Paro y maquinaria de la Prefectura: qué se sabe y qué investiga la Contraloría

De dónde surge la acusación

• La tarde del 29 de septiembre de 2025, el asambleísta oficialista Andrés Castillo publicó en redes sociales mensajes que señalaban a la prefecta Paola Pabón por usar las volquetas de la Prefectura para bloquear vías.

• Portales digitales cercanos al oficialismo —como El Dato, Urgencia EC y Pulso EC— difundieron la acusación y afirmaron que provenía de “informes de inteligencia”, aunque no mostraron ningún documento ni citaron a una autoridad.

• Otros legisladores, como Mario Zambrano (ADN), respaldaron la acusación asegurando que existen fotografías como evidencia de los acusaciones.
• Lupa Media revisó los canales oficiales del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, y no encontró ningún parte operativo, comunicado ni informe público sobre el presunto uso de maquinaria en el paro.
• Tampoco los legisladores mencionaron haber recibido el supuesto informe de inteligencia.

 La respuesta de la Prefectura

• Ese mismo día, la Prefectura emitió un comunicado en el que negó el uso de maquinaria para protestas y aseguró que los equipos permanecieron resguardados, salvo por desplazamientos entre el 22 y el 24 de septiembre para atender emergencias por lluvias.

• La prefecta Paola Pahttps://x.com/PrimeraPlanaECU/status/1973824961870446868bón sostuvo que todos los equipos están monitoreados por GPS y respaldó su versión con inventarios y reportes internos.

🔴Durante la sesión del Consejo Provincial, la prefecta de #Pichincha, Paola Pabón, reiteró que, desde el inicio del paro nacional, la maquinaria pesada y los vehículos de la Prefectura han permanecido bajo resguardo en los distintos campamentos de la provincia.

🔴“Frente a las… pic.twitter.com/liVaycXY4L

— PrimeraPlanaECU (@PrimeraPlanaECU) October 2, 2025

Documentos revisados por Lupa Media

Entre los documentos entregados por la Prefectura a Lupa Media constan:

• Inspección in situ (1 de octubre de 2025): registro del inventario de maquinaria en la Zona 5 —con códigos, custodios y ubicación exacta— firmado por el jefe territorial José Arcenio Guamán.

• Memorando GADPP-Z6S-2025-0311-MEM (29 de septiembre de 2025): certifica un control vehicular en la Zona 6 Sur con registro fotográfico, firmado electrónicamente por la Ing. Daysi Karina Santiana.

• Control de Maquinaria Zona 6 Sur (29 de septiembre): listado de operadores y responsables de motoniveladoras, volquetas, rodillos y tractores, con ubicaciones específicas en Amaguaña, Aloasí, Pintag, Tumbaco, Ascazubi y talleres mecánicos.

La “evidencia” que circuló en redes

• Lupa Media solicitó al equipo del legislador Mario Zambrano las imágenes difundidas como pruebas. El 2 de octubre, su equipo entregó tres fotografías, asegurando que habían sido obtenidas de denuncias ciudadanas en su despacho y publicaciones en redes sociales:

• Mediante una búsqueda inversa, Lupa Media comprobó que las imágenes eran reales pero antiguas: habían sido publicadas por la Prefectura el 30 de junio de 2022 para mostrar la limpieza vial realizada en la Intervalles.

Lo que revisa la Contraloría

La Contraloría General del Estado abrió una auditoría sobre el uso de la maquinaria entre el 1 y el 15 de octubre de 2025 y solicitó información detallada de los GPS, inventarios y reportes de las zonas operativas.

La investigación continúa en curso. En un reporte preliminar, la Prefectura informó que los equipos se encontraban en sus respectivos campamentos y que cuenta con datos satelitales y registros administrativos para verificarlo.

Acusaciones similares en el pasado

En octubre de 2019, durante las protestas contra la eliminación del subsidio a los combustibles, la prefecta Paola Pabón fue detenida y procesada por el presunto delito de rebelión. Según la Fiscalía, Pabón fue señalada como presunta autora mediata, mientras que Virgilio Hernández y Christian González fueron acusados como presuntos autores directos.

De acuerdo con la acusación fiscal, Pabón habría facilitado recursos logísticos y coordinado acciones para sostener las movilizaciones, que —según el expediente— buscaban alterar el orden público y la paz del Estado. El fiscal Alberto Santillán presentó 140 testimonios y 43 pruebas documentales.

El proceso fue archivado tras la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de marzo de 2022, que benefició a 268 personas procesadas en 57 causas judiciales, entre ellas Pabón, Hernández y González.

En 2022, durante nuevas protestas nacionales, circularon publicaciones en redes sociales que también atribuyeron a Pabón un supuesto apoyo logístico a las movilizaciones, pero esas afirmaciones no fueron respaldadas con evidencia concluyente.