes de la minera, expertos y más actores para abordar el tema.

La ministra Manzano, por su parte, defendió que el proyecto ha pasado revisiones técnicas desde 2003: los títulos mineros se inscribieron en 2010 y el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo se elaboraron en 2022. Argumenta que la minería legal es necesaria para enfrentar la minería ilegal.

El inicio de operaciones estaba previsto para fines de 2025, pero las suspensiones y el clima político podrían retrasar los plazos indefinidamente.