Los tres casos que cuestionan la gestión de Mario Godoy

El juicio político es un mecanismo de control previsto en la Constitución. Para avanzar, el pedido debe ser calificado por el CAL, sustanciado en la Comisión de Fiscalización y resuelto por el Pleno de la Asamblea, con garantías de debido proceso y derecho a la defensa.

Con este mecanismo, la Asamblea puede investigar y, de ser el caso, censurar y destituir autoridades por incumplimiento de funciones o por causales establecidas en la ley.

A continuación, presentamos los tres casos públicos que han generado cuestionamientos sobre la gestión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

1. Caso Carlos Serrano: denuncias de presiones y fallas en protección

El juez anticorrupción Carlos Serrano se convirtió en figura central de la actual controversia tras denunciar presuntas presuntas presiones para influir en una sentencia penal contra el narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan. Según Serrano, mantuvo reuniones con Henry Gaibor, entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha, quien le habría sugerido considerar con mayor atención los argumentos de la defensa del caso de Srdan por lavado de activos.

El juez grabó esos encuentros. Los audios se difundieron públicamente días después de conocida la denuncia. Gaibor dejó el cargo el 23 de diciembre de 2025.

Tras dictar sentencia contra Srdan, Serrano afirmó que su esquema seguridad fue retirado. Señaló que, ante el riesgo, presentó su renuncia irrevocable y salió del país. No existen registros públicos que vinculen directamente a Godoy con las presuntas presiones.

Durante su comparecencia ante la Asamblea, Godoy negó cualquier interferencia en decisiones judiciales. Sostuvo que la Judicatura no dicta sentencias ni administra seguridad policial. Afirmó que el 8 de diciembre solicitó al Ministerio del Interior protección para Serrano y que autorizó teletrabajo desde el 15 de diciembre sin afectar su seguridad.

Serrano, por su parte, cuestionó la respuesta institucional y afirmó que la Judicatura debía respaldar a los jueces amenazados, no desacreditarlos. No hay, hasta ahora, una resolución administrativa o judicial que establezca responsabilidades sobre este caso.

2. Caso Samantha Lozada: amenazas y omisiones ante el crimen organizado

Samantha Lozada, exdirectora provincial de la Judicatura en Orellana, denunció haber recibido amenazas de muerte desde 2024 por parte de estructuras criminales, entre ellas una vinculada a alias “Topo”. Señaló que, pese a informar a sus superiores, no recibió protección suficiente y se trasladó a Quito por seguridad.

El 22 de octubre de 2025, Lozada reportó un ataque armado en el que su padre resultó herido. Tras ese hecho, solicitó una reunión con Godoy, que —según su versión— nunca se concretó.

Días después, la Judicatura aceptó una renuncia que Lozada había presentado el 24 de septiembre de 2025, en el contexto del pedido general de renuncias a directores y subdirectores. Una vez fuera del cargo, el Ministerio del Interior le informó que no podía asignarle custodia por no ser funcionaria pública.

El 5 de enero de 2026, la Judicatura emitió un comunicado en el que calificó sus declaraciones como imprecisas y afirmó que se gestionó protección para ella y su familia, y que su renuncia fue voluntaria y conforme a la norma.

Godoy ha reiterado que las acusaciones son falsas y que se brindaron las medidas de seguridad disponibles.

Lozada difundió documentos que indican que su renuncia fue la presentada en septiembre y una carta de Human Rights Watch dirigida a Godoy expresando preocupación por su situación. Según Lozada, no hubo respuesta formal a esa comunicación. La Judicatura no ha hecho pública una contestación documentada.

3. Caso Nubia Vera: denuncias de presiones en un fallo judicial

En 2024, la jueza Nubia Vera denunció presiones indirectas para resolver una acción de protección relacionada con la exvicepresidenta Verónica Abad, en el caso conocido como “Pendrive”. Según su versión, se le habría ofrecido protección frente a procesos disciplinarios si rechazaba la acción, y se le habría advertido sobre reactivación de sumarios si no lo hacía. También mencionó la entrega de una memoria USB con una sentencia predeterminada.

Godoy afirmó que existe un documento en el que Vera reconoce que su abogado, Washington Andrade, la utilizó para fines personales, lo que —según su versión— desmiente las denuncias de persecución. 

El caso dio lugar a investigaciones internas y procesos disciplinarios. La jueza Vera señaló presuntas presiones y mencionó a Godoy y a otros funcionarios en sus denuncias.