Corte Constitucional, bajo presión: dos decisiones clave en un momento crítico

Adelanto de votaciones para Elecciones Seccionales 2027

El adelanto de las votaciones de febrero a noviembre de 2026, dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ante un posible impacto del fenómeno de El Niño, ha derivado en acciones legales que buscan frenar o revertir la medida.

Hasta el 1 de abril de 2026 se han presentado seis acciones: cuatro ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y dos ante la Corte Constitucional. Los recursos cuestionan la legalidad y constitucionalidad del cambio en el calendario electoral.

Según la experta constitucionalista Verónica Hernández, si se presenta una demanda de inconstitucionalidad con una solicitud de medidas cautelares, la Corte Constitucional podría suspender temporalmente los efectos de la decisión del CNE mientras se resuelve el fondo del caso.

El acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, en fase de control

El Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Emiratos Árabes Unidos que busca atraer la inversión extranjera e incorpora un mecanismo de arbitraje internacional al que los inversionistas pueden recurrir en controversias con el Estado ecuatoriano.

El punto en revisión es si este mecanismo de arbitraje es compatible con la Constitución ecuatoriana. Por esa razón, el acuerdo se encuentra en la Corte Constitucional, que debe realizar el control previo de constitucionalidad de su contenido.

Este paso ocurre antes de que el tratado pueda ser enviado a la Asamblea Nacional. Solo si la Corte determina que se ajusta a la Constitución, el proceso podrá continuar.

Este tratado busca atraer inversión del país asiático hacia sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, agroindustria, turismo, entre otros más. Así como diversificar las exportaciones entre ambos países

Exámenes patrimoniales y pronunciamientos

La revisión de estos procesos coincide con la difusión de información sobre exámenes patrimoniales realizados por la Contraloría General del Estado a jueces de la Corte Constitucional.

Una publicación de El Universo señaló inconsistencias en declaraciones patrimoniales de los jueces Alí Lozada y José Luis Terán.

• En el caso de Lozada, no se habría justificado el origen de más de 25.000 dólares en cuentas nacionales y del exterior.
• En el caso de Terán se identificaron valores no justificados por más de 70.000 dólares, además de omisiones de cuentas bancarias y otros activos.

La Contraloría indicó que la información difundida por ese medio no fue entregada por la institución y que desconoce su fuente. También señaló que los exámenes, de carácter reservado, fueron remitidos a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal.

El juez Alí Lozada manifestó que no ha recibido notificación formal sobre estos hallazgos y cuestionó los montos señalados.

El contralor Mauricio Torres indicó que estos procesos se iniciaron hace más de un año.

La propia Corte advirtió en sus redes sobre un entorno de presiones institucionales que podría afectar su independencia. La coincidencia temporal entre la difusión de estos reportes y el momento en que la Corte debe pronunciarse sobre temas sensibles vuelve a colocar al organismo en el centro del debate político.

Tensiones entre la Corte y el Gobierno

En agosto de 2025, una decisión de la Corte Constitucional que suspendió de forma provisional artículos de tres leyes —Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública— generó una alta circulación de contenidos en redes sociales y pronunciamientos de autoridades.

Entre el 4 y el 14 de agosto se difundieron mensajes que presentaban la medida como definitiva, aunque la Corte había indicado que era temporal. Un análisis de Lupa Media identificó más de 200 publicaciones y declaraciones con mensajes que cuestionaban a la Corte y sus jueces como: la Corte “protege a criminales”, “desarma al Estado” o actúa con motivaciones políticas.

En ese periodo, autoridades del Ejecutivo calificaron la decisión como un “golpe a la seguridad”, el presidente Daniel Noboa convocó a una movilización frente a la Corte y se difundieron campañas en espacios públicos que exhibían los rostros de los jueces en formatos similares a los utilizados para personas buscadas por delitos.

Una conversación en múltiples redes sociales

La conversación digital sobre la Corte Constitucional generó 7.4 mil publicaciones entre el 26 de marzo y el 2 de abril de 2026, con un alcance de 10.4 millones de usuarios, consolidándose como un tema central de debate en redes sociales.