Caso Mario Godoy: tres claves para entender las investigaciones y cuestionamientos en curso

1.- ¿Cómo se originó el caso?

El caso se conoció tras la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien afirmó haber recibido presiones e intimidaciones relacionadas con su actuación en un proceso penal de alto perfil. Según su versión, estas presiones provinieron de funcionarios vinculados al Consejo de la Judicatura.

Serrano señaló de forma específica a Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, quien se habría reunido con él para sugerirle que prestara mayor atención a los argumentos de la defensa en el caso del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, condenado por lavado de activos. El juez grabó esos encuentros y los audios circularon públicamente. Gaibor dejó el cargo el 23 de diciembre de 2025, pocos días después de que se conocieran las denuncias.

Mario Godoy presidía el Consejo de la Judicatura, por lo que Gaibor actuaba como funcionario bajo su administración. No existe evidencia pública de una intervención directa de Godoy en las reuniones denunciadas, pero el vínculo entre ambos es institucional y jerárquico, lo que sitúa el caso de Gaibor dentro de las responsabilidades de gestión y control interno de la Judicatura durante la presidencia de Godoy.

2.- Vínculos profesionales y posibles conflictos de interés

Otro eje del caso son los vínculos profesionales de Mario Godoy y su entorno. En el proceso contra Srdan participó Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, como abogada durante la fase de investigación previa en 2024. También intervino Christian Rosero, exsocio de Godoy en la firma Invictus Law.

Además, tanto Godoy como Vintimilla, junto a socios jurídicos, han representado a clientes investigados por narcotráfico, crimen organizado y corrupción, en distintos procesos y momentos.
En ese contexto:

• Godoy integró la defensa de los hermanos Larrea Cruz, investigados por vínculos con el Cartel de Sinaloa.
• Vintimilla participó en equipos legales que asesoraron a Jorge Luis Zambrano (alias Rasquiña) y a José Adolfo Macías Villamar (alias Fito).

El ejercicio de la defensa legal no es un delito, pero estos antecedentes han abierto cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, considerando el cargo que hoy ocupa Godoy. No existe hasta ahora un pronunciamiento oficial que despeje estos cuestionamientos.

3. Fiscalización política, pronunciamiento presidencial y denuncias en investigación

Las denuncias derivaron en la convocatoria de Mario Godoy a la Asamblea Nacional, donde debe comparecer el 5 de enero de 2026 como parte de un proceso de fiscalización. Para preparar su intervención, Godoy solicitó licencia temporal, y la presidencia encargada quedó en manos de la vocal suplente Alexandra Villacís. Sin embargo, la bancada opositora de la Revolución Ciudadana, ya presentó una solicitud de juicio político en contra de Godoy. Este debe ser aceptado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para luego tramitarse en la Comisión de Fiscalización.

En este contexto, el presidente Daniel Noboa se pronunció públicamente y señaló que, tras la comparecencia, Godoy debería renunciar a la presidencia del Consejo de la Judicatura para ejercer su defensa fuera del cargo. También afirmó que, en el caso de Jezdimir Srdan, el Consejo de la Judicatura podría asumir la ponencia y emitir una resolución por escrito, si así lo decide la institución. Noboa no precisó el procedimiento ni el alcance legal de esa afirmación.

A estas denuncias se suma el llamado caso “Pendrive”, en el que la jueza Nubia Vera afirmó que habría recibido amenazas de apertura de un sumario administrativo si no fallaba en contra de una acción de protección presentada por la exvicepresidenta Verónica Abad. Vera señaló a Godoy y a otros funcionarios como responsables de estas presuntas presiones. El caso no cuenta, hasta ahora, con una resolución judicial.

En paralelo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Godoy, su esposa y varios consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los presuntos delitos incluyen delincuencia organizada, tráfico de influencias, fraude procesal e intimidación.
Estas acusaciones se encuentran en fase de investigación y no han sido probadas judicialmente.

*Mario Godoy fue designado presidente del Consejo de la Judicatura en julio de 2024 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a partir de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, tras la salida de Wilman Terán. En septiembre de 2025, luego de cambios en la integración del CPCCS, fue ratificado para el período 2025–2031 mediante votación del Pleno.